Por Clara Chauvin / Nada asusta más al poder preponderante que un pueblo que se expresa. Las mismas autoridades que aseguran un Estado democrático y participativo son las mismas que buscan la ayuda de las fuerzas policiales para controlar a quienes, ejerciendo su derecho constitucional, deciden revelarse ante lo que ven injusto.
Muestra de ello, se reflejó en la sucesión de hechos que ocurrieron el pasado jueves 21 de noviembre en el Concejo Deliberante. De otra forma ¿cómo puede explicarse que dentro del recinto -lugar en donde más acabadamente se ejerce la democracia institucional, donde las autoridades (tanto de la mayoría como de la minoría) elegidas por el pueblo deciden el rumbo a seguir dentro de la comunidad- haya habido semejante despliegue de agentes policiales de civil?
¿Cómo es posible que una semana antes, durante la reunión del Concejo en Comisión -en donde también hubo una importante convocatoria de vecinos- esos mismos agentes de civil, hayan estado tomando fotografías y videos a quienes se encontraban manifestándose frente al Centro Cívico?
Asimismo ¿Cómo puede ser que, luego de que un vecino fue brutalmente detenido “por agredir a un agente y por no llevar documentación” -según expresaron las autoridades policiales- ningún funcionario municipal se expresó al respecto y no haya repudiado ese hecho? A su vez ¿Cómo es posible, que los medios oficiales hagan oídos sordos del tema y no lo informen, como si jamás hubiese sucedido?
Demasiadas preguntas para contestar, demasiados cómos centrados en una importante cuestión: el poder y su sentimiento de amenaza ante un grupo de ciudadanos que se manifiesta ¿Cómo enfrentar ese sentimiento? Con el poder del castigo que las autoridades legitiman para sí mismas a través de medidas arcaicas, atemporales, antidemocráticas.
En 1975, el filósofo francés Michael Foucault publicó una de sus más importantes obras titulada “Vigilar y Castigar”, centrado en un exhaustivo análisis del sistema penal y carcelario que tuvo su reforma en la edad moderna a partir del siglo XVII y que en muchos aspectos continúa funcionando de la misma forma.
“El verdadero objetivo de la reforma, y esto desde sus formulaciones más generales, no es tanto fundar un nuevo derecho de castigar a partir de principios más equitativos, sino establecer una nueva ‘economía’ del poder de castigar, asegurar una mejor distribución de este poder, hacer que no esté ni demasiado concentrado en algunos puntos privilegiados, ni demasiado dividido entre unas instancias que se oponen: que esté repartido en circuitos homogéneos susceptibles de ejercerse en todas partes, de manera continua, y hasta el grano más fino del cuerpo social”, escribió el filósofo.
Este sistema, explica Foucault, funciona basándose en la estricta disciplina y la docilidad de los cuerpos: “A estos métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad, es a lo que se puede llamar las ‘disciplinas’”.
Por Clara Chauvin / La violenta forma en que Francisco Larocca fue detenido y las explicaciones de las autoridades policiales que aluden a que el ciudadano “agravió a agentes vestidos de civil”, se relaciona de forma directa con lo que Foucault denominó “una política de las coerciones”, que trabaja sobre el cuerpo y en la manipulación de sus gestos y de sus comportamientos.
Por otra parte, el despliegue de agentes vestidos de civil, en una suerte de “trabajo de inteligencia”, tanto dentro como fuera del recinto, manifiesta una especie de invisibilidad y vigilancia casi orwelliana y que Foucault definió como “unas miradas que deben ver sin ser vistas”.
“Estos ‘observatorios’ tienen un modelo casi ideal: el campamento militar. Es la ciudad apresurada y artificial, que se construye y remodela casi a voluntad; es el lugar privilegiado de un poder que debe tener tanto mayor intensidad, pero también discreción (…) todo el poder se ejercería por el único juego de una vigilancia exacta, y cada mirada sería una pieza en el fundamento global del poder”
Finalmente, el silencio de las autoridades municipales nos abre aún muchas más preguntas en torno a cómo tendríamos que interpretar dicho silencio ¿Miedo a no saber qué decir? ¿Indiferencia ante lo ocurrido? ¿Aceptación en cuanto a que las autoridades policiales actuaron como deben que actuar? Mientras tanto, la comunidad uruguayense ¿debería aceptar ese silencio y resignarse a que si desean salir a expresarse siempre habrá en algún lugar un agente de civil, que no se muestra ni se identifica, observando cada movimiento?
Preguntas y preguntas y ninguna respuesta… Cada persona, desde su lugar, sacará sus propias conclusiones.
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