GOLPES DE MEMORIA

Por Osvaldo Alvarez Guerrero / A principios de los años setenta muchos argentinos de distintos sectores sociales (incluso de las clases media y alta) estaban convencidos que los problemas argentinos solo podrían definirse por las armas. El movimiento obrero sindicalizado, todavía poderoso, era igualmente violento, incluso para resolver sus luchas internas: casi todos los dirigentes sindicales murieron a balazos. Con algunas excepciones, los jefes militares, siguiendo su propia tradición, creían más efectiva la represión violenta que la vía política. Pocos creíamos que la democracia, el estado de derecho y los procesos electorales en un marco de libertades públicas y privadas posibilitarían el encauzamiento de la Argentina. Aunque el lema de la UCR en las elecciones de 1973 fue “Por un cambio en paz”, en esa fuerza defensora de la legalidad algunos jóvenes exaltados le agregaban “en paz o como sea.” Y la contienda electoral, previsiblemente, la ganó el Frente Justicialista de Liberación Nacional, dominado por el Peronismo, que ofrecía una retórica muy imprecisa pero violentamente impugnadora, tanto desde su derecha o su izquierda, ya bien definidas y reconocibles. Como luego se vería las unía el proyecto del retorno al poder del General Perón. Sería caer en el simplismo afirmar que el golpe militar de 1976 fue un acto sorpresivo, traicionero y autogenerado en la voluntad de un grupo de jefes de las Fuerzas Armadas. Ha sido el resultado de una serie de episodios importantes, cada uno de los cuales es clave y eslabón imprescindible para los acontecimientos siguientes, en un proceso que tenía una lógica resignada. El 24 de marzo de 1976 es un episodio inseparable del periodo 1969 y 1973, entre el cordobazo y el Retorno al poder del General Perón, dice con razón el historiador Luis Alberto Romero. Pero la caracterización de aquellos hechos y los que le siguieron una vez instalado el Gobierno de la Junta Militar que hace el discurso oficial requiere una mirada critica. El Gobierno quiere perpetuar lo que ha dado en llamarse “memoria colectiva” Sobran en ella el disimulo, la ignorancia fingida o el olvido de los antecedentes del golpe. Mencionemos solo algunos. El 20 de junio de 1973 el General Perón retornó al país, para asumir el poder que le había prometido el electorado. Se produjo ahí, a nuestro juicio, el primer acto de la cadena de “golpes”: En Ezeiza hubo una masacre de militantes y montoneros, ejecutada sistemáticamente por grupos policiales y para policiales peronistas de extrema derecha. Raúl Alfonsín calificó el sangriento retorno como un “Putch de la derecha totalitaria”. Nunca se investigó ni se condenó a nadie durante las Presidencias de Perón y de su viuda. Comenzó ahí el desplazamiento de los montoneros y los intelectuales de la izquierda “entrista” – los “infiltrados comunistas” – según los definió el propio General. El 1 de mayo de 1974 los expulsó de la Plaza de Mayo. Si académicamente ese despido, no puede ser definido como un golpe, si al menos fue un recíproco “portazo”. Pero sus consecuencias resultaron las de un segundo golpe de estado, si nos sometemos a la primitiva definición que le dio el creador del concepto, el jurista francés Gabriel Naudé, en 1639: un acto del soberano para reforzar su poder. El avance de la derecha fascista se desató sin límites en 1974. Los montoneros pasaron a la clandestinidad, y el ERP, que nunca fue peronista, fue de hecho aniquilado en la selva de Tucumán y en Monte Chingolo. Un quiebre constitucional es el Decreto Presidencial del 9 de febrero de 1975, que ordenaba a las Fuerzas Armadas la “aniquilación de los elementos y actividades subversivas” sin definir los medios para ello ni la condición de “subversión”. En junio de 1975 se produce un golpe económico de magnitudes nunca conocidas antes: la abrupta devaluación monetaria y el ajuste social provocan la huelga golpista del 27 de julio del mismo año, contra el entorno político de Isabel Perón. Se obliga la renuncia de José López Rega, líder de la Triple “A”, que se proclamaba autor de 220 asesinatos políticos, torturas y secuestros. Los intentos de la oposición parlamentaria para someter a Juicio Político a la Presidente, fueron rechazados por el bloque oficialista, aun con por las variantes temerosamente no verticalistas. En el debate parlamentario del 29 de febrero para el tratamiento sobre tablas del proyecto del enjuiciamiento, quedaron claras las posturas del Justicialismo: al negarse a una salida constitucional de la crisis política y económica, de hecho estaba promoviendo la intervención militar. El Congreso del partido Justicialista reunido el 6 de marzo de l976 ratificó el apoyo al Gobierno y su política represiva. Por esa razón el Presidente del Senado, rechazó el pedido de asamblea Legislativa para reemplazar a Isabel Perón y designar un Presidente provisorio que terminara el mandato, tal como lo promovía el Radicalismo. La Constitución ya estaba agotada y descreída. Isabel Perón no renunció porque prefería, junto con su partido, que quedara abierto el camino para la asunción plena del poder por las Fuerzas Armadas. Los hechos de marzo tenían el signo de la premonición de una tragedia aceptada e inevitable. Los jefes militares le comunicaron a la viuda de Perón que las Fuerzas Armadas asumirían el gobierno. Ella lo aceptó con docilidad y alivio, y nunca lo impugnó. Fue conducida de buenas maneras a una confortable mansión en Villa la Angostura. Y luego regresó a su cómodo hogar madrileño. Ni el Congreso dominado por el Justicialismo ni un Poder Judicial atemorizado y obediente, mostraron signo alguno de resistencia y más bien al contrario, se sumaron en muchos casos al carro triunfador o guardaron silencio. Todo el periodo previo al 24 forma parte del mismo drama revolucionario, porque impone un cambio drástico del orden político, culminando con la disolución del ya inútil Parlamento, prohibiendo la actividad de los partidos políticos oficialistas y opositores, por que sus cúpulas ya nada tenían para decir ni para hacer. Y fueron todos los golpes previos los responsables en conjunto de aquel acto terminal, un principio del fin pactado por el gobierno y los jefes militares, que constituyó la más reaccionaria de las revoluciones de nuestra Historia. La complicidad de la dirigencia Justicialista con la Dictadura Militar se ratifica en 1983: la Plataforma del Peronismo y la formula Luder-Bittel aceptaba explícitamente la auto amnistía sancionada por la Junta Militar en 1983. La ciencia política moderna define al golpe de estado: cambio forzado de los poderes públicos establecidos por un hombre o un grupo de hombres según un plan metódico preestablecido. En América Latina el golpe de estado se asimila con el golpe militar, y con las revoluciones autoritarias. Una equivalencia que tenía sus razones en la década de los 70, cuando más de la mitad de los países del mundo estaban gobernados sin origen electoral democrático y libre. Los que creemos en la Democracia condenamos todas las Dictaduras, sean militares o mixtas, que son las más frecuentes, y cualesquiera haya sido el camino mas o menos legal para acceder al poder. Quien esto escribe sufrió personalmente las consecuencias de su resistencia al terrorismo de Estado. El diario Río Negro, valientemente comprometido con la defensa de los derechos humanos, es testimonio objetivo de la lucha que dimos en los “años de plomo”, como lo señaló su director Julio Rajneri. Pero hay distintas razones, motivaciones y objetivos para la condena al Gobierno Militar y al que inmediatamente lo precedió. Fijar de manera indeleble en la memoria de los argentinos el acto militar del 24 de marzo como única causa y origen, es a mi juicio un grueso error al rescatar algunos hechos para ocultar otros inmediatamente anteriores y posteriores. Y los hechos que oculta tuvieron por protagonistas y responsables a los integrantes de la facción partidaria ortodoxamente peronista en los años 70: todos privilegiaron la unidad del Justicialismo, partido al que pertenece el actual Presidente, por sobre la realidad. Una “memoria” que contemple el pluralismo de una sociedad libre, ha de organizarse en torno a una conciencia cívica no manipulada, para que sea coherente con una conducta cívica. En el caso argentino implica, al decir de la historiadora Hilda Sábato, “un consenso amplio y básico, que será sin duda inestable, en torno a la identificación de la Argentina con una comunidad democrática”. Historiar no es memorizar. La memoria es necesariamente selectiva. La historia es, en cambio, una actividad intelectual que no puede ni debe ignorar los hechos que han quedado registrados o han dejado su rastro. Ha de estar siempre abierta a nuevas investigaciones e interpretaciones. Lo que se denomina memoria colectiva - construida sobre la base de los recuerdos y las experiencias subjetivas de grupos o facciones – es un intento organizado para conformar una identidad ideológica común de esos mismos grupos. Plegar la realidad histórica a un discurso ideológico que la desconozca, no puede funcionar sin una fantástica violencia psicológica. La memoria no puede ser única ni impuesta. Porque así, paradojalmente, supone otros olvidos. La memoria colectiva dirigida por un discurso masivamente repetido por todo el aparato estatal es un procedimiento frecuentado por las dictaduras y las mentalidades autoritarias. Manipulando los hechos del pasado, ocultando, desfigurando o amputando su relato, lo convierten en un mito ideologizante que tiende precisamente a justificar y fortalecer el mismo poder que lo construye. Esa política de la memoria única es equivalente a las políticas de la amnesia, basadas en la mentira, la censura y la prohibición del recuerdo, que ejecutó la Dictadura. Y ambas constituyen, metafóricamente, golpes de memoria. 

 Buenos Aires, año 2007.- Foto: José Antonio Artusi