ENAJENACIÓN DEL PATRIMONIO PETROLERO

Por Hipólito Solari Yrigoyen / Los gobiernos de Chubut y Santa Cruz firmaron en 2007, un contrato de concesión petrolera hasta el año 2047, lo que constituye en la práctica una enajenación, a favor de la empresa Pan American Energy (PAE) del yacimiento Cerro Dragón, situado en el área terrestre y marítima del Golfo San Jorge, República Argentina. Este yacimiento, cuya mayor parte se encuentra en Chubut, tiene una producción diaria de 5,7 millones de metros cúbicos de gas y de 15.000 metros cúbicos de petróleo y es el más importante de la Argentina. Dado que el contrato fue negociado en el ministerio de Planificación Federal, Inversión y Servicios, a cargo de Julio De Vido, el acuerdo constituyó una definición de la política hidrocarburífica del presidente Néstor Kirchner, continuada luego por su señora, Cristina Fernández de Kirchner. El contrato de Cerro Dragón ha sido el modelo seguido después en negociaciones similares con otras empresas. La concesión de este yacimiento puede considerarse un nuevo y perfeccionado capítulo de la historia negra del petróleo en nuestro país, tanto por el sigilo en que se negoció, la antelación a su vencimiento en que se firmó y por las cláusulas que lo integran, terriblemente lesivas para los intereses nacionales en general y de las provincias afectadas en particular. Pan American Energy LLC, es una empresa inscripta en el Estado de Delaware, Estados Unidos. Su capital mayoritario pertenece a los ingleses de la British Petroleum que absorbió a los norteamericanos de Amoco, que era la Standart Oil de Indiana. El capital minoritario, en el momento de firmarse el contrato pertenecía a la firma argentina Bridas. En 2010 se hizo público que la mitad de Bridas fue comprada por capitales chinos (China National Offshore Oil Corporation). Las provincias en esta venta de acciones no recibieron ningún beneficio. El gran negocio lo hicieron los titulares privados de las acciones, gracias, entre otros motivos, al largo plazo de la concesión Negociación de republiqueta. El primer contrato sobre el yacimiento fue firmado el 27 de abril de 2007 por el entonces gobernador del Chubut, Mario Das Neves y por el representante de la sucursal argentina de la empresa beneficiaria, Carlos A. Bulgheroni. Poco después, en junio de 2007, se firmó un segundo contrato con el gobernador Daniel Peralta de Santa Cruz, ya que el yacimiento se extiende en la parte Sur también en esta provincia. En un inicial borrador del contrato aparecía también firmando “en representación del Estado Nacional” el ministro de Planificación Julio de Vido, pero en el texto definitivo, seguramente con la intención de intentar disimular la responsabilidad del gobierno nacional en la celebración del mismo, su participación fue eliminada. No obstante, la propia Pan American, una vez suscripto el contrato con Chubut, publicó una solicitada de una página en los principales diarios de Buenos Aires, bajo el título Un nuevo horizonte para nuestra energía en el que textualmente se anunció que “con la participación del Gobierno Nacional, el Gobierno de la Provincia del Chubut y Pan American Energy acordaron prorrogar la concesión del área Cerro Dragón” 1 Ninguna autoridad desmintió la participación del gobierno del presidente Kirchner confesada por PAE en la prensa del país y no podrían hacerlo ya que el matrimonio Kirchner ha seguido en lo fundamental en materia de hidrocarburos, como en otros aspectos económicos, las políticas aplicadas en la década del 90 por su compañero de partido, el presidente Carlos Menem. No fue fruto de la casualidad que este contrato de Cerro Dragón fuera el primero en ser renegociado en el país, ya que las provincias dueñas del yacimiento tenían entonces a dos gobernadores complacientes con la voluntad del gobierno nacional: en Chubut Mario Das Neves y en Santa Cruz Daniel Peralta. En 2009 Das Neves por razones de política interna del justicialismo y posiblemente de sus aspiraciones presidenciales se alejó del matrimonio Kirchner. El gobernador del Chubut informó a la prensa que “empezamos a trabajar en el tema el 10 de diciembre de 2003” 2. Sin embargo, recién se conoció el texto del contrato el 7 de mayo de 2007, cuando fue enviado a la Legislatura del Chubut para su tratamiento y aprobación. El sigilo de la negociación evitó el debate ante la opinión pública del otorgamiento, sin licitación, de una concesión que se puede evaluar en no menos de 50.000 millones de dólares. Por su extensión en el tiempo, que puede llevar la explotación del yacimiento hasta su agotamiento, más que de una prórroga de corresponde hablar de una enajenación. La Legislatura aprobó la ley el 24 de mayo en un debate por demás irregular ya que una patota sindical de los petroleros privados, adicta al gobernador, interrumpió continuamente al orador crítico del convenio, el diputado Carlos Alberto Lorenzo (UCR), impidiéndole exponer libremente y, luego, su colega de bancada la diputada María Alejandra Nassif lisa y llanamente fue impedida de hablar. El voto de estos dos legisladores y el de Ricardo Iriani del Partido Acción Chubutense, (PACH) fueron los únicos votos en contra. El otro legislador del mismo partido provincial votó a favor y solicitó y logró que se cantara el Himno Nacional para celebrar (sic) la aprobación. Toda la negociación fue propia de una republiqueta. Seis legisladores de la UCR fueron expulsados del partido por el Tribunal Nacional de Ética, después de ser juzgados con todas las garantías del juicio justo, por haber votado el contrato de incumplir con el programa partidario y los mandatos expresos y debidamente notificados que les dio la Convención Provincial y el Comité Nacional de la UCR para que se opusieran al mismo. Cuando se envió el contrato a la Legislatura se omitió mandar el expediente administrativo y solo se lo hizo once días después con la sospecha pública de que el expediente fue elaborado a posteriori para cubrir las apariencias. La primera actuación data del 5 de marzo de 2007 y no de diciembre del 2003 cuando, según Das Neves, comenzó la negociación. Numerosas hojas han sido refoliadas y para justificar todos los pasos seguidos en tan breve lapso, figura el informe técnico emitido el 25 de abril, la opinión del fiscal de Estado al día siguiente y la firma del contrato por el gobernador un día después. El informe técnico fue elaborado por el ingeniero Jorge Valdez Rojas, ex presidente de la empresa Transportadora de Gas del Norte, sin que conste que organismo público se lo solicitó. La responsabilidad de haber acompañado al expediente el informe no requerido de un tercero recae conjuntamente entre las autoridades y la empresa beneficiada. La falta de consistencia del informe se revela en varias de sus afirmaciones. Sobre las cuestiones ambientales se dice que PAE le ha señalado que no ha tenido sanciones “significativas”, lo que no se ajusta a la verdad pues si las tuvo. La reputación técnica de British Petroleum es deficiente en el mundo. Esta empresa fue la responsable del derrame iniciado el 20 de abril de 2010 en el Golfo de México, que pronto alcanzó una extensión igual al territorio de Puerto Rico y que ha costado la muerte de once trabajadores British Petroleum es “proclive a los accidentes” y ha sido acusada de “anteponer las ganancias a la seguridad” 3. Valdez Rojas, apoyándose siempre en los informes recibidos de PAE concluye que “la compañía atiende los yacimientos con arreglo a normas vigentes en materia ambiental y de seguridad de las personas”. Se ignora quien se hizo cargo del honorario del perito y su monto. Pese a que este informe es del 25 de abril de 2007, el secretario de Hidrocarburos de la provincia figura remitiéndolo al ministro coordinador el 20 de abril. Estos detalles demuestran la adulteración del expediente administrativo. La fecha y cláusulas del contrato El título que se ha dado al contrato es “Acuerdo para la implementación de inversiones en áreas hidrocarburíferas”. La concesión terminaba en el año 2017 y conforme a la ley de hidrocarburos 17.319 (artículo 35), seis meses antes de la finalización la empresa podía solicitar una prórroga por otros diez años, la que se le podía otorgar “siempre que el concesionario haya dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes de la concesión”. Al firmarse el contrato en 2007, diez años antes, el Estado renunció al control del cumplimiento de las obligaciones de la empresa en esa década. PAE tampoco ha probado como ha llegado a sus manos una concesión que pertenecía a YPF ya que no consta ninguna disposición oficial aprobando esa transferencia. Al prorrogarse la concesión por treinta años (diez a partir del 2017 y una opción por veinte años más) el plazo es superior al permitido por la ley de hidrocarburos. La cláusula más perjudicial es la que establece una regalía del 12 por ciento a favor de la provincia, cuando, en la actualidad mundial las regalías que pagan los concesionarios al dueño del yacimiento rondan el 50 por ciento. El gobierno de Chubut se jacta de haber obtenido un tres por ciento suplementario de regalías y esto no es exacto porque ese porcentual es solo “un aporte especial”, como dice el acuerdo y no es regalía. Las regalías se calculan sobre el petróleo extraído en la boca de pozo mientras que este aporte es sobre los ingresos netos, es decir deduciendo del precio de venta los impuestos, retenciones, regalías y gastos de transporte y almacenaje o los impuestos y gravámenes similares que los sustituyan en el futuro. Así este “aporte” es muchísimo menos que una regalía. El 12 por ciento de regalía se justificaba antes de la venta de YPF, cuando era en su totalidad del Estado Nacional y en el mundo no había la crisis actual de reservas que, entre otros factores, ha llevado el precio del petróleo a cifras siderales. Las ofertas de inversiones que hizo PAE quedaron sujetas a condiciones que de no darse eximían a la empresa de tales obligaciones. Por ejemplo, si se aumentaban las regalías o los impuestos. De hecho, esto ocurrió al aumentarse las retenciones con lo que PAE puede o no invertir de acuerdo a sus intereses pero ya no está contractualmente obligada. Las inversiones dejarían también de ser obligatorias si el precio del petróleo crudo en dólares por barril, resultaba inferior al precio promedio percibido por PAE en la provincia durante el primer trimestre de 2006. Esta última condición es ajena a las posibilidades de control tanto de la provincia, como de la Nación, ya que no son formadores del precio internacional del petróleo. Según el contrato las promesas de inversión también caerían si se ponían restricciones a la libre exportación del petróleo extraído. Se da la paradoja que en 2012, la Argentina esta importando hidrocarburos por haber perdido el autoabastecimiento y PAE los exporta. Si Chubut pretendiera cancelarle o limitarle la libre exportación para dedicar la producción a las necesidades internas, tendría que hacerse cargo del resarcimiento de daños y perjuicios por su incumplimiento, según se ha consignado en el contrato. PAE, en cambio, no ha asumido una responsabilidad similar. Cláusulas leoninas Es sabido que después de la venta de YPF durante el gobierno de Carlos Menem cesó la exploración. lo que nos ha llevado a una disminución drástica de la producción y a la crisis que está sufriendo el país en esta materia fundamental para su producción y crecimiento. La privatización implicó que YPF-Repsol, como las demás privadas, se limitó a la ecuación comercial de extraer al máximo, no explorar y exportar todo lo posible. Debe señalarse, además, que no existe ningún control de las inversiones que PAE declara que ha hecho, o peor aún, que tanto el gobernador Das Neves, como Bussi, su sucesor, haciendo de voceros de la empresa, dicen que esta ha hecho. En el contrato PAE se compromete a invertir solo 80 millones de dólares en la exploración marítima, cantidad insignificante por el alto costo que tiene esta actividad. Otra cláusula leonina es la que se refiere a la certificación de reservas que debe hacerla un técnico con antecedentes nacionales e internacionales designado de común acuerdo, pero si tal acuerdo no existe el certificador deberá ser designado de una lista de tres propuesta por la empresa. Así PAE será juez y parte en la certificación. El acuerdo firmado por Das Neves dice que “si correspondiere” el impuesto de sellos sería pagado por la provincia, pero la Legislatura fue más generosa y en la ley aprobada declaró al Acuerdo “exento del impuesto de sellos”. Se trata de una importante suma de muchos millones de dólares que Chubut podría haberla dedicado a la lucha contra la pobreza, a mejorar su infraestructura vial o los magros salarios de los docentes y empleados públicos o a cualquier otro fin útil económico y social en vez de regalarla a los capitalistas británicos y estadounidenses del petróleo. Das Neves destacó entonces que Chubut percibiría en el primer decenio 778 millones de dólares, pero, aún suponiendo que así fuera, no dijo que en el mismo lapso, la empresa va a ingresar más de 12.000 millones de dólares. Otro déficit del “Acuerdo de Inversiones” es que no se ha respetado la legislación ambiental del país, que tiene rango constitucional al estar el derecho al medio ambiente sano consagrado en el artículo 41 de la Carta Magna. Se ha dejado así de lado la ley específica 25.675, olvidando que es de orden público y aplicable en todo el país. La vaga referencia que se hace en el contrato al tema no se ajusta a las normas de la ley. El contrato hizo alarde de que se aumentarían las fuentes de trabajo, pero cuando sobrevino la crisis económica de 2009, se vio que PAE no asumía ninguna obligación contractual sobre el tema y que la frase era meramente declamativa, ya que se produjeron centenares de suspensiones y de despidos. Junio de 2012, un sector disidente del sindicato de la Construcción, conocido como Los Leones, reclamaba, entre otras medidas, por cuarenta cesantías. Un recurso de amparo En defensa del patrimonio nacional y provincial, junto con mi colega y dirigente histórico del justicialismo, el Dr. David Patricio Romero, presentamos un recurso de amparo ante la justicia provincial que tramitó por ante el Juzgado Civil y Comercial No. 1 de Comodoro Rivadavia a cargo del doctor José Leonardh para obtener la nulidad del contrato por violar normas constitucionales de la Nación y de la provincia y de leyes aplicables. Se trató de una iniciativa ciudadana, interpartidaria que contó con el aporte de los letrados José Raúl Heredia, Alberto Gustavo Menna y Marcos Rojas Castro. Heredia ha sido miembro del Superior Tribunal de Justicia, legislador y diputado constituyente de Chubut por el PJ, en tanto que Menna ha sido legislador, diputado constituyente de Chubut y candidato a diputado nacional por la UCR. Los autos fueron caratulados “Solari Yrigoyen Hipólito y Romero, David Patricio c/ Provincia del Chubut y otra s/ Acción de Amparo Expte. No. 198-07”. El recurso fue aceptado por la justicia pero finalmente fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia del Chubut. Al presentar el recurso judicial, los dos actores y nuestros letrados, organizamos en 2007 una conferencia de prensa en Buenos Aires para hacer conocer a la ciudadanía la batalla judicial emprendida y sus fundamentos. Asistieron legisladores nacionales, representantes de los principales partidos políticos, ex gobernadores, dirigentes sindicales y de ONG, intelectuales, y otras personalidades que nos dieron su apoyo expreso. El gobierno de Chubut nos respondió con una solicitada publicada en los principales diarios nacionales cuyo costo, a cargo del Estado, osciló en los 400.000 pesos de ese año. En ese documento se nos llamó a los firmantes del recurso y a sus abogados “personeros de épocas grises, contubernios y responsables de la destrucción de las capacidades productivas y del deterioro social de los ciudadanos chubutenses”. También la empresa, aunque sin esos epítetos, dedicó costosas solicitadas para atacar nuestra defensa del patrimonio nacional. Más explícito aún fue el gobernador después que el Comité de la UCR de la Provincia del Chubut, presidido por Mario Cimadevilla, actual senador nacional 4, le rebatió por inexacto un anunció de descubrimiento de PAE de un nuevo yacimiento que, según dijo, provocaría la duplicación de la producción en Chubut. Das Neves, en diálogo con el periodismo, no pudo ubicar tal fantasioso yacimiento pues, según alegó, era un secreto de la empresa. El documento radical llevó por título “Como lo nuestro pasó a ser ajeno”, precedido del subtítulo “Los ingleses celebran”. Fuera de la difusión paga, ningún diario, radio ni canal de TV informó sobre el desmentido radical. La respuesta del gobierno fue otra solicitada de una página publicada en todos los diarios de la provincia y difundida por otros medios, firmada por el Partido Justicialista, con el título “La nostalgia de los miserables” 5. El agravio de “miserables” era para los radicales de Chubut. En privado, algunos dirigentes del peronismo me comentaron sus desacuerdos con el lenguaje empleado. Varios funcionarios con declaraciones a la prensa se adhirieron a las diatribas contra la UCR. Los radicales no tuvimos derecho de réplica ante tales descalificaciones y falsas acusaciones ya que en Chubut el gobierno anterior y el actual han eliminado la libertad de prensa con el manejo de la publicidad oficial. Mientras que eso ocurría el ministro coordinador Norberto Yahuar, después secretario de Pesca de la Nación y actual ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la presidenta Cristina Fernández de Kichner, amenazaba a los denunciantes a través de la prensa local diciendo que iban a tener que responder con su patrimonio personal el daño que habíamos provocado al Chubut 6. Patotas en acción Gracias a la aprobación de la concesión petrolera en Chubut, por la ley de la Legislatura, PAE pudo firmar en Washington un acuerdo con la Corporación Financiera Internacional, organismo inversor para el sector privado del Banco Mundial, por el otorgamiento de un préstamo de 550 millones de dólares para invertir en Cerro Dragón. Este préstamo, respaldado por el contrato de Chubut, fue el de mayor monto otorgado en los hasta ese momento 51 años de existencia de la entidad. Un tiempo después el mismo organismo lo benefició con otro importante préstamo. La legislatura de Santa Cruz se resistió a aprobar el contrato y los legisladores que se oponían (justicialistas y radicales) acusaron al gobernador Peralta de haberlo firmado “a espaldas de la provincia”. Hubo movilizaciones populares en Río Gallegos, Caleta Olivia y otros lugares para rechazar el denominado Acuerdo para la implementación de un compromiso de inversiones en áreas hidrocarburíferas de la provincia de Santa Cruz. El ex gobernador justicialista Sergio Acevedo fue uno de los objetores de la enajenación. La composición de la mayoría justicialista cambió en las siguientes elecciones y el contrato fue aprobado en marzo de 2008 con la oposición de los legisladores de la UCR. Poco después se realizó, en la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia, un foro multisectorial para debatir las renegociaciones petroleras de Chubut y Santa Cruz. Los oradores fueron marcadamente críticos. Pese a que asistieron varios funcionarios del gobierno, ninguno habló en defensa de la posición asumida por Das Neves, pero hubo un procedimiento más expeditivo para poner fin a la asamblea. La misma “patota british”, (así la llamó la agencia noticiosa Rawson Line que dirige el periodista Marcelo Bravo), que había perturbado el debate en la Legislatura irrumpió a los golpes en la sala de reunión ubicada en un subsuelo y lanzó una bomba de estruendo que inundó con humo el ambiente y puso punto final a la reunión en momentos en que hablaba el senador radical Gerardo Morales. Hubo varios heridos. Uno de los agredidos fue Sergio Acevedo. Entre quienes se quedaron sin hablar estaba el diputado nacional Fernando “Pino” Solanas, elegido después diputado nacional, quien representaba al Movimiento para la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO), asociación civil que presidía. Esta organización, con la firma de Solanas, presentó días después un Amicus Curie en el expediente “Solari Yrigoyen Hipólito y Romero David Patricio contra Provincia del Chubut y otro”. Este memorial constituyó un aporte jurídico al recurso de amparo que finalmente rechazó el Superior Tribunal de Justicia de Chubut en 2008. El expediente ha quedado como un testimonio más de la extensa y honrosa lucha del pueblo argentino en defensa de su riqueza hidrocarburífera al impugnar no solo un contrato sino una política puesta en marcha con la venta de YPF y profundizada con muchas otras concesiones, otorgadas a empresas de amigos del poder, todas sin licitación. 

(Artículo publicado en Le Monde Diplomatique)

NOTAS 1. “Un nuevo horizonte para nuestra energía”. La Nación, 30 de abril de 2007, página 7. 2 La Nación, 28 de abril de 2007, página 4. 3. The Wall Street Journal Americas en La Nación 4 de mayo de 2010, Suplemento Economía&Negocios, página 5 4. “Como lo nuestro pasó a ser ajeno”, El Chubut, Trelew 28 de enero de 2008 5. “La nostalgia de los miserables”. Jornada, Trelew 29 de enero de 2008. 6. http: //Institutoyrigoyen.radicales.org.ar Bibliografía Hipólito Solar Yrigoyen. Enajenación del Patrimonio. El problema energético argentino. Nuevo capítulo de la historia negra del petróleo. Le Monde diplomatique. Año XII. No. 136. Octubre 2010. Páginas 12 y 13.