domingo, 16 de diciembre de 2018

El dragado debe ser el primer paso para consolidar una verdadera Hidrovía del río Uruguay

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Por José Antonio Artusi 
Durante más de una década el dragado y balizamiento del río Uruguay estuvo lejísimos de ser una prioridad para el gobierno nacional argentino, y eso hizo que el puerto de Concepción del Uruguay languideciera. A contrapelo de lo que pasaba del otro lado del río, donde aún sin contar con las obras de profundización del calado del canal navegable, la República Oriental del Uruguay puso en marcha una política de reactivación de los puertos de Fray Bentos y Paysandú, éste último a pesar de tener condiciones naturales más desfavorables que la terminal portuaria de la Histórica. 
La decisión de la administración del Presidente Macri de revertir esta situación y poner nuevamente al dragado del río en la agenda de las políticas públicas permitió que ambas delegaciones en la Comisión Administradora del río Uruguay se pusieran de acuerdo para llamar a una licitación internacional a los efectos de adjudicar la obra del dragado a 25 pies hasta Concepción del Uruguay, obra que acaba de finalizar y ya comienza a dar sus frutos. Cabe señalar que la obra de dragado debe complementarse adecuadamente con el respectivo balizado, para permitir la navegación segura las 24 horas. Estas acciones están en marcha por parte de organismos públicos de ambos países, y deben extremarse los recaudos para que se finalicen a la mayor brevedad posible.     
El puerto de Concepción del Uruguay se reactiva de la mano de la exportación de rollizos de pino con destino a China, estando abierta la posibilidad de buscar otros mercados como el de la India. Todo esto debe ser sólo el comienzo, pero queda claro, cómo lo dijimos siempre, que el dragado del río Uruguay es una inversión rentable desde todo punto de vista; económica, social y ambientalmente. 
La reactivación del transporte fluvial abarata el transporte y la logística, en un país como el nuestro en el que tenemos uno de los costos más altos de la región en este rubro. Según un estudio de la Universidad de Illinois, Estados Unidos, con un dólar de combustible se puede transportar una tonelada de carga a una distancia de 25 kilómetros en carretera, 107 kilómetros en ferrocarril y 536 kilómetros por vía fluvial, o sea más de 20 veces que en camión. Esto torna rentables economías regionales que de otra manera no podrían asumir los costos de los fletes. Por otro lado, la reactivación de la cadena logística y de transporte multimodal vinculada a la operatoria portuaria crea una gran cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos. 
Desde el punto de vista ambiental, es sabido en todo el mundo que el transporte fluvial es el más seguro y el menos contaminante, contribuyendo de manera decisiva al ahorro energético, a la disminución de la demanda de combustibles y a la menor emisión de gases a la atmósfera. Un trabajo publicado por la Bolsa de Comercio de Rosario destaca que un HP mueve 150 Kg. en camión, 500 Kg. en ferrocarril, y 4.000 Kg. en una embarcación, más de 25 veces que en camión.     
Está claro que son muchas las asignaturas pendiente. Falta diversificar la oferta de exportación desde el puerto de Concepción del Uruguay; a la madera agregarle productos avícolas, arroz, citrus, etc. Mejorar la capacidad logística del puerto para permitir embarcar contenedores, aprovechando la línea de feeders entre Paysandú y Montevideo. Y en el mediano plazo aumentar la competitividad para agregar valor a la producción primaria y, por qué no, exportar productos que excedan el sector agroindustrial. Hay que generar una matriz intermodal integrada de transporte, alimentando el puerto uruguayense con barcazas y ferrocarril. Para eso se requieren inversiones en infraestructura ferroviaria y nuevos puertos barcaceros aguas arriba, como se identificara claramente en el Plan Estratégico Territorial de la provincia hace 10 años. Y más adelante terminar Salto Grande construyendo las esclusas y el canal de navegación, para extender la Hidrovía del Uruguay hasta Corrientes y Brasil, cumpliendo de esa manera con uno de los propósitos del sabio orden de prioridades del acuerdo argentino - uruguayo de 1946. 
La Hidrovía del río Uruguay, integrada a la del Paraná - Paraguay, puede y debe ser una herramienta estratégica al servicio del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de todos los entrerrianos. Hagamos lo que hay que hacer para que sea una realidad...
#CambiemosEntreRíos

Ahora, el desarrollo... #CambiemosEntreRíos

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Por José Antonio Artusi 
El año que viene los entrerrianos nos enfrentaremos a un dilema fundamental. O seguimos por la pendiente de mediocridad, estancamiento y falta de visión de futuro que han caracterizado a los gobiernos del Partido Justicialista desde 2003 y que nos han llevado a dilapidar sistemáticamente oportunidades de desarrollo o bien nos decidimos a encarar un camino de cambios y transformaciones que debe llevarnos al logro de la provincia pujante y progresista que podemos y debemos ser. 
Entre Ríos puede exhibir enormes recursos naturales, una población distribuida de manera equilibrada, una posición geográfica estratégica en medio del corredor bioceánico central, una sociedad civil llena de iniciativas solidarias, algunas empresas privadas que han logrado insertarse con éxito en mercados globales competitivos, universidades que forman jóvenes que a menudo deben abandonar la provincia en busca de mejores horizontes, y algunos municipios, sobre todo con gobiernos radicales y vecinalistas, que han encarado con éxito los desafíos del desarrollo local; pero a la vez la provincia en su conjunto no ha logrado encontrar una estrategia que le permita aprovechar adecuadamente su extraordinario potencial, y se muestra por el contrario como un territorio rezagado relativamente frente a provincias hermanas, sobre todo las de la Región Centro. 
Tenemos ríos caudalosos que podrían servir para brindar agua potable y saneamiento, generación de energía, posibilidades de navegación, riego y atractivos turísticos (sobre todo si terminamos Salto Grande, obra inconclusa que debe respetar el carácter de multipropósito que tuvo el proyecto que le dio origen). Miles de hectáreas que podrían incrementar drásticamente su capacidad productiva si se construyeran acueductos largamente demorados. Un enorme potencial de generación de energías renovables a través de la biomasa, el sol, y los cursos de agua, que podría ponerse en marcha para generar la matriz energética sostenible del futuro. Un territorio ideal para reconstruir la infraestructura ferroviaria y acercar la producción primaria a los puertos y a las fábricas. Dos hidrovías extraordinarias que deberían integrarse y potenciarse para lograr una red multimodal de transporte que baje costos, reduzca niveles de contaminación y mejore la seguridad. Todo este potencial no puede desplegarse porque tenemos desde hace décadas un Estado provincial ineficiente e inoperante, incapaz de brindar al sector privado las condiciones que todo Estado moderno debe garantizar, con una administración burocrática que absorbe recursos a través de una matriz tributaria llena de impuestos distorsivos y regresivos, que castigan la producción y el empleo y encarecen los bienes básicos. Un Estado que, por otro lado, no brinda adecuadamente a los entrerrianos los servicios que toda sociedad necesita para avanzar en el desarrollo humano, en materia de educación, salud, vivienda, y seguridad. 
Es hora de proponernos firmemente dejar atrás un pasado de frustraciones y desencuentros, y proponernos el ambicioso pero posible propósito de encarar el desafío del desarrollo. Es posible transformar a Entre Ríos en una tierra de oportunidades, que ofrezca a sus jóvenes posibilidades concretas de encontrar aquí un lugar donde puedan vivir una vida plena y explotar al máximo sus condiciones y talentos. 
Está absolutamente claro que ese desafío no puede llevarse adelante por parte de los mismos que vienen gobernando desde 2003 y son los principales responsables de este presente lleno de fracasos y asignaturas pendientes. Asignaturas pendientes que atraviesan el conjunto de las políticas públicas provinciales. En lo institucional, un Estado elefantiásico pero débil, que no ha podido o no ha querido implementar numerosos avances en materia de nuevos derechos e institutos que se incorporaron en la reforma constitucional para mejorar la calidad institucional y los controles en la administración pública y para generar canales de participación ciudadana, hace ya 10 años. En lo económico, un Estado que ahoga la producción con impuestos distorsivos y no genera las obras imprescindibles para mejorar la infraestructura que se necesita para mejorar la competitividad de nuestras empresas. En lo social, un Estado que brinda mal o a medias servicios básicos de educación, salud, y vivienda, y que hace que se agrande cada vez más la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, llegando a ver con dolor cómo sectores de medios y altos ingresos abandonan la escuela pública de la que supimos enorgullecernos, ante una crisis que sólo parece agudizarse año tras año. Estamos muy lejos de tener un sistema educativo capaz de formar a nuestros jóvenes para desempeñarse con éxito en los empleos que serán demandados en el siglo XXI. Un Estado que se limita a pagar sueldos y que pretende exhibir como logros propios algunos avances más bien generados a partir de acciones puestas en marcha por parte del gobierno nacional, como la recuperación del federalismo fiscal y la financiación de numerosas obras de infraestructura, por parte de una administración federal que no discrimina a las provincias por el color político de sus gobernantes, como fue norma en la Argentina entre 2003 y 2015. 
Gobierna Entre Ríos desde 2003 un partido clientelar y asociado frecuentemente, como en el nivel nacional hasta 2015, a la cartelización en la obra pública, la privatización del juego y el uso discrecional de los recursos públicos, y que por ende no puede sino hacer del Estado un botín puesto al servicio de su propia permanencia en el poder. Convalidar su continuidad es legitimar el atraso y la decadencia. Es imperioso que volvamos a poner el Estado al servicio de todos los entrerrianos, convocándolos a construir juntos un futuro mejor. Ahí radica la verdadera contradicción fundamental en este momento; continuidad de un populismo mediocre que cristaliza las condiciones del subdesarrollo o un cambio republicano y genuinamente progresista que apunta a las grandes transformaciones que la hora demanda. 
En este contexto, la Unión Cívica Radical debe afrontar la enorme responsabilidad de protagonizar la conformación de una coalición de gobierno que represente a la mayoría de los entrerrianos para encarar ese camino de progreso que nos lleve a construir una Entre Ríos más democrática, próspera y equitativa. Cambiemos ha sido, hasta acá, una eficaz herramienta electoral y parlamentaria. Es preciso no desdeñar el inmenso valor que tuvo para evitar la continuidad de un proyecto político populista, corrupto y autoritario, y para brindar equilibrio y alternancia en el sistema institucional argentino, y para recuperar numerosos gobiernos locales en nuestra provincia. Pero a más de 3 años de la histórica Convención de Gualeguaychú resulta necesario reconocer que se necesita dotar a Cambiemos de nuevos atributos. Cambiemos debe transformarse en una verdadera coalición de gobierno, integrada por partidos políticos fortalecidos, que encuentran en la diversidad y en los acuerdos institucionalizados para resolver democráticamente diferencias de matices una fortaleza y no una debilidad. Cambiemos debe ofrecer a los entrerrianos una visión de futuro, un proyecto de desarrollo, una propuesta de crecimiento que se proponga reformar el Estado, dinamizar y modernizar la economía y brindar oportunidades para todos, alejada de las prácticas clientelares y meramente asistencialistas que han demostrado de manera rotunda su fracaso y sólo han logrado reproducir estructuralmente las condiciones de pobreza y marginación. 
Entre Ríos, baluarte de la independencia, cuna del federalismo y la organización nacional, pionera en la gestación de la educación pública y laica, protagonista de la inmigración, la colonización y el cooperativismo, no puede ni debe encarar el siglo XXI sin metas y objetivos claros y sin un plan estratégico de desarrollo que nos indique cómo lograrlos. No podemos resignarnos a perpetuar este presente de oportunidades perdidas y continuidad carente de transformaciones de fondo que nos ofrece el gobierno provincial, es necesario un cambio de rumbo, es menester poner un punto de inflexión que modifique tendencias y nos permita construir de manera democrática y participativa una sociedad más acorde a nuestras enormes potencialidades. 
Entre Ríos puede estar mucho mejor, pero para comenzar a hacerlo posible hay que diagnosticar con precisión las causas de nuestros fracasos. Es hora de cambiar, es hora de protagonizar el desarrollo sostenible que demanda el siglo XXI, para mejorar la calidad de vida de todos los entrerrianos. Para hacer de esta hermosa e histórica provincia, la Entre Ríos que Urquiza soñó. Cambiemos Entre Ríos...

miércoles, 5 de diciembre de 2018

Los municipios y comunas necesitan una ley de ordenamiento territorial

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Esta mañana estuvimos reunidos con Uriel Brupbacher, intendente de Viale, y varios integrantes de su gabinete. Dialogamos acerca de las dificultades que tienen los municipios para planificar el desarrollo urbano de las ciudades, como consecuencia de la falta de una ley provincial de ordenamiento territorial, en el marco de una provincia que tiene un sistema institucional en el que conviven municipios, comunas, juntas de gobierno, y "zonas grises", no sujetas a la jurisdicción de ningún gobierno local. 
Vemos cotidianamente cómo se presentan problemas de todo tipo, derivados de cuestiones tales como industrias contaminantes junto a zonas residenciales, loteos sin adecuada regulación en áreas rurales o periurbanas, conflictos ambientales que se originan en la jurisdicción de un gobierno local y terminan impactando en otro, crecimiento caótico y carente de regulación de las manchas urbanas, tejidos cada vez menos densos y por ende más onerosos en cuanto a la cobertura de equipamiento y servicios básicos, especulación inmobiliaria y encarecimiento del suelo urbano, déficits habitacionales, conjuntos de vivienda social mal localizados, etc . 
Entre Ríos necesita imperiosamente una norma que regule y ordene los usos del suelo, para que municipios y comunas puedan llevar adelante planes que redunden en ciudades más justas, eficientes y sostenibles. Hemos presentado un proyecto de ley de ordenamiento territorial y recientemente el Poder Ejecutivo envió el suyo. Más allá de las diferencias, tiene muchos puntos en común y comparten objetivos y criterios, de modo tal que es una oportunidad ideal para generar un amplio debate participativo que permita lograr la mejor ley posible.

jueves, 31 de mayo de 2018

IMPOSTURAS ENERGÉTICAS

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Por José Antonio Artusi / El bochornoso espectáculo que brindaron anoche los senadores nacionales peronistas seguramente reconoce muchos antecedentes, pero no será tan fácil encontrar alguno que lo equipare en cuanto a las dosis de cinismo y de hipocresía política que se vertieron allí. Senadores que en teoría representan a sus provincias votaron un proyecto de ley absolutamente irresponsable, que de haberse promulgado habría beneficiado a los sectores de mayor poder adquisitivo de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en desmedro de la población más pobre de las demás provincias. 
Legisladores peronistas de provincias que tienen buena parte de su población sin gas natural y deben recurrir por lo tanto al gas envasado en garrafas votaron un proyecto de ley que habría demandado una enorme masa de subsidios para que los ricos de Puerto Madero o la Recoleta puedan seguir derrochando gas a precios irrisorios. 
Votaron un proyecto de ley que habría significado volver a instaurar el perverso esquema de atraso tarifario y subsidios económicos indiscriminados, que tuvieron la particularidad de beneficiar en mayor medida a los sectores más ricos de la sociedad, y a concentrarse en el área geográfica más desarrollada del territorio nacional. Subsidios que durante la era kirchnerista llegaron a significar un acumulado de 24 puntos del PBI, más de 150 mil millones de dólares, una cifra difícil de imaginar, un monto que habría sido suficiente para construir más de 3 millones de viviendas sociales. 
Cada 2 pesos de esos subsidios que iban al quintil de mayor poder adquisitivo de la sociedad, sólo 1 iba para el quintil de menor poder adquisitivo, y para los más vulnerables mucho menos, o nada. Y todos los pagábamos con cortes de gas y luz, desinversión en el sector energético, déficit fiscal y alta inflación, o sea el impuesto más regresivo, el que más sufren los sectores con ingresos fijos y de menores ingresos. 
En la Argentina nos hemos acostumbrado a todo, pero no deberíamos naturalizar que este dislate pueda llegar a ser defendido con el ropaje impostor de una pretendida epopeya nacional y popular. Si hay algo que el gobierno nacional y Cambiemos hizo mal fue no comunicar adecuadamente la verdadera magnitud de este problema ante la sociedad desde un inicio. Recurrir a la manera en que algunos periodistas lo hicieron en su momento puede ayudarnos: “Debe haber pocos casos en la historia que registren una situación como lo que sigue: los sectores más pobres de una sociedad se movilizan, militan y ensalzan a organizaciones sociales, ONGS o líderes políticos que pugnan por mantener decisiones de política de ingresos que favorecen a los ricos y perjudican a los pobres…” (Gustavo Bazzan, Clarín, 21/08/16) “El "ruidazo", la Marcha de las Velas y demás protestas de estos días en el distrito metropolitano son observadas con una mezcla de bronca y sorna por nuestros compatriotas provincianos, que siempre pagaron tarifas mucho más altas. El país unitario modelado por el kirchnerismo liberó de esa carga a los habitantes de la gran ciudad y de sus alrededores (algunos de ellos, con hábitats "africanizados" que ese mismo régimen empeoró con su desidia y corrupción). Condonó gastos por igual al que lo necesitaba como para el acomodado habitante de Barrio Norte o San Isidro. Y con el gas, peor aún: los más pobres pagaron mucho más por su garrafa que los que estaban conectados. Un disparate…”. Pablo Sirvén, La Nación, 22/04/18 
Decimos que la actitud de los senadores peronistas - y antes de los diputados que votaron este proyecto demagogico - es hipocrita porque es absolutamente evidente que solo perseguia el objetivo de desgastar al gobierno y hacerle pagar el supuesto costo politico de vetar una ley que todo el mundo sabia que debia ser vetada. Cabe preguntarse qué habrían hecho los gobernadores peronistas que se sumaron al festival populista si el Presidente Macri no vetaba la ley. Una ley que habría significado un altísimo costo fiscal para sus propias administraciones provinciales, en muchos casos desfinanciadas y endeudadas como Entre Ríos, para no decir "fundida". Seguramente habrían concurrido en procesión a la Casa Rosada para pedirle al Presidente que vete la ley. Pero no, sabían que el Presidente iba a hacer lo que había que hacer, y que la iba a vetar sin pérdida de tiempo, y por eso jugaron a las contradicciones o a esconderse. 
En ese sentido está claro que no coincidimos para nada con las recientes expresiones del ex Gobernador Sergio Urribarri sobre este tema, pero debemos al menos reconocer que se expresó, que dijo algo. Habría sido más interesante saber qué pensaba el Gobernador Bordet, con quien compartieron el proyecto político kirchnerista y urribarrista. Quizás haya que recordarle que firmó, junto a los demás gobernadores en abril del 2017 el Acuerdo Federal Energético, que establecía que las tarifas y precios tenían que reflejar los costos de su producción, transporte y distribución, permitiendo la inversión eficiente y la mejora de la calidad del servicio. El gobierno nacional ha puesto en marcha un esquema razonable y gradual de quita de subsidios indiscriminados a la oferta, que beneficiaban sobre todo a los ricos y promovían el derroche, y de subsidios focalizados a la demanda, dirigidos a los que menos tienen a través de la tarifa social, y a los que ahorran, a través del plan estímulo. Es oportuno recordar que - tal como señaló el senador Naidenoff - "en el 2010 quisimos avanzar con el proyecto de tarifa social para terminar con la injusticia de los subsidios indiscriminados. Estuvimos cerca de lograr dictamen, pero ningún senador del Frente Para la Victoria nos quiso acompañar." 
El record de imposturas estuvo en la sesión de ayer a cargo de la senadora por la Provincia de Buenos Aires que supo serlo de la Provincia de Santa Cruz. Que Cristina Fernández de Kirchner se atreva a pronunciar la sigla YPF sin ruborizarse es el colmo de la hipocresía y el cinismo político. Siendo Néstor Kirchner Gobernador de Santa Cruz y ella legisladora provincial militaron fervientemente por su privatización y extranjerización. El miembro informante en la Cámara de Diputados de esa nefasta ley fue su mano derecha Oscar Parrilli. Después hicieron todo lo que había que hacer desde el poder para que su amigo Eskenazi se quede con una parte de la empresa sin poner una moneda, y finalmente compraron caro la mitad de una YPF vaciada. Podríamos recordar también que cuando todos ellos eran menemistas privatizaron Gas del Estado con la inestimable colaboración de un diputrucho, y que sus gobernadores amigos entregaron los yacimientos de hidrocarburos más valiosos en dudosos procedimientos a empresas inglesas y norteamericanas. 
Frente a tanta irresponsabilidad y demagogia corresponde seguir apelando al debate racional y respetuoso, sobre la base de proyectos viables. En Entre Ríos, y en el caso específico de las tarifas eléctricas, lo hemos señalado hasta el cansancio y lo seguiremos haciendo, el principal problema no es el costo mayorista, que era imprescindible actualizar para detener el costosísimo festival de subsidios, sino el desmesurado costo de distribución de Enersa, que hace que los entrerrianos paguemos el doble o más la energía eléctrica que en provincias hermanas que sin embargo deben afrontar similares costos mayoristas. El que mejor, con más claridad lo ha graficado es el Dr. Darío Carrazza: Puede el envío salir más caro que la pizza? Por supuesto que no... Pero es lo que sucede en Entre Ríos. El envío (el costo de distribución que recarga Enersa) es más caro que la pizza (el costo de generación de la energía). Si Enersa aplicara el costo de distribución promedio de todas las provincias el monto final de las facturas podría reducirse alrededor del 25%. 
Necesitamos que estos problemas se discutan en una deliberación pública seria y elevada, con datos fehacientes y propuestas concretas, y sin chicanas ni slogans vacíos, que son hasta ahora la única respuesta que han tenido nuestros planteos.- 

José Antonio Artusi es diputado provincial (UCR en Cambiemos)

jueves, 8 de febrero de 2018

"El IAPV no debe buscar en el actual gobierno nacional las causas de su propia ineficiencia"

El bloque de diputados provinciales de Cambiemos emitió un documento en el que "celebra que el gobierno provincial a través del IAPV, haya tomado la decisión de impulsar la construcción de 500 viviendas sociales con fondos propios, sin depender de la disponibilidad de remesas del gobierno nacional". El texto indica luego: "Insuficiente pero necesaria, es una medida que hemos reclamado en reiteradas oportunidades, incluso a través de un proyecto de ley que crearía un fondo provincial de la vivienda y el hábitat, con asignación específica de recursos y continuidad en el tiempo, de modo tal de asegurar la disponiblidad de fondos para garantizar a la mayor cantidad de entrerrianos posible el derecho constitucional a una vivienda digna. Nos vemos a su vez en la obligación de señalar que no debe buscarse en la actitud del gobierno nacional la causa de la evidente ineficiencia de la gestión del IAPV desde hace años para dar respuestas a las legìtimas demandas de las familias más vulnerables de nuestra provincia, que no pueden acceder por otros medios a una solución habitacional acorde a sus necesidades. Es imperioso señalar que la demanda dirigida al IAPV había sido sobredimensionada como consecuencia de la desaparición del crédito hipotecario dirigido a sectores medios, sistema que el actual gobierno nacional de Cambiemos ha logrado reactivar con notable éxito, sumado esto a la mejora y ampliación del Programa PROCREAR", indicaron los diputados de Cambiemos.  EL DÉFICIT. "El problema de la vivienda es uno de los más importantes que padecemos hoy.
En Argentina hay un déficit habitacional de 3.500.000 hogares que padecen diariamente 12 millones de personas. Faltan 1.500.000 viviendas y 2.000.000 necesitan ser refaccionadas o tener mejor infraestructura. Compárense estas cifras que dimensionan el déficit con lo hecho en los últimos años: durante los años 2014 y 2015 se terminaron en todo el país, sumando FONAVI más Programas Federales, un total de 60.331 viviendas, a razón de un promedio de 30.165 por año. A ese ritmo, suponiendo que el déficit no aumentara por arte de magia, aún así harían falta 50 años para llegar a construir las viviendas que cubrieran dicho déficit. Obsérvese que el promedio del bienio 2014-2015 es inferior al registrado durante 2000 y 2001, en plena crisis y cuando sólo se contaba con recursos del FONAVI: 32.493 viviendas terminadas por año. Entre Ríos no fue una isla dentro de este panorama desolador. En efecto, a pesar de contar con los recursos adicionales de los Programas Federales, el promedio anual de viviendas terminadas en el período 2012-2015 sólo ascendió a 1251 viviendas, muy poco por encima del período 2000- 2003, cuando no se contaba con los recursos de programas federales, en el que se llegó a un promedio de 1130 viviendas terminadas por año. Este promedio subió en el período siguiente (2004-2007), a 1525, para descender nuevamente durante 2008 y 2011, a 1051, incluso por debajo del período 2000-2003, en plena crisis antes y después del estallido de la convertibilidad", detallaron los legisladores. 
MEDIDAS. "Finalmente el documento del bloque de Cambiemos en la cámara Baja provincial, precisó: "Frente a esta situación el gobierno nacional ha puesto en marcha una estrategia nacional de vivienda y hábitat, de la que el Plan Nacional de Vivienda forma parte; entendiendo que la vivienda digna es la base para el desarrollo de una familia y de las personas que la integran, y las políticas públicas de vivienda y hábitat deben ser un componente central de la lucha contra la pobreza. El Plan Nacional de Vivienda es integral, y requiere que las provincias, a través de los institutos provinciales de vivienda, los municipios, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, asuman, cada uno en la esfera de sus competencias y obligaciones, un nuevo rol activo para articular de la manera más eficiente posible los esfuerzos de todos en pos del bien común. En este sentido, resulta útil recordar que al 31 de Diciembre de 2017 había un total de 5407 viviendas sociales en ejecución en la provincia de Entre Ríos, correspondiendo de ese total 2439 al IAPV, 1275 a diversos consorcios, y 1675 a municipios. Entre 2016 y 2017 el gobierno nacional transfirió a la provincia 2847 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales, 1943 millones del Plan Nacional de Vivienda y 904 millones del FONAVI. El IAPV recibió el 100% de esos recursos FONAVI, y más del 68% de los fondos del PNV. El IAPV podría contar con más recursos destinados a la construcción de viviendas si mejorara su propia recaudación por recupero de las viviendas adjudicadas, y si destinara tales recursos a obras, ya que actualmente se utilizan para financiar los gastos de funcionamiento del instituto. Adicionalmente, tal como proponemos en nuestro proyecto de ley, si se creara el fondo provincial de la vivienda, se podría disponer de mayores montos destinados a viviendas sociales. Entre Ríos tiene el 2% del déficit habitacional del país y sin embargo está previsto que reciba el 8% del total del presupuesto nacional disponible, lo que habla a las claras de que nuestra provincia no es discriminada, como tampoco es discriminado ningún municipio entrerriano, sino que reciben ayudas en función de sus necesidades, su capacidad de gestión para elaborar proyectos y su predisposición a desembolsar los aportes correspondientes a la contraparte. Desde nuestro bloque seguiremos aportando ideas y proyectos para avanzar en el logro de condiciones que hagan posible una mejor polìtica pública de vivienda y hábitat. El gobierno provincial debe hacerse cargo de sus propios déficits y no deslindar responsabilidades, articulando de manera responsable esfuerzos y acciones con el gobierno nacional, los municipios, y los propios beneficiarios, para que el derecho a la vivienda digna deje de ser sólo una expresión de deseos escrita en la constitución provincial y comience a ser efectivamente una realidad tangible para todos los entrerrianos", concluyeron.

jueves, 7 de diciembre de 2017

"El proyecto de Bordet para comenzar a cumplir con el Consenso fiscal es un avance pero sigue siendo una asignatura pendiente una profunda reforma tributaria en Entre Ríos"

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El diputado provincial José Antonio Artusi (Cambiemos) manifestó que el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo Provincial a la Legislatura modificando varios impuestos como modo de comenzar a cumplir los compromisos asumidos en el marco del acuerdo denominado "Consenso Fiscal", suscripto por los gobernadores y el Presidente Macri el 16 de Noviembre, "es un avance, pero debemos advertir que sigue siendo una asignatura pendiente concretar una profunda reforma de carácter integral del sistema tributario en la provincia de Entre Ríos". En tal sentido, el legislador uruguayense recordó que el "Consenso Fiscal" tiene en cuenta que en agosto de 2016, "el Estado Nacional, las provincias y la CABA se comprometieron a implementar políticas tributarias destinadas a promover el aumento de la tasa de inversión y de empleo privado, que alivianen la carga tributaria de aquellos impuestos que presentan mayores efectos distorsivos sobre la actividad económica, estableciendo niveles de imposición acordes con el desarrollo competitivo de las diversas actividades económicas y con la capacidad contributiva" , a la vez que puso de relieve que "el Estado Nacional viene implementando un programa de reducción de la carga tributaria, el cual lleva acumulado en los últimos dos años una disminución en la presión tributaria equivalente a dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto". Artusi señaló que "las provincias se han comprometido a introducir modificaciones en el impuesto a los ingresos brutos, a los sellos, tributos sobre la nómina salarial, e impuesto inmobiliario, y en el proyecto remitido se avanza sobre todo en los 3 primeros, pero prácticamente no se modifica la estructura del impuesto inmobiliario, salvo por la eximición del impuesto a los jubilados que vivan en su única vivienda y perciban bajos ingresos, lo que nos parece una buena medida". En ese sentido el legislador radical enfatizó que "será por ello necesario encarar el año que viene un proceso de reformas profundas e integrales del sistema tributario entrerriano", e informó que tiene estado parlamentario un proyecto de su autoría tendiente a generar un debate que logre acuerdos concretos en esta materia. La iniciativa del diputado Artusi consiste en la creación de una comisión bicameral para la reforma tributaria provincial. En los fundamentos del proyecto Artusi considera que "la Constitución de la Provincia de Entre Ríos establece, en su artículo 79, que “la Legislatura, al dictar las leyes de carácter tributario, propenderá a la eliminación paulatina de los impuestos que pesen sobre los artículos de primera necesidad, debiendo evolucionar hacia la adopción de un régimen impositivo basado en los impuestos directos y en los que recaigan sobre los artículos superfluos”. Sin embargo, la realidad dista muchísimo de parecerse a la evolución señalada como mandato por los constituyentes. La provincia tiene, al igual que sus hermanas de la Región Centro y del país en su conjunto, una matriz tributaria en la que predomina un impuesto indirecto, regresivo y distorsivo como es el impuesto a los ingresos brutos", y al respecto informó que en los primeros 9 meses del año este tributo representó casi el 60% de la recaudación propia". El diputado Artusi opinó que "en 2018 deberemos debatir con tiempo estas cuestiones, para evitar que nos pase lo de este año, en el que se hicieron las cosas al revés, primero se trató el presupuesto, y luego se modifican los impuestos que van originar los ingresos que figuran en el presupuesto". Falmente, consideró que "vamos a aprovechar el cuarto intermedio en la sesión hasta la semana que viene para estudiar en detalle el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, y seguramente propondremos algunas modificaciones para mejorar el texto". El texto completo del proyecto de ley de creación de la comisión bicameral para la reforma tributaria puede consultarse en el siguiente enlace: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=22206

jueves, 23 de noviembre de 2017

EL DIPUTADO ARTUSI PROPONE INSTRUMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL DE SALUD PUBLICA EN ENTRE RIOS

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El diputado provincial José Antonio Artusi (Cambiemos) presentó un proyecto de ley por el que propone la implementación de un Sistema Integral de Salud Pública en la Provincia de Entre Ríos.
La iniciativa del legislador uruguayense, que tomó estado parlamentario en la sesión que tuvo lugar el Miércoles 22 de Noviembre y que cuenta con la firma de todos los integrantes del bloque Cambiemos, fue girada a la Comisión de Salud Pública y Acción Social. 
Artusi señaló que "este proyecto de ley reproduce el que presentáramos el día 18 de Diciembre de 2009 (Expediente 17.724). El 21 de Diciembre de 2009 tomó estado parlamentario y fue girado a la Comisión de Salud Pública, presidida en ese entonces por el Diputado Darío Argain, ámbito en el que fue objeto de un exhaustivo análisis, que contó con el aporte de numerosas organizaciones y asesores. Se procedió en ese momento a unificar dicho expediente con el nº 16.809, una iniciativa de autoría del Presidente de la Comisión, con numerosos puntos de contacto y coincidencias. Es así que se obtuvo un dictamen favorable el día 27/4/11 y se trató en el recinto el día 11/5/11, obteniendo aprobación por unanimidad. Lamentablemente en el Senado no tuvo similar suerte, habiendo pasado al archivo el día 17/12/2015. Entendemos necesario insistir en la propuesta, ya que en su momento contó con el acompañamiento del oficialismo y la oposición". 
En los fundamentos de la iniciativa el legislador radical consideró que "tiene por objeto garantizar el derecho a la salud como un derecho fundamental, individual y social, mediante la regulación y ordenamiento de todas las acciones conducentes a tal fin, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 19 de la Constitución Provincial", a la vez que recordó que el proyecto estuvo basado en documentos elaborados oportunamente por la Comisión de Salud del Instituto de Políticas Públicas de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos. José Antonio Artusi señaló que "no podemos dejar de considerar la necesidad de partir desde lo que manda la Constitución de la Provincia reformada en 2008, que – en su artículo 19 – reconoce a la salud como un derecho humano y plantea una serie de instrumentos concretos: políticas de atención primaria; asistencia sanitaria gratuita, universal, igualitaria, integral, adecuada y oportuna; prioridad de la inversión en salud; garantía del primer nivel de atención, la formación y la capacitación. También se establece allí la implementación de un seguro provincial de salud y una progresiva descentralización hospitalaria, así como el reconocimiento de los medicamentos como un bien social básico, la regulación estatal y la fiscalización del circuito de producción, comercialización y consumo de medicamentos y productos alimenticios, la acreditación de los servicios en salud y la jerarquización del nivel de atención hospitalaria de tiempo completo. Otros artículos se refieren también, directa o indirectamente, a la salud: artículo 20 (derechos sexuales y reproductivos), artículo 21 (personas con discapacidad), artículo 22 (derecho a un ambiente sano), artículo 24 (derecho a la alimentación y a un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia en determinadas situaciones), artículo 25 (derecho a la vivienda), etc..". 
Por otro lado, el diputado Artusi manifestó que "Entre Ríos no es una isla, y en ese sentido, tal como se expresa en la Plataforma de Cambiemos, es imprescindible reconocer que el sistema de salud argentino es un sistema fragmentado, segmentado y sin coordinación, con resultados ineficientes e inequitativos a pesar de que el país invierte en salud entre 8% y 10% de su economía, un nivel muy superior a los de muchos países de ingresos medios y altos. El sistema de salud está fragmentado administrativamente (descentralización provincial), segmentado por tipo de cobertura (sector público, obras sociales y medicina prepaga) y con demasiados actores y fuentes de recursos. La falta de coordinación de los 24 ministerios de salud provinciales, igual número de obras sociales provinciales, unos 250 fondos de seguridad social, PAMI, 50 empresas de medicina prepaga y múltiples fondos municipales son una muestra clara de la desintegración del sistema.” 
El proyecto de ley prevé la implementación y coordinación del Sistema Integral de Salud de la Provincia de Entre Ríos (SISPER), que estaría constituido por el conjunto de recursos de salud de dependencia estatal, de la seguridad social, de la sociedad civil y del sector privado que se desempeñan en el territorio de la Provincia; dicho sistema aseguraría el acceso a servicios integrales de salud a todos los habitantes. El texto completo del proyecto (Expediente 22.567) puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=22567

domingo, 10 de septiembre de 2017

DIPUTADOS DE CAMBIEMOS PROPONEN CREAR EL FONDO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

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El bloque de diputados provinciales de Cambiemos presentó un proyecto de ley tendiente a crear en la Provincia de Entre Ríos el Fondo Provincial de la Vivienda y el Hábitat. El diputado José Antonio Artusi, autor de la iniciativa, manifestó que el propósito central consiste en dotar de más recursos al IAPV para permitir que se logren más y mejores soluciones habitacionales destinadas a las familias entrerrianas que más necesitan una ayuda del Estado para acceder efectivamente al derecho a una vivienda digna consagrado en nuestra Constitución Provincial en su artículo 25. Artusi señaló que "planteamos la creación del Fondo Provincial de la Vivienda y el Hábitat, pero cabe recordar que se trata en realidad de recrear un instituto que tuvo una efímera existencia en nuestra provincia, entre 1989 y 1996". En los fundamentos del proyecto se considera que "los recursos del FONAVI y de los programas federales, y ahora del Plan Nacional de Vivienda no han sido ni serán suficientes por sí solos para dar respuestas adecuadas al acuciante déficit habitacional que sufre nuestro país, en general, y la provincia de Entre Ríos en particular, y es por ello que proponemos dotar al IAPV de otros recursos que aumenten su disponibilidad financiera y con ello su capacidad de afrontar más y mejores soluciones habitacionales." El legislador radical expresó que "algunos datos nos permiten tener una idea del estado de situación de la problemática de la vivienda y el hábitat en nuestro país: 
- El problema de la vivienda es uno de los más importantes que padecemos hoy. - En Argentina hay un déficit habitacional de 3.500.000 hogares que padecen diariamente 12 millones de personas. Faltan 1.500.000 viviendas y 2.000.000 necesitan ser refaccionadas o tener mejor infraestructura. Compárense estas cifras que dimensionan el déficit con lo hecho en los últimos años: durante los años 2014 y 2015 se terminaron en todo el país, sumando FONAVI más Programas Federales, un total de 60.331 viviendas, a razón de un promedio de 30.165 por año. A ese ritmo, suponiendo que el déficit no aumentara por arte de magia, aún así harían falta 50 años para llegar a construir las viviendas que cubrieran dicho déficit. Obsérvese que el promedio del bienio 2014-2015 es inferior al registrado durante 2000 y 2001, en plena crisis y cuando sólo se contaba con recursos del FONAVI: 32.493 viviendas terminadas por año. 
- Entre Ríos no es una isla dentro de este panorama. En efecto, a pesar de contar con los recursos adicionales de los Programas Federales, el promedio anual de viviendas terminadas en el período 2012-2015 sólo ascendió a 1251 viviendas, muy poco por encima del período 2000- 2003, cuando no se contaba con los recursos de programas fedrales, en el que se llegó a un promedio de 1130 viviendas terminadas por año. Este promedio subió en el período siguiente (2004-2007), a 1525, para descender nuevamente durante 2008 y 2011, a 1051, incluso por debajo del período 2000-2003, en plena crisis antes y después del estallido de la convertibilidad. 
- En Argentina hay 12 millones de personas que necesitan un lugar donde vivir o mejorar las condiciones en que se encuentran sus viviendas y su entorno. 
- La situación afecta ya a casi el 30% de las familias; pero sin embargo Argentina es uno de los países de Latinoamérica que menos invirtió – y que peor invirtió – para revertir esta situación. - En los últimos 15 años el problema se incrementó por la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. - Demasiado frecuentemente los recursos del Estado no llegaron a quienes correspondía, es decir a quienes más lo necesitaban. Muchas personas pasaron a vivir en condiciones precarias. Si hay algo que el recientemente implementado Registro Nacional de Barrios Populares demuestra es la magnitud de la vulneración de derechos que implica para millones de argentinos el carecer de una vivienda digna y un hábitat adecuado para el desarrollo humano. Sólo para dar un ejemplo, en Concepción del Uruguay existen al menos 19 “barrios populares”, asentamiento o villas en los que centenares de familias viven en un contexto de privaciones y vulnerabilidad social y ambiental. Sin embargo, muchas veces la falta de transparencia y de criterios claros y objetivos para la adjudicación de soluciones habitacionales y su contracara, la discrecionalidad de los decisores políticos alimentando mecanismos clientelares de dominación política han llevado a la selección de beneficiarios que, sin dejar de ser sujetos de derechos, están muy lejos de pertenecer a los estratos de menores ingresos. Esto ha llevado a que se pierda de vista la noción de la vivienda digna como un derecho universal y ha reforzado la tendencia de buena parte de la sociedad a demandar soluciones habitacionales a los poderosos de turno como si fueran un favor, una concesión graciosa que genera la obligación de una contrapartida en términos de apoyo político, y no una respuesta fundada del Estado a una privación de derechos. 
- Nuestro esfuerzo debe centrarse no sólo en proveer vivienda, sino también en pensar y construir ciudades, poniendo en un lugar relevante el concepto del derecho a la ciudad y los lineamientos de la Nueva Agenda Urbana. La mayor parte del costo que debemos afrontar hoy para urbanizar y mejorar nuestras ciudades es causa del crecimiento desordenado y la falta de planificación del uso del suelo; cuestión que debemos revertir a través de desarrollos urbanos integrados y vinculados armónicamente con las áreas rurales, procurando el desarrollo sostenible y la inclusión social. - Mediante la Nueva Agenda Urbana adoptada en la CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA VIVIENDA Y EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE (Hábitat III – Quito, 2016), los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a incrementar la seguridad de la tenencia para todos, reconociendo la pluralidad de tipos de tenencia, y a promover la implementación de programas de desarrollo urbano sostenible con estrategias centradas en las necesidades de vivienda y de las personas. - La política de vivienda puede y debe ser un ingrediente fundamental para pensar el funcionamiento integral de las ciudades y densificar inteligentemente brinda economías de escala y de aglomeración, ahorra recursos, favorece la construcción de ciudadanía y fomenta la mixtura social de manera armónica. 
- Frente a este panorama el gobierno nacional ha puesto en marcha una estrategia nacional de vivienda y hábitat, de la que el Plan Nacional de Vivienda forma parte; entendiendo que la vivienda digna es la base para el desarrollo de una familia y de las personas que la integran, y las políticas públicas de vivienda y hábitat deben ser un componente central de la lucha contra la pobreza. 
- El Plan Nacional de Vivienda es integral, y requiere que las provincias, a través de los institutos provinciales de vivienda, los municipios, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, asuman, cada uno en la esfera de sus competencias y obligaciones, un nuevo rol activo para articular de la manera más eficiente posible los esfuerzos de todos en pos del bien común. Es por ello que una de las motivaciones del presente proyecto de ley es favorecer la adecuación de las acciones del IAPV y de los municipios al nuevo escenario que supone la estrategia nacional de vivienda y hábitat. " 
El Fondo Provincial de la Vivienda se integraría, además de los recursos de origen nacional y el recupero de las cuotas que actualmente percibe el IAPV, con los siguientes recursos de origen provincial: 
- El 10% de la recaudación del impuesto inmobiliario. 
- El 10% de los ingresos del IAFAS. 
- Los recursos provenientes del recupero de inversiones en infraestructura de servicios públicos y/o equipamiento comunitario que generen valorización del suelo, a través de la implementación de mecanismos de contribución especial por mejoras u otros instrumentos de captación del plusvalor generado por la inversión pública. 
- Los recursos provenientes de la captación de plusvalías generadas por decisiones administrativas de los municipios que produzcan incrementos del valor del suelo (aumento de la edificabilidad, derechos adicionales de construcción, zonificación, conversión del suelo de uso rural a urbano, etc.). 
- Los recursos provenientes de la recuperación de plusvalías generadas por proyectos de renovación urbana que incluyan viviendas, redes de infraestructuras y equipamiento comunitario financiados total o parcialmente con fondos del FOPROVIHAB; de acuerdo a los convenios que en cada caso se suscriban con municipios y demás organismos públicos y privados intervinientes en dichos proyectos. 
Estos últimos tres ítems están basados en los principios de la recuperación de plusvalías, concepto que se refiere al recupero total o parcial, por parte del Estado, de los aumentos en el valor del suelo generados por acciones diferentes a la inversión o esfuerzo directo del propietario, y que, por lo tanto constituirían ganancias inmerecidas o enriquecimiento sin justa causa. El objetivo que buscan los instrumentos de recuperación de plusvalías es, además de procurar un principio básico de justicia urbana y equidad social, basarse en los incrementos del valor del suelo generado por la intervención estatal para financiar el proceso de urbanización. 
En línea con las previsiones del Plan Nacional de Vivienda, y en aras de diversificar los instrumentos de acción, se plantea que se podrán financiar proyectos que incluyan los siguientes componentes: construcción de viviendas nuevas, mejoramiento de viviendas existentes, unidades habitacionales para la emergencia, infraestructura de servicios urbanos y equipamiento comunitario, lotes con servicios, regularización dominial y titulación, promoción social, fomento de la participación comunitaria y del cooperativismo, promoción de la planificación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial por parte de municipios y comunas, y promoción del alquiler social. De esta manera se contaría con una amplia batería de herramientas, que brindaría la posibilidad de otorgar a cada demanda una solución habitacional específica, apropiada a sus características particulares, aumentando de esta manera la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas y mejorando su impacto en la reducción efectiva del déficit habitacional. 
El proyecto de ley postula la posibilidad de otorgar a municipios y comunas, así como organizaciones no gubernamentales, un rol activo en la planificación y gestión de políticas habitacionales; en el entendimiento de que son muchos los municipios que llevan actualmente políticas de vivienda con recursos propios o de la comunidad, pero que el impacto de tales acciones podría potenciarse si se articulara de manera sinérgica con las del IAPV. 
El texto completo del proyecto puede consultarse en el siguiente link: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=22334

domingo, 3 de septiembre de 2017

MEDIA SANCION PARA UN PROYECTO DE LEY QUE CREA UN PROGRAMA DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE

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En la sesión de este martes 29 de agosto, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó un proyecto autoría del diputado José Antonio Artusi (Cambiemos) por el que se crea en la provincia el “Programa de Arquitectura sostenible”. “La idea es establecer un sistema de indicadores de sostenibilidad, que se vayan incorporando gradualmente en la construcción de obras nuevas en el sector público”, explicó a Espacios el legislador. La iniciativa pasó al Senado para su revisión. Según explicó el arquitecto Artusi, este proyecto tiende “a promover un programa de arquitectura sostenible en la provincia que establezca un proceso gradual de incorporación de tecnologías y sistemas que hagan más sostenible la construcción de edificios y su utilización”. “La idea es establecer un sistema de indicadores de sostenibilidad que haga que se vayan incorporando gradualmente y vayan siendo obligatorios en la construcción de obras nuevas en el sector público y para que se aliente a que los municipios lo vayan incorporando también como requisito para la aprobación de obras privadas”, sostuvo el arquitecto en diálogo con Espacios. “Estos indicadores tienen que ver con cuál es el impacto que la construcción de edificios genera en el ambiente: la generación de residuos, la utilización de materiales en todos los procesos, desde la extracción del medio natural hasta su procesamiento y su utilización en la producción”. “Medir lo que se denomina ´la huella ecológica´ de cada material, la capacidad aislante de las envolventes, porque hoy podemos disminuir de manera muy significativa el consumo de energía tanto para refrigeración como de calefacción, mejorando la capacidad que tienen los edificios de aislar adecuadamente los espacios interiores”, agregó el Diputado. “En fin: es mucho lo que podemos hacer desde el diseño de las obras de arquitectura por la sostenibilidad y del desarrollo urbano y no solo en el diseño mismo, si no a escala urbanística, por ejemplo, incidiendo en la localización de los edificios”, indicó el legislador, oriundo de Concepción del Uruguay. 
El proyecto puede ser consultado en el siguiente en lace: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=21325 
Fuente: Revista Espacios

jueves, 31 de agosto de 2017

MENOS IMPUESTOS DISTORSIVOS = CREDITOS HIPOTECARIOS MAS ACCESIBLES PARA MÁS VIVIENDAS

En la sesión del Martes 29 de Agosto de la Cámara de Diputados de Entre Ríos fue aprobado y remitido al Senado un proyecto de ley de autoría del diputado José Antonio Artusi (Cambiemos) por el que se exime del pago del impuesto a los ingresos brutos a los créditos hipotecarios destinados a la compra, construcción, refacción o ampliación de viviendas únicas familiares. El dictamen favorable de la Comisión de Hacienda se logró tras unificar dos expedientes que contenían proyectos similares, el de Artusi y uno de Sergio Urribarri. Al momento de tratarse el proyecto el legislador radical hizo uso de la palabra para fundamentar sus motivaciones y objetivos, "que no son otros que sumarnos al esfuerzo que están haciendo provincias hermanas y el gobierno nacional para reactivar el mercado de créditos hipotecarios para viviendas. En 22 días de Agosto el Banco Nación entregó prácticamente 10 veces más créditos hipotecarios que en todo Agosto del año pasado, y algo similar ocurre con otros bancos públicos y privados. A pesar de eso todavía el crédito hipotecario para viviendas representa en nuestro país solamente el 0.4% del PBI, cuando en 2001 llegaba a casi el 2,5%, porcentaje sustancialmente menor al de países hermanos como Colombia o Chile, por no mencionar países más desarrollados. Cabe señalar que en nuestra provincia el BERSA ni siquiera ha adherido al Programa PROCREAR." Artusi enfatizó que "dado el insignificante volumen de créditos hipotecarios que tenemos en la provincia hasta este momento el costo fiscal no será relevante y de hecho la medida puede significar un aumento de la recaudación impositiva de la mano de la reactivación de la construcción". Finalmente, el legislador uruguayense manifestó que "esta herramienta, el crédito hipotecario para viviendas, constituye uno de los ejes centrales de la estrategia nacional de vivienda, que apunta a articular los aportes del Estado nacional, de las provincias, de los municipios, de sindicatos y de cooperativas, y del sector privado, para poner en marcha políticas públicas efectivas destinadas a ir resolviendo paulatinamente el enorme déficit habitacional de nuestro país, que afecta a alrededor de 1 de cada 4 familias argentinas. El texto original del proyecto y el dictamen aprobado en la sesión de ayer pueden consultarse en el siguiente enlace: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=21977

lunes, 7 de agosto de 2017

"Hay que decir las cosas como son..."

El Gobernador Bordet habría dicho que “hay que decir las cosas como son. En materia de Ingresos Brutos, fue el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, quien presentó el proyecto para eliminar los Ingresos Brutos para los créditos hipotecarios. Lo hablamos con Urribarri y se presentó. Habrá que preguntarle a los diputados de Cambiemos por qué no lo votaron”. Si la transcripción de sus dichos es correcta, el Sr. Gobernador falta a la verdad, o al menos no dice toda la verdad. El primero en presentar un proyecto de ley proponiendo la quita de ingresos brutos a los créditos hipotecarios fui yo y además debería saber que un legislador de su partido preside la Comisión a la que fue girado, y que tiene mayoría en la Cámara. No lo hemos votado por una razón muy simple, porque ni siquiera ha sido tratado en comisión. El día 17 de Abril de 2017 presenté un proyecto de ley proponiendo que se exima del pago del impuesto a los ingresos brutos a los créditos hipotecarios destinados a la compra o construcción de la vivienda familiar única. Tomó estado parlamentario en la sesión del día 25 de Abril de 2017 y fue derivado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas que preside el diputado Marcelo Bisogni. El texto completo puede consultarse en el siguiente link: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=21977 Posteriormente el diputado Sergio Urribarri presentó un proyecto de ley similar el día 19 de Junio, que puede consultarse en el siguiente link: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=22177 . La iniciativa del Presidente de la Cámara tomó estado parlamentario el día 4 de Julio y fue girado a la misma comisión que la mía. Le pedí personalmente el día que se entregaron 90 viviendas en Concepción del Uruguay al diputado Marcelo Bisogni que la comisión que preside trate ambos proyectos, unificando los expedientes. Y confío en que en la próxima sesión podamos tratar y aprobar este proyecto. No depende de Cambiemos Sr. Gobernador. La Constitución le da al partido que gana la mayoría en la Cámara de Diputados, en este caso al Frente para la Victoria, Partido Justicialista, o como quieran llamarse ahora, y Ud. debería saberlo. Hay que decir las cosas como son.

martes, 27 de junio de 2017

EL DIPUTADO ARTUSI PARTICIPO EN EL FORO URBANO NACIONAL REALIZADO EN MENDOZA






El diputado provincial José Antonio Artusi (Cambiemos) participó en el Foro Urbano Nacional que tuvo lugar en Mendoza el Sábado 24 de Junio. Se trató de una jornada de trabajo organizada por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y el Programa Hábitat de Naciones Unidas, que tuvo como objetivo avanzar en la implementación en Argentina de la Nueva Agenda Urbana surgida de la cumbre de Hábitat 3 en Quito el año pasado, y generar diálogos y propuestas para alimentar la elaboración del Plan Nacional Urbano y del Hábitat. 
En la ceremonia de apertura hicieron uso de la palabra el Intendente de la ciudad anfitriona, Rodolfo Suárez, el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el Director de ONU Hábitat, Joan Clos. Posteriormente, Fernando Alvarez de Celis, Subsecretario de Planificación Territorial y Marina Klemensiewicz, Subsecretaria de Hábitat, se refirieron a los avances en la implementación de la Nueva Agenda Urbana en nuestro país y a los retos y desafíos del Plan Nacional Urbano y del Hábitat. En el espacio de talleres se debatió intensamente en grupos de trabajo sobre diversas líneas temáticas. El diputado José Antonio Artusi fue el informante de la Mesa 22 que analizó la cuestión de la gobernanza territorial. Participaron también en la mesa intendentes y funcionarios de las provincias de Córdoba y Mendoza, y la Presidente del Concejo Deliberante de Diamante, Lelia Recalde, quienes estuvieron acompañados por funcionarios de ONU Hábitat y de organismos internacionales de crédito. En relación a las conclusiones y recomendaciones que elaboró la mesa, el legislador uruguayense planteó que "coincidimos en la necesidad de contar con una ley nacional y normas provinciales sobre ordenamiento territorial, uso del suelo y desarrollo urbano, que deberían estar articuladas con planes estratégicos de desarrollo sostenible y con mecanismos de complementación entre políticas urbanas y políticas fiscales, de modo tal de recuperar parte de los recursos que la urbanización genera para financiar programas y proyectos que hagan que el derecho a la ciudad no sea una mera declamación y llegue efectivamente a todos los argentinos". Tras la presentación de los resultados de cada taller se realizó una devolución por parte de expertos en políticas urbanas, Elkin Velázquez y Marco Kamiya, de ONU Hábitat, Martim Smolka, Director para América Latina del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, y Fernando Alvarez de Celis, del gobierno nacional. El cierre estuvo a cargo de Joan Clos, Director de ONU Hábitat, quien brindó una disertación con definiciones contundentes a favor de orientar el desarrollo urbano hacia ciudades compactas, densas, bien diseñadas, sostenibles, y que brinden calidad de vida a los ciudadanos. Entre los conceptos vertidos por Joan Clos, cabe destacar los siguientes: "La urbanización debe generar valor y prosperidad"; "la urbanización siempre genera más valor del que cuesta"; "parte del valor generado por la urbanización hay que recuperarlo y reinvertirlo"; "hay que tener mecanismos de redistribución del valor generado por la urbanización"; "la cuestión es la distribución del valor"; "necesitamos densidad bien diseñada, estamos obligados a hacer buen diseño"; "la arquitectura tiene un valor social importantísimo"; "el diseño urbano crea valor". 
El Foro culminó con la lectura y firma de la declaración final, en la que se asumieron compromisos en pos de trabajar por el logro de los objetivos de la Nueva Agenda Urbana. El diputado Artusi manifestó su satisfacción por el éxito de la convocatoria y el intenso nivel de participación, y manifestó que dialogó con los funcionarios nacionales presentes en el Foro a los efectos de "promover una legislación nacional y provincial de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que permita orientar las inversiones públicas y privadas y regular de manera eficiente y sostenible el crecimiento de las ciudades, para avanzar en el logro de brindar a todos condiciones de vida digna y acceso al suelo y a la vivienda; a servicios básicos y espacios públicos de calidad, en definitiva, concretar el derecho a la ciudad".-

sábado, 29 de abril de 2017

Fuerte reclamo de legisladores de Cambiemos al IAPV


Ante diversas expresiones de preocupación frente a eventuales dificultades que tendría el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) para dar respuesta a las numerosas demandas de soluciones habitacionales como producto de supuestas decisiones del gobierno nacional, los bloques de diputados y senadores de Cambiemos evaluaron la situación a partir de la cual realizaron distintas consideraciones. 
En ese sentido se indicó que entre 2008 y 2015 el IAPV finalizó, sumando viviendas del Programa FONAVI y de Programas Federales, un total de 9.211 unidades, vale decir a razón de un promedio de 1151 por año. Entre 2000 y 2003, en plena crisis, en un contexto recesivo y de bajísimos precios de nuestra producción exportable, y sólo con recursos del Programa FONAVI, se terminaron viviendas a razón de un promedio de 1.130 por año, vale decir casi la misma cantidad que en el período 2008-2015, en el que se inyectaron al sistema no sólo los recursos FONAVI, que de hecho se incrementaron como consecuencia del aumento de la recaudación fiscal, sino también una importante cantidad de fondos de los denominados "Programas Federales", que - a diferencia del FONAVI que se distribuye entre las provincias por medio de un coeficiente fijado en la ley - se fijaron de absolutamente discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional, constituyendo esta herramienta una más de las que sirvieron para disciplinar gobernadores durante la "década ganada". Llama poderosamente la atención la enorme diferencia entre la cantidad de recursos con los que contó el IAPV en ambos períodos y la exigua diferencia en el logro de la cantidad de viviendas finalizadas; lo que demuestra a las claras la ineficiencia que ha venido caracterizando al instituto provincial de vivienda. Es también sorprendente que a nivel nacional, sumando lo hecho por todos los institutos provinciales de vivienda, en 2015, último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner, se finalizaron sólo 27.813 viviendas, menos que las 28.405 que se finalizaron en 2001 y las 36.581 en 2000, en la peor de las crisis y cuando sólo se disponía de recursos FONAVI. 
Por otro lado, es menester reconocer que el gobierno nacional del presidente Macri se encuentra empeñado firmemente en el desarrollo de un federalismo sólido y próspero en todo el territorio nacional. Este objetivo empezó a concretarse al abrir el diálogo y el intercambio de ideas entre jurisdicciones. Hasta hace no mucho tiempo era imposible imaginar las reuniones periódicas que existen entre gobernadores y funcionarios provinciales con autoridades nacionales para exponer las dificultades y buscar soluciones en conjunto. En este sentido, la preocupación del gobierno nacional por implementar políticas públicas destinadas a hacer realidad el derecho a una vivienda digna es innegable y se ve reflejada en un conjunto de programas y proyectos articulado de manera coherente. A través del Plan Nacional de Vivienda, inédito en el país, el Estado nacional ayuda de distinta manera a todos los sectores sociales para que cada vez más argentinos puedan tener su casa propia. Para los sectores sociales más vulnerables se está impulsando la construcción de viviendas sociales y proyectos de mejora del hábitat urbano; para los sectores de ingresos medios se han reformulado y mejorado las distintas líneas del ProCreAr; y para las familias con ingresos superiores a 4 veces el salario mínimo vital y móvil, se han lanzado los créditos hipotecarios con plazos de hasta 30 años y tasas bajas. No podemos dejar de señalar que en 2016 el IAPV recibió más de 830 millones de pesos de programas federales de vivienda(además de 425 millones del FONAVI), cifra sólo superada por el IPV de la Provincia de Buenos Aires, con algo más de 1.198 millones de pesos. Si hacemos la cuenta de recursos per cápita la diferencia es abrumadora a favor de Entre Ríos. Y en 2017 ya se han transferido al IAPV más de 252 millones de pesos, superando largamente lo recibido por las provincias hermanas de la Región Centro, y aún a la provincia de Buenos Aires. Si sumamos los programas de hábitat y vivienda de la Secretaría de Vivienda de la Nación, Entre Ríos recibió en lo que va del año más de 662 millones de pesos. En términos porcentuales Entre Ríos está al 26 de Abril de 2017 en el primer lugar de todo el país, con más del 10% de las transferencias para viviendas a a los diversos entes ejecutores, de modo tal que mal puede hablarse de recorte de fondos ni nada que se le parezca. 
Las autoridades del IAPV deben extremar esfuerzos para utilizar con la mayor eficiencia y transparencia posibles los recursos públicos de los que dispone, para poder dar respuesta así al enorme déficit de vivienda que sufren miles y miles de familias entrerrianas privadas todavía de este derecho fundamental, a pesar de las extraordinariamente favorables condiciones que imperaron hasta hace poco y que fueron lastimosamente desperdiciadas, como lo muestran las estadísticas oficiales sin dar lugar a ningún tipo de dudas. 
GRACIAS POR SU DIFUSION 
CARLOS M. JUAREZ PRENSA 
FOTOS: GERMAN ALDANA