La cuarentena en la Provincia de Entre Ríos ha tenido hasta ahora un resultado positivo en la contención de la propagación de la pandemia de Covid-19. Pero también ha tenido, y seguirá teniendo en el futuro, impactos colaterales negativos tanto desde el punto vista sanitario como económico y social, deterioro que a su vez repercutirá luego indefectiblemente en las condiciones de salud y de calidad de vida de nuestra población.
Urge por lo tanto implementar gradualmente una mecanismo inteligente y ordenado de flexibilización de la cuarentena, una transición planificada que evite una salida anárquica por parte de la sociedad, ante la imperiosa necesidad de buscar alternativas que morigeren la ya preocupante caída en los niveles de empleo, ingresos y actividad económica.
Entre Ríos tiene registrados oficialmente hasta el día 2 de Mayo sólo 27 casos positivos, localizados en 9 departamentos (10 localidades). 8 departamentos y la enorme mayoría de las localidades no presentan casos confirmados. 5 permanecen en estudio y 591 ya han sido descartados; en tanto que en total se han estudiado 623 casos.
Realidades diferentes y heterogéneas, desde el punto de vista territorial, demográfico, sanitario, social, habitacional, etc. no pueden abordarse con instrumentos homogéneos. Medidas uniformes aplicadas de manera generalizada en todo el territorio nacional pudieron tener sentido en una primera etapa, pero ya es hora de aplicar herramientas más sofisticadas, aplicadas a las exigencias que se derivan de las peculiaridades de cada territorio, en la escala provincial, departamental, local, e incluso barrial.
Una pandemia y sus consecuencias son asuntos demasiado graves para mirarlos con el lente reduccionista de cualquier especialidad, por valiosa que sea. Aún al interior de la salud pública y la medicina, parecería que no estamos viendo los impactos negativos causados por la cuarentena en el agravamiento de otras patologías, tales como las enfermedades cardiovasculares – la principal causa de muerte en nuestro país – como consecuencia de diagnósticos o terapias que no se realizan a tiempo. Y obviamente no puede dejarse de considerar el impacto negativo en los determinantes sociales de la salud que causará el agravamiento de la crisis económica como consecuencia de las restricciones que la cuarentena impone a muchas actividades.
Es por eso que se impone una mirada más amplia, que articule con sentido práctico las perspectivas de diversas disciplinas, evalúe costos y beneficios, determine el balance del intercambio de problemas que siempre está implícito en la acción de gobierno, y de la que se desprendan decisiones efectivas y eficientes, articulando de manera coherente todos los sectores y niveles del gobierno.
Entre Ríos tiene en este sentido varias ventajas:
1.- Su condición de territorio cuasi insular, que durante décadas le jugó en contra y condicionó negativamente sus posibilidades de desarrollo (junto a la vigencia de absurdas hipótesis de conflicto con Brasil, digamos todo), puede en esta ocasión ser un elemento a favor. Es posible controlar de manera muy estricta y rigurosa los accesos a la provincia. Si el virus entra, se lo puede rastrear, identificar a las personas contagiadas y a sus contactos y aislarlas preventivamente.
2.- Hay pocos casos, sólo 27 hasta ahora, y ningún muerto.
Se impone por lo tanto que comencemos a implementar una transición desde esta cuarentena medieval, indiscriminada, hacia esquemas más flexibles y adecuados a cada realidad territorial. Debe haber un plan provincial para esta nueva etapa, pero también acciones específicas y diferenciadas a escala departamental, local, y hasta barrial.
Dado que no podemos cuidarnos ni protegernos de lo que no conocemos, y hacerlo de manera indiscriminada es demasiado costoso, un componente esencial de ese plan consiste en continuar e incrementar el programa de testeos, rastreando los contactos de todas las personas infectadas y realizando tests PCR, así como a todos los casos sospechosos que estén o ingresen a la provincia. A tal efecto deberían disponerse postas sanitarias en todos los accesos al territorio provincial y conformarse equipos de salud abocados a rastrear la totalidad de los posibles contactos de las personas infectadas, a los efectos de su identificación y testeo. Esos equipos podrían estar dirigidos por profesionales e integrados por agentes sanitarios y de ser necesario también por estudiantes avanzados de ciencias de la salud. También debería planificarse un muestro en todo el territorio provincial, con tests serológicos en muestras poblacionales representativas, lo que permitiría, junto a los resultados de los tests PCR, tener un panorama global más certero de la situación epidemiológica.
Especial atención debería prestarse a las personas de mayor riesgo, no sólo por razones de edad, sino también por presentar patologías pre-existentes o por pertenecer a grupos de por sí vulnerables en función de déficits sociales y habitacionales (villas y asentamientos) o estar expuestos en mayor medida a riesgos de contagio (personal de salud, de seguridad, de geriátricos, etc.). Es necesario informar con claridad a la población que - por ejemplo – una persona de 40 años desocupada, con diabetes, que vive en una vivienda precaria de un asentamiento presenta mayor riesgo que una persona de 70 años con ingresos medios y estables que vive en una vivienda adecuada. En este sentido cabe alertar acerca de la urgencia de promover acciones concretas para mejorar en la emergencia las condiciones de los más de 400 barrios populares relevados por el Renabap en nuestra provincia (villas y asentamientos), en términos de acceso a agua potable y saneamiento, a energía segura, gestión de residuos, etc. También urge reglamentar y aplicar sin demora el artículo 24 de la Constitución Provincial, que garantiza el derecho a la alimentación y a un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia.
Las campañas de información deberían poner énfasis en la necesidad de no discontinuar tratamientos ni diagnósticos de enfermedades crónicas (cardiovasculares, oncológicas, respiratorias, etc.).
En todos los niveles deberían identificarse las actividades económicas que podrían reiniciarse, con la elaboración e implementación de estrictos protocolos de higiene y bioseguridad, tanto para trabajadores como para clientes y proveedores.
Las condiciones de seguridad en el espacio público a los fines recreativos y en los sistemas de transporte público también deberían enumerarse y exigirse de manera rigurosa. Una especial atención debería darse a la cuestión de la seguridad vial. Sería razonable no naturalizar que debemos volver a una supuesta “normalidad” de una pandemia que causó 19 muertos por día el año pasado en la Argentina. La pandemia y la cuarentena podrían en este sentido aprovecharse como una oportunidad para retomar muchas actividades pero con nuevas acciones de prevención, y sobre todo con una nueva conciencia, que brinde mayor seguridad vial. Adicionalmente, logros en este sentido constituirán un formidable aporte para descomprimir las demandas de atención de nuestro sistema de salud.
Algunos municipios de nuestra provincia están dando pasos en el sentido de buscar mecanismos de transición como los que comentamos. Ni la Nación ni la Provincia pueden dejarlos solos. Por el contrario, deben ayudarlos, no sólo con la distribución equitativa y transparente de recursos, sino también con la toma de decisiones consultadas y acordadas; pero sin tirarles por la cabeza la responsabilidad de medidas que no les corresponden.
Hagamos de esta crisis una oportunidad para aprender entre todos a gestionar mejor problemas complejos.-
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