Por Carlos Tórtora / El fallo de la Corte Suprema declarando la inconstitucionalidad de los artículos 4, 18 y 30 de la ley 26.855, acaba de modificar sustancialmente el escenario político. La inminencia de una elección de Consejeros de la Magistratura, que podía significar el control absoluto de este organismo por parte del gobierno, funcionó en los últimos meses como un freno para las investigaciones judiciales sobre la corrupción oficial. Esta amenaza potencial sobre los jueces y fiscales que investigan causas de corrupción acaba de desaparecer.
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