martes, 11 de marzo de 2014

La geopolítica y los derechos humanos



Por Ricardo Lafferriere / En décadas de auge de la guerra fría, cuando las dictaduras militares con simpatía de Washington azotaban la región como reacción ante la acción insurgente de la “Tricontinental” y los movimientos guerrilleros, quienes detentaban el poder y la “hegemonía cultural” solían descalificar a los reclamos por los derechos humanos imputándoles ser instrumentos del “comunismo internacional” y de “proyectos extranjerizantes”. Muchos de quienes hacíamos política en aquellos tiempos recibíamos esas acusaciones como simples argumentos de la lucha. Era cierto que en los diarios existían pronunciamientos de los organismos más cercanos a las posiciones de izquierda, fundamentalmente los relacionados con la ex URSS. Pero también sabíamos que esos argumentos se desdecían con los hechos, cuando en los espacios internacionales decisivos –como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas- los gobiernos del ex bloque socialista –la URSS y la propia Cuba- hacían causa común con la dictadura militar sosteniendo la tesis que los reclamos por los derechos humanos debían detenerse ante la “soberanía nacional” de cada país. Fidel y Videla coincidían, en los hechos, en reconocerse legitimidad para hacer dentro de sus países lo que se les antojara con los derechos de las personas. En la Argentina quienes defendíamos los derechos humanos y reclamábamos el retorno a la democracia debíamos organizar las luchas en relativa soledad, y los éxitos o retrocesos de su vigencia dependían de la situación interna, más que de los caprichos o intereses de la geopolítica. Sufrir esa experiencia nos llevó, recuperada la democracia, a privilegiar el trabajo por el reconocimiento de los derechos humanos como un valor universal prioritario a cualquier otro, en especial al de la soberanía de los Estados. La Argentina hizo de esta causa una política de Estado. La Corte Penal Internacional fue un logro del que nuestro país se enorgullece de haber participado desde su inicio, atravesando administraciones diferentes –desde Alfonsín hasta Kirchner, pasando por Menem y obviamente Fernando de la Rúa-. El tratado aún no fue ratificado por Estados Unidos, ni por Cuba. El respeto a la dignidad humana es un elemento esencial a cualquier convivencia civilizada. A pesar de los duros enfrentamientos políticos y aún de casos específicos de violencia investigados por los tribunales, el relato político de la democracia incorporó ese valor a todas las ideologías participantes en el escenario nacional. El asesinato político, la desaparición de personas, el destierro, la confiscación de bienes, la tortura, tal vez puedan ocurrir, pero recibirán no sólo la condena social sino el vacío argumental. Nadie levanta –salvo alguna voz marginal, como la de Luis D’Elía, de nula representatividad política o social- la defensa de estos crímenes. Por eso la declaración de Gloria Ramírez, Defensora del Pueblo de Venezuela, justificando la tortura a estudiantes detenidos no puede dejarse pasar. La afinidad política o la conveniencia estratégica no puede llevar a los argentinos a olvidar lo que sufrimos, a justificar la tortura porque el que la aplique sea un gobierno que se considera amigo, o porque estemos negociando con ellos la renovación de algún crédito. Con los derechos humanos no se juega. El gobierno, y las fuerzas políticas democráticas de la Argentina no deben dejar pasar ese gesto, que no es una “propaganda del imperio” ni una “simple denuncia infundada distribuida por las redes sociales”, sino el pronunciamiento de una funcionaria pública cuya responsabilidad primaria es, justamente, defender los derechos de los ciudadanos de su país.

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