domingo, 10 de septiembre de 2017

DIPUTADOS DE CAMBIEMOS PROPONEN CREAR EL FONDO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

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El bloque de diputados provinciales de Cambiemos presentó un proyecto de ley tendiente a crear en la Provincia de Entre Ríos el Fondo Provincial de la Vivienda y el Hábitat. El diputado José Antonio Artusi, autor de la iniciativa, manifestó que el propósito central consiste en dotar de más recursos al IAPV para permitir que se logren más y mejores soluciones habitacionales destinadas a las familias entrerrianas que más necesitan una ayuda del Estado para acceder efectivamente al derecho a una vivienda digna consagrado en nuestra Constitución Provincial en su artículo 25. Artusi señaló que "planteamos la creación del Fondo Provincial de la Vivienda y el Hábitat, pero cabe recordar que se trata en realidad de recrear un instituto que tuvo una efímera existencia en nuestra provincia, entre 1989 y 1996". En los fundamentos del proyecto se considera que "los recursos del FONAVI y de los programas federales, y ahora del Plan Nacional de Vivienda no han sido ni serán suficientes por sí solos para dar respuestas adecuadas al acuciante déficit habitacional que sufre nuestro país, en general, y la provincia de Entre Ríos en particular, y es por ello que proponemos dotar al IAPV de otros recursos que aumenten su disponibilidad financiera y con ello su capacidad de afrontar más y mejores soluciones habitacionales." El legislador radical expresó que "algunos datos nos permiten tener una idea del estado de situación de la problemática de la vivienda y el hábitat en nuestro país: 
- El problema de la vivienda es uno de los más importantes que padecemos hoy. - En Argentina hay un déficit habitacional de 3.500.000 hogares que padecen diariamente 12 millones de personas. Faltan 1.500.000 viviendas y 2.000.000 necesitan ser refaccionadas o tener mejor infraestructura. Compárense estas cifras que dimensionan el déficit con lo hecho en los últimos años: durante los años 2014 y 2015 se terminaron en todo el país, sumando FONAVI más Programas Federales, un total de 60.331 viviendas, a razón de un promedio de 30.165 por año. A ese ritmo, suponiendo que el déficit no aumentara por arte de magia, aún así harían falta 50 años para llegar a construir las viviendas que cubrieran dicho déficit. Obsérvese que el promedio del bienio 2014-2015 es inferior al registrado durante 2000 y 2001, en plena crisis y cuando sólo se contaba con recursos del FONAVI: 32.493 viviendas terminadas por año. 
- Entre Ríos no es una isla dentro de este panorama. En efecto, a pesar de contar con los recursos adicionales de los Programas Federales, el promedio anual de viviendas terminadas en el período 2012-2015 sólo ascendió a 1251 viviendas, muy poco por encima del período 2000- 2003, cuando no se contaba con los recursos de programas fedrales, en el que se llegó a un promedio de 1130 viviendas terminadas por año. Este promedio subió en el período siguiente (2004-2007), a 1525, para descender nuevamente durante 2008 y 2011, a 1051, incluso por debajo del período 2000-2003, en plena crisis antes y después del estallido de la convertibilidad. 
- En Argentina hay 12 millones de personas que necesitan un lugar donde vivir o mejorar las condiciones en que se encuentran sus viviendas y su entorno. 
- La situación afecta ya a casi el 30% de las familias; pero sin embargo Argentina es uno de los países de Latinoamérica que menos invirtió – y que peor invirtió – para revertir esta situación. - En los últimos 15 años el problema se incrementó por la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. - Demasiado frecuentemente los recursos del Estado no llegaron a quienes correspondía, es decir a quienes más lo necesitaban. Muchas personas pasaron a vivir en condiciones precarias. Si hay algo que el recientemente implementado Registro Nacional de Barrios Populares demuestra es la magnitud de la vulneración de derechos que implica para millones de argentinos el carecer de una vivienda digna y un hábitat adecuado para el desarrollo humano. Sólo para dar un ejemplo, en Concepción del Uruguay existen al menos 19 “barrios populares”, asentamiento o villas en los que centenares de familias viven en un contexto de privaciones y vulnerabilidad social y ambiental. Sin embargo, muchas veces la falta de transparencia y de criterios claros y objetivos para la adjudicación de soluciones habitacionales y su contracara, la discrecionalidad de los decisores políticos alimentando mecanismos clientelares de dominación política han llevado a la selección de beneficiarios que, sin dejar de ser sujetos de derechos, están muy lejos de pertenecer a los estratos de menores ingresos. Esto ha llevado a que se pierda de vista la noción de la vivienda digna como un derecho universal y ha reforzado la tendencia de buena parte de la sociedad a demandar soluciones habitacionales a los poderosos de turno como si fueran un favor, una concesión graciosa que genera la obligación de una contrapartida en términos de apoyo político, y no una respuesta fundada del Estado a una privación de derechos. 
- Nuestro esfuerzo debe centrarse no sólo en proveer vivienda, sino también en pensar y construir ciudades, poniendo en un lugar relevante el concepto del derecho a la ciudad y los lineamientos de la Nueva Agenda Urbana. La mayor parte del costo que debemos afrontar hoy para urbanizar y mejorar nuestras ciudades es causa del crecimiento desordenado y la falta de planificación del uso del suelo; cuestión que debemos revertir a través de desarrollos urbanos integrados y vinculados armónicamente con las áreas rurales, procurando el desarrollo sostenible y la inclusión social. - Mediante la Nueva Agenda Urbana adoptada en la CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA VIVIENDA Y EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE (Hábitat III – Quito, 2016), los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a incrementar la seguridad de la tenencia para todos, reconociendo la pluralidad de tipos de tenencia, y a promover la implementación de programas de desarrollo urbano sostenible con estrategias centradas en las necesidades de vivienda y de las personas. - La política de vivienda puede y debe ser un ingrediente fundamental para pensar el funcionamiento integral de las ciudades y densificar inteligentemente brinda economías de escala y de aglomeración, ahorra recursos, favorece la construcción de ciudadanía y fomenta la mixtura social de manera armónica. 
- Frente a este panorama el gobierno nacional ha puesto en marcha una estrategia nacional de vivienda y hábitat, de la que el Plan Nacional de Vivienda forma parte; entendiendo que la vivienda digna es la base para el desarrollo de una familia y de las personas que la integran, y las políticas públicas de vivienda y hábitat deben ser un componente central de la lucha contra la pobreza. 
- El Plan Nacional de Vivienda es integral, y requiere que las provincias, a través de los institutos provinciales de vivienda, los municipios, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, asuman, cada uno en la esfera de sus competencias y obligaciones, un nuevo rol activo para articular de la manera más eficiente posible los esfuerzos de todos en pos del bien común. Es por ello que una de las motivaciones del presente proyecto de ley es favorecer la adecuación de las acciones del IAPV y de los municipios al nuevo escenario que supone la estrategia nacional de vivienda y hábitat. " 
El Fondo Provincial de la Vivienda se integraría, además de los recursos de origen nacional y el recupero de las cuotas que actualmente percibe el IAPV, con los siguientes recursos de origen provincial: 
- El 10% de la recaudación del impuesto inmobiliario. 
- El 10% de los ingresos del IAFAS. 
- Los recursos provenientes del recupero de inversiones en infraestructura de servicios públicos y/o equipamiento comunitario que generen valorización del suelo, a través de la implementación de mecanismos de contribución especial por mejoras u otros instrumentos de captación del plusvalor generado por la inversión pública. 
- Los recursos provenientes de la captación de plusvalías generadas por decisiones administrativas de los municipios que produzcan incrementos del valor del suelo (aumento de la edificabilidad, derechos adicionales de construcción, zonificación, conversión del suelo de uso rural a urbano, etc.). 
- Los recursos provenientes de la recuperación de plusvalías generadas por proyectos de renovación urbana que incluyan viviendas, redes de infraestructuras y equipamiento comunitario financiados total o parcialmente con fondos del FOPROVIHAB; de acuerdo a los convenios que en cada caso se suscriban con municipios y demás organismos públicos y privados intervinientes en dichos proyectos. 
Estos últimos tres ítems están basados en los principios de la recuperación de plusvalías, concepto que se refiere al recupero total o parcial, por parte del Estado, de los aumentos en el valor del suelo generados por acciones diferentes a la inversión o esfuerzo directo del propietario, y que, por lo tanto constituirían ganancias inmerecidas o enriquecimiento sin justa causa. El objetivo que buscan los instrumentos de recuperación de plusvalías es, además de procurar un principio básico de justicia urbana y equidad social, basarse en los incrementos del valor del suelo generado por la intervención estatal para financiar el proceso de urbanización. 
En línea con las previsiones del Plan Nacional de Vivienda, y en aras de diversificar los instrumentos de acción, se plantea que se podrán financiar proyectos que incluyan los siguientes componentes: construcción de viviendas nuevas, mejoramiento de viviendas existentes, unidades habitacionales para la emergencia, infraestructura de servicios urbanos y equipamiento comunitario, lotes con servicios, regularización dominial y titulación, promoción social, fomento de la participación comunitaria y del cooperativismo, promoción de la planificación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial por parte de municipios y comunas, y promoción del alquiler social. De esta manera se contaría con una amplia batería de herramientas, que brindaría la posibilidad de otorgar a cada demanda una solución habitacional específica, apropiada a sus características particulares, aumentando de esta manera la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas y mejorando su impacto en la reducción efectiva del déficit habitacional. 
El proyecto de ley postula la posibilidad de otorgar a municipios y comunas, así como organizaciones no gubernamentales, un rol activo en la planificación y gestión de políticas habitacionales; en el entendimiento de que son muchos los municipios que llevan actualmente políticas de vivienda con recursos propios o de la comunidad, pero que el impacto de tales acciones podría potenciarse si se articulara de manera sinérgica con las del IAPV. 
El texto completo del proyecto puede consultarse en el siguiente link: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=22334

domingo, 3 de septiembre de 2017

MEDIA SANCION PARA UN PROYECTO DE LEY QUE CREA UN PROGRAMA DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE

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En la sesión de este martes 29 de agosto, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó un proyecto autoría del diputado José Antonio Artusi (Cambiemos) por el que se crea en la provincia el “Programa de Arquitectura sostenible”. “La idea es establecer un sistema de indicadores de sostenibilidad, que se vayan incorporando gradualmente en la construcción de obras nuevas en el sector público”, explicó a Espacios el legislador. La iniciativa pasó al Senado para su revisión. Según explicó el arquitecto Artusi, este proyecto tiende “a promover un programa de arquitectura sostenible en la provincia que establezca un proceso gradual de incorporación de tecnologías y sistemas que hagan más sostenible la construcción de edificios y su utilización”. “La idea es establecer un sistema de indicadores de sostenibilidad que haga que se vayan incorporando gradualmente y vayan siendo obligatorios en la construcción de obras nuevas en el sector público y para que se aliente a que los municipios lo vayan incorporando también como requisito para la aprobación de obras privadas”, sostuvo el arquitecto en diálogo con Espacios. “Estos indicadores tienen que ver con cuál es el impacto que la construcción de edificios genera en el ambiente: la generación de residuos, la utilización de materiales en todos los procesos, desde la extracción del medio natural hasta su procesamiento y su utilización en la producción”. “Medir lo que se denomina ´la huella ecológica´ de cada material, la capacidad aislante de las envolventes, porque hoy podemos disminuir de manera muy significativa el consumo de energía tanto para refrigeración como de calefacción, mejorando la capacidad que tienen los edificios de aislar adecuadamente los espacios interiores”, agregó el Diputado. “En fin: es mucho lo que podemos hacer desde el diseño de las obras de arquitectura por la sostenibilidad y del desarrollo urbano y no solo en el diseño mismo, si no a escala urbanística, por ejemplo, incidiendo en la localización de los edificios”, indicó el legislador, oriundo de Concepción del Uruguay. 
El proyecto puede ser consultado en el siguiente en lace: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=21325 
Fuente: Revista Espacios

jueves, 31 de agosto de 2017

MENOS IMPUESTOS DISTORSIVOS = CREDITOS HIPOTECARIOS MAS ACCESIBLES PARA MÁS VIVIENDAS

En la sesión del Martes 29 de Agosto de la Cámara de Diputados de Entre Ríos fue aprobado y remitido al Senado un proyecto de ley de autoría del diputado José Antonio Artusi (Cambiemos) por el que se exime del pago del impuesto a los ingresos brutos a los créditos hipotecarios destinados a la compra, construcción, refacción o ampliación de viviendas únicas familiares. El dictamen favorable de la Comisión de Hacienda se logró tras unificar dos expedientes que contenían proyectos similares, el de Artusi y uno de Sergio Urribarri. Al momento de tratarse el proyecto el legislador radical hizo uso de la palabra para fundamentar sus motivaciones y objetivos, "que no son otros que sumarnos al esfuerzo que están haciendo provincias hermanas y el gobierno nacional para reactivar el mercado de créditos hipotecarios para viviendas. En 22 días de Agosto el Banco Nación entregó prácticamente 10 veces más créditos hipotecarios que en todo Agosto del año pasado, y algo similar ocurre con otros bancos públicos y privados. A pesar de eso todavía el crédito hipotecario para viviendas representa en nuestro país solamente el 0.4% del PBI, cuando en 2001 llegaba a casi el 2,5%, porcentaje sustancialmente menor al de países hermanos como Colombia o Chile, por no mencionar países más desarrollados. Cabe señalar que en nuestra provincia el BERSA ni siquiera ha adherido al Programa PROCREAR." Artusi enfatizó que "dado el insignificante volumen de créditos hipotecarios que tenemos en la provincia hasta este momento el costo fiscal no será relevante y de hecho la medida puede significar un aumento de la recaudación impositiva de la mano de la reactivación de la construcción". Finalmente, el legislador uruguayense manifestó que "esta herramienta, el crédito hipotecario para viviendas, constituye uno de los ejes centrales de la estrategia nacional de vivienda, que apunta a articular los aportes del Estado nacional, de las provincias, de los municipios, de sindicatos y de cooperativas, y del sector privado, para poner en marcha políticas públicas efectivas destinadas a ir resolviendo paulatinamente el enorme déficit habitacional de nuestro país, que afecta a alrededor de 1 de cada 4 familias argentinas. El texto original del proyecto y el dictamen aprobado en la sesión de ayer pueden consultarse en el siguiente enlace: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=21977

lunes, 7 de agosto de 2017

"Hay que decir las cosas como son..."

El Gobernador Bordet habría dicho que “hay que decir las cosas como son. En materia de Ingresos Brutos, fue el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, quien presentó el proyecto para eliminar los Ingresos Brutos para los créditos hipotecarios. Lo hablamos con Urribarri y se presentó. Habrá que preguntarle a los diputados de Cambiemos por qué no lo votaron”. Si la transcripción de sus dichos es correcta, el Sr. Gobernador falta a la verdad, o al menos no dice toda la verdad. El primero en presentar un proyecto de ley proponiendo la quita de ingresos brutos a los créditos hipotecarios fui yo y además debería saber que un legislador de su partido preside la Comisión a la que fue girado, y que tiene mayoría en la Cámara. No lo hemos votado por una razón muy simple, porque ni siquiera ha sido tratado en comisión. El día 17 de Abril de 2017 presenté un proyecto de ley proponiendo que se exima del pago del impuesto a los ingresos brutos a los créditos hipotecarios destinados a la compra o construcción de la vivienda familiar única. Tomó estado parlamentario en la sesión del día 25 de Abril de 2017 y fue derivado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas que preside el diputado Marcelo Bisogni. El texto completo puede consultarse en el siguiente link: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=21977 Posteriormente el diputado Sergio Urribarri presentó un proyecto de ley similar el día 19 de Junio, que puede consultarse en el siguiente link: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=22177 . La iniciativa del Presidente de la Cámara tomó estado parlamentario el día 4 de Julio y fue girado a la misma comisión que la mía. Le pedí personalmente el día que se entregaron 90 viviendas en Concepción del Uruguay al diputado Marcelo Bisogni que la comisión que preside trate ambos proyectos, unificando los expedientes. Y confío en que en la próxima sesión podamos tratar y aprobar este proyecto. No depende de Cambiemos Sr. Gobernador. La Constitución le da al partido que gana la mayoría en la Cámara de Diputados, en este caso al Frente para la Victoria, Partido Justicialista, o como quieran llamarse ahora, y Ud. debería saberlo. Hay que decir las cosas como son.

martes, 27 de junio de 2017

EL DIPUTADO ARTUSI PARTICIPO EN EL FORO URBANO NACIONAL REALIZADO EN MENDOZA






El diputado provincial José Antonio Artusi (Cambiemos) participó en el Foro Urbano Nacional que tuvo lugar en Mendoza el Sábado 24 de Junio. Se trató de una jornada de trabajo organizada por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y el Programa Hábitat de Naciones Unidas, que tuvo como objetivo avanzar en la implementación en Argentina de la Nueva Agenda Urbana surgida de la cumbre de Hábitat 3 en Quito el año pasado, y generar diálogos y propuestas para alimentar la elaboración del Plan Nacional Urbano y del Hábitat. 
En la ceremonia de apertura hicieron uso de la palabra el Intendente de la ciudad anfitriona, Rodolfo Suárez, el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el Director de ONU Hábitat, Joan Clos. Posteriormente, Fernando Alvarez de Celis, Subsecretario de Planificación Territorial y Marina Klemensiewicz, Subsecretaria de Hábitat, se refirieron a los avances en la implementación de la Nueva Agenda Urbana en nuestro país y a los retos y desafíos del Plan Nacional Urbano y del Hábitat. En el espacio de talleres se debatió intensamente en grupos de trabajo sobre diversas líneas temáticas. El diputado José Antonio Artusi fue el informante de la Mesa 22 que analizó la cuestión de la gobernanza territorial. Participaron también en la mesa intendentes y funcionarios de las provincias de Córdoba y Mendoza, y la Presidente del Concejo Deliberante de Diamante, Lelia Recalde, quienes estuvieron acompañados por funcionarios de ONU Hábitat y de organismos internacionales de crédito. En relación a las conclusiones y recomendaciones que elaboró la mesa, el legislador uruguayense planteó que "coincidimos en la necesidad de contar con una ley nacional y normas provinciales sobre ordenamiento territorial, uso del suelo y desarrollo urbano, que deberían estar articuladas con planes estratégicos de desarrollo sostenible y con mecanismos de complementación entre políticas urbanas y políticas fiscales, de modo tal de recuperar parte de los recursos que la urbanización genera para financiar programas y proyectos que hagan que el derecho a la ciudad no sea una mera declamación y llegue efectivamente a todos los argentinos". Tras la presentación de los resultados de cada taller se realizó una devolución por parte de expertos en políticas urbanas, Elkin Velázquez y Marco Kamiya, de ONU Hábitat, Martim Smolka, Director para América Latina del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, y Fernando Alvarez de Celis, del gobierno nacional. El cierre estuvo a cargo de Joan Clos, Director de ONU Hábitat, quien brindó una disertación con definiciones contundentes a favor de orientar el desarrollo urbano hacia ciudades compactas, densas, bien diseñadas, sostenibles, y que brinden calidad de vida a los ciudadanos. Entre los conceptos vertidos por Joan Clos, cabe destacar los siguientes: "La urbanización debe generar valor y prosperidad"; "la urbanización siempre genera más valor del que cuesta"; "parte del valor generado por la urbanización hay que recuperarlo y reinvertirlo"; "hay que tener mecanismos de redistribución del valor generado por la urbanización"; "la cuestión es la distribución del valor"; "necesitamos densidad bien diseñada, estamos obligados a hacer buen diseño"; "la arquitectura tiene un valor social importantísimo"; "el diseño urbano crea valor". 
El Foro culminó con la lectura y firma de la declaración final, en la que se asumieron compromisos en pos de trabajar por el logro de los objetivos de la Nueva Agenda Urbana. El diputado Artusi manifestó su satisfacción por el éxito de la convocatoria y el intenso nivel de participación, y manifestó que dialogó con los funcionarios nacionales presentes en el Foro a los efectos de "promover una legislación nacional y provincial de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que permita orientar las inversiones públicas y privadas y regular de manera eficiente y sostenible el crecimiento de las ciudades, para avanzar en el logro de brindar a todos condiciones de vida digna y acceso al suelo y a la vivienda; a servicios básicos y espacios públicos de calidad, en definitiva, concretar el derecho a la ciudad".-

sábado, 29 de abril de 2017

Fuerte reclamo de legisladores de Cambiemos al IAPV


Ante diversas expresiones de preocupación frente a eventuales dificultades que tendría el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) para dar respuesta a las numerosas demandas de soluciones habitacionales como producto de supuestas decisiones del gobierno nacional, los bloques de diputados y senadores de Cambiemos evaluaron la situación a partir de la cual realizaron distintas consideraciones. 
En ese sentido se indicó que entre 2008 y 2015 el IAPV finalizó, sumando viviendas del Programa FONAVI y de Programas Federales, un total de 9.211 unidades, vale decir a razón de un promedio de 1151 por año. Entre 2000 y 2003, en plena crisis, en un contexto recesivo y de bajísimos precios de nuestra producción exportable, y sólo con recursos del Programa FONAVI, se terminaron viviendas a razón de un promedio de 1.130 por año, vale decir casi la misma cantidad que en el período 2008-2015, en el que se inyectaron al sistema no sólo los recursos FONAVI, que de hecho se incrementaron como consecuencia del aumento de la recaudación fiscal, sino también una importante cantidad de fondos de los denominados "Programas Federales", que - a diferencia del FONAVI que se distribuye entre las provincias por medio de un coeficiente fijado en la ley - se fijaron de absolutamente discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional, constituyendo esta herramienta una más de las que sirvieron para disciplinar gobernadores durante la "década ganada". Llama poderosamente la atención la enorme diferencia entre la cantidad de recursos con los que contó el IAPV en ambos períodos y la exigua diferencia en el logro de la cantidad de viviendas finalizadas; lo que demuestra a las claras la ineficiencia que ha venido caracterizando al instituto provincial de vivienda. Es también sorprendente que a nivel nacional, sumando lo hecho por todos los institutos provinciales de vivienda, en 2015, último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner, se finalizaron sólo 27.813 viviendas, menos que las 28.405 que se finalizaron en 2001 y las 36.581 en 2000, en la peor de las crisis y cuando sólo se disponía de recursos FONAVI. 
Por otro lado, es menester reconocer que el gobierno nacional del presidente Macri se encuentra empeñado firmemente en el desarrollo de un federalismo sólido y próspero en todo el territorio nacional. Este objetivo empezó a concretarse al abrir el diálogo y el intercambio de ideas entre jurisdicciones. Hasta hace no mucho tiempo era imposible imaginar las reuniones periódicas que existen entre gobernadores y funcionarios provinciales con autoridades nacionales para exponer las dificultades y buscar soluciones en conjunto. En este sentido, la preocupación del gobierno nacional por implementar políticas públicas destinadas a hacer realidad el derecho a una vivienda digna es innegable y se ve reflejada en un conjunto de programas y proyectos articulado de manera coherente. A través del Plan Nacional de Vivienda, inédito en el país, el Estado nacional ayuda de distinta manera a todos los sectores sociales para que cada vez más argentinos puedan tener su casa propia. Para los sectores sociales más vulnerables se está impulsando la construcción de viviendas sociales y proyectos de mejora del hábitat urbano; para los sectores de ingresos medios se han reformulado y mejorado las distintas líneas del ProCreAr; y para las familias con ingresos superiores a 4 veces el salario mínimo vital y móvil, se han lanzado los créditos hipotecarios con plazos de hasta 30 años y tasas bajas. No podemos dejar de señalar que en 2016 el IAPV recibió más de 830 millones de pesos de programas federales de vivienda(además de 425 millones del FONAVI), cifra sólo superada por el IPV de la Provincia de Buenos Aires, con algo más de 1.198 millones de pesos. Si hacemos la cuenta de recursos per cápita la diferencia es abrumadora a favor de Entre Ríos. Y en 2017 ya se han transferido al IAPV más de 252 millones de pesos, superando largamente lo recibido por las provincias hermanas de la Región Centro, y aún a la provincia de Buenos Aires. Si sumamos los programas de hábitat y vivienda de la Secretaría de Vivienda de la Nación, Entre Ríos recibió en lo que va del año más de 662 millones de pesos. En términos porcentuales Entre Ríos está al 26 de Abril de 2017 en el primer lugar de todo el país, con más del 10% de las transferencias para viviendas a a los diversos entes ejecutores, de modo tal que mal puede hablarse de recorte de fondos ni nada que se le parezca. 
Las autoridades del IAPV deben extremar esfuerzos para utilizar con la mayor eficiencia y transparencia posibles los recursos públicos de los que dispone, para poder dar respuesta así al enorme déficit de vivienda que sufren miles y miles de familias entrerrianas privadas todavía de este derecho fundamental, a pesar de las extraordinariamente favorables condiciones que imperaron hasta hace poco y que fueron lastimosamente desperdiciadas, como lo muestran las estadísticas oficiales sin dar lugar a ningún tipo de dudas. 
GRACIAS POR SU DIFUSION 
CARLOS M. JUAREZ PRENSA 
FOTOS: GERMAN ALDANA

miércoles, 22 de febrero de 2017

SALTO GRANDE ES NACIONAL, Y ES UN PROYECTO INCONCLUSO


Por José Antonio Artusi/ "... Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias...." Del artículo 40 de la Constitución de 1949. Inspiración del convencional entrerriano Arturo Sampay. Esa reforma constitucional nació viciada y tuvo como único fin la reelección de Perón, tal como lo denunciara Moisés Lebensohn en su histórico discurso en la convención; pero la nacionalización de los hidrocarburos fue un gran avance que todos haríamos bien en reivindicar, y que lamentablemente radicales y peronistas traicionamos en la reforma del 94, también generada por la posibilidad de incluir la reelección presidencial; que la sabia Constitución de 1853 no contemplaba. 
Pero volvamos al artículo 40; parece que algunos compañeros se olvidaron. Ironías de la historia, Sampay era concordiense. 
Salto Grande es nacional, mejor dicho, binacional. Entre Ríos tiene que percibir regalías y excedentes de Salto Grande como corresponde, no como durante los más de 12 años de gobiernos peronistas que retacearon recursos a las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones a partir de una resolución de Duhalde. Decir que vamos a provincializar Salto Grande es demagogia inconducente. Salto Grande, como el petróleo, es nacional. En el caso del petróleo, debería serlo, pero esa es otra historia. 
La discusión de las tarifas eléctricas pasa por otro lado; y si los recursos de la CAFESG se recuperan a partir de la paulatina normalización de los cuadros tarifarios es mucho lo que puede hacerse en se sentido a fines de promover algunas actividades estratégicas para el desarrollo regional; en vez de financiar proyectos de dudosa rentabilidad social y generalmente con sospechosos sobreprecios. 
Lo que hay que hacer con Salto Grande es finalizarla. Es una obra inconclusa. Hay que transformarla en un proyecto estratégico que haga realidad los propósitos múltiples que con acierto se incorporaron en el convenio de 1946 con este orden de prioridades: agua potable y saneamiento, navegación, energía eléctrica, riego. Sólo de esa manera podrá convertirse en una efectiva herramienta de promoción del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los entrerrianos.-