Fabio Quetglas: Gestión de Ciudades

Charla con Fabio Quetglas: la pandemia y los gobiernos locales

Ingreso Básico Universal, una vieja nueva idea...

Ingreso básico universal en Argentina from José Antonio Artusi

QUE LA FUERZA ESTÉ CON EL INGRESO BÁSICO UNIVERSAL

Por Scott Santens @scottsantens 

No hay película que haya visto más que “Star Wars: Una nueva esperanza”, excepto quizás El Imperio contraataca”. Si tuviera que aventurarme a adivinar cuántas veces las he visto a cada una de ellas, y también a “El regreso del Jedi”, todo lo que puedo decir es que se trata de una cifra de tres dígitos para cada una. He leído docenas de novelas de Universo Expandido de Star Wars, asistí a la primera Celebración de Star Wars donde disfruté como un Jedi Oscuro completo con un sable de luz que construí a partir de un viejo tubo de flash de cámara Graflex, y cuando salió “La Amenaza Fantasma”, fui uno de esos fanáticos que estuvo en la fila durante más de una semana para estar entre los primeros en verlo en un teatro lleno de fanáticos tan emocionados como yo. 

Ahora que sabes que soy un gran geek de Star Wars, quiero conectar la su trama con la necesidad de un ingreso básico incondicional. 

Para cualquiera que nunca haya visto la primera película, involucra una Estrella de la Muerte, que es una super arma del tamaño de una luna capaz de destruir planetas enteros. Esta arma fue creada para gobernar la galaxia con un puño de hierro. Donde solía existir una República Galáctica en la que cada planeta tenía representantes en el Senado Galáctico, con la creación de la Estrella de la Muerte el Senado se disuelve por completo y los gobernadores regionales deben responder ante el Imperio ante la amenaza de destrucción. 

Cuando se le pregunta cómo mantendrá el Emperador el control sin el Senado Imperial, el Gran Moff Tarkin responde: "El miedo mantendrá los sistemas locales en línea. El miedo a esta estación de batalla". 

En esas dos oraciones se explica la razón por la que la pobreza aún existe. No se trata del dinero. Se trata del control. La pobreza es una super arma, y el miedo a la pobreza es lo que mantiene a las personas en línea. 

La pobreza es una Estrella de la Muerte. La pobreza tal como la conocemos no existe naturalmente. Está hecha por el hombre. Fue construida. Hasta hace relativamente poco en la historia humana, el acceso a los recursos naturales de nuestro planeta era gratuito. Cazábamos y recogíamos para nosotros y nuestras familias y nuestras familias extendidas. La supervivencia podía asegurarse con unas pocas horas de trabajo a la semana. Todo esto cambió cuando inventamos la propiedad privada. Aquellos con el poder para hacerlo encerraron los bienes comunes, los llamaron suyos y ordenaron a los excluidos de la tierra que la trabajaran para sus nuevos propietarios. 

Thomas Paine reconoció la perversidad de esto hace más de doscientos años cuando escribió “Justicia Agraria”: “Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es remediar los males y preservar los beneficios que han surgido para la sociedad al pasar de lo natural a lo que se llama el estado civilizado. Al abordar el asunto sobre esta base, el primer principio de la civilización debería haber sido, y todavía debería ser, que la condición de cada persona nacida en el mundo, después de que comienza un estado de civilización, no debería ser peor que si hubiera nacido antes de ese período... Es una posición sin controversia que la tierra, en su estado de cultivo natural era, y siempre tendría que seguir siendo, la propiedad común de la especie humana. En ese estado todo hombre habría nacido para la propiedad. Habría sido un propietario colectivo vitalicio, con apoyo en la propiedad del suelo y en todos sus productos naturales, vegetales y animales. Por lo tanto, cada propietario de terrenos cultivados adeuda a la comunidad una renta del suelo (no conozco un término mejor para expresar la idea) por el terreno que ocupa; y es de esta renta del suelo de donde procede el fondo propuesto en este plan. Al abogar por el caso de las personas así desposeídas, es por un derecho, y no por caridad, que estoy reclamando.” 

Somos la única especie en la Tierra que tiene que pagar para existir. No siempre ha sido así. Lo hicimos de esa manera. Construimos la pobreza tal como la conocemos. Tenemos tanta comida que la mitad se desperdicia. Tenemos tantas viviendas que hay cinco veces más viviendas desocupadas que personas sin vivienda. Tenemos tanta capacidad productiva que solo producimos alrededor del 70% de la capacidad existente para producir. La existencia de hambre y de falta de vivienda en los Estados Unidos es completamente innecesaria. La pobreza es un estatus legal impuesto a aquellos excluidos del acceso legal a las necesidades de la vida. Es injusticia económica. Es un arma. 

La Estrella de la Muerte fue creada para destruir planetas, pero su verdadero poder no estaba en esa destrucción, sino en todos los demás planetas temiendo su propia destrucción. Es por esa razón, que Tarkin elige destruir el planeta natal de Leia, Alderaan. No es porque Alderaan haya hecho algo mal. Alderaan no merecía ser destruido. Fue destruido como un ejemplo para todos los demás. 

Así es exactamente cómo funciona la pobreza. Sí, la pobreza mata a las personas, y las personas que mata no merecen morir. Son simplemente sacrificios para demostrar por qué las personas necesitan hacer lo que se les dice. El verdadero poder de la pobreza está en el miedo de todos. Si tienes miedo a la pobreza, aceptarás ese trabajo de mierda por ese salario de mierda. Harás ese trabajo que consideras incorrecto, que perjudica a otras personas o al ambiente, porque es mejor que el hambre y la falta de vivienda. Mantendrás la boca cerrada cuando de otra manera hablarías. No harás olas, si eso significa posiblemente perder tu trabajo, y ser el próximo en la lista de la Estrella de la Muerte. Servirás al Imperio. 

En Star Wars, una pequeña banda de rebeldes descubre que la Estrella de la Muerte tiene una debilidad, y arriesgan sus vidas para explotar esa debilidad y destruir la Estrella de la Muerte para liberar a la galaxia del control opresivo del Imperio. Martin Luther King, Jr. descubrió esa debilidad hace medio siglo: “Todos los programas del pasado tienen una falla común: son indirectos. Cada uno busca resolver la pobreza resolviendo primero otra cosa. Ahora estoy convencido de que el enfoque más simple resultará ser el más efectivo: la solución a la pobreza es abolirla directamente mediante una medida ahora ampliamente discutida: el ingreso garantizado... Es probable que encontremos que los problemas de vivienda y educación, en lugar de proceder a la eliminación de la pobreza, se verán ellos mismos afectados si se elimina antes la pobreza.” 

La Estrella de la Muerte no podía destruirse simplemente disparándole con todo tipo de armas. Sólo había una forma de hacerlo, disparando un torpedo de protones por su puerta de escape. Del mismo modo, solo hay una forma de destruir la pobreza, y es abolirla directamente, disparando un torpedo de ingresos básicos por su puerta de escape. La pobreza es falta de dinero, y entonces para terminar con la pobreza, debemos crear un piso de ingresos que eleve a todos por encima de la línea de pobreza. Eso es ingreso básico incondicional. Con UBI, la pobreza se fue, y con ella, el miedo a la pobreza se fue, y con eso, el control se fue. Una sociedad libre del miedo a la pobreza es una sociedad libre, libre de hacer lo que quiera y decir lo que quiera. Es una sociedad de consentimiento mutuo donde todos tienen el poder de alejarse de una relación personal o laboral abusiva, en lugar de no tener más remedio que estar de acuerdo por miedo. 

El movimiento por el Ingreso Básico Universal es la Alianza Rebelde. Depende de nosotros destruir la Estrella de la Muerte de la pobreza. No es una pelea fácil. Nunca ha sido. La forma en que están las cosas sirven bien a los poderosos. Quieren tener el control. Quieren que la gente tenga miedo. Quieren que la gente acepte las cosas como son. Lo que no quieren es que nos demos cuenta de que podemos destruir su arma. 

De lo que el Imperio no se dio cuenta en Star Wars, fue que la Fuerza estaba con los Rebeldes. No fue cualquier ala X lo que destruyó la Estrella de la Muerte. Fue el ala X de un Jedi quien apagó su computadora. No fue realmente el torpedo en sí lo que destruyó la Estrella de la Muerte. Fue el portador de la Fuerza detrás de él. Era una creencia de que se podía hacer.

Como explica Yoda en “El Imperio contraataca”, la Fuerza es creada por la vida. "La vida la hace crecer. Su energía nos rodea y nos une". La destrucción de la Estrella de la Muerte utilizó tecnología, pero era una cuestión de vida elegir la vida. La existencia de la pobreza es una cuestión de elegir el miedo. Tenemos la tecnología para acabar con la pobreza. Tenemos los recursos naturales y el conocimiento. ¿Pero tenemos la voluntad? Porque eso al final es lo que hará falta. 

Suficientes de nosotros debemos decidir colectivamente destruir la pobreza con el Ingreso Básico Universal. Tenemos que creer que podemos hacerlo. Sólo cuando creamos que el poder está dentro de nosotros, finalmente destruiremos la Estrella de la Muerte de la Pobreza. 

Se reproduce en castellano con autorización del autor 

Texto original: http://www.scottsantens.com/may-the-force-be-with-ubi-unconditional-universal-basic-income-poverty-death-star 

 Ilustración: @Sinnerman

UNA SALIDA INTELIGENTE Y ORDENADA DE LA CUARENTENA

La cuarentena en la Provincia de Entre Ríos ha tenido hasta ahora un resultado positivo en la contención de la propagación de la pandemia de Covid-19. Pero también ha tenido, y seguirá teniendo en el futuro, impactos colaterales negativos tanto desde el punto vista sanitario como económico y social, deterioro que a su vez repercutirá luego indefectiblemente en las condiciones de salud y de calidad de vida de nuestra población. 

Urge por lo tanto implementar gradualmente una mecanismo inteligente y ordenado de flexibilización de la cuarentena, una transición planificada que evite una salida anárquica por parte de la sociedad, ante la imperiosa necesidad de buscar alternativas que morigeren la ya preocupante caída en los niveles de empleo, ingresos y actividad económica. 

Entre Ríos tiene registrados oficialmente hasta el día 2 de Mayo sólo 27 casos positivos, localizados en 9 departamentos (10 localidades). 8 departamentos y la enorme mayoría de las localidades no presentan casos confirmados. 5 permanecen en estudio y 591 ya han sido descartados; en tanto que en total se han estudiado 623 casos. Realidades diferentes y heterogéneas, desde el punto de vista territorial, demográfico, sanitario, social, habitacional, etc. no pueden abordarse con instrumentos homogéneos. Medidas uniformes aplicadas de manera generalizada en todo el territorio nacional pudieron tener sentido en una primera etapa, pero ya es hora de aplicar herramientas más sofisticadas, aplicadas a las exigencias que se derivan de las peculiaridades de cada territorio, en la escala provincial, departamental, local, e incluso barrial. 

Una pandemia y sus consecuencias son asuntos demasiado graves para mirarlos con el lente reduccionista de cualquier especialidad, por valiosa que sea. Aún al interior de la salud pública y la medicina, parecería que no estamos viendo los impactos negativos causados por la cuarentena en el agravamiento de otras patologías, tales como las enfermedades cardiovasculares – la principal causa de muerte en nuestro país – como consecuencia de diagnósticos o terapias que no se realizan a tiempo. Y obviamente no puede dejarse de considerar el impacto negativo en los determinantes sociales de la salud que causará el agravamiento de la crisis económica como consecuencia de las restricciones que la cuarentena impone a muchas actividades. 

Es por eso que se impone una mirada más amplia, que articule con sentido práctico las perspectivas de diversas disciplinas, evalúe costos y beneficios, determine el balance del intercambio de problemas que siempre está implícito en la acción de gobierno, y de la que se desprendan decisiones efectivas y eficientes, articulando de manera coherente todos los sectores y niveles del gobierno. 

Entre Ríos tiene en este sentido varias ventajas: 

1.- Su condición de territorio cuasi insular, que durante décadas le jugó en contra y condicionó negativamente sus posibilidades de desarrollo (junto a la vigencia de absurdas hipótesis de conflicto con Brasil, digamos todo), puede en esta ocasión ser un elemento a favor. Es posible controlar de manera muy estricta y rigurosa los accesos a la provincia. Si el virus entra, se lo puede rastrear, identificar a las personas contagiadas y a sus contactos y aislarlas preventivamente. 

2.- Hay pocos casos, sólo 27 hasta ahora, y ningún muerto. 

Se impone por lo tanto que comencemos a implementar una transición desde esta cuarentena medieval, indiscriminada, hacia esquemas más flexibles y adecuados a cada realidad territorial. Debe haber un plan provincial para esta nueva etapa, pero también acciones específicas y diferenciadas a escala departamental, local, y hasta barrial. 

Dado que no podemos cuidarnos ni protegernos de lo que no conocemos, y hacerlo de manera indiscriminada es demasiado costoso, un componente esencial de ese plan consiste en continuar e incrementar el programa de testeos, rastreando los contactos de todas las personas infectadas y realizando tests PCR, así como a todos los casos sospechosos que estén o ingresen a la provincia. A tal efecto deberían disponerse postas sanitarias en todos los accesos al territorio provincial y conformarse equipos de salud abocados a rastrear la totalidad de los posibles contactos de las personas infectadas, a los efectos de su identificación y testeo. Esos equipos podrían estar dirigidos por profesionales e integrados por agentes sanitarios y de ser necesario también por estudiantes avanzados de ciencias de la salud. También debería planificarse un muestro en todo el territorio provincial, con tests serológicos en muestras poblacionales representativas, lo que permitiría, junto a los resultados de los tests PCR, tener un panorama global más certero de la situación epidemiológica. 

Especial atención debería prestarse a las personas de mayor riesgo, no sólo por razones de edad, sino también por presentar patologías pre-existentes o por pertenecer a grupos de por sí vulnerables en función de déficits sociales y habitacionales (villas y asentamientos) o estar expuestos en mayor medida a riesgos de contagio (personal de salud, de seguridad, de geriátricos, etc.). Es necesario informar con claridad a la población que - por ejemplo – una persona de 40 años desocupada, con diabetes, que vive en una vivienda precaria de un asentamiento presenta mayor riesgo que una persona de 70 años con ingresos medios y estables que vive en una vivienda adecuada. En este sentido cabe alertar acerca de la urgencia de promover acciones concretas para mejorar en la emergencia las condiciones de los más de 400 barrios populares relevados por el Renabap en nuestra provincia (villas y asentamientos), en términos de acceso a agua potable y saneamiento, a energía segura, gestión de residuos, etc. También urge reglamentar y aplicar sin demora el artículo 24 de la Constitución Provincial, que garantiza el derecho a la alimentación y a un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia. 

Las campañas de información deberían poner énfasis en la necesidad de no discontinuar tratamientos ni diagnósticos de enfermedades crónicas (cardiovasculares, oncológicas, respiratorias, etc.). En todos los niveles deberían identificarse las actividades económicas que podrían reiniciarse, con la elaboración e implementación de estrictos protocolos de higiene y bioseguridad, tanto para trabajadores como para clientes y proveedores. 

Las condiciones de seguridad en el espacio público a los fines recreativos y en los sistemas de transporte público también deberían enumerarse y exigirse de manera rigurosa. Una especial atención debería darse a la cuestión de la seguridad vial. Sería razonable no naturalizar que debemos volver a una supuesta “normalidad” de una pandemia que causó 19 muertos por día el año pasado en la Argentina. La pandemia y la cuarentena podrían en este sentido aprovecharse como una oportunidad para retomar muchas actividades pero con nuevas acciones de prevención, y sobre todo con una nueva conciencia, que brinde mayor seguridad vial. Adicionalmente, logros en este sentido constituirán un formidable aporte para descomprimir las demandas de atención de nuestro sistema de salud. 

Algunos municipios de nuestra provincia están dando pasos en el sentido de buscar mecanismos de transición como los que comentamos. Ni la Nación ni la Provincia pueden dejarlos solos. Por el contrario, deben ayudarlos, no sólo con la distribución equitativa y transparente de recursos, sino también con la toma de decisiones consultadas y acordadas; pero sin tirarles por la cabeza la responsabilidad de medidas que no les corresponden. 

Hagamos de esta crisis una oportunidad para aprender entre todos a gestionar mejor problemas complejos.-

LAS CURVAS QUE NO VEMOS...

Por José Antonio Artusi 

“Aplanar la curva”. Si hubiéramos escuchado esta expresión hace un año habríamos mirado con asombro e intriga a nuestro interlocutor. De qué nos estaría hablando?. Hoy la escuchamos a diario y sabemos perfectamente de qué estamos hablando. Pero detrás de esas 3 palabras se esconden varios problemas. Para empezar, no es “la” curva, son “las” curvas. El Covid-19 no es el único corona virus, los corona virus no son los únicos virus, los virus no son los únicos organismos que causan enfermedades infecciosas, las enfermedades infecciosas no son las únicas, ni las más relevantes, las enfermedades no son los únicos problemas de salud; salvo que consideremos, por ejemplo, a la siniestralidad vial una “enfermedad”, causante de 19 muertes por día en promedio el año pasado en la República Argentina. 

Todo esto suena obvio una vez que lo decimos, pero esa obviedad parece no estar presente en muchos análisis ni en las consideraciones que subyacen tras el diseño de las políticas públicas. Las bajas cifras de muertes por Covid-19 en Argentina hasta ahora pueden aumentar, obviamente, y pueden explicarse razonablemente como producto de la eficacia de las medidas de distanciamiento físico y aislación adoptadas de manera relativamente temprana en nuestro país. Ahora bien, lo que no estamos observando correctamente son las demás curvas. Las medidas adoptadas hasta ahora para contener la propagación de la pandemia pueden tener – y van a tener – consecuencias no buscadas en muchos otros problemas de salud, y en muchos otros problemas en general. Como todo medicamento, la cuarentena tiene una determinada acción terapéutica, pero también tiene contraindicaciones, advertencias, precauciones, interacciones, acciones colaterales y secundarias, reacciones adversas, y siempre existe el riesgo de sobredosificación. 

Toda acción produce determinados resultados, unos esperados y otros inesperados; unos buscados y otros no buscados, unos positivos y otros negativos. “El remedio puede ser peor que la enfermedad” dice el refrán. Carlos Matus tiene varias frases profundizando esta idea, la del intercambio de problemas. “La idea de solución de un problema esconde el contra-balance de los efectos colaterales indeseables”. “El acto de intervención no es limpio, genera otros problemas. Hacer política es intercambiar problemas”. “El proyecto de gobierno es una oferta de intercambio de problemas”. 

Que surjan resultados no buscados, esperados o no, de la aplicación de cualquier decisión no quiere decir necesariamente que sean negativos. De hecho la cuarentena está teniendo efectos no buscados positivos. Uno de ellos debe ser la disminución en la cantidad de lesiones y muertes debido a la siniestralidad vial. No tengo datos oficiales al respecto (¿no debería haberlos?), pero suponiendo una hipótesis (¿conservadora?) de reducción del 50% con respecto al año pasado, tenemos que una cuarentena de 50 días habría evitado 475 muertes como consecuencia de accidentes de tránsito, más del doble que las muertes por Covid-19 hasta el 30 de Abril. Este dato invita a pensar en varias cuestiones. Primero, en que teníamos una pandemia que habíamos naturalizado, al punto de llegar a invisibilizarla, o a no considerarla un problema de salud pública. Pero, cómo no considerar un problema de salud pública a la principal causa de muerte en los jóvenes?. No debería acaso ser acaso uno de los problemas prioritarios? Segundo, esa naturalización implica, conscientemente o no, cierto grado de creencia en que se trata de un problema en buena medida irresoluble, fuera de nuestro alcance, al que hay que resignarse o a lo sumo atacar desde lo asistencial, con más y mejores recursos de salud para atender a los lesionados en los siniestros. Sin embargo, la experiencia comparada muestra con abrumadora evidencia empírica que no es un problema irresoluble, que se puede atacar con políticas públicas adecuadas, y que además la forma más eficiente y eficaz – como en tantos otros casos – es prevenir más que curar. Tercero, la cuarentena, con su consiguiente impacto colateral positivo en este aspecto, nos debe servir como una oportunidad para entender que no sería saludable volver a una supuesta normalidad en la que aceptemos con resignación que haya 19 muertos por día en accidentes viales, y muchos más lesionados demandando una enorme cantidad de recursos del sistema de salud, muchos de ellos con secuelas de por vida que afectarán negativamente su calidad de vida y la de sus familias. ¿No deberíamos estar pensando ya, aprovechando realmente la crisis del Covid-19 como una oportunidad, en repensar nuestros sistemas de movilidad y aumentar significativamente las condiciones de seguridad vial de nuestras calles y rutas? Algunos países y algunas ciudades lo están haciendo, no sólo por la cuestión de la seguridad vial, que en otras latitudes no es un problema tan grave, sino también por la necesidad de mejorar los esquemas de movilidad en general a la luz de las exigencias de la pandemia que en alguna medida van a perdurar, incluyendo el transporte público colectivo, los espacios para peatones, las bicicletas, etc. La peor alternativa sería que no sólo dilapidemos esta oportunidad sino que, en vez de volver a la “normalidad” anterior, involucionemos hacia un escenario de mayor inseguridad vial aún, en el que – por ejemplo - como consecuencia del temor a utilizar el transporte público se dé una consiguiente mayor utilización caótica de vehículos automotores individuales, mayormente motos – el medio más inseguro - antes que autos como consecuencia de la crisis económica. El riesgo está, dependerá de nosotros planificar y gestionar en la dirección adecuada. No se me escapa que la seguridad vial y la movilidad en general van de la mano con otras cuestiones como la planificación de los usos del suelo, pero dejemos por ahora el tema en ese punto. 

Volvamos a las curvas epidemiológicas. El 30 de Marzo el Dr. Victor Steng, un neumonólogo de Atlanta, publicó en su cuenta de Twitter la siguiente imagen:  

El texto del twit decía: “A medida que nuestros amigos y colegas desafían las líneas del frente, también debemos prepararnos para una serie de réplicas. Es muy difícil planificar tan lejos mientras estamos en modo de supervivencia. Debemos prepararnos temprano y elaborar una estrategia para nuestra respuesta al daño colateral del COVID19”. Como en toda curva epidemiológica, en el eje horizontal está el tiempo y en el vertical, en este caso, algo así como la “huella de salud” de la pandemia. En respuesta a una pregunta, el Dr. Steng expresa que el gráfico “simplemente ilustra un concepto, para iniciar una conversación. El eje y no se basa en datos reales (todavía), pero espero que veamos efectos cuantificables que se extiendan mucho más allá del pico inicial. Vea cómo las tasas de mortalidad en Estados Unidos se mantuvieron elevadas después de la pandemia de 1918”. María García Gil elaboró y publicó la siguiente versión del gráfico traducida al castellano: 

Aparecen 4 curvas, la primera (morada) es la de la morbilidad y mortalidad inmediata del Covid-19. A esa parecería que la estamos controlando bastante bien por ahora, pero urge ver cómo salimos de la cuarentena de la mejor manera posible. 

La segunda (verde) es la del impacto de la restricción de recursos en la atención urgente de pacientes no-Covid. Esta, dado que el sistema de salud no ha colapsado, ni está por ahora cerca de hacerlo, no parece ser significativa en este caso; al menos por ahora. Es más, dado que aparecen externalidades positivas como la que comentábamos en relación a la disminución de la siniestralidad vial, esta curva parece ser la menos preocupante. De todos modos, habría que preocuparse si la curva del Covid se dispara y si el pico tiende a coincidir con una salida de la cuarentena en la que se genera la reaparición (o agravamiento) de problemas como la demanda de atención por parte de lesionados en accidentes viales o hechos de violencia. En un artículo anterior comentábamos la sugerencia hecha por profesionales del NHS británico en este sentido, disminuir la demanda de atención por parte del sistema de pacientes no-Covid, por la vía de prevenir accidentes y emergencias, ilustrada en este gráfico: 

La tercera curva (azul) es la del impacto de la interrupción de diagnósticos y cuidados en pacientes con enfermedades crónicas. Esta sí es preocupante ya, por varias razones, comenzando con que contiene a la principal causa de muerte en nuestro país, las enfermedades cardiovasculares, que generan cerca de 100.000 muertes al año. El 23 de Abril Adolfo Rubinstein nos alertaba en su cuenta de Twitter: “… pacientes con enfermedades serias como la enfermedad coronaria no están recibiendo las prestaciones diagnósticas y terapéuticas que necesitan para su cuidado por temor a ir al hospital. Un ejemplo dramático es la caída a la mitad de la angioplastia primaria, procedimiento de elección para el tratamiento del infarto agudo de miocardio, de acuerdo a distintos reportes. Lo más alarmante es que las camas hospitalarias y de terapia intensiva no sólo NO están desbordadas sino que están SEMIVACÍAS por la suspensión de prácticas programadas. Reflejo del “daño colateral” del Covid19 sobre patologías crónicas. ¡Panorama terriblemente preocupante!” 

Una nota de Martín de Ambrosio en el diario La Nación se hace eco este problema, el de la tercera curva (https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-argentina-consultas-medicas-tardias-otro-riesgo-nid2357469). Se señala allí que “lo que durante mucho tiempo fue como un mantra repetido por los médicos y las instituciones de salud (“ante los primeros síntomas, consulte") en momentos de pandemia de coronavirus es casi una utopía para todo lo que no sean los síntomas gripales . Pero los procesos de algunas enfermedades subyacentes continúan y una consulta tardía también puede generar graves daños a la salud general. Son tres las principales especialidades que ya están pidiendo a la población y a las autoridades sanitarias que no las descuiden, tras más de un mes de una cuarentena que se muestra exitosa para detener la diseminación del Covid-19: cardiología, oncología y neurología (por los accidentes cerebro vasculares)”. Y se enfatiza que “las consultas se han reducido al mínimo, un 10% de lo habitual, y personas que podrían ser atendidas de manera temprana para ganarle tiempo a la progresión de los síntomas, prefieren no salir de casa ante el miedo a la infección, muchas veces justificado por las comorbilidades (enfermedades previas). Los expertos alertan que de todos modos hay que empezar a tratarlos antes de que la mortalidad por causas no Covid se dispare.” El twit del Dr. Victor Steng tuvo 8200 “me gusta”, fue compartido 5300 veces, y recibió 202 respuestas. En una de esas respuestas, Petra Heitkamp señala: “Esta es una gran ilustración, gracias. Yo diría que en la tercera ola en países con una alta carga de TB, VIH, malaria, desnutrición, se verá un pico más alto de mortalidad y morbilidad debido a las interrupciones debidas a Covid19, posiblemente un pico más alto que la ola 1 en el gráfico”. Y en otro twit ejemplifica: “TB: las interrupciones en los servicios críticos conducirán a a) retraso en el diagnóstico; b) falta / tratamiento interrumpido y farmacorresistencia; c) Notificación baja en réplica. Y agrega un link a este artículo: https://www.forbes.com/sites/madhukarpai/2020/03/17/covid-19-and-tuberculosis-we-need-a-damage-control-plan/#722f0f8a295c , firmado por Madhukar Pai y titulado “COVID-19 Coronavirus y tuberculosis: necesitamos un plan de control de daños”, en el que se considera que “todos los que trabajan en TB tienen la oportunidad de ser proactivos para mitigar el daño. De lo contrario, terminaremos viendo grandes aumentos en la mortalidad por tuberculosis en los próximos meses. Agencias como la OMS y la Alianza Stop TB podrían establecer una unidad especial de control de daños de TB-COVID para mitigar los desafíos relacionados con COVID en los países con mayor carga de TB. Centrarse únicamente en COVID-19 puede dañar las ganancias muy frágiles que tenemos en TB. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que los programas y la atención a las personas no se vean interrumpidos o afectados " dijo Lucica Ditiu, directora de Stop TB Partnership.” 

De modo tal que la pregunta de Néstor Pérez Baliño en Twitter es absolutamente pertinente: “Año 2018 (la del 2019 aún no se publicó); murieron 100 mil enfermos por patologías cardiovasculares, 66.000 respiratorias y 66000 oncológicas, 635 por día. Con anuncios de muertes diarias del COVID19, deberían publicar las muertes sobre las otras patologías?”. Como también lo son sus recomendaciones: “Necesitamos que el país funcione, de lo contrario tendremos más daños colaterales si seguimos con el aislamiento total. El aislamiento físico global fue útil en esta etapa temprana, pero ya no es la estrategia que se puede sostener en el tiempo; hundirá la economía, será cada vez menos respetada e inducirá actitudes autoritarias y discriminadoras”. 

La cuarta curva (roja) es la del impacto en las condiciones de salud mental y el daño por la situación socio-económica. Esta también es sumamente preocupante, sabemos sin lugar a dudas que la cuarentena va a profundizar una grave crisis económica, y que vamos a tener en el corto plazo una sociedad más empobrecida, con vastos sectores de la población por debajo de la línea de pobreza y de indigencia, con especial incidencia en la población infantil. Las mujeres – sobre todo las mujeres pobres - podrían estar también especialmente afectadas. Un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que “a medida que la pandemia de COVID-19 continúa provocando estragos, el número de mujeres que no pueden acceder a planificación familiar y que se enfrentan a embarazos no planeados, violencia por razón de género y otras prácticas nocivas podría dispararse a razón de millones de casos durante los próximos meses”. El estudio revela la enorme magnitud de la repercusión que está teniendo la COVID-19 en las mujeres a medida que los sistemas de salud se ven desbordados, se cierran establecimientos sanitarios o se limitan los servicios que ofrecen a mujeres y niñas; asimismo, muchas de ellas optan por saltarse importantes revisiones médicas por miedo a contraer el virus (https://www.unfpa.org/es/press/nuevas-proyecciones-del-unfpa-predicen-consecuencias-catastr%C3%B3ficas-para-la-salud-de-las). En nuestro país, como señala Adolfo Rubinstein, “la cuarentena tiene consecuencias muchas veces invisibilizadas en el contexto de la epidemia de COVID-19. Una de las más preocupantes es la violencia de género que, en ya 23 casos desde el aislamiento obligatorio, terminaron en FEMICIDIO.” 

No se trata de optar de manera binaria y simplista – como pareció indicarlo el Presidente Fernández – entre la vida y la economía. Ojalá fuera tan sencillo. Lamentablemente, la pobreza y sus consecuencias directas e indirectas tienen un enorme impacto en los determinantes sociales de la salud, en la configuración de “las causas de las causas” de los problemas de salud. Y tienen impactos negativos sinérgicos, que proyectan sus efectos a largo plazo; además de generar obviamente problemas en la coyuntura. Y además, sabemos que los más afectados por los daños colaterales de la cuarentena en el plano económico y social son los que antes de la cuarentena ya la estaban pasando mal, los más desposeídos. 

Jesse O´Shea, especialista en enfermedades infecciosas, publicó esta versión del gráfico de Victor Steng, con ligeras modificaciones (y otros colores), en donde la primera curva, la del Covid, aparece con un rebrote; con el siguiente texto: “COVID19; Carga de enfermedad y huella de salud. Este brote tendrá un impacto sin precedentes en la sociedad. Tenemos que pensar y estar preparados para cada ola, comenzando ahora.” 

Este profesional también hizo la siguiente reflexión, acompañada de un sugerente gráfico: “La romantización de la cuarentena es un privilegio de clase. El COVID19 impacta desproporcionadamente en aquellos que están más marginados y privados de sus derechos por la sociedad.” 

De lo anterior se desprende que las decisiones a tomar en relación a la cuarentena no pueden tomarse mirando un único monitor, desde un único punto de vista hegemonizado por la visión de infectólogos y especialistas en Covid-19. 

Como lúcidamente señalara Andrés Malamud, “una pandemia es un asunto demasiado serio para dejarla en manos de los sanitaristas”, y “la pandemia es sinfónica. Abordarla con un único instrumento sería desafinado.” 

En ese sentido, también son atendibles las advertencias de Eduardo Rubinstein: “Sin duda los tiempos que se vienen van a ser muy difíciles. Por eso creo que sería bueno que el presidente añadiera a su comité de expertos, además de médicos, a economistas, cientistas sociales y psicólogos independientes que aporten una mirada más amplia ¡Y lo digo como médico!”. 

Pero cuidado, no caigamos en el error de pensar que decimos la palabra mágica “interdisciplina” y problema solucionado. Al respecto, Carlos Matus, el gran teórico chileno de la planificación estratégica situacional, plantea en su libro “Teoría del juego social” que “el economista que formula políticas económicas y el médico que hace políticas de salud en el ámbito público, con su formación en facultades universitarias verticales, nos parecen estar en su campo de competencia, a pesar de la frecuencia de sus fracasos en la gestión pública. Pero, no es así. Sólo tienen competencia para realizar una práctica profesional intradepartamental. No tienen la formación necesaria para ejercer la práctica social horizontal. Sabemos que un problema de salud no es únicamente un problema de medicina, sino que al mismo tiempo es político, económico, organizativo, ecológico, etc. Sin embargo, actuamos como si el sentido común pudiese procesar esas direcciones transdepartamentales”. Y más adelante agrega: “Aún no comprendemos que se necesita una ciencia de la acción y caemos en el simplismo de la interdisciplinariedad”. 

Deberíamos aprovechar esta oportunidad para construir rápidamente estrategias que nos ayuden a evitar caer en ese simplismo y a aceptar la complejidad y conflictividad inherente de los problemas que debemos solucionar, aplicando a tal fin herramientas de políticas públicas que maximicen la eficiencia y la eficacia sin por ello dejar de lado ni por un instante nuestras irrenunciables raíces democráticas y republicanas.-

Ingreso ciudadano universal o empleo mínimo garantizado (liberación o dependencia)

Por José Antonio Artusi 
Venía escribiendo en Twitter un hilo con párrafos de 10 libros de mi biblioteca (en papel) que se refieren al ingreso ciudadano universal (IBU). Y el otro día me llega este reportaje a Agustín Salvia, que me motivó a escribir otro hilo acerca de algunos conceptos que allí se vierten: 

 Copio, pego y edito acá algunos de esos tweets. Al final, un bonus track con algunas respuestas que tuve y algo que Eduardo Levy Yeyati escribió en su propia cuenta. 

Salvia expresa con claridad y sinceridad un pensamiento conservador y paternalista, antiliberal, que está profundamente arraigado en algunas franjas de la sociedad argentina. Diseñar políticas públicas basadas en esa matriz de pensamiento sólo llevará a profundizar nuestro atraso y decadencia y a condenar a los pobres a situaciones de sometimiento y falta de oportunidades de verdadero acceso al disfrute efectivo de una democracia social plena, entendida – siguiendo a Hipólito Yrigoyen – como aquella que no sólo garantiza las libertades políticas sino que entraña a la vez la posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimum de felicidad siquiera (Mensaje al Congreso Nacional, 31 de agosto de 1920). Y está claro que la posibilidad de alcanzar ese mínimo de felicidad está indisolublemente unida a la de acceder a “las condiciones materiales de la libertad”, como lúcidamente tituló Daniel Raventós su libro sobre el IBU. El IBU no sólo es viable, sino imprescindible; y no sólo en la emergencia. El IBU es mucho más que un programa de ingresos, no es un "plan", ni una dádiva, ni un subsidio, sino un derecho de ciudadanía, universal e incondicional, justificado de manera brillante por Thomas Paine a fines del siglo XVIII. 

Decir que el IBU sólo integra a las personas como consumidores es ignorar la abundante evidencia empírica que arrojan muchos experimentos; en los que se demostró que mejora la capacidad individual para elegir entre diversas formas de empleo o auto empleo, aumentando este último. Además, pasa por alto que el consumo que un IBU permite, como su nombre lo indica, es básico, suficiente para acceder sólo a bienes y servicios quepermiten satisfacer necesidades elementales para la subsistencia, aquellas que Maslow situó en la base de su famosa pirámide. El trabajo precario garantizado, con remuneraciones que con suerte sólo permiten no caer en la indigencia, encima a cargo de municipios y organizaciones sociales, sólo significa profundizar la dependencia y el clientelismo. Alternativas como ésa - obviamente preferibles de todos modos a no hacer nada, digámoslo por las dudas - no dignifican sino que, al contrario, agravan la estigmatizacion y la exclusión de los pobres, además de caer en la “trampa” de la pobreza, condenándolos a ser eternamente pobres o casi, y retroalimentado el círculo vicioso de la perpetuación intergeneracional de la pobreza. Estar obligado a aceptar, para poder subsistir, un empleo mínimo garantizado que no requiera capacitación, realizando alguna tarea que puede tranquilamente automatizarse, muy probablemente en condiciones inseguras o insalubres, sujeto a la discrecionalidad del jefe de una seudo cooperativa o un municipio, es denigrante, no construye ciudadanía ni brinda posibilidades de desarrollo humano integral, y acerca al término “trabajo” a su origen etimológico, más que al significado virtuoso que tiene el trabajo digno, productivo y socialmente útil: La palabra trabajo viene de trabajar y esta del latín tripaliare. Tripaliare viene de tripalium (tres palos). Tripalium era un yugo hecho con tres (tri) palos (palus) en los cuales amarraban a los esclavos para azotarlos. 

No creo como algunos neoliberales que el IBU deba reemplazar al Estado de bienestar, todo lo contrario, quiero más y mejor educación pública y seguro nacional de salud; y un IBU sería un instrumento eficaz al servicio del aumento de la capacidad real de ejercer derechos humanos económicos y sociales desde una perspectiva de autodeterminación y libertad, en la que el Estado no imponga modelos de conducta como alternativas virtuosas de vida, como también muestran diversas experiencias en muchos países en las últimas décadas. Convengamos además que nuestro Estado de bienestar, que siempre fue un proyecto inconcluso, hoy deja mucho que desear y requiere profundas reformas. Algunas de esas reformas tendrían en un IBU un poderoso aliado, al mejorar algunos aspectos de los determinantes sociales de la salud y condiciones de acceso al sistema educativo. Pero advirtamos también que el IBU no es una panacea, y debe articularse de manera armoniosa con políticas de empleo y de desarrollo económico y social. De otra manera, obviamente se tornará inviable, pero en ese caso el riesgo será mucho mayor; nuestra propia capacidad de marchar hacia un horizonte de progreso y bienestar será lo que estará en jaque, de manera integral. 

Hay restricciones presupuestarias, es obvio, toda política pública las tiene, y está claro que el monto, que siempre es básico, en nuestro país podría ser muchísimo menor en principio que en otros países, y probablemente debería implementarse de manera gradual aprovechando e integrando lo que ya tenemos, que hace que no estemos tan lejos (AUH, asignaciones familiares, desgravaciones en el impuesto a las ganancias, seguro de desempleo, etc.); e, idealmente, de la mano de una reforma tributaria progresiva que elimine impuestos regresivos y distorsivos que castigan a trabajadores y consumidores y los sustituya por tributación al valor del suelo libre de mejoras, el que Milton Friedman consideraba que era el menos malo, la vieja idea de Henry George y los economistas liberales clásicos. Ya que estamos con Milton Friedman digamos que también es el autor de una idea bastante ingeniosa y sencilla para lograr algo parecido al IBU, el impuesto negativo a la renta. Rechazaré “in limine”, a lo Rosenkrantz, acusaciones de ser “neoliberal” por suscribir esas dos ideas, o sea el IBU y el impuesto al valor del suelo libre de mejoras. Es el impuesto negativo a la renta la mejor alternativa para instrumentar un IBU? Probablemente no; pero es una base para empezar a discutir. Es el impuesto al valor del suelo libre de mejoras el mejor impuesto? Sí, en eso economistas de las más variadas escuelas se han puesto de acuerdo. 

Hay tantos autores para refutar esa postura conservadora paternalista pobrista que no sé por dónde empezar; pero empiezo con Piketty: “... el ingreso ciudadano puede tener ventajas más refinadas. Por ejemplo, brinda una mejor garantía a los beneficiarios de transferencias sociales que están por encontrar empleo y, de esta manera, mejora su motivación al trabajo:...”. 

Y ahora algunas de las respuestas que recibí: “En el fondo de todo está el problema con la libertad. No les gusta, no se la bancan.” “Nunca explica por qué no es viable. Su oposición es ideológica, desde el paternalismo católico. Por lo menos es sincero.” 

Y finalmente, la reacción de Eduardo Levy Yeyati: “Dado que Agustín me cita, me veo obligado a corregirlo: como bien decía Martin Luther King, ninguna transferencia (universal o no) invalida la necesidad de dar trabajo (genuino, no como en el caso del empleo asegurado), sino que la complementa. Acá está un poco más desarrollado el punto:https://www.lanacion.com.ar/…/un-ingreso-universal-que-comp… . Por último, aclaremos que el mismo Martin Luther King decía que, tras darle un ingreso a los ciudadanos, había que darles un trabajo. Así, no ignoraba los efectos psicológicos del desempleo; sólo advertía que el trabajo en tanto realización no necesariamente debía asociarse a la subsistencia.”

INGRESO CIUDADANO COMO RESPUESTA JUSTA Y NECESARIA

"Tenemos la convicción de que el acceso a los bienes esenciales es la condición necesaria para la existencia de una ciudadanía democrática, que garantice un horizonte de igualdad y dignidad para todas las personas. 

Es por ello que ante el drama que conmueve al país y el mundo se debería reorientar el actual esquema de protección social y transferencias de ingresos a las personas hacia un Ingreso Ciudadano (renta básica). Esto es garantizar el pago por parte del Estado de un Ingreso Universal e Incondicional. El Ingreso Ciudadano, entendido como una transferencia monetaria incondicional del Estado al universo de residentes en el país, que es de fácil instrumentación y tiene bajos costos administrativos. Evitaría los errores de selección –por ende, la discriminación- y facilitaría la mecánica de la distribución y el acceso directo de la población a dicha renta. 

Esta propuesta, cuya promoción circula con vigor en todo el mundo, ha sumado nuevas adhesiones ante la situación de emergencia económica y social derivada de la pandemia del COVID-19. A los clásicos argumentos a favor del Ingreso Ciudadano se suman dos: 

- La pandemia del Covid 19 profundiza la crisis económica que ya arrastraba la Argentina. En este contexto, es necesario desanclar los ingresos de subsistencia de los que reciben las personas en los mercados de empleo. El impacto negativo comprende prácticamente a todas las actividades. 

- La expansión de la pandemia y el miedo a futuras catástrofes epidemiológicas acelerará los procesos de robotización y automatización ya en curso, al tiempo que avanzará una mayor flexibilización de los contratos laborales. La caída de la demanda y el aumento de la oferta laboral aumentarán la precarización del empleo y el desempleo, golpeando con mayor impacto a la fuerza laboral más vulnerable pero también a los trabajos rutinarios más calificados. 

El escenario mundial y la economía local no permiten pensar en una pronta recuperación económica. Más bien, lo que cabe esperar es un fuerte cuestionamiento acerca de las formas en que están organizadas hasta ahora las sociedades democráticas capitalistas. La creciente dependencia de programas asistenciales y el aumento del control social sobre las personas son también argumentos para defender la rápida introducción de políticas como el Ingreso Ciudadano en Argentina. Este debate debe incluir una reformulación de la política tributaria en favor de impuestos progresivos que alcancen a la riqueza y a los más altos ingresos y una fuerte inversión en servicios sociales colectivos de acceso gratuito como la salud, la educación, la vivienda, el transporte público, etc. 

Hay equipos que vienen trabajando hace tiempo, como la Red Argentina de Ingreso Ciudadano (Redaic) — como parte de la BIEN (Basic IncomEarth Network), que viene fomentando este debate, elaborando proyectos y argumentos a favor del Ingreso Ciudadano. Hoy, muchos gobiernos y movimientos sociales en la mayoría de los países de Occidente están discutiendo la propuesta y realizando pruebas exploratorias sobre sus efectos. Creemos que es el momento de avanzar en esa dirección en Argentina y abrir así el camino para un cambio de paradigma económico y social en el país, que garantice como primera condición la existencia misma de todas las personas, que promueva la libertad para que desarrollen sus capacidades de generar ingresos propios, evitando el asistencialismo y el clientelismo. Sería deseable que esta política surgiera de un amplio acuerdo político, económico y social para que tenga una fuerte legitimidad social y política. 

Con estas convicciones, nos dirigimos a toda la sociedad argentina y convocamos a acompañar con firmas esta demanda a la clase dirigente para la inmediata implementación de un Ingreso Universal e Incondicional en el país, junto con una reforma tributaria progresiva y un programa de inversión en servicios sociales colectivos de acceso gratuito." 

Enviar firmas a 2020ingresobasico@gmail.com 

Primeras firmas: Alejandro Katz - Alicia Acosta - Alicia Cuñarro - Alicia Lissidini - Ana Sarchione - Ariel Seca - Armando Caro Figueroa - Arturo Avellaneda - Beatriz Sarlo - Beatriz Oulé - Carlos A. Suárez - Daniel Rodríguez - Eduardo Andriotti Romanin - Emiliano Suárez Perín - Fabio Quetglas - Facundo García Valverde - Gabriela Massuh - Gabriela Marzonetto - Gonzalo Condis - Graciela Fernandez Meijide - Guillermo Rozenwurcel - Javier Lindenboim - Jorge Olmos - José Manuel Maciel - José Antonio Artusi - Juan Martín Santachita - Julio Aguirre - Juan Antonio Avalos - Lucas Gonzalo Martin - Leonor Vila - Lidia Assorati - Marcelo Cavarozzi - Marcelo Plana - Mariano Schuster - Maria Maneiro - Marcos Benítez - María Gabriela Orden - Mario Alberto Perna - Mario Mazzitelli - Mario Morales - Martha Perín - Omar Mohorade - Osvaldo J. Acerbo - Oscar Gómez Coutrix - Pablo Alabarces - Patricia Pintos - Patricia Zangaro - Roberto Gargarella - Rubén Alberto Pallone - Rubén M. Lo Vuolo - Sergio Bechara Arcuri - Silvia Cornejo - Silvia González - Vicente Palermo - Wilkie González - Walter Neil Bühler  

4 estrategias: Análisis masivos, aislamiento y seguimiento focalizados, aumentar capacidad de atención y reducir demanda por otras enfermedades

Por José Antonio Artusi 

Erik Larson (1) nos brinda una metáfora genial acerca de lo que estamos haciendo (y dejando de hacer) con los tests de corona virus: El chiste del tipo que pierde las llaves del auto en la playa de estacionamiento y la busca abajo de un farol. Uno le pregunta por qué está buscando ahí...; y responde: “Porque es el único lugar donde hay luz”. 

Así estamos, casi a ciegas, sin datos suficientes. Es imposible tomar decisiones acertadas sin contar con información adecuada y confiable para tener un diagnóstico mínimamente razonable del problema que enfrentamos que a su vez nos permita adoptar una estrategia eficaz y eficiente para resolverlo. En medicina, en la guerra, en salud pública, en urbanismo, en la vida; en nada. 

Larson (1) sostiene que “las cifras de hoy acerca de la epidemia no nos dicen nada acerca de la tasa de contagio o la mortalidad de la enfermedad a nivel global o local. Por qué? Porque, mayormente, no tenemos información acerca de la prevalencia de la infección y a qué velocidad el virus se está esparciendo en la población en general. En todo el mundo, hay sólo dos países que pueden razonablemente reclamar estar teniendo un abordaje científico de estos problemas en relación a este punto: Islandia y las Islas Faeroe. Ambos han hecho análisis de alrededor del 3% de su población (eso significa 6 veces más que Corea, 12 veces más que Italia, 14 veces más que Alemania y 100 veces más que los Estados Unidos)”. Nosotros podríamos agregar 381 veces más que Argentina. Larson exagera un poco? Es probable, no es que no tengamos información, es insuficiente. 

Es obvio que no podemos transformarnos en Islandia de la noche a la mañana por mero voluntarismo. Pero sí podemos (y debemos) aprender rápido algunas lecciones. Por si hacía falta la Organización Mundial de la Salud, lo expresó con un enfático “test, test, test”. (2) 

Por lo tanto, una primera prioridad en nuestro país debería ser tomar todos los recaudos para escalar significativamente la cantidad de análisis que se realizan por día, incluyendo muestras aleatorias y continuando obviamente con los casos sospechosos por presentar síntomas. Ello permitirá identificar seguramente gran cantidad de personas portadoras asintomáticas, a las que habrá que aislar, y cuyos contactos habrá que rastrear. Esto no es otra cosa que lo que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, denomina “la columna vertebral de la respuesta” (2). Más análisis también permitirán identificar personas que no se han contagiado, y por ende esas personas – con todos los recaudos y cuidados que habrá que seguir teniendo – podrán comenzar a realizar tareas que no impliquen un aislamiento tan estricto como los casos positivos; evitando de esta manera una paralización tan fuerte de la actividad económica como la que estamos viviendo estos días, que podría llegar a tener consecuencias catastróficas, no sólo en los empleos e ingresos de las familias, sino también en la propia salud pública. No nos olvidemos en ese sentido de los determinantes sociales de la salud, de los que tanto se ha hablado en los últimos años. El aislamiento obligatorio de la totalidad de la población puede justificarse por algún tiempo pero es imposible de prolongar demasiado e implica daños colaterales que debemos evaluar detenidamente. El análisis del balance entre costos y beneficios nunca puede estar ausente en el diseño de las políticas públicas. 

Un grupo de profesionales de la salud (@lower_baseline en Twitter) del legendario NHS (Servicio Nacional de Salud británico) publicó una propuesta muy interesante (3), en la que a estas recomendaciones básicas de la OMS (test, test, test y más test como prioridad número uno más seguimiento de contactos y aislamiento) le agregan dos más. Es obvio que no tenemos un sistema de salud como el NHS (ojalá lo tuviéramos), pero los conceptos son válidos para cualquier país. 

La figura 1 muestra que si no hacemos nada el pico de la epidemia sobrepasa la capacidad del sistema de atención y éste se ve desbordado. Una tragedia. Obsérvese que la demanda de atención por Covid-19 no opera en el vacío, se suma a una demanda pre-existente por todas las demás patologías y problemas de salud, que en muchos casos ya son suficientes para colmar (o estar cerca de) la capacidad máxima de algunos hospitales. 

En la figura 2 vemos que si hacemos dos cosas lograremos (en teoría) aplanar un poco la curva pero aún así es probable que el sistema se vea sobrepasado. Esas dos medidas son distanciamiento social y análisis (tests). Lo primero lo estamos haciendo con la cuarentena (¿bien?) y lo segundo de manera absolutamente insuficiente. 

Lo que estos profesionales plantean es que además de distanciamiento social y muchísimos más tests YA necesitamos incrementar la capacidad del sistema de atención (servicio de neumonología, terapia intensiva, respiradores, etc.) ¿Estamos haciendo esto? Aún así es probable que el pico de la epidemia sobrepase la capacidad del sistema, como se ve en la figura 3. 

Y además necesitamos algo que no estamos haciendo: reducir la demanda que llega al sistema de atención por otras causas. Esa demanda puede estar bajando en alguna medida por menor siniestralidad vial, pero no tengo datos oficiales. De todos modos algunos medios ya están hablando de reducciones significativas en la cantidad de accidentes de tránsito y en las lesiones y muertes asociadas a ellos. El riesgo cierto que enfrentamos es que ni bien se aflojen las restricciones de la cuarentena volvamos a las andadas y tengamos nuevamente las pavorosas estadísticas de siniestralidad vial a las que nos habíamos acostumbrado y que nadie (o casi nadie) veía como un problema de salud pública. Al momento de escribir esto se informan oficialmente 19 muertes por Covid-19 en Argentina. Una cifra exactamente igual al promedio diario de muertes causadas por accidentes de tránsito en nuestro país el año pasado: 19; y hubo años peores, el 2019 fue el mejor en lo que va del siglo (quizás deberíamos decir el menos peor). Tengamos en cuenta además que – a diferencia del Covid-19 - los accidentes viales son la principal causa de muerte en la población joven. 

¿Que pasaría si el pico de la pandemia llega en Mayo o Junio, es superior a lo que preveían, y se suma a la demanda de atención de lesionados por accidentes con cifras parecidas a las del año pasado? ¿Qué pasaría si además le sumamos un brote de dengue peor que el de años anteriores, un incremento en los casos de otras enfermedades como la tuberculosis, enfermedades respiratorias en invierno, incremento en la incidencia de ciertas patologías como producto de la crisis socio-económica y las restricciones impuestas, etc., etc.? 

Pensando en la inevitable segunda etapa de la cuarentena podría evaluarse entonces un plan con 4 estrategias centrales: 1) Tests masivos 2) Cuarentena focalizada, con aislamiento riguroso de casos positivos y rastreo de contactos 3) Aumentar capacidad de atención del sistema reforzando servicios de neumonología y terapia intensiva 4) Disminuir demanda que llega al sistema por otras patologías y problemas de salud. De este último punto nadie está hablando. 

Cómo hacerlo? Consultemos a los especialistas. Pero en este caso no son los infectólogos. Mejor a los generalistas. A los integrantes del equipo de salud que hacen Atención Primaria, a los que están más ocupados por prevenir que por atender. Incluso de otras disciplinas por fuera del sistema de salud. Problemas complejos requieren miradas interdisciplinarias y enfoques intersectoriales. No le pidamos todo al Ministerio de Salud, los otros también tienen mucho por hacer en relación a la pandemia. Y no sólo el de Economía. Como diría Carlos Matus “la realidad tiene problemas, la universidad tiene departamentos y la planificación tiene sectores”. Pero al Covid-19 ni a ningún problema le interesa qué disciplina lo estudia ni qué organismo público es competente para combatirlo. 

No es un designio divino que tenga que haber casi un muerto por hora, seguramente joven, en un accidente de tránsito. Tiene que haber muchas cosas por hacer para mejorar la seguridad vial. Tiene que haber muchas cosas por hacer para prevenir el dengue (sin mosquitos no hay dengue). Tiene que haber mucho por hacer para que haya menos casos de otras patologías prevenibles, pongan el ejemplo que quieran. Tiene que haber mucho por hacer para mejorar la información, la educación, el trabajo, el hábitat y la alimentación de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad en esta emergencia. Tiene que haber mucho por hacer para mejorar la seguridad y disminuir la violencia de todo tipo. Tiene que haber mucho por hacer para mejorar rápido las deficiencias sanitarias y ambientales más urgentes de nuestras ciudades. Tiene que haber mucho por hacer desde los determinantes sociales de la salud. 

Si hacemos algo de eso que hay que hacer no sólo habremos contribuido a tratar de evitar que la pandemia haga colapsar nuestro sistema de salud. Habremos aprovechado la crisis como una oportunidad para empezar a mejorarlo, para poner en crisis su absurdo, ineficiente e inequitativo diseño institucional, y para comenzar a construir entre todos con responsabilidad y solidaridad una sociedad mejor en la postpandemia.- 

Fuentes: 

1) https://www.ipetitions.com/petition/covid-19-moonshot-30m-tests-in-30-days

2) https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-oms-apela-al-test-test-test-para-evitar-muertes-en-ninos-5431 

3) https://blogs.bmj.com/bmj/2020/03/24/can-we-improve-the-nhss-ability-to-tackle-covid-19-through-emergency-public-health-interventions/

Y EL ARTÍCULO 24...?

Por José Antonio Artusi / ¿Cuantos ciudadanos entrerrianos saben que un artículo de la Constitución de la Provincia reformada en 2008 tiene un artículo, el 24, que reza lo siguiente: “El Estado asegura a todos los habitantes el derecho a la alimentación, así como un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia en situaciones de falta de empleo regular, inestabilidad económica, social o catástrofres que coloquen al afectado en situación de desamparo. Un ente público con participación ciudadana tendrá a su cargo la efectivización de este derecho”? 

Sospecho que muy pocos. 

Duele que sea letra muerta, que a 11 años de la reforma no tengamos una ley reglamentaria, el “ente público con participación ciudadana a cargo de la efectivización” no exista, pero fundamentalmente que haya todavía entrerrianos privados en la práctica del derecho que se pretendió consagrar. 

En ocasión de la reforma de la Constitución de la Provincia en el año 2008, puse a consideración de convencionales de la UCR y del Partido Socialista una propuesta de reforma, tendiente a incluir en el texto constitucional un artículo que garantice el derecho a una renta básica de ciudadanía. Al solo efecto de aportar un texto base como insumo para el debate, se sugería la siguiente redacción: “La Provincia garantiza una Renta Básica de Ciudadanía, universal e individual, que se hará efectiva a cada ciudadano de pleno derecho que pueda acreditar su residencia en el territorio provincial. La Renta Básica de Ciudadanía se hará efectiva a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas desde el momento de su concepción y durante toda su vida, en una cuantía nunca inferior a la que permita satisfacer necesidades básicas de subsistencia. Este derecho sólo se podrá ejercer cuando se acredite la residencia en el territorio provincial, en los términos que se determine por la ley reglamentaria.” 

El convencional Américo Schvartzman (PS) se hizo eco de la propuesta y presentó un proyecto de reforma, obrante en el Expediente 495, en el que proponía incorporar dos artículos y una cláusula transitoria, con la siguiente redacción: 

“Artículo ____ : El Estado garantiza a cada entrerriano y entrerriana una renta básica ciudadana, desde su nacimiento y de carácter vitalicia, que será efectiva con el solo hecho de acreditar residencia en el territorio de la provincia. La renta básica ciudadana no podrá ser inferior a los ingresos requeridos para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de cada individuo. 

Artículo ____ : A los fines de efectivizar el derecho de renta básica ciudadana, se crea el Sistema de Ingreso Ciudadano de Entre Ríos. Será administrado por un ente mixto integrado por representantes del sector público y de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la temática. Su funcionamiento estará sujeto a normativas que garanticen la transparencia y eficacia del programa. El mismo podrá ser de aplicación progresiva, dando inicio con los niños y niñas nacidas el primer día del año inmediato posterior a la sanción de esta Constitución, y las mujeres embarazadas. 

Cláusula transitoria: La Honorable Legislatura dictará la ley reglamentando la efectivización de este derecho, antes de transcurridos los 180 días de sancionada la Constitución.” 

El mencionado expediente fue unificado con los expedientes 728 (Convencional Barrandeguy), 1230 (Asociación Aportar) y 1240-41 (Ex integrantes del INCINIPA). 

El proyecto del convencional Barrandeguy proponía el siguiente texto: “El Estado provincial les asegura a todos los habitantes: 1º) El derecho a la alimentación como integrante del derecho a la vida y a la salud. 2º) El derecho a un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia en situaciones de falta de empleo regular, inestabilidad económica, social, o catástrofes producidas por fenómenos naturales, que coloquen al afectado en situación de desamparo personal y familiar. La tramitación y liquidación del beneficio ser realizará por medio de oficinas técnicas a cargo de profesionales de carrera del Estado que aseguren un tratamiento digno al beneficiario y la libre disponibilidad del beneficio”. 

Otro de los proyectos fue el que se identificó con el expediente 1240, elaborado por ex integrantes del Ente Público Administrador del Ingreso Ciudadano de la Niñez de la Ciudad de Paraná. En la nota de presentación de la iniciativa sostenían que “motiva la presente propuesta el haber sido gestores y partícipes de una experiencia de reorientación de fondos públicos con participación ciudadana que mereció el respeto de nuestra comunidad, obteniendo – pese a su implementación por un período extremadamente breve – resultados valiosos en cuanto a documentación de recién nacidos, reducción de la mortalidad infantil, generación de ciudadanía en un sector poblacional marginado y empobrecido, cobertura de salud a más de 5.000 niños de la ciudad que carecían de ella y otros avances en la equidad social que resultaría extenso enumerar en la presente”. La propuesta consistía en incorporar el siguiente artículo a la CP: “Todo niño y niña que habite el suelo de la provincia de Entre Ríos tiene el derecho a un ingreso para solventar los bienes relativos a la alimentación, salud y educación necesarios para una vida digna. Este ingreso, que se denominará Ingreso Ciudadano de la Niñez de Entre Ríos, será percibido por la madre, padre, tutor o encargado – en este orden de prioridad – desde el cuarto mes de gestación y hasta finalizado el período de escolaridad obligatoria; asumiendo los titulares de la patria potestad del niño o niña la responsabilidad de destinarlo al cumplimiento de lo establecido en el presente artículo. La administración de los fondos necesarios para hacer efectivo este derecho estará a cargo de un Ente Público con participación ciudadana, integrado por representantes del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil que mantengan una relación con la materia”. En los fundamentos del proyecto se aseguraba que “no se trata de incorporar en una ley un derecho imposible. Se trata de un derecho indispensable para que puedan cumplirse el resto de los derechos. Garantizar que todos tengan la oportunidad de nacer, crecer y morir con dignidad tiene un carácter fundacional de todos los demás derechos que la Constitución protege. Esa es la categoría que nosotros entendemos tiene la renta básica propuesta.” 

La Comisión de Nuevos Derechos y Garantías y Formas de Participación Popular emitió el dictamen nº 40, que se reproduce a continuación: 

DESPACHO Nº 40: Derecho al alimento y a la Renta Básica 

PROYECTO DE REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN LA HONORABLE CONVENCIÓN CONSTITUYENTE SANCIONA “El Estado Provincial asegura a todos los habitantes el derecho a la alimentación, parte esencial del derecho a la vida digna así como un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia en situaciones de falta de empleo regular, inestabilidad económica, social o catástrofes producidas por fenómenos naturales que coloquen al afectado en desamparo personal y familiar. Un Ente Público con participación ciudadana integrado por profesionales de carrera del Estado y representantes de las organizaciones de la sociedad civil que mantengan una relación con la materia, tendrá a su cargo la efectivización de este derecho”. Es interesante destacar que si bien la redacción propuesta no incluye el término “Renta Básica”, éste forma parte del título del dictamen: “Derecho al Alimento y a la Renta Básica”. 

Finalmente, el Artículo 24, efectivamente incorporado al texto constitucional, quedó redactado de la siguiente manera: “El Estado asegura a todos los habitantes el derecho a la alimentación, así como un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia en situaciones de falta de empleo regular, inestabilidad económica, social o catástrofes que coloquen al afectado en situación de desamparo. Un ente público con participación ciudadana tendrá a su cargo la efectivización de este derecho”. 

El 29 de Julio de 2009, hace ya más de 10 años, presenté un proyecto de ley para reglamentar el artículo 24. Lamentablemente no pudimos lograr que se trate, y en 2014 fue enviado al archivo. Y el 8 de Octubre de 2018 presenté otro proyecto de ley en este mismo sentido, proponiendo la creación del Programa Alimentario Provincial. En los fundamentos de esta iniciativa señalaba que “es evidente, comparando la redacción de los proyectos de reforma que hemos citado, que – a pesar de haber sido unificados en un mismo expediente – responden a concepciones diferentes. El primero, el de Schvartzman, abreva en una tendencia creciente a considerar la posibilidad de introducir programas universales e incondicionales de garantía de un piso mínimo de ingresos a todo ciudadano, destinado a satisfacer necesidades de subsistencia, a través de la asignación por parte del Estado de un ingreso ciudadano universal o renta básica de ciudadanía. No viene al caso discutir aquí las implicancias de tal concepto. En nuestro caso, hemos señalado en reiteradas oportunidades que tarde o temprano tendremos que avanzar por ese camino si queremos realmente consolidar una verdadera democracia republicana con oportunidades para todos. Sin embargo, consideramos que una política pública de esas características debe ser necesariamente instrumentada a nivel nacional; y por otro lado es verdad que el texto final del artículo 24 se apartó de esa concepción universalista que impregnaba el proyecto del convencional uruguayense. Nos adelantamos a señalar que podría darse una combinación y articulación virtuosa de políticas públicas en diversos niveles en la que se conjuguen una mayor universalidad e incondicionalidad en las acciones a nivel nacional con programas provinciales y locales focalizados y específicos, destinados a brindar respuestas efectivas a situaciones particulares. 

Volviendo a los proyectos que mencionábamos anteriormente, el del convencional Barrandeguy responde precisamente a la intención de proponer un derecho que si bien en el punto primero se presenta como universal, en el segundo tiene en cuenta situaciones específicas claramente enumeradas. El tercero, basado en la experiencia del INCINIPA, podríamos decir que es un caso intermedio, basado en la universalidad general del ingreso ciudadano, pero segmentado por franjas etáreas y limitado en este caso a la población infantil. Más allá de las bondades y defectos de cada uno de esos proyectos, la realidad indica que el artículo 24 no ha sido reglamentado legislativamente y hacerlo constituye una asignatura pendiente que no admite dilaciones por parte de esta Legislatura. Con respecto a la forma en la que un programa como el que proponemos podría articularse con otros mecanismos de protección social instrumentados a nivel nacional, debemos recordar que en nuestro país tenemos un sistema que ha sido calificado por Leonardo Gasparini, investigador del CEDLAS de la Universidad Nacional de La Plata como un sistema de protección social inicialmente basado sólo en el empleo formal pero con una tasa de informalidad laboral históricamente alta, que no hemos logrado que perfore el piso del 40%. Progresivamente se ha ido marchando hacia la universalidad, en un proceso en el que la Argentina ha ido agregando componentes al Estado de bienestar. De manera desordenada quizás, pero ha ido cubriendo diversos grupos sociales y carencias. Si nos centramos específicamente en el sistema de protección social a la niñez veremos que hoy tal sistema tiene 3 pilares: 

- Las asignaciones familiares destinadas a hijos de empleados formales. 

- Las deducciones por hijo en el impuesto a las ganancias. 

- La Asignación Universal por hijo (AUH), destinada a hijos de desempleados, inactivos, trabajadores no registrados, etc.. 

Si bien el sistema en su conjunto no es plenamente universal, puede decirse que ha ido evolucionando en esa dirección y ha habido últimamente avances notorios. Si analizamos la forma en la que se distribuye la población infantil por quintiles en relación al beneficio que perciben, veremos que, como resulta lógico, la AUH predomina en los quintiles de menores ingresos, las asignaciones familiares en las situaciones intermedias, y las deducciones de ganancias en los quintiles de mayores ingresos. La evaluación general del sistema, más allá de marchas y contramarchas, y de aspectos a corregir, puede dar lugar a considerar que tiene implicancias positivas, sobre todo si tratamos de imaginar qué ocurriría sin un sistema de estas características. En este sentido, está claro que contribuye a reducir la pobreza, la vulnerabilidad y la desigualdad, y tiene un fuerte apoyo político que hace que se constituya en una política de Estado. El sistema tiene, no obstante, algunas falencias que es menester destacar: 

- Su fragmentación en 3 pilares. 

- Su simplicidad de diseño. Si bien este atributo puede verse como una falencia, nosotros consideramos que también puede ser una fortaleza de una futura reforma que unifique los 3 pilares mencionados en un programa único basado en la universalidad y la incondicionalidad, al modo que lo proponía en su momento el proyecto de ley de creación del Ingreso Ciudadano a la Niñez presentado por las diputadas nacionales Elisa Carrió y Elisa Carca originalmente en la década del 90 y reproducido luego en diversas oportunidades. Vale la pena también señalar aquí que el CIPPEC ha identificado más recientemente un par de escenarios para reflotar aquella propuesta y mejorar de esta manera el sistema en su conjunto. 

- Problemas de coordinación y rigidez, e inequidad. 

- Baja eficiencia redistributiva. 

- Incentivos o desincentivos : “Trampa de la pobreza”. 

- Escasez de elementos de promoción social. 

En este sentido, Leonardo Gasparini considera que “el subsidio uniforme por hijo en la AUH desaprovecha la posibilidad de un mayor impacto sobre los grupos de pobreza extrema”, y que genera por lo tanto un “efecto redistributivo y de alivio a la pobreza menor que el potencial.” El mencionado autor sostiene que “existe alguna evidencia que sugiere que la AUH podría generar algunos efectos no deseados: 

- Desincentivo a la formalización laboral; 

- Desincentivo a la entrada al mercado laboral de mujeres, y 

- Aumento de fecundidad;” si bien reconoce que “hay debate académico sobre estos puntos”, y que “los efectos encontrados no son enormes”. 

Es por ello que podríamos avanzar en la configuración de un sistema complejo de prestaciones por parte del Estado nacional y provincial que permita un diseño de los programas más trabajado, con componentes que se vayan sumando a una prestación básica (INCINI nacional?) que permitan a su vez una atención focalizada en grupos de mayor vulnerabilidad, en este caso cubiertos por programas provinciales como el que proponemos en el presente proyecto de ley. En nuestro caso, la entrada al programa se determinaría sobre la base de una ficha social destinada a captar el grado de vulnerabilidad del hogar (y no en función sólo del status laboral). 

Estaríamos en este caso avanzando en la consolidación de un sistema articulado en el que vayan confluyendo diversos programas de “segunda generación” con acento en la promoción social. La alternativa que imaginamos, entonces, consistiría en un sistema integrado progresivo, destinado consolidar los distintos subsistemas de protección social a la niñez bajo un único sistema integrado a nivel nacional, en el que cada niño tendría derecho a un beneficio monetario, sujeto a un conjunto de condiciones, corresponsabilidades, reglas y procedimientos comunes. Articulado con programas provinciales como el que aquí proponemos, si bien la normativa básica nacional sería común a todos, el beneficio concreto que reciba cada niño sería condicional a sus medios económicos y vulnerabilidad social. Para dar un ejemplo simple que sirva para ilustrar un caso concreto, un niño que viva en un hogar en condiciones de pobreza extrema o indigencia recibiría el complemento de la prestación básica del programa, incrementando en un 50% lo que percibe en concepto de la AUH, y contribuyendo a que eventualmente salga de esa situación de indigencia y mejore la capacidad de su familia para brindar una alimentación acorde a sus necesidades. En un caso más extremo aún, en el que a la pobreza y vulnerabilidad social y alimentaria se agregue alguna patología que agrave dicha vulnerabilidad, podría incrementarse la cobertura a través de la prestación de beneficios específicos dirigidos a cubrir las necesidades nutricionales derivadas de la condición de salud. En definitiva, la combinación de universalidad e incondicionalidad en el nivel del sistema nacional con focalización y especificidad en el nivel de programas provinciales y locales como éste podría dar lugar a una sinergia positiva y virtuosa que extraiga los mejores resultados de cada enfoque.” 

Lamentablemente, tampoco pudimos lograr que este proyecto tuviera tratamiento legislativo. Constituye un aporte a un debate imprescindible, que exige de todos hacerse cargo con responsabilidad del problema y evitar acusaciones mutuas que sólo distraen y evitan que se logren acuerdos efectivos para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Las necesidades más acuciantes de los que menos tienen no deben ser utilizadas demagógicamente para generar herramientas clientelares de dominación; por el contrario, deben obligarnos a poner en marcha entre todos políticas públicas efectivas y permanentes que signifiquen pasos concretos en pos de una sociedad más justa e igualitaria.-

OBTUVO MEDIA SANCIÓN UN PROYECTO DE ARTUSI PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN NATURAL

Fue aprobado y girado al Senado en la última sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley de José Antonio Artusi destinado a promover la construcción natural o bio-construcción. 

La iniciativa del legislador radical, que cuenta también con las firmas de los diputados Jorge Monge y Gabriela Lena,propone la creación del Programa de Promoción de la Construcción Natural, cuya finalidad sería contribuir a una mejor calidad de vida de la población y a la disminución del déficit habitacional, en especial de los sectores más vulnerables, procurando minimizar el impacto ambiental, a través del fomento y la promoción de la construcción de edificaciones, destinadas al uso humano, realizadas con métodos y técnicas constructivas que utilicen la tierra cruda como material principal de construcción. 

El Programa tendría como objetivos generales los siguientes: a) La promoción de programas y proyectos de construcción de viviendas y edificios basados en técnicas de construcción natural o bio - construcción, que colaboren en el logro de patrones sostenibles de desarrollo y que contribuyan a satisfacer el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado para el desarrollo humano. b) La investigación, desarrollo e innovación científico – tecnológica vinculada a la sistematización y mejora de técnicas y métodos de construcción natural. c) La promoción de la generación de emprendimientos, sobre todo cooperativas y micro y pequeñas empresas, destinadas al diseño y construcción de edificios con técnicas de construcción natural. d) La formación y capacitación permanente de recursos humanos en todas las áreas inculadas con la construcción natural. e) La promoción de la capacitación y la organización comunitaria de la población residente en barrios populares tendiente a la autoconstrucción de las viviendas y el hábitat utilizando técnicas y materiales propios de la construcción natural. f) La disminución del impacto ambiental negativo de la construcción y utilización de edificios a través del aprovechamiento adecuado de las propiedades y ventajas de los sistemas de construcción natural, y de su articulación flexible con otros sistemas tradicionales o industrializados basados en la utilización de materiales y tecnologías adecuadas. g) La promoción de la inclusión de la formación académica, la investigación, y la extensión, centradas en la construcción natural, en las carreras terciarias y universitarias vinculadas al diseño y materialización del hábitat en sentido amplio. h) La cooperación con municipios, comunas, y juntas de gobierno, tendiente a generar programas locales de construcción natural. i) La promoción del establecimiento de normas técnicas que permitan incorporar adecuadamente la construcción natural en los códigos de edificación de las jurisdicciones locales, así como su cobertura de riesgos por medio de seguros. j) La inclusión de la construcción natural en los proyectos de conjuntos de viviendas de interés social y en el otorgamiento de créditos hipotecarios destinados a la construcción de viviendas. 

En los fundamentos del proyecto Artusi menciona diversos antecedentes normativos, tales como la ley 4931 de la provincia de Río Negro, y hace referencia al creciente interés que ha venido teniendo la construcción natural o bio-construcción en el ámbito académico en nuestro país. 

El legislador uruguayense, al tratarse el proyecto en el recinto señaló que "consideramos que es de peculiar relevancia el aporte que un programa de estas características puede hacer al proceso de regularización, urbanización e integración de los barrios populares relevados en el marco del RENABAP e incluídos en la ley nacional respectiva aprobada recientemente. Muchas de las ventajas desde el punto de vista económico, social y ambiental de la construcción natural podrían en este sentido utilizarse en pos de brindar soluciones adecuadas para dar respuestas eficaces a las numerosas demandas de construcción y mejoramiento de viviendas que debería desprenderse de la implementación de dicha norma. Pensamos entonces en el bajo costo de materiales, en la posibilidad de generar instancias de capacitación que incluyan la mano de obra de mujeres y jóvenes sin formación previa, en la generación de proyectos de autoconstrucción de las viviendas y el hábitat, en la posibilidad de apuntalar formas de la economía popular y solidaria que permitan a su vez generar puestos de trabajo genuino, etc.".-