Según el fiscal Francisco Ramírez Montrull, que imputó al ex jardinero K y funcionario provincial, otro plano de la investigación sería indagar si la licitación fue “direccionada” por el poder político. De constatar esto, otros funcionarios podrían ser llamados a indagatoria. No obstante, primero debe probarse que el coordinador del CEICER ocultó su cargo para hacer un negocio con el Estado.
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