domingo, 10 de septiembre de 2017

DIPUTADOS DE CAMBIEMOS PROPONEN CREAR EL FONDO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

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El bloque de diputados provinciales de Cambiemos presentó un proyecto de ley tendiente a crear en la Provincia de Entre Ríos el Fondo Provincial de la Vivienda y el Hábitat. El diputado José Antonio Artusi, autor de la iniciativa, manifestó que el propósito central consiste en dotar de más recursos al IAPV para permitir que se logren más y mejores soluciones habitacionales destinadas a las familias entrerrianas que más necesitan una ayuda del Estado para acceder efectivamente al derecho a una vivienda digna consagrado en nuestra Constitución Provincial en su artículo 25. Artusi señaló que "planteamos la creación del Fondo Provincial de la Vivienda y el Hábitat, pero cabe recordar que se trata en realidad de recrear un instituto que tuvo una efímera existencia en nuestra provincia, entre 1989 y 1996". En los fundamentos del proyecto se considera que "los recursos del FONAVI y de los programas federales, y ahora del Plan Nacional de Vivienda no han sido ni serán suficientes por sí solos para dar respuestas adecuadas al acuciante déficit habitacional que sufre nuestro país, en general, y la provincia de Entre Ríos en particular, y es por ello que proponemos dotar al IAPV de otros recursos que aumenten su disponibilidad financiera y con ello su capacidad de afrontar más y mejores soluciones habitacionales." El legislador radical expresó que "algunos datos nos permiten tener una idea del estado de situación de la problemática de la vivienda y el hábitat en nuestro país: 
- El problema de la vivienda es uno de los más importantes que padecemos hoy. - En Argentina hay un déficit habitacional de 3.500.000 hogares que padecen diariamente 12 millones de personas. Faltan 1.500.000 viviendas y 2.000.000 necesitan ser refaccionadas o tener mejor infraestructura. Compárense estas cifras que dimensionan el déficit con lo hecho en los últimos años: durante los años 2014 y 2015 se terminaron en todo el país, sumando FONAVI más Programas Federales, un total de 60.331 viviendas, a razón de un promedio de 30.165 por año. A ese ritmo, suponiendo que el déficit no aumentara por arte de magia, aún así harían falta 50 años para llegar a construir las viviendas que cubrieran dicho déficit. Obsérvese que el promedio del bienio 2014-2015 es inferior al registrado durante 2000 y 2001, en plena crisis y cuando sólo se contaba con recursos del FONAVI: 32.493 viviendas terminadas por año. 
- Entre Ríos no es una isla dentro de este panorama. En efecto, a pesar de contar con los recursos adicionales de los Programas Federales, el promedio anual de viviendas terminadas en el período 2012-2015 sólo ascendió a 1251 viviendas, muy poco por encima del período 2000- 2003, cuando no se contaba con los recursos de programas fedrales, en el que se llegó a un promedio de 1130 viviendas terminadas por año. Este promedio subió en el período siguiente (2004-2007), a 1525, para descender nuevamente durante 2008 y 2011, a 1051, incluso por debajo del período 2000-2003, en plena crisis antes y después del estallido de la convertibilidad. 
- En Argentina hay 12 millones de personas que necesitan un lugar donde vivir o mejorar las condiciones en que se encuentran sus viviendas y su entorno. 
- La situación afecta ya a casi el 30% de las familias; pero sin embargo Argentina es uno de los países de Latinoamérica que menos invirtió – y que peor invirtió – para revertir esta situación. - En los últimos 15 años el problema se incrementó por la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. - Demasiado frecuentemente los recursos del Estado no llegaron a quienes correspondía, es decir a quienes más lo necesitaban. Muchas personas pasaron a vivir en condiciones precarias. Si hay algo que el recientemente implementado Registro Nacional de Barrios Populares demuestra es la magnitud de la vulneración de derechos que implica para millones de argentinos el carecer de una vivienda digna y un hábitat adecuado para el desarrollo humano. Sólo para dar un ejemplo, en Concepción del Uruguay existen al menos 19 “barrios populares”, asentamiento o villas en los que centenares de familias viven en un contexto de privaciones y vulnerabilidad social y ambiental. Sin embargo, muchas veces la falta de transparencia y de criterios claros y objetivos para la adjudicación de soluciones habitacionales y su contracara, la discrecionalidad de los decisores políticos alimentando mecanismos clientelares de dominación política han llevado a la selección de beneficiarios que, sin dejar de ser sujetos de derechos, están muy lejos de pertenecer a los estratos de menores ingresos. Esto ha llevado a que se pierda de vista la noción de la vivienda digna como un derecho universal y ha reforzado la tendencia de buena parte de la sociedad a demandar soluciones habitacionales a los poderosos de turno como si fueran un favor, una concesión graciosa que genera la obligación de una contrapartida en términos de apoyo político, y no una respuesta fundada del Estado a una privación de derechos. 
- Nuestro esfuerzo debe centrarse no sólo en proveer vivienda, sino también en pensar y construir ciudades, poniendo en un lugar relevante el concepto del derecho a la ciudad y los lineamientos de la Nueva Agenda Urbana. La mayor parte del costo que debemos afrontar hoy para urbanizar y mejorar nuestras ciudades es causa del crecimiento desordenado y la falta de planificación del uso del suelo; cuestión que debemos revertir a través de desarrollos urbanos integrados y vinculados armónicamente con las áreas rurales, procurando el desarrollo sostenible y la inclusión social. - Mediante la Nueva Agenda Urbana adoptada en la CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA VIVIENDA Y EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE (Hábitat III – Quito, 2016), los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a incrementar la seguridad de la tenencia para todos, reconociendo la pluralidad de tipos de tenencia, y a promover la implementación de programas de desarrollo urbano sostenible con estrategias centradas en las necesidades de vivienda y de las personas. - La política de vivienda puede y debe ser un ingrediente fundamental para pensar el funcionamiento integral de las ciudades y densificar inteligentemente brinda economías de escala y de aglomeración, ahorra recursos, favorece la construcción de ciudadanía y fomenta la mixtura social de manera armónica. 
- Frente a este panorama el gobierno nacional ha puesto en marcha una estrategia nacional de vivienda y hábitat, de la que el Plan Nacional de Vivienda forma parte; entendiendo que la vivienda digna es la base para el desarrollo de una familia y de las personas que la integran, y las políticas públicas de vivienda y hábitat deben ser un componente central de la lucha contra la pobreza. 
- El Plan Nacional de Vivienda es integral, y requiere que las provincias, a través de los institutos provinciales de vivienda, los municipios, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, asuman, cada uno en la esfera de sus competencias y obligaciones, un nuevo rol activo para articular de la manera más eficiente posible los esfuerzos de todos en pos del bien común. Es por ello que una de las motivaciones del presente proyecto de ley es favorecer la adecuación de las acciones del IAPV y de los municipios al nuevo escenario que supone la estrategia nacional de vivienda y hábitat. " 
El Fondo Provincial de la Vivienda se integraría, además de los recursos de origen nacional y el recupero de las cuotas que actualmente percibe el IAPV, con los siguientes recursos de origen provincial: 
- El 10% de la recaudación del impuesto inmobiliario. 
- El 10% de los ingresos del IAFAS. 
- Los recursos provenientes del recupero de inversiones en infraestructura de servicios públicos y/o equipamiento comunitario que generen valorización del suelo, a través de la implementación de mecanismos de contribución especial por mejoras u otros instrumentos de captación del plusvalor generado por la inversión pública. 
- Los recursos provenientes de la captación de plusvalías generadas por decisiones administrativas de los municipios que produzcan incrementos del valor del suelo (aumento de la edificabilidad, derechos adicionales de construcción, zonificación, conversión del suelo de uso rural a urbano, etc.). 
- Los recursos provenientes de la recuperación de plusvalías generadas por proyectos de renovación urbana que incluyan viviendas, redes de infraestructuras y equipamiento comunitario financiados total o parcialmente con fondos del FOPROVIHAB; de acuerdo a los convenios que en cada caso se suscriban con municipios y demás organismos públicos y privados intervinientes en dichos proyectos. 
Estos últimos tres ítems están basados en los principios de la recuperación de plusvalías, concepto que se refiere al recupero total o parcial, por parte del Estado, de los aumentos en el valor del suelo generados por acciones diferentes a la inversión o esfuerzo directo del propietario, y que, por lo tanto constituirían ganancias inmerecidas o enriquecimiento sin justa causa. El objetivo que buscan los instrumentos de recuperación de plusvalías es, además de procurar un principio básico de justicia urbana y equidad social, basarse en los incrementos del valor del suelo generado por la intervención estatal para financiar el proceso de urbanización. 
En línea con las previsiones del Plan Nacional de Vivienda, y en aras de diversificar los instrumentos de acción, se plantea que se podrán financiar proyectos que incluyan los siguientes componentes: construcción de viviendas nuevas, mejoramiento de viviendas existentes, unidades habitacionales para la emergencia, infraestructura de servicios urbanos y equipamiento comunitario, lotes con servicios, regularización dominial y titulación, promoción social, fomento de la participación comunitaria y del cooperativismo, promoción de la planificación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial por parte de municipios y comunas, y promoción del alquiler social. De esta manera se contaría con una amplia batería de herramientas, que brindaría la posibilidad de otorgar a cada demanda una solución habitacional específica, apropiada a sus características particulares, aumentando de esta manera la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas y mejorando su impacto en la reducción efectiva del déficit habitacional. 
El proyecto de ley postula la posibilidad de otorgar a municipios y comunas, así como organizaciones no gubernamentales, un rol activo en la planificación y gestión de políticas habitacionales; en el entendimiento de que son muchos los municipios que llevan actualmente políticas de vivienda con recursos propios o de la comunidad, pero que el impacto de tales acciones podría potenciarse si se articulara de manera sinérgica con las del IAPV. 
El texto completo del proyecto puede consultarse en el siguiente link: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=22334

domingo, 3 de septiembre de 2017

MEDIA SANCION PARA UN PROYECTO DE LEY QUE CREA UN PROGRAMA DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE

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En la sesión de este martes 29 de agosto, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó un proyecto autoría del diputado José Antonio Artusi (Cambiemos) por el que se crea en la provincia el “Programa de Arquitectura sostenible”. “La idea es establecer un sistema de indicadores de sostenibilidad, que se vayan incorporando gradualmente en la construcción de obras nuevas en el sector público”, explicó a Espacios el legislador. La iniciativa pasó al Senado para su revisión. Según explicó el arquitecto Artusi, este proyecto tiende “a promover un programa de arquitectura sostenible en la provincia que establezca un proceso gradual de incorporación de tecnologías y sistemas que hagan más sostenible la construcción de edificios y su utilización”. “La idea es establecer un sistema de indicadores de sostenibilidad que haga que se vayan incorporando gradualmente y vayan siendo obligatorios en la construcción de obras nuevas en el sector público y para que se aliente a que los municipios lo vayan incorporando también como requisito para la aprobación de obras privadas”, sostuvo el arquitecto en diálogo con Espacios. “Estos indicadores tienen que ver con cuál es el impacto que la construcción de edificios genera en el ambiente: la generación de residuos, la utilización de materiales en todos los procesos, desde la extracción del medio natural hasta su procesamiento y su utilización en la producción”. “Medir lo que se denomina ´la huella ecológica´ de cada material, la capacidad aislante de las envolventes, porque hoy podemos disminuir de manera muy significativa el consumo de energía tanto para refrigeración como de calefacción, mejorando la capacidad que tienen los edificios de aislar adecuadamente los espacios interiores”, agregó el Diputado. “En fin: es mucho lo que podemos hacer desde el diseño de las obras de arquitectura por la sostenibilidad y del desarrollo urbano y no solo en el diseño mismo, si no a escala urbanística, por ejemplo, incidiendo en la localización de los edificios”, indicó el legislador, oriundo de Concepción del Uruguay. 
El proyecto puede ser consultado en el siguiente en lace: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=21325 
Fuente: Revista Espacios

jueves, 31 de agosto de 2017

MENOS IMPUESTOS DISTORSIVOS = CREDITOS HIPOTECARIOS MAS ACCESIBLES PARA MÁS VIVIENDAS

En la sesión del Martes 29 de Agosto de la Cámara de Diputados de Entre Ríos fue aprobado y remitido al Senado un proyecto de ley de autoría del diputado José Antonio Artusi (Cambiemos) por el que se exime del pago del impuesto a los ingresos brutos a los créditos hipotecarios destinados a la compra, construcción, refacción o ampliación de viviendas únicas familiares. El dictamen favorable de la Comisión de Hacienda se logró tras unificar dos expedientes que contenían proyectos similares, el de Artusi y uno de Sergio Urribarri. Al momento de tratarse el proyecto el legislador radical hizo uso de la palabra para fundamentar sus motivaciones y objetivos, "que no son otros que sumarnos al esfuerzo que están haciendo provincias hermanas y el gobierno nacional para reactivar el mercado de créditos hipotecarios para viviendas. En 22 días de Agosto el Banco Nación entregó prácticamente 10 veces más créditos hipotecarios que en todo Agosto del año pasado, y algo similar ocurre con otros bancos públicos y privados. A pesar de eso todavía el crédito hipotecario para viviendas representa en nuestro país solamente el 0.4% del PBI, cuando en 2001 llegaba a casi el 2,5%, porcentaje sustancialmente menor al de países hermanos como Colombia o Chile, por no mencionar países más desarrollados. Cabe señalar que en nuestra provincia el BERSA ni siquiera ha adherido al Programa PROCREAR." Artusi enfatizó que "dado el insignificante volumen de créditos hipotecarios que tenemos en la provincia hasta este momento el costo fiscal no será relevante y de hecho la medida puede significar un aumento de la recaudación impositiva de la mano de la reactivación de la construcción". Finalmente, el legislador uruguayense manifestó que "esta herramienta, el crédito hipotecario para viviendas, constituye uno de los ejes centrales de la estrategia nacional de vivienda, que apunta a articular los aportes del Estado nacional, de las provincias, de los municipios, de sindicatos y de cooperativas, y del sector privado, para poner en marcha políticas públicas efectivas destinadas a ir resolviendo paulatinamente el enorme déficit habitacional de nuestro país, que afecta a alrededor de 1 de cada 4 familias argentinas. El texto original del proyecto y el dictamen aprobado en la sesión de ayer pueden consultarse en el siguiente enlace: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=21977

lunes, 7 de agosto de 2017

"Hay que decir las cosas como son..."

El Gobernador Bordet habría dicho que “hay que decir las cosas como son. En materia de Ingresos Brutos, fue el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, quien presentó el proyecto para eliminar los Ingresos Brutos para los créditos hipotecarios. Lo hablamos con Urribarri y se presentó. Habrá que preguntarle a los diputados de Cambiemos por qué no lo votaron”. Si la transcripción de sus dichos es correcta, el Sr. Gobernador falta a la verdad, o al menos no dice toda la verdad. El primero en presentar un proyecto de ley proponiendo la quita de ingresos brutos a los créditos hipotecarios fui yo y además debería saber que un legislador de su partido preside la Comisión a la que fue girado, y que tiene mayoría en la Cámara. No lo hemos votado por una razón muy simple, porque ni siquiera ha sido tratado en comisión. El día 17 de Abril de 2017 presenté un proyecto de ley proponiendo que se exima del pago del impuesto a los ingresos brutos a los créditos hipotecarios destinados a la compra o construcción de la vivienda familiar única. Tomó estado parlamentario en la sesión del día 25 de Abril de 2017 y fue derivado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas que preside el diputado Marcelo Bisogni. El texto completo puede consultarse en el siguiente link: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=21977 Posteriormente el diputado Sergio Urribarri presentó un proyecto de ley similar el día 19 de Junio, que puede consultarse en el siguiente link: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=22177 . La iniciativa del Presidente de la Cámara tomó estado parlamentario el día 4 de Julio y fue girado a la misma comisión que la mía. Le pedí personalmente el día que se entregaron 90 viviendas en Concepción del Uruguay al diputado Marcelo Bisogni que la comisión que preside trate ambos proyectos, unificando los expedientes. Y confío en que en la próxima sesión podamos tratar y aprobar este proyecto. No depende de Cambiemos Sr. Gobernador. La Constitución le da al partido que gana la mayoría en la Cámara de Diputados, en este caso al Frente para la Victoria, Partido Justicialista, o como quieran llamarse ahora, y Ud. debería saberlo. Hay que decir las cosas como son.

martes, 27 de junio de 2017

EL DIPUTADO ARTUSI PARTICIPO EN EL FORO URBANO NACIONAL REALIZADO EN MENDOZA






El diputado provincial José Antonio Artusi (Cambiemos) participó en el Foro Urbano Nacional que tuvo lugar en Mendoza el Sábado 24 de Junio. Se trató de una jornada de trabajo organizada por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y el Programa Hábitat de Naciones Unidas, que tuvo como objetivo avanzar en la implementación en Argentina de la Nueva Agenda Urbana surgida de la cumbre de Hábitat 3 en Quito el año pasado, y generar diálogos y propuestas para alimentar la elaboración del Plan Nacional Urbano y del Hábitat. 
En la ceremonia de apertura hicieron uso de la palabra el Intendente de la ciudad anfitriona, Rodolfo Suárez, el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el Director de ONU Hábitat, Joan Clos. Posteriormente, Fernando Alvarez de Celis, Subsecretario de Planificación Territorial y Marina Klemensiewicz, Subsecretaria de Hábitat, se refirieron a los avances en la implementación de la Nueva Agenda Urbana en nuestro país y a los retos y desafíos del Plan Nacional Urbano y del Hábitat. En el espacio de talleres se debatió intensamente en grupos de trabajo sobre diversas líneas temáticas. El diputado José Antonio Artusi fue el informante de la Mesa 22 que analizó la cuestión de la gobernanza territorial. Participaron también en la mesa intendentes y funcionarios de las provincias de Córdoba y Mendoza, y la Presidente del Concejo Deliberante de Diamante, Lelia Recalde, quienes estuvieron acompañados por funcionarios de ONU Hábitat y de organismos internacionales de crédito. En relación a las conclusiones y recomendaciones que elaboró la mesa, el legislador uruguayense planteó que "coincidimos en la necesidad de contar con una ley nacional y normas provinciales sobre ordenamiento territorial, uso del suelo y desarrollo urbano, que deberían estar articuladas con planes estratégicos de desarrollo sostenible y con mecanismos de complementación entre políticas urbanas y políticas fiscales, de modo tal de recuperar parte de los recursos que la urbanización genera para financiar programas y proyectos que hagan que el derecho a la ciudad no sea una mera declamación y llegue efectivamente a todos los argentinos". Tras la presentación de los resultados de cada taller se realizó una devolución por parte de expertos en políticas urbanas, Elkin Velázquez y Marco Kamiya, de ONU Hábitat, Martim Smolka, Director para América Latina del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, y Fernando Alvarez de Celis, del gobierno nacional. El cierre estuvo a cargo de Joan Clos, Director de ONU Hábitat, quien brindó una disertación con definiciones contundentes a favor de orientar el desarrollo urbano hacia ciudades compactas, densas, bien diseñadas, sostenibles, y que brinden calidad de vida a los ciudadanos. Entre los conceptos vertidos por Joan Clos, cabe destacar los siguientes: "La urbanización debe generar valor y prosperidad"; "la urbanización siempre genera más valor del que cuesta"; "parte del valor generado por la urbanización hay que recuperarlo y reinvertirlo"; "hay que tener mecanismos de redistribución del valor generado por la urbanización"; "la cuestión es la distribución del valor"; "necesitamos densidad bien diseñada, estamos obligados a hacer buen diseño"; "la arquitectura tiene un valor social importantísimo"; "el diseño urbano crea valor". 
El Foro culminó con la lectura y firma de la declaración final, en la que se asumieron compromisos en pos de trabajar por el logro de los objetivos de la Nueva Agenda Urbana. El diputado Artusi manifestó su satisfacción por el éxito de la convocatoria y el intenso nivel de participación, y manifestó que dialogó con los funcionarios nacionales presentes en el Foro a los efectos de "promover una legislación nacional y provincial de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que permita orientar las inversiones públicas y privadas y regular de manera eficiente y sostenible el crecimiento de las ciudades, para avanzar en el logro de brindar a todos condiciones de vida digna y acceso al suelo y a la vivienda; a servicios básicos y espacios públicos de calidad, en definitiva, concretar el derecho a la ciudad".-

sábado, 29 de abril de 2017

Fuerte reclamo de legisladores de Cambiemos al IAPV


Ante diversas expresiones de preocupación frente a eventuales dificultades que tendría el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) para dar respuesta a las numerosas demandas de soluciones habitacionales como producto de supuestas decisiones del gobierno nacional, los bloques de diputados y senadores de Cambiemos evaluaron la situación a partir de la cual realizaron distintas consideraciones. 
En ese sentido se indicó que entre 2008 y 2015 el IAPV finalizó, sumando viviendas del Programa FONAVI y de Programas Federales, un total de 9.211 unidades, vale decir a razón de un promedio de 1151 por año. Entre 2000 y 2003, en plena crisis, en un contexto recesivo y de bajísimos precios de nuestra producción exportable, y sólo con recursos del Programa FONAVI, se terminaron viviendas a razón de un promedio de 1.130 por año, vale decir casi la misma cantidad que en el período 2008-2015, en el que se inyectaron al sistema no sólo los recursos FONAVI, que de hecho se incrementaron como consecuencia del aumento de la recaudación fiscal, sino también una importante cantidad de fondos de los denominados "Programas Federales", que - a diferencia del FONAVI que se distribuye entre las provincias por medio de un coeficiente fijado en la ley - se fijaron de absolutamente discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional, constituyendo esta herramienta una más de las que sirvieron para disciplinar gobernadores durante la "década ganada". Llama poderosamente la atención la enorme diferencia entre la cantidad de recursos con los que contó el IAPV en ambos períodos y la exigua diferencia en el logro de la cantidad de viviendas finalizadas; lo que demuestra a las claras la ineficiencia que ha venido caracterizando al instituto provincial de vivienda. Es también sorprendente que a nivel nacional, sumando lo hecho por todos los institutos provinciales de vivienda, en 2015, último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner, se finalizaron sólo 27.813 viviendas, menos que las 28.405 que se finalizaron en 2001 y las 36.581 en 2000, en la peor de las crisis y cuando sólo se disponía de recursos FONAVI. 
Por otro lado, es menester reconocer que el gobierno nacional del presidente Macri se encuentra empeñado firmemente en el desarrollo de un federalismo sólido y próspero en todo el territorio nacional. Este objetivo empezó a concretarse al abrir el diálogo y el intercambio de ideas entre jurisdicciones. Hasta hace no mucho tiempo era imposible imaginar las reuniones periódicas que existen entre gobernadores y funcionarios provinciales con autoridades nacionales para exponer las dificultades y buscar soluciones en conjunto. En este sentido, la preocupación del gobierno nacional por implementar políticas públicas destinadas a hacer realidad el derecho a una vivienda digna es innegable y se ve reflejada en un conjunto de programas y proyectos articulado de manera coherente. A través del Plan Nacional de Vivienda, inédito en el país, el Estado nacional ayuda de distinta manera a todos los sectores sociales para que cada vez más argentinos puedan tener su casa propia. Para los sectores sociales más vulnerables se está impulsando la construcción de viviendas sociales y proyectos de mejora del hábitat urbano; para los sectores de ingresos medios se han reformulado y mejorado las distintas líneas del ProCreAr; y para las familias con ingresos superiores a 4 veces el salario mínimo vital y móvil, se han lanzado los créditos hipotecarios con plazos de hasta 30 años y tasas bajas. No podemos dejar de señalar que en 2016 el IAPV recibió más de 830 millones de pesos de programas federales de vivienda(además de 425 millones del FONAVI), cifra sólo superada por el IPV de la Provincia de Buenos Aires, con algo más de 1.198 millones de pesos. Si hacemos la cuenta de recursos per cápita la diferencia es abrumadora a favor de Entre Ríos. Y en 2017 ya se han transferido al IAPV más de 252 millones de pesos, superando largamente lo recibido por las provincias hermanas de la Región Centro, y aún a la provincia de Buenos Aires. Si sumamos los programas de hábitat y vivienda de la Secretaría de Vivienda de la Nación, Entre Ríos recibió en lo que va del año más de 662 millones de pesos. En términos porcentuales Entre Ríos está al 26 de Abril de 2017 en el primer lugar de todo el país, con más del 10% de las transferencias para viviendas a a los diversos entes ejecutores, de modo tal que mal puede hablarse de recorte de fondos ni nada que se le parezca. 
Las autoridades del IAPV deben extremar esfuerzos para utilizar con la mayor eficiencia y transparencia posibles los recursos públicos de los que dispone, para poder dar respuesta así al enorme déficit de vivienda que sufren miles y miles de familias entrerrianas privadas todavía de este derecho fundamental, a pesar de las extraordinariamente favorables condiciones que imperaron hasta hace poco y que fueron lastimosamente desperdiciadas, como lo muestran las estadísticas oficiales sin dar lugar a ningún tipo de dudas. 
GRACIAS POR SU DIFUSION 
CARLOS M. JUAREZ PRENSA 
FOTOS: GERMAN ALDANA

miércoles, 22 de febrero de 2017

SALTO GRANDE ES NACIONAL, Y ES UN PROYECTO INCONCLUSO


Por José Antonio Artusi/ "... Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias...." Del artículo 40 de la Constitución de 1949. Inspiración del convencional entrerriano Arturo Sampay. Esa reforma constitucional nació viciada y tuvo como único fin la reelección de Perón, tal como lo denunciara Moisés Lebensohn en su histórico discurso en la convención; pero la nacionalización de los hidrocarburos fue un gran avance que todos haríamos bien en reivindicar, y que lamentablemente radicales y peronistas traicionamos en la reforma del 94, también generada por la posibilidad de incluir la reelección presidencial; que la sabia Constitución de 1853 no contemplaba. 
Pero volvamos al artículo 40; parece que algunos compañeros se olvidaron. Ironías de la historia, Sampay era concordiense. 
Salto Grande es nacional, mejor dicho, binacional. Entre Ríos tiene que percibir regalías y excedentes de Salto Grande como corresponde, no como durante los más de 12 años de gobiernos peronistas que retacearon recursos a las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones a partir de una resolución de Duhalde. Decir que vamos a provincializar Salto Grande es demagogia inconducente. Salto Grande, como el petróleo, es nacional. En el caso del petróleo, debería serlo, pero esa es otra historia. 
La discusión de las tarifas eléctricas pasa por otro lado; y si los recursos de la CAFESG se recuperan a partir de la paulatina normalización de los cuadros tarifarios es mucho lo que puede hacerse en se sentido a fines de promover algunas actividades estratégicas para el desarrollo regional; en vez de financiar proyectos de dudosa rentabilidad social y generalmente con sospechosos sobreprecios. 
Lo que hay que hacer con Salto Grande es finalizarla. Es una obra inconclusa. Hay que transformarla en un proyecto estratégico que haga realidad los propósitos múltiples que con acierto se incorporaron en el convenio de 1946 con este orden de prioridades: agua potable y saneamiento, navegación, energía eléctrica, riego. Sólo de esa manera podrá convertirse en una efectiva herramienta de promoción del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los entrerrianos.-

viernes, 16 de diciembre de 2016

Diputados de Cambiemos proponen crear la Federación Entrerriana de Municipios

El proyecto, que ingresó al recinto de la Cámara de Diputados en la sesión del 6 de diciembre pasado, fue presentado por el radical José Antonio Artusi y firman como coautores todos los diputados del bloque Cambiemos. 
El artículo 1º de la iniciativa establece la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional Nº 24.807, que dispone la creación de la Federación Argentina de Municipios, y convoca a las Legislaturas y gobiernos provinciales a sancionar las leyes de adhesión y “disponer las medidas gubernamentales conducentes a promover en sus respectivas jurisdicciones con el objetivo de contribuir a fortalecer el quehacer de las administraciones municipales y favorecer el desarrollo local”. Según señala el segundo artículo de la iniciativa que promueve Artusi, la Federación Entrerriana de Municipios será una “entidad pública no estatal que nucleará a los Municipios de la provincia de Entre Ríos”. Contará con personería jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de conformidad con las capacidades reconocidas por el Código Civil Argentino a las entidades públicas no estatales. “Actuará bajo el régimen de esta ley y las disposiciones que la propia entidad adopte para reglar y ordenar su funcionamiento, conforme a los procedimientos que resulten de su estatuto orgánico y en concordancia con lo preceptuado en la presente norma”, se lee en otro de los artículos. Sus metas serán “contribuir al fortalecimiento de un sistema de democracia representativa y participativa, pluralista y federal, y defender la vigencia de la autonomía municipal”, además de constituirse en “el ámbito institucional natural de convergencia de los municipios, desarrollando acciones dirigidas a fortalecer su rol y mejorar su gestión institucional”. Otro de los objetivos de la Federación será “representar a los municipios asociados ante los Poderes Ejecutivos, Legislativos y Judiciales de la Nación y la Provincia, agencias, entidades y organismos extranjeros e internacionales, organizaciones, asociaciones y programas vinculados al quehacer municipal”. Se trata de un proyecto legislativo que establece que será una “entidad pública no estatal que nucleará a los Municipios de la provincia de Entre Ríos” • Tendrá domicilio legal en Villaguay, pero podrá funcionar en forma rotativa y periódica en cada lugar de la provincia donde decidan reunirse sus órganos de conducción”, se indica en la iniciativa a la que tuvo acceso APFDigital El proyecto también crea una “Comisión Asesora Permanente”, que estará integrada por cuatro diputados y cuatro senadores (tres por la mayoría y uno por la minoría) y tendrá como objetivo “velar por el respeto de la autonomía municipal y el federalismo” y “coordinar con el Poder Ejecutivo actividades de fomento de la autonomía, capacitación del personal, modernización de la administración municipal y promoción del desarrollo económico local”, entre otros. La Federación deberá rendir informe sobre ingresos percibidos y erogaciones realizadas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia. “El domicilio legal y la sede de la Federación Entrerriana de Municipios se establece en la ciudad de Villaguay, pudiendo funcionar en forma rotativa y periódica en cada lugar de la provincia donde decidan reunirse sus órganos de conducción y dirección”, establece el artículo 14 del proyecto presentado por el diputado Artusi.
Fundamentos:  En los fundamentos de la iniciativa que presentó, Artusi manifestó que el proyecto “reproduce, con ligeras modificaciones, el de nuestra autoría que fuera presentado en esta Cámara el 22 de abril de 2008 y que, lamentablemente, al no ser tratado, fue archivado el 11 de abril de 2013”. Los municipios tienen problemáticas similares e intereses que suelen ser coincidentes, lo cual constituye “una razón más que suficiente para abordar la experiencia de organizar un ámbito asociativo que permita a los municipios discutir sobre problemas e intereses comunes y encontrarles soluciones en conjunto”. Otro de los puntos que se destacan es que la Federación posibilitará el abordaje de “temáticas vinculadas a la relación con la Provincia, en particular en lo que hace a la asignación de recursos financieros y al gasto público en obras”. En otro de los párrafos del proyecto al que tuvo acceso esta Agencia se aclara: “Por cierto que sería una ingenuidad suponer que la sola aprobación de un texto normativo dará vida a la Federación Entrerriana de Municipios. Lo que se propone aquí es brindar un marco jurídico básico que sirva de herramienta a los gobiernos locales de nuestra provincia para encarar la conformación de una instancia que sirva a sus necesidades, lo que redundará en beneficios sus comunidades”. 
 Fuente: APFDigital

"La decisión de acusar es coherente y responsable"

Declaración del Bloque de Diputados Provinciales de Cambiemos: 
"El juicio político al vocal del STJ Carlos Chiara Díaz, cuya acusación fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, es un hito relevante para la sociedad y las instituciones entrerrianas, porque se puso en marcha un mecanismo constitucional al que no estamos acostumbrados. 
Los informes que recibimos, la abundante y contundente documentación que comprueba las continuas irregularidades cometidas por el vocal suspendido, a lo largo de 74 páginas de análisis y merituación de las pruebas del dictamen de la Comisión de Juicio político que acompaña este comunicado, nos eximen de cualquier comentario adicional y avalan nuestra conducta y nuestro voto. Se inició así el proceso acusatorio para que, finalmente, sea la Cámara de Senadores quien juzgue. 
Hay ciudadanos que pueden no compartir el criterio seguido por los diputados del Bloque de Cambiemos. Es comprensible. La democracia moderna se basa en la representación del pueblo y en la toma de decisiones que, necesariamente, no van a ser del agrado de todos. Ahora bien, atribuir malicia o ineptitud a quienes no hacen lo que uno quiere es, sencillamente, no comprender en qué consiste la política democrática. 
Desde el Bloque de Cambiemos hemos mantenido una actitud seria y responsable, la cual no vamos a abandonar para caer en interesadas polémicas. Tampoco contestaremos agravios infundados. 
Ocurre que para cambiar no alcanza con tener coraje: hace falta trabajar. Lejos de las estridencias de quienes creen poseer la verdad, los diputados de Cambiemos trabajamos en el marco del rutinario funcionamiento de las instituciones. Quizás sea deslucido, pero la cultura democrática requiere de la normalidad, del diálogo. Todo eso es la buena política. 
La decisión de acusar no tiene como causa ningún acuerdo de impunidad, tampoco vamos a encubrir a nadie. Muy sencillamente, el Bloque de Diputados de Cambiemos ha obrado con coherencia: fuimos quienes pedimos abrir la investigación en el primer juicio político para Chiara Díaz, que llamativamente, el justicialismo rechazó sin ni siquiera analizarlo y tuvimos la misma actitud, fundada en un intenso debate interno, con el segundo juicio sobre el mismo magistrado.
Del mismo modo, pese a su manifiesta animadversión para con el Radicalismo, que tanto sufrió el gobierno de Montiel que lo tuvo como opositor desleal, pese a los tres procesos judiciales que tiene el magistrado y que no formaban parte de la denuncia, analizamos con responsabilidad todas las pruebas de juicio, y entendimos necesario apoyar la acusación. 
Quienes ahora descubren en el vocal acusado la salvaguarda de la ética republicana, debieran recordar que fue él quien encabezó, junto a la hoy presidente del Superior Tribunal, el desguace de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la condena judicial por un viático mal asignado al Dr. Rovira, vaya paradoja. 
Asimismo, nos presentamos ante el Procurador General para pedir que investigue la versión taquigráfica del descargo del magistrado ante la Comisión de Juicio Político, para que informe si sus denuncias representan delitos de otros jueces y funcionarios allí mencionados. Y actuaremos con la misma responsabilidad en el juicio político presentado a la Presidente del Tribunal, la Dra. Mizawak, pidiendo que se abra la investigación con la misma garantía del debido proceso que tuvo en este caso el Dr. Chiara Díaz. 
El Poder Judicial en particular y las instituciones públicas de la provincia en general, comienzan un proceso de mejora en su funcionamiento y de mayor transparencia en su accionar. En eso trabajamos. 
Por eso propusimos y logramos que se eliminen los gastos reservados para el STJ en el presupuesto 2017 y, ante denuncias serias pusimos en marcha los mecanismos constitucionales de investigación y juicio justo. El mes de marzo de este año presentamos un proyecto de ley para crear la Fiscalía Anticorrupción. Es ley nuestro proyecto para que los cargos de los organismos de control se designan por concurso, y el Presidente interino del Tribunal de Cuentas ya no responde al gobierno, porque logramos que sea un funcionario de carrera. Tiene media sanción la Ley de Ética Pública. Propusimos limitar los gastos reservados, el uso de los fueros, como el de vehículos oficiales. Por citar sólo algunos ejemplos. 
No vamos a actuar nunca a escondidas de la sociedad ni de sus instituciones. No vamos a encubrir a nadie. 
A integrantes de nuestro bloque no les ha temblado la mano para presentarse ante la Justicia ante hechos de corrupción, aún antes de ser legisladores, y lo haremos cada vez que lo estimemos necesario. 
Somos un bloque opositor y así lo hemos evidenciado en numerosos proyectos presentados y en nuestras expresiones públicas. La oposición la ejercemos de modo serio y responsable. Por eso no rehuimos el debate y el diálogo maduro en busca de acuerdos transparentes, en pos de construir una genuina cultura de la democracia pluralista que el kirchnerismo procuró destruir. 
Lo que pase en los poderes del Estado lo van a saber todos los ciudadanos de esta provincia. Hace ya un año que nuestra línea de conducta como bloque ha sido la misma: debate interno franco, investigación seria de los temas y toma de decisiones claras, transparentes y efectivas. No esperen otra cosa de nosotros".- 

Bloque de Diputados de Cambiemos: Sergio Kneeteman, Esteban Vittor, Ayelén Acosta, Martín Anguiano, José Antonio Artusi, Joaquín La Madrid, Gabriela Lena, Jorge Monge, Alberto Rotman, Fuad Sosa, María Alejandra Viola.

jueves, 20 de octubre de 2016

EL DIPUTADO ARTUSI PRESENTÓ UN PROYECTO DE LEY PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO

El diputado provincial José Antonio Artusi (Cambiemos) presentó un proyecto de ley para promover la protección del patrimonio arquitectónico y urbanístico en la Provincia de Entre Ríos. En los fundamentos de la iniciativa el legislador radical considera que "la UNESCO declaró en 1977 que “Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad de particulares o de instituciones u organismos públicos o semipúblicos que tengan valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte, de la ciencia y de la cultura y por lo tanto sean dignos de ser considerados y conservados para la nación.” 
El patrimonio arquitectónico y urbanístico, objeto del presente proyecto de ley, constituye por lo tanto una manifestación particular, una clase específica de patrimonio cultural. Consideramos que los atributos y características propias derivadas de esta especificidad demandan un tratamiento diferenciado, y por lógica una normativa en ese mismo sentido. Es por ello que hemos optado por el criterio de diseñar una norma limitada al patrimonio arquitectónico y urbanístico, teniendo en cuenta como antecedentes, entre otros, la Ley 7.418 de la hermana provincia de Salta, la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal de Mexico, un proyecto de ley de la diputada provincial Silvia Augsburger (Santa Fe), y la normativa de la Municipalidad de Rosario, presente en varias ordenanzas referidas a este tema." Artusi señaló que "la norma que proponemos trata de llenar un vacío legal y de cumplir, al menos parcialmente, con la manda constitucional del Artículo 26. El decreto nº 6676 del año 2003, si bien evidenció una saludable voluntad política por parte del gobierno de Sergio Montiel, resulta a todas luces insuficiente para el logro de los objetivos propuestos. Ese interés de aquella administración queda de manifiesto también en el relevamiento e inventario del Patrimonio Histórico Arquitectónico encarado por la Secretaria de Gobierno y Cultura en los años 2000-2001. En los fundamentos del mencionado decreto se argumenta que “no existen los instrumentos legales que atiendan la valoración, protección, preservación y conservación, puesta en valor, difusión y divulgación del patrimonio histórico arquitectónico localizado en el territorio provincial”. También se señala en los considerandos que “son muy pocos los municipios que han tomado conciencia de la significación e importancia que tiene el patrimonio cultural en el desarrollo de los pueblos”, y que, en consecuencia, “son muy escasas las ordenanzas municipales que atienden a la preservación del patrimonio edificado en sus respectivos territorios”. Consideramos que – salvo excepciones que confirman la regla – estas aseveraciones continúan teniendo vigencia, y por ello se incluyó en el artículo 18º la necesaria articulación entre el gobierno provincial y los municipios en el marco de su autonomía. Cabe señalar que buena parte de las normas que pueden resultar útiles en el marco de un programa de protección del patrimonio arquitectónico caen dentro de las competencias municipales, tales como la fijación de indicadores urbanísticos. Es por ello que entendemos necesario que la Comisión asesores a los municipios en esta materia, de modo tal de ir logrando paulatinamente una armónica articulación entre las normas y las prácticas a nivel local y provincial. El artículo 240 de la Constitución Provincial establece que una de las competencias municipales consiste en ejercer el poder de policía respecto a planes edilicios, control de la construcción, diseño y estética urbana, etc. A su vez, establece taxativamente que le compete “preservar y defender el patrimonio histórico cultural, artístico y arquitectónico”." 
El proyecto del legislador radical propone la creación de la Agencia Provincial del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Entre Ríos, "como Autoridad de Aplicación de esta Ley. Creemos conveniente no restringir el accionar del Poder Ejecutivo en este sentido, de modo tal que la Agencia actúe en el ámbito y bajo la dependencia que determine aquel, según el diseño del organigrama que se estime más adecuado. El mecanismo del concurso público de oposición y antecedentes ante un Jurado especializado en el tema para la designación del Director, a cargo de la Agencia, otorgaría la garantía de la idoneidad para un cargo que la requiere en grado sumo. Su mandato tendría una duración de seis (6) años, pudiendo ser designado nuevamente por el mismo procedimiento. La periodicidad del concurso, como en el ámbito universitario, actuaría como un acicate para el correcto desempeño de la función y para la actualización permanente. Proponemos a su vez que la Comisión tenga su sede central en la ciudad de Concepción del Uruguay, “Capital Histórica de la Provincia de Entre Ríos”, pudiendo tener oficinas y delegaciones en otras ciudades de la Provincia, como modo de reforzar aquella declaración y en reconocimiento al rico patrimonio arquitectónico que ostenta, como puede apreciarse claramente en el listado que figura en el Anexo del Decreto 6676/03. Se propone la creación del Fondo del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico, y su separación de los gastos corrientes que demande el funcionamiento cotidiano de la Agencia. De esta forma se podría disponer de recursos con afectación específica para financiar obras de preservación y recuperación patrimonial." El texto completo del proyecto puede consultarse en el siguiente enlace: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=21585

sábado, 15 de octubre de 2016

LEGISLADORES ENTRERRIANOS DE CAMBIEMOS SE REUNIERON CON FRIGERIO



 
Diputados y senadores provinciales de Cambiemos se reunieron el día Jueves 13 en la ciudad de Buenos Aires con el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio. 
El encuentro, que tuvo lugar en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada, contó también con la presencia del senador nacional Alfredo De Angeli, la diputada nacional Yanina Gayol, el diputado nacional e interventor del PRO de Entre Ríos Marcelo Sorgente, el Jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Guillermo Bernaudo, el Director de Recursos Hídricos de la Nación Osvaldo Fernández, y el Presidente de la Delegación Argentina en la Comisión Administradora del río Uruguay, Mauro Vazón. Durante la reunión se analizaron diversos temas vinculados a la marcha del gobierno nacional y provincial, coincidiendo en la necesidad de consolidar Cambiemos como expresión política y electoral en Entre Ríos. El endeudamiento y la crisis fiscal de la provincia - como producto de gestiones desacertadas de los gobiernos anteriores, del mismo signo político del gobierno de Bordet - la necesidad de impulsar políticas públicas que promuevan la inversión, el desarrollo productivo y la generación de empleo, la articulación con la demandas de municipios y juntas de gobierno, y la necesidad de resolver acuciantes problemas ambientales que fueron ignorados por las administraciones kirchneristas fueron algunos de los temas tratados. Se analizó específicamente el altísimo potencial de desarrollo foresto industrial que tiene la provincia de Entre Ríos, y en ese sentido se debatió en torno al proyecto de ley enviado por el Gobernador Gustavo Bordet a la Legislatura por el que se crearía un Plan Maderero Entrerriano y se derogaría la Ley 9759, conocida como la Ley de la Madera. Los legisladores provinciales de Cambiemos informaron que se encuentran redactando un proyecto propio sobre esta cuestión, dirigido a brindar aportes y sugerencias que enriquezcan el debate en ambas Cámaras. El desarrollo productivo y el cuidado del ambiente no deben ser objetivos disociados sino concurrentes, destacaron los representantes de Cambiemos; y es así que se valoró el aporte que puede hacer la forestación, por su gran capacidad de captura de carbono, al logro del cumplimiento de las metas que el país asumió en el marco de la Cumbre de Kioto sobre Cambio Climático. Además, se señaló la necesidad de que el desarrollo foresto industrial esté basado en la producción de bienes de creciente valor agregado e incorporación de tecnología y conocimiento. En esta línea de pensamiento se inscribe un proyecto presentado recientemente por diputados de Cambiemos para crear un Programa Provincial de Construcciones en Madera, fundamentalmente en el sector de viviendas sociales. Otra de las cuestiones analizadas fue el gravísimo deterioro ambiental en la cuenca del río Uruguay, poniéndose de relieve la iniciativa del gobierno nacional, en línea con lo prometido por Cambiemos durante la campaña electoral, de impulsar la construcción de plantas de tratamiento de líquidos cloacales en las principales ciudades ribereñas. Estas plantas, fundamentales para avanzar en un plan integral de monitoreo y saneamiento del río Uruguay, requerirán a su vez acciones similares por parte de la República Oriental del Uruguay. Cabe señalar que algunas de ellas, como la de Concepción del Uruguay, cuentan con proyectos que datan de la década del 80; sin embargo las últimas administraciones no priorizaron este tipo de obras, demostrándose de esta manera la hipocresía y la impostura que caracterizaron a los gobiernos de Busti y Urribarri en materia ambiental.-

El radicalismo uruguayense organizó un acto en homenaje a Yrigoyen a 100 años de su primera presidencia







El pasado día 12 de Octubre se realizó un acto de homenaje a Hipólito Yrigoyen, al cumplirse el centenario de la asunción de su primera presidencia de la República. Un numeroso grupo de afiliados y simpatizantes del centenario partido y de fuerzas integrantes de Cambiemos se congregó en torno al busto que perpetúa la memoria del prócer, donde fue colocada una ofrenda floral. Posteriormente hicieron uso de la palabra la Presidente electa del Comité Provincial de la Juventud Radical, Emilia Giménez, el Presidente del Comité de Municipio, Ernesto Bulay, Julio Tomás Aguirre, integrante de la Comisión Permanente de Homenaje a Yrigoyen, y el Presidente del Comité Departamental de la UCR de Uruguay, José Antonio Artusi. En la oportunidad se anunció que se procurará instalar, en la misma plazoleta, un monumento similar que recuerde a Arturo Umberto Illia. Durante su alocución, el diputado Artusi manifestó que le gustaría que posteriormente también se incluya un busto de Marcelo de Alvear, "otro gran presidente radical con el que hemos sido a veces un poco injustos".-

viernes, 7 de octubre de 2016

Homenaje a Hipólito Yrigoyen a 100 años de su 1ª presidencia

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La Unión Cívica Radical convoca a un Acto de Homenaje a Hipólito Yrigoyen con motivo de conmemorarse el Centenario de la asunción de su primera presidencia. 
El acto tendrá lugar frente al busto que perpetúa su memoria, en la plazoleta ubicada en Boulevard Yrigoyen entre 25 de Mayo y Urquiza, el próximo día Miercoles 12 de Octubre a las 18.30 horas. 
Se convoca por este medio a todos los afiliados y simpatizantes de la Unión Cívica Radical y a la ciudadanía en general a participar activamente en esta celebración yrigoyenista.-