martes, 27 de enero de 2015

Así NO

Por José Antonio Artusi / El artículo 80 de la Constitución de la Provincia de Entre ríos es claro y no deja lugar a dudas: “Toda enajenación de los bienes del fisco o del municipio, compras y demás contratos susceptibles de licitación se harán en esta forma y de un modo público, bajo pena de nulidad y sin perjuicio de las responsabilidades emergentes.” Sin embargo, el Gobernador envió a la Legislatura un proyecto de ley cuyo artículo 1° dice: “Autorizar al Poder Ejecutivo a celebrar con China State Construction Engineering Corporation LTD un contrato de obra pública con el objeto de ejecutar las obras denominadas “Acueducto del Norte Entrerriano-La Paz-Estacas” y “Sistematización y Distribución de Agua para riego-Mandisoví Chico”.” La nulidad e inconstitucionalidad de la norma propuesta es tan evidente que cuesta creer – mejor dicho, costaría creer si no supiéramos quien gobierna – que los autores de tal iniciativa hayan tenido la osadía de escribir algo así en un proyecto de ley. Ya que estamos, aunque es un dato anecdótico, obviamente, deberían haber puesto “autorízase”, y no “autorizar”. Más allá del aberrante despropósito de recurrir a una contratación directa para semejante obra, llamaría también la atención en otras circunstancias la elección del contratista, una empresa estatal china. ¿No existen acaso empresas entrerrianas o argentinas capaces de llevar adelante la ejecución del proyecto?. Las cámaras que agrupan a las empresas constructoras no han dicho nada. El silencio sorprendería en otro contexto, si la obra pública no estuviera contaminada por un corrupto sistema de empresas cartelizadas en connivencia con funcionarios públicos que funciona en base a sobreprecios y “retornos”. El artículo 2° es no menos indignante: “Autorizar al Poder Ejecutivo a realizar las operaciones de crédito por hasta la suma de USD 430.387.551 con más los intereses necesarios para financiar la construcción de las obras referidas en el artículo primero de acuerdo al prospecto que se adjunta como Anexo I con los bancos estatales y aseguradoras de crédito de la República de China y con los organismos multilaterales y/o entidades financieras que formulen una oferta de financiamiento para la ejecución de las obras referidas en el artículo primero.” También por contratación directa, se autoriza al Poder Ejecutivo a contraer deuda por más de 430 millones de dólares con bancos estatales chinos. O sea, le pedimos plata a los chinos para contratar en forma directa con los chinos por un monto sideral sospechado de ser varias veces superior al presupuesto oficial elaborado en su momento por organismos oficiales. Negocio redondo… para los chinos. La sociedad tiene sobrados motivos para sospechar que también puede ser un negocio redondo para algunos funcionarios. El artículo 3° propone “facultar al Poder Ejecutivo a afectar en garantía y/o ceder los derechos de la Provincia sobre las sumas a percibir por el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales”. Si no pagamos, los chinos se quedan con la coparticipación, cobran seguro. El mismo Poder Ejecutivo que tolera sumisamente, sin chistar, que el gobierno nacional se apodere ilegítimamente de miles de millones de pesos de los entrerrianos como consecuencia de la crisis del federalismo fiscal, pone de esta manera en riesgo la posibilidad de disponer de los fondos de la coparticipación federal de impuestos. El artículo 4° dice: “Créase la Unidad Ejecutora de los Proyectos “Acueducto del Norte Entrerriano La Paz – Estacas” y “Sistematización y Distribución de Agua para riego-Mandisoví Chico” (UEP) a los fines de la administración de la ejecución correspondiente a las obras inherentes a ambos emprendimientos. El Poder Ejecutivo reglamentará la composición y facultades de este órgano de administración.” O sea, el Gobernador le pide a la Legislatura que le dé plenos poderes para decidir a su antojo cómo será la composición y el funcionamiento de dicha unidad ejecutora. Los antecedentes no habilitan a suponer que tal composición incluirá a representantes de la oposición o de la sociedad civil ni que se dispondrán mecanismos que aseguren la transparencia y la participación ciudadana. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Senadores en Diciembre y por la Cámara de Diputados el pasado 20 de Enero. Los levantamanos oficialistas le dieron un tratamiento express, en pleno receso veraniego, sin el debate y el análisis profundo en comisiones que un tema de esta naturaleza exige. Los términos del empréstito han sido difundidos por algunos medios de comunicación y no han sido desmentidos hasta ahora: una tasa de interés de alrededor del 5% y sujeción a la legislación inglesa. Todo esto parecería un chiste del día de los inocentes, una broma de mal gusto, si no fuera que en Entre Ríos gobierna el peronismo. Lamentablemente, todo esto no nos sorprende, y a esta altura de los acontecimientos resulta ocioso y hasta ingenuo pedirle al gobierno que recapacite. Es a la dirigencia de la oposición, a los jueces y fiscales, y a la ciudadanía, a los que hay que pedirles que reaccionen y que se pongan a la altura de las circunstancias. El gobierno que pretende hacerle creer a los entrerrianos y a los argentinos que “avanzamos tranquilos”, que vivimos un “sueño”, y que este es el “camino a seguir” profundiza con este vergonzoso episodio sus peores tendencias; desprecio por las instituciones de la Constitución, falta de transparencia y de participación social, sumisión de la provincia a intereses que no son los nuestros, improvisación. Por otra parte, no se hace mención a ninguno de los instrumentos de política ambiental introducidos en la reforma constitucional del 2008: la evaluación ambiental estratégica, el estudio y evaluación de impacto ambiental y acumulativo; el ordenamiento ambiental territorial; los indicadores de sustentabilidad; el libre acceso a la información; y la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. La reacción oficial frente a las lógicas voces críticas que se han alzado no ha sido menos deplorable. Como si se tratara de un juego a todo o nada, en blanco y negro, quienes han formulado alguna objeción directamente han sido acusados de no querer el progreso y de estar comprometidos con oscuros intereses. El habitual y remanido recurso de “matar al mensajero” sin tratar la cuestión de fondo. Los medios de comunicación oficiales o paraoficiales, al calor de la generosa pauta de publicidad del Estado, cumplen a su vez con su tarea de repetir la versión edulcorada del gobierno. Nadie discute que obras de riego y acueductos pueden ser un elemento central en un plan estratégico de desarrollo del Norte entrerriano. De hecho, probablemente se trata de obras que deberían haberse concretado hace rato. Pero, así…? 
 José Antonio Artusi es Presidente del Comité Departamental Uruguay de la UCR.-