Por Nicolás Motura / Desde que el 30 de octubre de 1983, Raúl Ricardo Alfonsín se convirtió en el primer presidente democrático luego de la larga noche de la última dictadura cívico militar, vivimos en un contexto democrático que, afortunadamente ante los avatares económicos y políticos, ya no plantea las soluciones autoritarias para “restablecer el orden”. Esto constituye un logro de una ciudadanía que, a fuerza del dolor y las experiencias fallidas, aprendió a convivir con la diferencia.
Las ciencias sociales han producido una vasta bibliografía referida al tema. Entre ellos los estudios de las transiciones en política comparada. Estos estudios, centrados en el ámbito nacional, daban muchas veces por sentado que una vez conseguida la democracia, progresivamente los otros campos de lo social, evolucionarían hacia una situación donde las reglas de juego democráticas, cumplirían su rol de consolidar el régimen (O´Donnell, Schmitter, 1986).
Esto no solo fue contrastado por las experiencias locales posteriores, sino que también puso en tela de juicio las hipótesis que guiaron las primeras investigaciones.
La constatación de la existencia de regímenes autoritarios locales en escenarios democráticos a nivel nacional, trajo aparejado la apertura de un nuevo ámbito de estudio en la ciencia política: el de las unidades subnacionales (Snyder, 2009).
En Argentina existen regímenes híbridos subnacionales: entidades que combinan instituciones formalmente democráticas con usos claramente autoritarios (Gervasoni, 2011)
Las fuerzas políticas provinciales no son abiertamente anti democráticas, sino que se valen de los intersticios y concesiones hechas por los gobiernos civiles. La mayoría de las veces hay un desequilibrio de los poderes provinciales en favor del ejecutivo (Marcos, 2005), lo que refuerza esta situación autoritaria.
Esto permite la aparición de liderazgos personales en las provincias, como consecuencia de las crisis del sistema de partidos y como indicio de una institucionalidad informal naturalizada.
Casos como los de Santiago del Estero con los Juárez y hoy con los Zamora, de San Luís con los Saá, de Formosa con GildoInsfrán, de la Rioja con los Menem, de Santa Cruz con los Kirchner, de Tucumán con los Bussi y los Alperovich, son ilustrativos de lo antes dicho.
Como se señala, la democratización a nivel nacional, genera dos movimientos en apariencia contradictorios, pero que en su base se complementan: uno centrífugo y otro centrípeto.
El primero obligando a las provincias en un estado federal a someterse al arbitrio de una entidad nacional superior que determina la magnitud de sus recursos, sus atribuciones y que por sobre todo, obliga a la adopción formal de un régimen democrático.
El segundo movimiento, parroquializa (Gibson, 2006) la política de cada provincia, que comienza a aislarse del resto ante las fallas de un sistema centralizado. Aquí situaciones autoritarias se hacen presentes, vulnerando la vigencia de los principios democráticos en algunos de sus puntos. He aquí la hibridez del sistema descripto.
Muchas de estas situaciones contradictorias, han adquirido un cariz de formalidad al ser la ley quien legitima estos sistemas provinciales de tinte autoritario: reformas constitucionales, leyes de superpoderes, control de los medios de comunicación y en algunos casos violencia desde las instituciones estatales, son el corolario de una amplia gama de estrategias desplegadas en las provincias.
El sueño de permanecer en el poder, de conservar los cargos, de controlar la sucesión, de monopolizar los vínculos adentro y hacia afuera, han sido excusa suficiente para que muchos gobernadores adoptasen medidas de espíritu antidemocrático. Esto contrasta profundamente con las características que una democracia debe cumplir. A saber: la presencia de elecciones competitivas y alternancia en el poder, la autonomía de los poderes del estado y el respeto de los derechos humanos. En los regímenes híbridos algunos de ellos no se cumplen.
“Estos regímenes devienen autoritarios como producto de las estrategias de las elites políticas locales, relativas al “control de fronteras” en cuanto a los flujos de fondos, de cargos y de información que circulan entre el “centro” y “la periferia”” (Ortiz de Rosas, 2011: 360)
Analistas como Crenzel (2004) consideran que este tipo de situaciones pueden rastrearse desde la última dictadura, en una especie de continuidad que llega hasta nuestros días. Otros prefieren introducir otras variables, como lo es la distribución fiscal nacional (Gervasoni, 2009), las cláusulas legales (Cardarello, Almaraz) o los vínculos familiares (Behrend, 2010). Aquí se adopta una explicación que en cierta medida abarca todas ellas; en coincidencia con la complejidad y especificidad de los casos.
“La Argentina es así un mosaico paradójico de tendencias encontradas hacia la centralización y la descentralización, que permiten los vaivenes en el balance de poder entre lo nacional y lo provincial a través del tiempo” (Suárez Cao, 2011: 306)
Esta tendencia lejos de mejorar la calidad democrática, tiende a perjudicarla, dado el carácter fragmentario que adopta el sistema político en cada provincia.
A 30 años de democracia es importante tener en cuenta esto, dado que el proceso de democratización iniciado por Raúl Alfonsín en 1983, aún no ha culminado y queda mucho por hacer.
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