martes, 17 de diciembre de 2019

Y EL ARTÍCULO 24...?

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Por José Antonio Artusi / ¿Cuantos ciudadanos entrerrianos saben que un artículo de la Constitución de la Provincia reformada en 2008 tiene un artículo, el 24, que reza lo siguiente: “El Estado asegura a todos los habitantes el derecho a la alimentación, así como un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia en situaciones de falta de empleo regular, inestabilidad económica, social o catástrofres que coloquen al afectado en situación de desamparo. Un ente público con participación ciudadana tendrá a su cargo la efectivización de este derecho”? 
Sospecho que muy pocos. 
Duele que sea letra muerta, que a 11 años de la reforma no tengamos una ley reglamentaria, el “ente público con participación ciudadana a cargo de la efectivización” no exista, pero fundamentalmente que haya todavía entrerrianos privados en la práctica del derecho que se pretendió consagrar. 
En ocasión de la reforma de la Constitución de la Provincia en el año 2008, puse a consideración de convencionales de la UCR y del Partido Socialista una propuesta de reforma, tendiente a incluir en el texto constitucional un artículo que garantice el derecho a una renta básica de ciudadanía. Al solo efecto de aportar un texto base como insumo para el debate, se sugería la siguiente redacción: “La Provincia garantiza una Renta Básica de Ciudadanía, universal e individual, que se hará efectiva a cada ciudadano de pleno derecho que pueda acreditar su residencia en el territorio provincial. La Renta Básica de Ciudadanía se hará efectiva a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas desde el momento de su concepción y durante toda su vida, en una cuantía nunca inferior a la que permita satisfacer necesidades básicas de subsistencia. Este derecho sólo se podrá ejercer cuando se acredite la residencia en el territorio provincial, en los términos que se determine por la ley reglamentaria.” 
El convencional Américo Schvartzman (PS) se hizo eco de la propuesta y presentó un proyecto de reforma, obrante en el Expediente 495, en el que proponía incorporar dos artículos y una cláusula transitoria, con la siguiente redacción: 
“Artículo ____ : El Estado garantiza a cada entrerriano y entrerriana una renta básica ciudadana, desde su nacimiento y de carácter vitalicia, que será efectiva con el solo hecho de acreditar residencia en el territorio de la provincia. La renta básica ciudadana no podrá ser inferior a los ingresos requeridos para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de cada individuo. 
Artículo ____ : A los fines de efectivizar el derecho de renta básica ciudadana, se crea el Sistema de Ingreso Ciudadano de Entre Ríos. Será administrado por un ente mixto integrado por representantes del sector público y de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la temática. Su funcionamiento estará sujeto a normativas que garanticen la transparencia y eficacia del programa. El mismo podrá ser de aplicación progresiva, dando inicio con los niños y niñas nacidas el primer día del año inmediato posterior a la sanción de esta Constitución, y las mujeres embarazadas. 
Cláusula transitoria: La Honorable Legislatura dictará la ley reglamentando la efectivización de este derecho, antes de transcurridos los 180 días de sancionada la Constitución.” 
El mencionado expediente fue unificado con los expedientes 728 (Convencional Barrandeguy), 1230 (Asociación Aportar) y 1240-41 (Ex integrantes del INCINIPA). 
El proyecto del convencional Barrandeguy proponía el siguiente texto: “El Estado provincial les asegura a todos los habitantes: 1º) El derecho a la alimentación como integrante del derecho a la vida y a la salud. 2º) El derecho a un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia en situaciones de falta de empleo regular, inestabilidad económica, social, o catástrofes producidas por fenómenos naturales, que coloquen al afectado en situación de desamparo personal y familiar. La tramitación y liquidación del beneficio ser realizará por medio de oficinas técnicas a cargo de profesionales de carrera del Estado que aseguren un tratamiento digno al beneficiario y la libre disponibilidad del beneficio”. 
Otro de los proyectos fue el que se identificó con el expediente 1240, elaborado por ex integrantes del Ente Público Administrador del Ingreso Ciudadano de la Niñez de la Ciudad de Paraná. En la nota de presentación de la iniciativa sostenían que “motiva la presente propuesta el haber sido gestores y partícipes de una experiencia de reorientación de fondos públicos con participación ciudadana que mereció el respeto de nuestra comunidad, obteniendo – pese a su implementación por un período extremadamente breve – resultados valiosos en cuanto a documentación de recién nacidos, reducción de la mortalidad infantil, generación de ciudadanía en un sector poblacional marginado y empobrecido, cobertura de salud a más de 5.000 niños de la ciudad que carecían de ella y otros avances en la equidad social que resultaría extenso enumerar en la presente”. La propuesta consistía en incorporar el siguiente artículo a la CP: “Todo niño y niña que habite el suelo de la provincia de Entre Ríos tiene el derecho a un ingreso para solventar los bienes relativos a la alimentación, salud y educación necesarios para una vida digna. Este ingreso, que se denominará Ingreso Ciudadano de la Niñez de Entre Ríos, será percibido por la madre, padre, tutor o encargado – en este orden de prioridad – desde el cuarto mes de gestación y hasta finalizado el período de escolaridad obligatoria; asumiendo los titulares de la patria potestad del niño o niña la responsabilidad de destinarlo al cumplimiento de lo establecido en el presente artículo. La administración de los fondos necesarios para hacer efectivo este derecho estará a cargo de un Ente Público con participación ciudadana, integrado por representantes del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil que mantengan una relación con la materia”. En los fundamentos del proyecto se aseguraba que “no se trata de incorporar en una ley un derecho imposible. Se trata de un derecho indispensable para que puedan cumplirse el resto de los derechos. Garantizar que todos tengan la oportunidad de nacer, crecer y morir con dignidad tiene un carácter fundacional de todos los demás derechos que la Constitución protege. Esa es la categoría que nosotros entendemos tiene la renta básica propuesta.” 
La Comisión de Nuevos Derechos y Garantías y Formas de Participación Popular emitió el dictamen nº 40, que se reproduce a continuación: 
DESPACHO Nº 40: Derecho al alimento y a la Renta Básica 
PROYECTO DE REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN LA HONORABLE CONVENCIÓN CONSTITUYENTE SANCIONA “El Estado Provincial asegura a todos los habitantes el derecho a la alimentación, parte esencial del derecho a la vida digna así como un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia en situaciones de falta de empleo regular, inestabilidad económica, social o catástrofes producidas por fenómenos naturales que coloquen al afectado en desamparo personal y familiar. Un Ente Público con participación ciudadana integrado por profesionales de carrera del Estado y representantes de las organizaciones de la sociedad civil que mantengan una relación con la materia, tendrá a su cargo la efectivización de este derecho”. Es interesante destacar que si bien la redacción propuesta no incluye el término “Renta Básica”, éste forma parte del título del dictamen: “Derecho al Alimento y a la Renta Básica”. 
Finalmente, el Artículo 24, efectivamente incorporado al texto constitucional, quedó redactado de la siguiente manera: “El Estado asegura a todos los habitantes el derecho a la alimentación, así como un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia en situaciones de falta de empleo regular, inestabilidad económica, social o catástrofes que coloquen al afectado en situación de desamparo. Un ente público con participación ciudadana tendrá a su cargo la efectivización de este derecho”. 
El 29 de Julio de 2009, hace ya más de 10 años, presenté un proyecto de ley para reglamentar el artículo 24. Lamentablemente no pudimos lograr que se trate, y en 2014 fue enviado al archivo. Y el 8 de Octubre de 2018 presenté otro proyecto de ley en este mismo sentido, proponiendo la creación del Programa Alimentario Provincial. En los fundamentos de esta iniciativa señalaba que “es evidente, comparando la redacción de los proyectos de reforma que hemos citado, que – a pesar de haber sido unificados en un mismo expediente – responden a concepciones diferentes. El primero, el de Schvartzman, abreva en una tendencia creciente a considerar la posibilidad de introducir programas universales e incondicionales de garantía de un piso mínimo de ingresos a todo ciudadano, destinado a satisfacer necesidades de subsistencia, a través de la asignación por parte del Estado de un ingreso ciudadano universal o renta básica de ciudadanía. No viene al caso discutir aquí las implicancias de tal concepto. En nuestro caso, hemos señalado en reiteradas oportunidades que tarde o temprano tendremos que avanzar por ese camino si queremos realmente consolidar una verdadera democracia republicana con oportunidades para todos. Sin embargo, consideramos que una política pública de esas características debe ser necesariamente instrumentada a nivel nacional; y por otro lado es verdad que el texto final del artículo 24 se apartó de esa concepción universalista que impregnaba el proyecto del convencional uruguayense. Nos adelantamos a señalar que podría darse una combinación y articulación virtuosa de políticas públicas en diversos niveles en la que se conjuguen una mayor universalidad e incondicionalidad en las acciones a nivel nacional con programas provinciales y locales focalizados y específicos, destinados a brindar respuestas efectivas a situaciones particulares. 
Volviendo a los proyectos que mencionábamos anteriormente, el del convencional Barrandeguy responde precisamente a la intención de proponer un derecho que si bien en el punto primero se presenta como universal, en el segundo tiene en cuenta situaciones específicas claramente enumeradas. El tercero, basado en la experiencia del INCINIPA, podríamos decir que es un caso intermedio, basado en la universalidad general del ingreso ciudadano, pero segmentado por franjas etáreas y limitado en este caso a la población infantil. Más allá de las bondades y defectos de cada uno de esos proyectos, la realidad indica que el artículo 24 no ha sido reglamentado legislativamente y hacerlo constituye una asignatura pendiente que no admite dilaciones por parte de esta Legislatura. Con respecto a la forma en la que un programa como el que proponemos podría articularse con otros mecanismos de protección social instrumentados a nivel nacional, debemos recordar que en nuestro país tenemos un sistema que ha sido calificado por Leonardo Gasparini, investigador del CEDLAS de la Universidad Nacional de La Plata como un sistema de protección social inicialmente basado sólo en el empleo formal pero con una tasa de informalidad laboral históricamente alta, que no hemos logrado que perfore el piso del 40%. Progresivamente se ha ido marchando hacia la universalidad, en un proceso en el que la Argentina ha ido agregando componentes al Estado de bienestar. De manera desordenada quizás, pero ha ido cubriendo diversos grupos sociales y carencias. Si nos centramos específicamente en el sistema de protección social a la niñez veremos que hoy tal sistema tiene 3 pilares: 
- Las asignaciones familiares destinadas a hijos de empleados formales. 
- Las deducciones por hijo en el impuesto a las ganancias. 
- La Asignación Universal por hijo (AUH), destinada a hijos de desempleados, inactivos, trabajadores no registrados, etc.. 
Si bien el sistema en su conjunto no es plenamente universal, puede decirse que ha ido evolucionando en esa dirección y ha habido últimamente avances notorios. Si analizamos la forma en la que se distribuye la población infantil por quintiles en relación al beneficio que perciben, veremos que, como resulta lógico, la AUH predomina en los quintiles de menores ingresos, las asignaciones familiares en las situaciones intermedias, y las deducciones de ganancias en los quintiles de mayores ingresos. La evaluación general del sistema, más allá de marchas y contramarchas, y de aspectos a corregir, puede dar lugar a considerar que tiene implicancias positivas, sobre todo si tratamos de imaginar qué ocurriría sin un sistema de estas características. En este sentido, está claro que contribuye a reducir la pobreza, la vulnerabilidad y la desigualdad, y tiene un fuerte apoyo político que hace que se constituya en una política de Estado. El sistema tiene, no obstante, algunas falencias que es menester destacar: 
- Su fragmentación en 3 pilares. 
- Su simplicidad de diseño. Si bien este atributo puede verse como una falencia, nosotros consideramos que también puede ser una fortaleza de una futura reforma que unifique los 3 pilares mencionados en un programa único basado en la universalidad y la incondicionalidad, al modo que lo proponía en su momento el proyecto de ley de creación del Ingreso Ciudadano a la Niñez presentado por las diputadas nacionales Elisa Carrió y Elisa Carca originalmente en la década del 90 y reproducido luego en diversas oportunidades. Vale la pena también señalar aquí que el CIPPEC ha identificado más recientemente un par de escenarios para reflotar aquella propuesta y mejorar de esta manera el sistema en su conjunto. 
- Problemas de coordinación y rigidez, e inequidad. 
- Baja eficiencia redistributiva. 
- Incentivos o desincentivos : “Trampa de la pobreza”. 
- Escasez de elementos de promoción social. 
En este sentido, Leonardo Gasparini considera que “el subsidio uniforme por hijo en la AUH desaprovecha la posibilidad de un mayor impacto sobre los grupos de pobreza extrema”, y que genera por lo tanto un “efecto redistributivo y de alivio a la pobreza menor que el potencial.” El mencionado autor sostiene que “existe alguna evidencia que sugiere que la AUH podría generar algunos efectos no deseados: 
- Desincentivo a la formalización laboral; 
- Desincentivo a la entrada al mercado laboral de mujeres, y 
- Aumento de fecundidad;” si bien reconoce que “hay debate académico sobre estos puntos”, y que “los efectos encontrados no son enormes”. 
Es por ello que podríamos avanzar en la configuración de un sistema complejo de prestaciones por parte del Estado nacional y provincial que permita un diseño de los programas más trabajado, con componentes que se vayan sumando a una prestación básica (INCINI nacional?) que permitan a su vez una atención focalizada en grupos de mayor vulnerabilidad, en este caso cubiertos por programas provinciales como el que proponemos en el presente proyecto de ley. En nuestro caso, la entrada al programa se determinaría sobre la base de una ficha social destinada a captar el grado de vulnerabilidad del hogar (y no en función sólo del status laboral). 
Estaríamos en este caso avanzando en la consolidación de un sistema articulado en el que vayan confluyendo diversos programas de “segunda generación” con acento en la promoción social. La alternativa que imaginamos, entonces, consistiría en un sistema integrado progresivo, destinado consolidar los distintos subsistemas de protección social a la niñez bajo un único sistema integrado a nivel nacional, en el que cada niño tendría derecho a un beneficio monetario, sujeto a un conjunto de condiciones, corresponsabilidades, reglas y procedimientos comunes. Articulado con programas provinciales como el que aquí proponemos, si bien la normativa básica nacional sería común a todos, el beneficio concreto que reciba cada niño sería condicional a sus medios económicos y vulnerabilidad social. Para dar un ejemplo simple que sirva para ilustrar un caso concreto, un niño que viva en un hogar en condiciones de pobreza extrema o indigencia recibiría el complemento de la prestación básica del programa, incrementando en un 50% lo que percibe en concepto de la AUH, y contribuyendo a que eventualmente salga de esa situación de indigencia y mejore la capacidad de su familia para brindar una alimentación acorde a sus necesidades. En un caso más extremo aún, en el que a la pobreza y vulnerabilidad social y alimentaria se agregue alguna patología que agrave dicha vulnerabilidad, podría incrementarse la cobertura a través de la prestación de beneficios específicos dirigidos a cubrir las necesidades nutricionales derivadas de la condición de salud. En definitiva, la combinación de universalidad e incondicionalidad en el nivel del sistema nacional con focalización y especificidad en el nivel de programas provinciales y locales como éste podría dar lugar a una sinergia positiva y virtuosa que extraiga los mejores resultados de cada enfoque.” 
Lamentablemente, tampoco pudimos lograr que este proyecto tuviera tratamiento legislativo. Constituye un aporte a un debate imprescindible, que exige de todos hacerse cargo con responsabilidad del problema y evitar acusaciones mutuas que sólo distraen y evitan que se logren acuerdos efectivos para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Las necesidades más acuciantes de los que menos tienen no deben ser utilizadas demagógicamente para generar herramientas clientelares de dominación; por el contrario, deben obligarnos a poner en marcha entre todos políticas públicas efectivas y permanentes que signifiquen pasos concretos en pos de una sociedad más justa e igualitaria.-

martes, 25 de junio de 2019

OBTUVO MEDIA SANCIÓN UN PROYECTO DE ARTUSI PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN NATURAL

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Fue aprobado y girado al Senado en la última sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley de José Antonio Artusi destinado a promover la construcción natural o bio-construcción. 
La iniciativa del legislador radical, que cuenta también con las firmas de los diputados Jorge Monge y Gabriela Lena,propone la creación del Programa de Promoción de la Construcción Natural, cuya finalidad sería contribuir a una mejor calidad de vida de la población y a la disminución del déficit habitacional, en especial de los sectores más vulnerables, procurando minimizar el impacto ambiental, a través del fomento y la promoción de la construcción de edificaciones, destinadas al uso humano, realizadas con métodos y técnicas constructivas que utilicen la tierra cruda como material principal de construcción. 
El Programa tendría como objetivos generales los siguientes: a) La promoción de programas y proyectos de construcción de viviendas y edificios basados en técnicas de construcción natural o bio - construcción, que colaboren en el logro de patrones sostenibles de desarrollo y que contribuyan a satisfacer el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado para el desarrollo humano. b) La investigación, desarrollo e innovación científico – tecnológica vinculada a la sistematización y mejora de técnicas y métodos de construcción natural. c) La promoción de la generación de emprendimientos, sobre todo cooperativas y micro y pequeñas empresas, destinadas al diseño y construcción de edificios con técnicas de construcción natural. d) La formación y capacitación permanente de recursos humanos en todas las áreas inculadas con la construcción natural. e) La promoción de la capacitación y la organización comunitaria de la población residente en barrios populares tendiente a la autoconstrucción de las viviendas y el hábitat utilizando técnicas y materiales propios de la construcción natural. f) La disminución del impacto ambiental negativo de la construcción y utilización de edificios a través del aprovechamiento adecuado de las propiedades y ventajas de los sistemas de construcción natural, y de su articulación flexible con otros sistemas tradicionales o industrializados basados en la utilización de materiales y tecnologías adecuadas. g) La promoción de la inclusión de la formación académica, la investigación, y la extensión, centradas en la construcción natural, en las carreras terciarias y universitarias vinculadas al diseño y materialización del hábitat en sentido amplio. h) La cooperación con municipios, comunas, y juntas de gobierno, tendiente a generar programas locales de construcción natural. i) La promoción del establecimiento de normas técnicas que permitan incorporar adecuadamente la construcción natural en los códigos de edificación de las jurisdicciones locales, así como su cobertura de riesgos por medio de seguros. j) La inclusión de la construcción natural en los proyectos de conjuntos de viviendas de interés social y en el otorgamiento de créditos hipotecarios destinados a la construcción de viviendas. 
En los fundamentos del proyecto Artusi menciona diversos antecedentes normativos, tales como la ley 4931 de la provincia de Río Negro, y hace referencia al creciente interés que ha venido teniendo la construcción natural o bio-construcción en el ámbito académico en nuestro país. 
El legislador uruguayense, al tratarse el proyecto en el recinto señaló que "consideramos que es de peculiar relevancia el aporte que un programa de estas características puede hacer al proceso de regularización, urbanización e integración de los barrios populares relevados en el marco del RENABAP e incluídos en la ley nacional respectiva aprobada recientemente. Muchas de las ventajas desde el punto de vista económico, social y ambiental de la construcción natural podrían en este sentido utilizarse en pos de brindar soluciones adecuadas para dar respuestas eficaces a las numerosas demandas de construcción y mejoramiento de viviendas que debería desprenderse de la implementación de dicha norma. Pensamos entonces en el bajo costo de materiales, en la posibilidad de generar instancias de capacitación que incluyan la mano de obra de mujeres y jóvenes sin formación previa, en la generación de proyectos de autoconstrucción de las viviendas y el hábitat, en la posibilidad de apuntalar formas de la economía popular y solidaria que permitan a su vez generar puestos de trabajo genuino, etc.".-

domingo, 12 de mayo de 2019

LA INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS CON FONDOS PROVINCIALES EN ENTRE RÍOS ES CADA VEZ MÁS INSIGNIFICANTE

Por José Antonio Artusi 
El 15 de Enero el diario porteño Ambito Financiero, haciéndose eco de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, señalaba que “a pesar de las fuertes limitaciones que tuvo en 2018 la mayoría de las provincias para sostener la obra pública con fondos propios, cinco distritos lograron destinar un importante volumen de recursos destinados a bienes de capital.” El mencionado estudio brinda un ranking, elaborado con la incidencia de los gastos de capital (donde figura la obra pública y otras inversiones en maquinaria y equipamiento) al tercer trimestre de 2018. Al tope de ese ranking aparece la provincia de San Juan, con 27,3% de sus gastos destinados a gastos de capital. Entre Ríos se encuentra en el último lugar, con sólo 5,5%. Sin embargo, si se observa y analiza la ejecución presupuestaria al 31 de Diciembre de 2018 la situación es aún peor, pues la incidencia de los gastos de capital en los gastos totales se redujo al 4,84% . Y estas cifras forman parte de una tendencia preocupante, que muestra una reducción constante de la incidencia del rubro construcciones y del rubro maquinaria y equipos en el total de gastos, tendencia que se profundiza aún más si analizamos la ejecución del primer trimestre de 2019. Esta tendencia va unida a la sistemática subejecución de estas partidas, vale decir que se termina ejecutando muchísimo menos de lo que se establece cuando se aprueba la ley de presupuesto. 
En maquinaria y equipos, como puede apreciarse en el gráfico 1, la incidencia de esta partida en el total de gastos viene reduciéndose sistemáticamente desde 2015, representando en el primer trimestre de este año un tercio del porcentaje del 2015. Cabe considerar que en el Presupuesto 2019 la partida destinada a maquinaria y equipos es menor en términos nominales a la del 2018, por lo que es significativa, dada la inflación, la reducción en términos reales ($636.140.000 en 2019 frente a $712.970.000 en 2018). A su vez, considerando la crónica subejecución de esta partida, proyectando los resultados del primer trimestre, a este ritmo se llegaría a ejecutar sólo $126.400.000, un 19,87% de lo presupuestado, cifra que es menos de la mitad en términos nominales a lo ejecutado el año pasado, o sea $ 256.600.000. 
En construcciones, como puede apreciarse en el gráfico 2, la incidencia de esta partida en el total de gastos, al igual que la anterior, viene disminuyendo desde 2015, representando en el primer trimestre de este año prácticamente la mitad del porcentaje del 2015. También aquí cabe considerar que en el Presupuesto 2019 la partida destinada a construcciones es menor en términos nominales a la del 2018, con el consiguiente descenso mucho mayor en términos reales por efecto de la inflación ($7.308.640.000 en 2019 frente a $8.805.440.000 en 2018). Proyectando la ejecución del primer trimestre del 2019, a este ritmo se llegaría a ejecutar sólo $2.985.880.000, un 40,85% del total presupuestado, una cifra que es menor en términos nominales a lo ejecutado en 2018, o sea $3.028.790.000. 
La contracara de este descenso en la incidencia de los gastos de capital - de 9,31% en 2015 a 3,50% en el primer trimestre de 2019 - es obviamente el aumento de la participación de los gastos corrientes que representaban el 90,69% en 2015 y llegan al 96, 50% en el primer trimestre de este año. 
En definitiva, una provincia que no recibe suficientes inversiones privadas ni públicas, que lleva a que calificarla como “estancada” ya parezca insuficiente. No podrán revertir este estado de cosas quienes la llevaron a esta situación de decadencia y atraso. Entre Ríos necesita una profunda reforma del Estado que la encamine por la senda del progreso y el desarrollo sostenible. En Cambiemos tenemos ideas y proyectos para poner a nuestra provincia en marcha. Cambiemos Entre Ríos…

martes, 9 de abril de 2019

DEL ESTANCAMIENTO AL DESARROLLO

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PONGAMOS EN MARCHA A ENTRE RÍOS Y AL DEPARTAMENTO URUGUAY 
Llevamos 16 años de un gobierno que dejó a la provincia en un profundo estancamiento. Con Atilio Benedetti Gobernador y con los intendentes y presidentes de comunas vamos a trabajar en una agenda para el desarrollo. 
El departamento Uruguay tiene un potencial de crecimiento que necesitamos explotar para generar trabajo genuino y mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Vamos a potenciar todos los elementos que hacen al desarrollo local y regional: 
Reactivación del puerto de Concepción del Uruguay y el ferrocarril 
Reestructuración de vialidad provincial 
Consorcios camineros 
Polo logístico 
Reducción de tarifas eléctricas 
Ampliación de redes de gas natural 
Parques industriales y polo tecnológico 
Incubadoras de empresas 
Club de emprendedores 
Escuelas de trabajo 
Agricultura urbana 
Puntos digitales 
Innovación tecnológica 
Industrias culturales 
Servicios de salud y educación 
Mico regiones turísticas... 
El departamento Uruguay puede estar mucho mejor... Pongámoslo en marcha! Este domingo en las PASO, acompañanos con tu voto. #CambiemosEntreRíos #CambiandoJuntos #CambiemosUruguay #ArtusiSenador

jueves, 28 de marzo de 2019

El tarifazo es provincial... Hay que hacerse cargo y decir la verdad ( o de cómo en Entre Ríos el delivery es más caro que la pizza)

POR JOSÉ ANTONIO ARTUSI / El candidato a Gobernador de Cambiemos, Atilio Benedetti, se ha comprometido a reducir un 10% el costo de la tarifa eléctrica en la provincia de Entre Ríos ni bien asuma, una medida rápida, necesaria y razonable en el corto plazo, que seguramente deberá complementarse con otras. Benedetti responde de esta manera a una legítima demanda de la ciudadanía entrerriana, agobiada por una de las tarifas eléctricas más caras del país, por lejos la más cara de la Mesopotamia. 
Como el oficialismo, ahora devenido en “Creer Entre Ríos” ante la evidencia de la incapacidad de las siglas PJ o Frente para la Victoria para presentarse ante la sociedad, carece absolutamente de ideas o propuestas para enfrentar este grave problema, se recurre, de manera previsible, a las ya clásicas descalificaciones y chicanas que todos conocemos. 
Se impone por ello la necesidad de brindar información que arroje un poco de luz sobre este tema. Y para eso es imprescindible, aunque suene remanido, recordar brevemente de donde venimos, para tratar de dimensionar y comprender la magnitud del descalabro energético que nos dejó el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner, o sea el de Jorge Busti, Sergio Urribarri, y Gustavo Bordet, o sea el del PJ /Frente para la Victoria / Creer Entre Ríos o como se llame. 
De dónde venimos? De un escenario en el que el irresponsable y demagógico atraso tarifario generó un fenomenal déficit energético, caída de las reservas y producción de hidrocaburos, deterioro de la infraestructura y la matriz energética; y que demandó un verdadero festival de subsidios a la energía que tuvieron dos sesgos particularmente negativos: fueron desparejos desde el punto de vista territorial (concentrados en la región más rica del país) y regresivos socialmente (osea “pro ricos”, beneficiando al quintil de mayor poder adquisitivo de la sociedad en mayor medida que al resto) . Para decirlo claramente, los subsidios del gobierno kirchnerista beneficiaron sobre todo a los ricos del Area Metropolitana de Buenos Aires, lo que dió lugar a un tremendo despilfarro y consumo irresponsable de energía por años. Pero esos subsidios no fueron gratis, los pagaron sobre todo los pobres del interior del país a los que nunca les llegó el gas natural o el agua potable y las cloacas - obras que en muchos casos este gobierno de ricos insensibles está concretando- a través del IVA y el impuesto inflacionario. Pero eso no fue todo, la pérdida del autoabastecimiento energético obligó a recurrir a importaciones de combustibles caros y contaminantes, eso más los subsidios aumentaron el gasto público de manera significativa, ello levó a un enorme déficit fiscal, inflación, y una enorme deuda social en infraestructura de servicios básicos, todos problemas cuyas consecuencias todavía estamos sufriendo, y que no se revertirán por completo en el corto plazo. 
¿Comunicó correctamente el gobierno nacional este verdadero desastre energético? Es probable que no. Parece útil en este sentido recordar las reflexiones de dos periodistas al respecto: “Debe haber pocos casos en la historia que registren una situación como lo que sigue: los sectores más pobres de una sociedad se movilizan, militan y ensalzan a organizaciones sociales, ONGS o líderes políticos que pugnan por mantener decisiones de política de ingresos que favorecen a los ricos y perjudican a los pobres…” Gustavo Bazzan, Clarín, 21/08/16 “El "ruidazo", la Marcha de las Velas y demás protestas de estos días en el distrito metropolitano son observadas con una mezcla de bronca y sorna por nuestros compatriotas provincianos, que siempre pagaron tarifas mucho más altas. El país unitario modelado por el kirchnerismo liberó de esa carga a los habitantes de la gran ciudad y de sus alrededores (algunos de ellos, con hábitats "africanizados" que ese mismo régimen empeoró con su desidia y corrupción). Condonó gastos por igual al que lo necesitaba como para el acomodado habitante de Barrio Norte o San Isidro. Y con el gas, peor aún: los más pobres pagaron mucho más por su garrafa que los que estaban conectados. Un disparate…”. Pablo Sirvén, La Nación, 22/04/18 
Quizás faltó llamar a las cosas por su nombre. Los disparates sólo pueden calificarse como disparates. Veamos algunos datos: Entre el año 2000 y 2015 los precios de la economía subieron un 1400%. La tarifa de electricidad en el Area Metropolitana de Buenos Aires subió sólo un 30%. Alejandro Einstoss, experto del Instituto Mosconi, señaló que “… un usuario residencial del Gran Buenos Aires en 2015 pagó por el servicio eléctrico la sexta parte que un usuario en Santa Fe y casi la tercera parte que el promedio nacional…”. Actualmente esas asimetrías se han reducido pero todavía persisten; podríamos decir que esa relación que llegó a ser de 1 a 6 puede haber llegado, grosso modo, a 1 a 2. Aún así los usuarios de Edenor y Edesur siguen estando notablemente beneficiados con respecto a los de la mayoría de las provincias argentinas. Los subsidios económicos a la energía y a los combustibles llegaron a representar en 2014 casi el 4,5% del PBI, un porcentaje exhorbitante prácticamente imposible de encontrar en cualquier otro país. Y así llegamos al 2015 con un déficit fiscal consolidado que superó el 7% del PBI. Todas estas cifras pueden ser difíciles de interpretar para no economistas. Pongámoslo en unidades más concretas: diversos economistas han estimado que entre 2003 y 2015 se gastaron 24 puntos del PBI en subsidios a la energía y combustibles. A precios del año pasado serían U$S 150 mil millones, que equivalen a 3 millones de viviendas nuevas o 17 autopistas entre Usuhaia y La Quiaca. 
Frente a este panorama, el gobierno del Presidente Macri tuvo que tomar la decisión de efectuar ajustes graduales en las tarifas de generación de energía eléctrica, o sea el costo mayorista que deben afrontar las empresas distribuidoras, en nuestro caso ENERSA y diversas cooperativas. En esta decisión el gobierno nacional no estuvo solo, aunque ahora algunos prefieran hacerse los desentendidos y apelar a la memoria selectiva. El propio gobernador Bordet, junto a los demás gobernadores y el gobierno nacional, suscribió el 20 de Abril de 2017 el Acuerdo Federal Energético, que - entre otras cláusulas - dispone que “es necesario armonizar entre las distintas jurisdicciones las políticas de precios y tarifas en el sector energético a fin de evitar distorsiones”, y “asegurar que las tarifas y precios retribuyan los costos económicos relacionados con su producción, importación, transporte y distribución, permitiendo la inversión eficiente en esos segmentos”. 
El gobierno nacional adoptó por lo tanto, de manera sensata y responsable, un conjunto de medidas tendientes a una reducción gradual del atraso tarifario en el sector mayorista, la disminución del déficit energético, la mejora de la infraestructura y de la matriz energética, la quita paulatina de subsidios indiscriminados, la implementación de subsidios transparentes a la demanda (tarifa social y plan estímulo) dirigidos a proteger a los sectores más vulnerables de la población y a fomentar e ahorro y el consumo responsable; la disminución de importaciones, la consiguiente reducción del gasto público, y con ello la reducción del déficit fiscal. Cabe recordar que los subsidios a la demanda fueron transferidos a las provincias, con el consentimiento de éstas, en el marco de los acuerdos fiscales que restituyeron la transferencia automática de recursos coparticipables y que devolvieron la vigencia del federalismo fiscal en nuestro país. Ahora bien, ¿cómo es posible que habiéndose producido una serie de aumentos impostergables, que nadie niega que sean significativos, en el sector mayorista, y que éste afecta por igual a todas las provincias, tengamos sin embargo una enorme dispersión en las tarifas que deben afrontar los consumidores de las distintas provincias? 
Aquí es dónde se hace necesario aclarar cómo está compuesta la factura del servicio eléctrico, o sea por 3 ítems: 1) PRECIO MAYORISTA DE LA ELECTRICIDAD (Costo de generación y transporte) Este se determina a nivel nacional. 2) COSTO DE DISTRIBUCIÓN O V.A.D., valor agregado de distribución (Costos de operación y mantenimiento, costos comerciales, de expansión, etc.) Este lo determina cada provincia, a través de sus entes reguladores, de manera autónoma. Aquí radica fundamentalmente la explicación de la enorme dispersión entre provincias. 3) CARGA TRIBUTARIA (Impuestos, tasas y contribuciones). Es por ello que pagando todas las empresas prácticamente el mismo costo mayorista por la energía que adquieren a Cammesa, hay sin embargo diferencias tan pronunciadas entre lo que paga un consumidor entrerriano con lo que debe pagar un consumidor de otros distritos. Para decirlo en pocas palabras, el principal problema en Entre Ríos es el desmesurado costo de distribución, que se determina en la provincia, no el costo mayorista! O sea, el tarifazo es provincial. Los números en este sentido son contundentes. El año pasado el valor agregado de distribución en Entre Ríos, para un usuario residencial con 500 kwh/mes de consumo, era más de 3 veces el de Misiones y más del doble que el de Mendoza. En ese entonces la relación entre el valor agregado de distribución y el costo mayorista era el 50% en Misiones, el 79% en Mendoza, y el 162% en Entre Ríos! O sea, como dijera un amigo en una ilustrativa metáfora, “en Entre Ríos, el delivery es más caro que la pizza”. Con respecto ala carga tributaria, el gobierno provincial dispuso de mala gana el año pasado una leve reducción en las alícuotas del impuesto destinado al Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos, que - para decirlo en términos energético - no “movieron el amperímetro”, pasaron prácticamente desapercibidos para los consumidores. "Cada provincia decide sobre la tarifa que paga su empresa y generalmente es en torno a un cálculo que tiene en cuenta cuestiones como densidad de población o los kilómetros de líneas que necesita mantener una compañía. Pero la diferencia es muy grande más allá de estas cuestiones", destacó recientemente Cecilia Laclau, presidente de Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec). Mal puede llamarse federalismo a este verdadero descontrol, en el que cada provincia hace lo que se le canta, con recursos que en última instancia son de todos los argentinos. Esas diferencias explican que en Febrero de 2019 un usuario residencial misionero que consumiera 300 kwh/mes pagara sólo el 55% de lo que debía pagar un consumidor entrerriano con idéntico consumo. Y un mendocino el 70%. Las diferencias son aún más marcadas en el sector industrial y comercial. Recientemente el Consejo Empresario de Entre Ríos difundió un informe del que se desprende que en Corrientes una industria que consume 2000 kwh paga el 42% de lo que paga por igual consumo una industria entrerriana y un comercio que consume 2000 kwh paga el 42% de lo que paga por idéntico consumo un comercio entrerriano. Ante este panorama no debería llamar la atención que productores arroceros evalúen irse a Corrientes o que empresarios industriales piensen seriamente en buscar otros destinos para sus inversiones. Con estas tarifas castigando de esa manera al sector productivo será muy difícil sacar a la provincia del estancamiento y la pérdida de oportunidades en que está sumida desde hace demasiado. 
Frente a esta situación, desde nuestra responsabilidad legislativa no nos hemos cruzado de brazos; además de criticar la inacción y la falta de ideas del gobierno provincial hemos propuesto una serie de iniciativas concretas, que pueden consultarse en la página de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, y hemos procurado divulgar dichas iniciativas en toda la provincia. Pretendíamos que tales propuestas constituyeran un aporte al debate parlamentario y al intercambio serio y responsable de ideas, en pos de lograr acuerdos que permitan sostener verdaderas políticas de Estado que trasciendan una circunstancial administración. Lamentable ese debate ha sido imposible, y no tenemos los votos suficientes para hacer prosperar nuestros proyectos. En síntesis, nuestros proyectos se centran en: 
1) Disminuir costos de distribución en Entre Ríos en el corto plazo - Logrando mayor eficiencia y austeridad en ENERSA - Segmentando cada mayores consumos. 
2) Reducir carga tributaria - Reducir el % del recargo del FDEER - Coparticipar 50% de recargo FDEER a municipios y revisar topes a tasas municipales, en acuerdo con los municipios 
3) Revisar de manera integral cuadros tarifarios en el mediano plazo - Auditorías de costos de ENERSA - Audiencia pública 
4) Normalizar el EPRE 
5) Comisión bicameral de seguimiento de contratos de concesión de distribución 
6) Compensación a Entre Ríos x energía de Salto Grande. Cobro de regalías en especie  Fomento del ahorro, la eficiencia y la autogeneración eléctrica. 
7) Diversificación de la matriz energética provincial (biomasa, fotovoltaica, etc.) 
A nivel nacional es mucho lo que se ha hecho pero es muchísimo más lo que falta hacer, y como decimos la verdad y nos hacemos cargo, también decimos que se han cometido errores, que algunos se han revisado y otros todavía no, y que hace falta revisar algunas políticas específicas y elaborar e implementar un plan estratégico de desarrollo energético de largo plazo. Y es verdad que lo que se ha hecho es apagar el incendio y sentar trabajosamente algunas bases, sabiendo que no existen todavía condiciones objetivas para avanzar en reformas más ambiciosas por las que algunos seguiremos luchando, tales como la nacionalización de los hidrocarburos, la que quería Yrigoyen y no lo dejaron, la que Frondizi logró, la que Onganía derogó, la que nunca más volvió. 
Volviendo a la coyuntura, debe quedar claro que no es volviendo al pasado del facilismo irresponsable y de políticas absurdas - que bajo la máscara de una impostura populista nos llevaron a perjudicar a los que menos tienen y dejaron un desastre energético que llevará años revertir - cómo lograremos salir adelante. Lo haremos diciendo la verdad, haciéndonos cargo y haciendo cada uno en su esfera lo que tiene que hacer, sin buscar culpas en los demás como única excusa para intentar vanamente explicar los fracasos propios. Cambiemos Entre Ríos. Se puede, hace falta voluntad política por parte de un nuevo gobierno que tome el tema con decisión y compromiso.-

domingo, 24 de marzo de 2019

ARTUSI REITERÓ SU PEDIDO PARA DISMINUIR EL COSTO DE LA ENERGÍA EN ENTRE RÍOS

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Con nuevos elementos que respaldan su solicitud, el diputado provincial, José Antonio Artusi (UCR en Cambiemos), insistió en su reclamo sobre el elevado costo que tiene la electricidad para los consumidores de Entre Ríos. El legislador uruguayense hizo referencia ahora, a un reciente estudio del Consejo Empresario "que muestra las enormes diferencias entre las tarifas eléctricas de Entre Ríos y de Corrientes", remarcó. 
Luego indicó "Entre Ríos debe dejar de ser la provincia con la luz más cara de la Mesopotamia" y se refirió a los porcentajes existentes en los dos Estados mencionados. "En Corrientes una industria que consume 2000 kwh paga el 42% de lo que paga x igual consumo una industria entrerriana", dijo Artusi. "Asimismo en Corrientes un comercio que consume 2000 kwh paga el 42% de lo que paga x igual consumo un comercio entrerriano y en Corrientes un hogar que consume 300 kwh paga el 79% de lo que paga x igual consumo una vivienda entrerriana", especificó. 
Estos datos se suman a los que ya había dado a conocer el diputado Artusi el año pasado contenidos en diversos proyectos tendientes a disminuir los costos de distribución de Enersa, entre otros aspectos. En esas iniciativas que fueron presentadas en la cámara de Diputados de Entre Ríos, también propuso que se revisen de manera integral los cuadros tarifarios, realizando auditorías de costos y convocando a una audiencia pública. La normalización del Ente Provincial de Regulación de la Energía (EPRE) y crear una Comisión Bicameral de Seguimiento de los contratos de concesión de energía eléctrica y revisar la carga tributaria, incluyendo la posibilidad de coparticipar a los municipios parte del FDEER, y fomentar el ahorro, la eficiencia y la generación distribuida, fueron otros de los aspectos contenidos en los proyectos presentados por Artusi oportunamente. "Insistimos en que estamos en presencia de uno de los costos energéticos más caros del país por esa razón aspiramos a que el gobierno provincial admita esta realidad y adopte las medidas necesarias para la disminución del precio final que deben abonar los consumidores entrerrianos", concluyó Artusi.

Viviendas de madera para el departamento Uruguay

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La promoción de la construcción de viviendas de madera ha sido una de mis preocupaciones como diputado provincial y he presentado varios proyectos sobre el tema. Si soy electo Senador del Departamento Uruguay vamos seguir insistiendo con propuestas para que las comunas y municipios puedan articular esfuerzos con la nación y la provincia en este sentido. 
La construcción de viviendas de madera tiene para nosotros una serie de ventajas económicas, sociales y ambientales que debemos aprovechar adecuadamente. 
Ventajas económicas: la madera es un material que se produce en la provincia, agregaría valor a la producción primaria y generaría puestos de trabajo genuino. A su vez es un material que permite costos similares o menores a la construcción tradicional. 
Ventajas sociales: la madera permite reducir costos y tiempos y es ideal para brindar soluciones rápidas en emergencias. Favorece la viabilidad de programas de auto construcción y facilita la participación de mujeres en el proceso constructivo. 
Ventajas ambientales: la madera es un material apto para la arquitectura sostenible, los bosques cultivados capturan carbono, es un material renovable, y por su bajo peso y excelente comportamiento térmico disminuye la demanda de materiales y energía durante la construcción y uso. 
En el departamento Uruguay tenemos muchas condiciones favorables para promover un programa de construcción de viviendas de madera: producción primaria, aserraderos e industrias madereras en la zona, recursos humanos capacitados, universidades y centros de investigación. Por otro lado tenemos una enorme demanda de compatriotas privados en la práctica del derecho constitucional a una vivienda digna y a un hábitat adecuado para el desarrollo sostenible. Lo que falta es voluntad política, planificación y gestión. #CambiemosUruguay #ArtusiSenador

Nunca Más

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Como todo 24 de Marzo, hay mucho para decir: NUNCA MÁS. Nunca más dictaduras, nunca más terrorismo de Estado. Democracia para siempre. Somos la vida, somos la paz, somos el juicio a la junta militar. Pero también hay que recordar que el terrorismo de Estado comenzó antes del 24 de Marzo de 1976.

Gustavo Hein en el departamento Uruguay

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El precandidato a Vicegobernador de Cambiemos, Gustavo Hein, visitará diversas localidades del Departamento Uruguay el próximo día Lunes 25 en el marco de la campaña proselitista con miras a las elecciones primarias del próximo 14 de Abril. El compañero de fórmula de Atilio Benedetti, que lleva adelante una exitosa gestión como Presidente Municipal de Basavilbaso, desarrollará distintas actividades junto a los candidatos locales y candidatos a legisladores de Cambiemos según el siguiente cronograma: 
16.00 horas: Villa Mantero 
17.15 horas: Herrera 
18.30 horas: Caseros 
20.00 horas: San Justo

domingo, 10 de febrero de 2019

Una provincia sin inversiones públicas ni privadas no puede aspirar al desarrollo

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Por José Antonio Artusi 
Comentábamos recientemente, analizando datos divulgados por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, acerca del escaso dinamismo del proceso de inversiones del sector privado en la Provincia de Entre Ríos. En efecto, de acuerdo a esos datos la Provincia de Entre Ríos es uno de los distritos de la República Argentina que menos proyectos de inversión recibió en los últimos 3 años, con sólo 12 proyectos que representan apenas el uno por mil de las inversiones en todo el país. Sosteníamos en ese momento que la insignificancia de las inversiones destinadas al territorio entrerriano contrastan notablemente con las que tuvieron como destino provincias hermanas, aún en el marco de un contexto nacional signado por dificultades macroeconómicas por todos conocidas. 
Lamentablemente esta falta de inversiones privadas se ve acompañada por una cada vez menor incidencia de inversiones del sector público provincial. En tal sentido, el diputado Jorge Monge puso de manifiesto en una columna publicada el 22 de Enero pasado que Entre Ríos figuraba última en un cuadro difundido por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal que compara la composición del gasto en las ejecuciones de presupuesto de las 24 jurisdicciones, en concreto cuánto gasta cada provincia en inversión u obra pública, dado que sólo aplica a gastos de capital el 5,5% del total de sus recursos, mientras que por ejemplo San Juan y Santiago del Estero destinan el 27% de sus recursos, Misiones (18,1%), CABA (17,2%) y Córdoba (16,6%). Este dato está referido a las ejecuciones provinciales de los primeros nueves meses del año 2018 de la Administración Pública. Acertadamente concluía el legislador diamantino de la UCR que “la decadencia entrerriana también es producto de la desinversión”. 
Pues bien, podemos afirmar ahora que si miramos la ejecución presupuestaria completa del año 2018, al 31 de Diciembre, el panorama es aún más desalentador, y que la tendencia que se verifica desde 2015 es francamente negativa en este sentido. 
Si analizamos las ejecuciones presupuestarias de los últimos 4 años podemos llegar a las siguientes conclusiones: 
Se advierte una constante subejecución del gasto en maquinaria y equipos y en construcciones, y en general en gastos de capital, o sea en inversión real directa. En 2018 se ejecutó prácticamente sólo un tercio de lo presupuestado para gastos de capital. 
La incidencia de los gastos de capital en el gasto total es cada vez menor, siendo menos del 5% en el 2018 (4,84%), casi la mitad en términos porcentuales que el valor del 2015. 
En maquinaria y equipos, a lo largo de los 4 años se ejecutó en promedio sólo el 36% de lo presupuestado, y el gasto en este rubro representó apenas el 0,25% del total en 2018. 
En construcciones, a lo largo de los 4 años se ejecutó en promedio sólo el 34% de lo presupuestado, y el gasto en este concepto representó apenas el 2,91% del total de gastos en 2018. 
Bienvenida la transparencia fiscal para poder acceder a estos datos, que demuestran que la provincia no está bien, que en estas condiciones no está en condiciones de aspirar al desarrollo, y que se impone la necesidad de un cambio rotundo, radical, que innove en políticas públicas transformadoras que generen condiciones para que las inversiones públicas y privadas se articulen de manera armoniosa y puedan generar un círculo virtuoso de crecimiento y generación de trabajo y oportunidades para todos los entrerrianos.

sábado, 26 de enero de 2019

Entre Ríos recibió sólo el 0,1% de las inversiones en los últimos 3 años

Por José Antonio Artusi 
La Provincia de Entre Ríos es una de los distritos de la República Argentina que menos proyectos de inversión recibió en los últimos 3 años, con sólo 12 proyectos que representan el uno por mil de las inversiones en todo el país. 
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio internacional en su página web http://www.inversionycomercio.org.ar/mapadelainversion.php , publica el Mapa de la Inversión, una herramienta interactiva que reporta proyectos de inversión que fueron anunciados públicamente y confirmados por la AAICI desde el 11 de diciembre de 2015. 
Allí se informa que Entre Ríos recibió 12 proyectos de inversión, por un monto total de 135,7 millones de dólares, lo que representa el 0.1% del total a nivel nacional, 135.524 millones de dólares. La insignificancia de las inversiones destinadas al territorio entrerriano contrastan notablemente con las que tuvieron como destino provincias hermanas, aún en el marco de un contexto nacional signado por dificultades macroeconómicas por todos conocidas. Es así que Santa Fe recibió inversiones por 3604 millones de dólares y Córdoba por 5344 millones de dólares, más de 26 y 39 veces respectivamente con respecto a nuestra provincia. Pero las comparaciones pueden hacerse también con respecto a provincias sin un desarrollo industrial tan marcado como el que pueden mostrar nuestras compañeras en la Región Centro. Si recurrimos a la Mesopotamia veremos que Corrientes y Misiones recibieron inversiones por 1273 y 191 millones de dólares respectivamente. Sólo 3 provincias recibieron proyectos de inversiones por montos menores a la provincia de Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. 
La escasa dinámica de las inversiones en Entre Ríos no es casual; muestra a las claras que no existen políticas públicas coherentes destinadas a su promoción y crecimiento. Por el contrario, los déficits en materia de infraestructura de transporte, una de las tarifas de energía eléctrica más cara del país, una matriz tributaria regresiva y distorsiva, la carencia de programas efectivos de promoción industrial, y en general la falta de un genuino plan estratégico de desarrollo son las causas de nuestro atraso y de que sigamos perdiendo lastimosamente oportunidades en un mundo que se transforma a pasos acelerados y que exige acciones innovadoras y eficientes para permitir la transformación que nuestra sociedad demanda. Será una de las tareas a encarar por un próximo gobierno revertir este penoso panorama. Por nuestra historia, los entrerrianos no podemos conformarnos con este presente de mediocridad y declive. Tenemos los recursos naturales y humanos como para poder aspirar a un futuro mejor en el que el desarrollo sostenible brinde a todos la oportunidad de una vida plena. Se trata de poner esos recursos en valor a través de políticas adecuadas, con activa participación de todos los sectores. 
#EntreRíosPuedeEstarMejor #CambiemosEntreRíos