Hace falta una política integral de suelo y vivienda, enfocada en el derecho a la ciudad

Por José Antonio Artusi / El proyecto recientemente aprobado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos autorizando al Poder Ejecutivo a crear la "Compañía Entrerriana de Tierras SE" es un verdadero mamarracho. No establece cómo se van a articular acciones con el IAPV ni con los municipios, no fija claramente cuales son sus objetivos, no dice de dónde van a salir los recursos, no se enmarca en una política integral de suelo y vivienda, no incluye herramientas de recuperación de las plusvalías urbanas generadas por la acción del Estado, no se propone desalentar la especulación inmobiliaria ni promover la utilización del suelo vacante en áreas urbanas consolidadas (que es mucho), no incorpora ningún instrumento de gestión novedoso en esta materia como han hecho o intentan hacer (al menos en la letra de la norma) otras provincias hermanas; y - por si fuera poco - constituye un riesgo de que el remedio sea peor que la enfermedad. En efecto, habla de "loteos urbanos y suburbanos", lo que evidencia que sus redactores no tienen en cuenta los riesgos de la expansión urbana descontrolada y el rol de la especulación urbana en dichos procesos. Loteos suburbanos en áreas periféricas, mal dotadas de servicios y equipamiento comunitario, sin adecuada accesibilidad, con las mismas tipologías que el IAPV desparrama como si fueran un sello, podrían contribuir a agravar los problemas que hasta son detectados año a año en las auditorías del FONAVI y en documentos académicos que nadie parece leer. Prácticas estas que parecen planificadas desde los intereses de unas pocas empresas constructoras y no desde las demandas y necesidades de los ciudadanos privados de una vivienda digna. Además, al no tener un esquema claro de obtención y asignación de recursos y al no articularse con otros mecanismos de recuperación de suelo, puede llegar a constituir una forma de desviar recursos que podrían ser mejor aplicados para la promoción de los derechos sociales de los sectores más vulnerables y desprotegidos de nuestra sociedad. Por añadidura la falta de controles y pautas claras habilita a alertar también acerca de los riesgos de la corrupción en la operatoria de una empresa de estas características. Entre Ríos se merece un debate más serio sobre este tema trascendente para la calidad de vida, centrado en el derecho a la vivienda, al hábitat y a la ciudad. Como no me gusta criticar sin proponer alternativas, ofrezco como un aporte al debate 3 proyectos de mi autoría. El primero, de reforma de la Constitución Provincial, fue presentado por los convencionales de la Unión Cívica Radical en 2008 y dió origen, junto a otros, al artículo 25 que consagra el derecho a la vivienda. Lamentablemente, se omitió el párrafo que hacía alusión a la recuperación de plusvalías urbanas y el texto, en líneas generales, perdió fuerza y coherencia. De todos modos, es un avance. Los otros dos son proyectos de ley presentados durante mi mandato como diputado provincial entre 2007 y 2011; el primero (Expediente 18.607) proponiendo un esquema integral de ordenamiento territorial y uso del suelo para promover el acceso equitativo al hábitat, y el segundo, reglamentario del mencionado artículo 25 de la CP (Expediente 18.823). Algún día, estas u otras iniciativas similares tendrán que convertirse en leyes que iluminen políticas integrales de suelo y vivienda, para salir de la mediocridad, ineficiencia, improvisación y demagogia que caracterizan, lamentablemente, a las políticas de este sector en nuestra provincia.- 
http://convencion.hcder.gov.ar/consultaexpedientes/exped.php?as_id=872 http://www.hcder.gov.ar/consulta_exp_rta_uno.php?exp_numero=18607 http://www.hcder.gov.ar/consulta_exp_rta_uno.php?exp_numero=18823