miércoles, 24 de junio de 2020

Recuperación y reinversión de la valorización del suelo para la prosperidad, la sostenibilidad y la equidad


Adaptación del material del curso a distancia de la Henry George School of Social Science dictado por Rick Rybeck (“Land value return and recycling for prosperity, sustainability and equity”) en Mayo / Junio de 2020.

Adaptación y traducción: José Antonio Artusi

Esta semana terminé un excelente curso de la Escuela de Ciencias Sociales Henry George de Nueva York, dictado por Rick Rybeck, sobre el tema mencionado en el título de este artículo.
Me propongo aquí volcar una síntesis de los principales contenidos del curso, así como algunas reflexiones propias al respecto, dado que considero que se trata de una cuestión clave para encontrar respuestas efectivas al dilema de cómo lograr ciudades y territorios más prósperos, sostenibles y equitativos. He incorporado obviamente adaptaciones derivadas de la necesidad de emplear conceptos o herramientas que sean aplicables y de especial interés en la República Argentina. He sumado también referencias bibliográficas que no pertenecen al curso, pero entiendo contribuyen a entender mejor algunos conceptos básicos.
Algunas preguntas introductorias nos permiten darnos una idea de la pertinencia de introducir este tema en el debate, que debería alimentar el diseño de políticas públicas:
Nuestra comunidad necesita más empleos y viviendas dignas y asequibles?
Se necesita más infraestructura que sirva para reducir la congestión de tráfico y mejorar la movilidad, para proteger el ambiente y reducir la expansión urbana desmedida, y para el promover el desarrollo económico por parte del sector privado y la creación de valor?
Se necesita más y mejor (en el sentido de más equitativo reparto de las cargas y beneficios) financiamiento para construir, operar y mantener infraestructuras de servicios urbanos?
Si la respuesta es positiva, como suponemos, y como trataremos de mostrar, la recuperación y la reinversión de la valorización del suelo debería ser un tema al que le prestemos una especial atención.
Tenemos en nuestro país, a todo nivel – nacional, provincial y municipal – esquemas tributarios que contienen incentivos para que los actores económicos se “comporten mal”, en términos de eficiencia económica y de impacto en la equidad social. En general, se “castiga” a las personas con impuestos más altos cuando construyen o mejoran un edificio, mientras que se las “premia” con impuestos más bajos cuando dejan que un edificio se deteriore sin uso o cuando dejan parcelas de suelo vacante en áreas consolidadas con servicios.
Es imperioso comenzar por analizar la relación entre la movilidad y el transporte y los usos del suelo, dado que nos muestra lo que podríamos denominar “el dilema de la infraestructura”.
En qué consiste este dilema? Las facilidades de movilidad que proveen las infraestructuras de transporte – una autopista que comunica un centro urbano donde hay fuentes de trabajo con un área residencial periférica, por ejemplo – generan oportunidades de crecimiento, precisamente hacia esas áreas que la autopista “acerca” al centro en términos de tiempos de traslado. Supongamos una situación en la que el aumento de los precios del suelo en el centro o en áreas cercanas y linderas al mismo impide el crecimiento. Por lo tanto se generan desarrollos residenciales en áreas más periféricas no contiguas, donde al principio el suelo es más barato. Pero al construirse las infraestructuras que acercan esa periferia al centro aquí también los precios del suelo se disparan, y por lo tanto se genera una nueva demanda para desarrollar áreas más periféricas aún, y el ciclo comienza nuevamente.
En definitiva el “dilema de la infraestructura” plantea que:
-          Las comunidades crean infraestructura para facilitar el desarrollo urbano.
-          La infraestructura “infla” el precio del suelo bien servido.
-          Los precios más altos del suelo empujan a desarrollar suelo más barato, pero más alejado, y así sucesivamente.
-          Las comunidades van detrás de los nuevos desarrollos con más infraestructura, pero nunca alcanza.        
-          La dispersión resultante deteriora el ambiente, crea una enorme dependencia del automóvil particular y congestión de tráfico, y tensiona los presupuestos públicos por la duplicación de infraestructura en áreas de baja densidad.
El resultado de este fenómeno en los Estados Unidos se traduce en expansiones urbanas como las que se pueden observar en las siguientes imágenes:


En nuestro país el Programa Argentina Urbana ha mostrado con claridad la constante evolución de las ciudades argentinas hacia patrones de crecimiento disperso de baja densidad. Tal como se sostiene en la Introducción del Plan Estratégico Territorial en su Avance de 2018, “el crecimiento de las ciudades argentinas fue desordenado, caracterizado en general por bajas densidades, donde la expansión física de la mancha urbana cuatriplicó el crecimiento poblacional. Si bien las ciudades argentinas se caracterizan por una buena dotación de servicios de saneamiento en relación a las ciudades de la Región, el patrón de urbanización actual, está generando problemas como del avance de la mancha urbana sobre tierras productivas o ambientalmente frágiles, la exposición a amenazas y la posibilidad de ocurrencia de desastres, un alto costo de la urbanización, que se traduce en deseconomías urbanas con mayores costos logísticos y tiempos de traslado, congestión, ineficiencia en la infraestructura por obsolescencia y escasez por lo contrario, subutilizada y ociosa, además problemas de marginalidad y segregación socioespacial.”
En este informe se consigna que “el estudio de los casos permitió observar que, en términos generales, la población aumentó un 39 %, mientras que la superficie de la mancha creció un 116 %. Ello implica que el consumo de suelo urbano por habitante se incrementó un 44 % entre 1991 y 2010. Al mismo tiempo, la densidad de ocupación del suelo se redujo en un 32 %, determinando un aumento del consumo promedio de suelo por habitante de 74 m2”.
Por otro lado, “con relación a los servicios básicos prestados, es de destacar que la expansión de la mancha urbana no fue acompañada por la expansión de la red de servicios, ya que en todos los casos podemos observar que el área central tiene mejor cobertura de servicios que la periferia… En suma, el estudio demuestra que la dinámica de crecimiento de las ciudades argentinas responde a un patrón de expansión de baja densidad, con alto consumo de suelo por habitante, que resulta altamente ineficiente en términos del aprovechamiento de la infraestructura y en términos de sustentabilidad.”
Uno de los problemas de tener ciudades cada vez menos densas es que se encarece enormemente el costo de la construcción, operación y mantenimiento de las redes de infraestructura que son necesarias para prestar servicios urbanos, en prácticamente todas las áreas; agua y saneamiento, vialidad, transporte, gestión de residuos, energía, etc..
Se produce en muchos casos una suerte de paradoja, que podríamos expresar diciendo que “ninguna buena acción queda sin castigo”. O sea, las buenas intenciones no bastan; es imperioso reflexionar de manera muy profunda acerca del resultado efectivo que tendrán nuestras acciones en la realidad. Al respecto, una anécdota de Winston Churchill es sumamente ilustrativa.
En un discurso en 1909, Churchill dijo lo siguiente: “Hace algunos años, en Londres, había un peaje en un puente que cruzaba el Támesis, y todos los trabajadores que vivían en el lado sur del río tenían que pagar un peaje diario de un penique por ir y volver de su trabajo. El espectáculo de estas personas pobres, por lo tanto, multados en una proporción tan grande de sus ingresos ofendió a la conciencia pública, y la agitación se puso de pie, las autoridades municipales se despertaron, y a costa de los contribuyentes, se liberó el puente y el peaje se eliminó. ¡Todas esas personas que usaron el puente se ahorraron seis peniques por semana, pero en muy poco tiempo se descubrió que los alquileres en el lado sur del río habían aumentado aproximadamente seis peniques por semana, o sea la cantidad del peaje que se había eliminado! Y un amigo mío me dijo el otro día que, en la parroquia de Southwark, personas de caridad regalaban unas 350 libras al año en pan en relación con una de las iglesias. Como consecuencia de esta organización benéfica, ¡la competencia por casas pequeñas y viviendas de una habitación es tan grande que los alquileres son considerablemente más altos en esa parroquia! Todo vuelve a la tierra, y el propietario de la tierra puede absorber una parte de casi todos los beneficios públicos y privados…”
En el ejemplo de Churchill los trabajadores que eran inquilinos no mejoraron su situación después de que se eliminara el peaje, a los sumo quedaron en una situación neutra. Y, más aún, aquellos que no utilizaran el puente diariamente pudieron quedar en una situación peor, pues sus ingresos habrían permanecido iguales pero deberían afrontar mayores costos para alquilar sus viviendas. Lo que Churchill muestra en un caso concreto es una demostración clarísima del principio teórico que señala que el precio del suelo, factor clave en el precio de los alquileres, se forma por el lado de la demanda, absorbiendo la oferta todo lo que la demanda esté dispuesta a ofrecer. Vale decir que el suelo tiene una curva de oferta que es en realidad una recta vertical; determinando las cantidades, y siendo la demanda la que determina los precios. Ya Adam Smith se había percatado de esto, y en tal sentido expresó que “la renta no guarda proporcionalidad con lo que el propietario haya invertido en mejoras (…) sino con lo que el campesino pueda pagarle” (Adam Smith, La Riqueza de las Naciones, Libro I, Capítulo II).
Vale decir que en este caso el subsidio que la comunidad londinense pretendió otorgar a los trabajadores al liberarlos del pago del peaje, y absorbiendo ese costo con recursos públicos,  terminó siendo un subsidio a los propietarios del suelo. Y ello por no haberse utilizado  precisamente instrumentos de recuperación de esa valorización adicional que tal medida había causado en los precios del suelo, y por ende en el valor de las locaciones urbanas. 
El viejo ejemplo de Churchill ha sido luego constatado en estudios aplicados a otras realidades: “…un aumento en el ingreso de los hogares desplaza la curva de demanda hacia afuera. Como la oferta es fija, debido a que el stock de vivienda también es fijo, este movimiento se refleja en un aumento de los precios…”. Esta advertencia es particularmente relevante en el caso del debate que se está originando – sobre todo en Estados Unidos – a propósito de las alternativas de financiación de un ingreso básico universal, y fundamentan los argumentos de aquellos que sostienen que debería combinarse con instrumentos tributarios que graven la renta del suelo y que por lo tanto impidan que el mayor poder adquisitivo de las personas de menores ingresos se traslade a los precios de las locaciones urbanas.
En líneas generales, puede ser muy frecuente que con el ánimo de favorecer a comunidades de bajos ingresos se piense en proveer o mejorar escuelas, brindar mejores condiciones de seguridad, o facilitar el acceso a empleos y servicios educativos, por ejemplo a través de mejores calles o sistemas de transporte público. Si se logran cualquiera de esas mejoras, los precios del suelo subirán, los alquileres subirán, y los supuestos beneficiarios podrían verse obligados a abandonar esas áreas, en un proceso usualmente denominado gentrificación. Recursos públicos obtenidos a través de la tributación terminan en ese caso enriqueciendo a los dueños del suelo, que por lo general no son pobres. En cualquier caso, más allá de la condición socio-económica de los propietarios del suelo, se habría configurado un  enriquecimiento sin justa causa. Sin mover un dedo, sin hacer nada, merced al impacto de la utilización de fondos públicos de todos los contribuyentes, algunos tendrían un patrimonio sustancialmente mayor al que tenían antes de las mejoras que la inversión de tales fondos supuso.
Esto nos lleva a analizar la cuestión de la especulación inmobiliaria, que podríamos definirla simplemente como la práctica consistente en comprar suelo y no utilizarlo sino retenerlo especulativamente a la espera de una futura apreciación. Debe quedar en claro en este sentido que la especulación inmobiliaria, o más propiamente dicho la especulación con el suelo, no crea absolutamente ningún valor. Por el contrario, la especulación con el suelo sí produce:
-          Escasez artificial de suelo desarrollable (especialmente en ubicaciones privilegiadas).
-          Incrementos en los precios del suelo (particularmente en ubicaciones privilegiadas).
-          Dispersión urbana desmedida.
-          Períodos de auge y posterior estallido de burbujas inmobiliarias que causan dificultades para la mayoría de la sociedad.
Es muy importante, por lo tanto, resaltar que la capacidad de los propietarios para apropiarse de valorizaciones del suelo creadas públicamente es el combustible para la especulación inmobiliaria.             
Llegamos de esta manera a este esquema que muestra las consecuencias de la valorización del suelo:


1.- Los ciudadanos pagan impuestos para generar y mantener bienes públicos y servicios. Nótese que estos impuestos gravan primordialmente el trabajo y el capital. Los propietarios del suelo en localizaciones privilegiadas contribuyen menos que otros porque buena parte de sus impuestos se transfieren a los consumidores.   
2.- El gobierno aplica la recaudación fiscal para producir bienes públicos y servicios.
3.- Los beneficios de muchos bienes públicos y servicios son capitalizados en valorizaciones en los precios del suelo, sobre todo en sitios privilegiados (“Localización, localización, localización”). 
4.- Recuperación de la valorización del suelo: el impuesto inmobiliario, que grava tanto el suelo como las mejoras, y otros impuestos y tasas, recuperan sólo una pequeña parte de tal valorización.
5.- La mayor parte de la valorización del suelo creada por la acción pública son ganancias inmerecidas para los propietarios de localizaciones privilegiadas, que cargan mayores costos a los inquilinos por acceder a bienes públicos y servicios. Nótese que los inquilinos de alguna manera pagan dos veces por los servicios públicos, a través de los impuestos y a través de la renta del suelo.
Pero este estado de cosas puede – y debe – reformarse. Pasaríamos así a este esquema alternativo, en el que vemos las consecuencias de la recuperación y la reinversión de las valorizaciones del suelo, en procura de equidad y sostenibilidad.


1.- Los ciudadanos pagan impuestos para generar y mantener bienes públicos y servicios. Pero en este caso, a diferencia del anterior, los propietarios de suelo en sitios privilegiados contribuyen mucho más que antes (a través de instrumentos de recuperación de las valorizaciones o plusvalías, siendo el más importante el impuesto al valor del suelo libre de mejoras). A su vez, los impuestos al trabajo y al capital pueden ser reducidos como resultado de la mayor recaudación del impuesto al suelo, sin afectar la recaudación fiscal.
2.- El gobierno aplica la recaudación fiscal para producir bienes públicos y servicios.   
3.- Los beneficios de muchos bienes públicos y servicios son capitalizados en valorizaciones en los precios del suelo, sobre todo en sitios privilegiados (“Localización, localización, localización”). 
4.- Instrumentos más robustos y eficaces que el actual impuesto inmobiliario permiten recuperar para el fisco más valorización del suelo creada públicamente, y adicionalmente los impuestos que gravan las mejoras o construcciones pueden ser reducidos (o idealmente eliminados).  
5.- La reducción de las ganancias inmerecidas de los propietarios del suelo reducen su precio, y por ende el de los alquileres. La reducción (o eliminación) de impuestos que graven las construcciones las hace más asequibles, por lo que los inquilinos consiguen más valor por el alquiler que pagan, y se fomenta a su vez la construcción de viviendas y todo tipo de edificios, por una doble vía, alentando la ocupación de parcelas en desuso, y abaratando los costos de construcción.
De modo tal que podríamos concluir en que cuando la infraestructura está bien diseñada y bien ejecutada, infla los precios del suelo circundante, que se ve beneficiado por la influencia que tal infraestructura genera en las condiciones de ocupación y utilización de las parcelas afectadas (accesibilidad, seguridad, calidad ambiental, etc.). La recuperación y reinversión de las valorizaciones del suelo consiste en captar por parte del sector público las plusvalías generadas por la acción pública en los precios del suelo y reciclarlas en la creación, operación y mantenimiento de nuevas infraestructuras y servicios urbanos.
Planteos de este tipo suelen despertar dudas y diversos cuestionamientos. Por ejemplo, por qué no premiar la especulación inmobiliaria? Vale la pena aclarar que, aunque a menudo se confunden los términos, no es lo mismo la especulación inmobiliaria que el desarrollo inmobiliario. Por el contrario, podría decirse que son la antítesis. Uno de los argumentos falaces que podemos encontrar en defensa de la especulación inmobiliaria es que es una actividad de riesgo, y que el capitalismo debería recompensar la toma de riesgos. Pero debemos diferenciar muy cuidadosamente el riesgo productivo del riesgo no productivo. Construir un edificio es riesgoso, y aún si la inversión termina no siendo rentable la sociedad contará con un edificio más que puede ser usado. La especulación inmobiliaria puede ser riesgosa, aunque generalmente no lo es, pero nunca es una inversión productiva. Se gane o se pierda, nada de valor se crea.
Otro interrogante que puede surgir es el siguiente: cuando se mejor la infraestructura y los valores del suelo se incrementan, no se recupera esa valorización con el impuesto inmobiliario?    
En general, cabe señalar que los avalúos fiscales que se usan para el cálculo del impuesto inmobiliario están notablemente rezagados con respecto a las valuaciones de mercado, pero además el impuesto inmobiliario, es en realidad la combinación de dos impuestos, uno muy bueno y uno muy malo. William Vickrey, Premio Nobel de Economía en 1996, señaló al respecto que “el impuesto a la propiedad inmobiliaria es, económicamente hablando, la combinación de uno de los peores impuestos - la parte que se deriva de las mejoras a un bien inmueble… - y uno de los mejores - el impuesto a la tierra o al valor de un lugar… -. “  (Martim O. Smolka, Implementación de la recuperación de plusvalías en América Latina, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, MA, 2013). El impuesto inmobiliario tiende a reducir la construcción, mejora y mantenimiento de edificios, al encarecer los costos de construcción, mientras que por otro lado recupera muy poco de la valorización del suelo. Cabe recordar aquí que el impuesto al valor del suelo es el único que no puede trasladarse, y que en vez de producir un aumento de su precio, contribuye a que baje al forzar a un aumento de las cantidades ofertadas en el mercado, ante la inconveniencia de mantener parcelas vacantes. En este sentido es pertinente tener en cuenta que “un aumento del stock de vivienda hace que la curva de oferta se desplace hacia la derecha, con lo cual se genera una disminución en el precio”. En palabras del economista norteamericano Fred Foldvary, “los economistas han conocido por más de 200 años que un impuesto sobre la renta del suelo no cambia la renta del suelo. El impuesto reduce el precio de compra del suelo, por lo que la carga recae sobre los propietarios de la tierra… reemplazar los impuestos sobre los salarios con impuestos sobre la renta del suelo aumentaría los salarios y disminuiría el valor del suelo, haciendo que la vivienda sea mucho más asequible”.
La dispersión urbana genera numerosos problemas; significa usos del suelo en tejidos segregados, discontinuos y de baja densidad. Los desplazamientos peatonales y en bicicleta se tornan inconvenientes o directamente imposibles por las grandes distancias. El tránsito, que depende de muchas personas yendo y viviendo en la misma dirección al mismo tiempo es típicamente ineficiente y produce congestión. Prácticamente todas las actividades afuera de la vivienda requieren desplazamientos en automóvil particular. El término “smart growth” (crecimiento inteligente) fue acuñado en los 80s y 90s como una reacción frente a la “dispersión urbana”. La noción consiste en que el desarrollo debería darse donde ya existe infraestructura. La clave es el desarrollo de relleno, el completamiento urbano.
Es importante distinguir las diferencias entre las herramientas que gravan el desarrollo y las construcciones y la recuperación y reinversión de la valorización del suelo. En el primer caso, cuanto más intensivamente se aprovecha el suelo, más usuarios se benefician de la infraestructura disponible, y los propietarios pagan en función de la intensidad del desarrollo. En el segundo, se considera que la infraestructura brinda la misma oportunidad a todas las parcelas de suelo servido, independientemente de si ese suelo es desarrollado o no. Por lo tanto los propietarios deben pagar en función del valor recibido que se desprende de las inversiones o acciones públicas. Como hemos dicho, el impuesto inmobiliario es difícil de caracterizar y de evaluar, porque combina en un mismo impuesto estos dos tipos de tributos.
Cómo puede la recuperación y reinversión de la valorización del suelo superar el “dilema de la infraestructura”?
Debemos tener en cuenta que los gravámenes a las construcciones se equiparan a un costo de producción. Por lo tanto, si los costos de producción aumentan, disminuyen las cantidades producidas (en este caso construídas) y aumentan los precios de la construcción. Queremos reducir el desarrollo urbano en áreas con infraestructura y hacer que se incremente su precio? Por supuesto que no. Un impuesto a las mejoras se apropia de valor creado de manera privada, por el genuino esfuerzo del propietario.  Castiga a los constructores, futuros ocupantes y consumidores.
A la inversa, la recuperación y reinversión de la valorización del suelo es un tributo basado precisamente en el valor del suelo. La oferta de suelo no se ve afectada por la recuperación y reinversión de la valorización del suelo, el suelo no se produce. La recuperación y reinversión de la valorización del suelo no implica un costo de producción, sino un costo de propiedad.  
Cuál es el impacto del impuesto al valor del suelo en sus precios? A medida que los costos de propiedad aumentan, disminuyen sus beneficios, y por lo tanto el precio del suelo tiende a bajar. A diferencia del impuesto a las mejoras, el impuesto al valor del suelo, no castiga a los constructores, futuros ocupantes y consumidores.
Las respuestas que los propietarios del suelo dan a estos dos tipos de tributos son radicalmente diferentes. En primer lugar, van a tender a evitar los gravámenes al desarrollo, disminuyendo la cantidad, la calidad y la superficie de nuevas construcciones (o construyendo en áreas con menos impuestos a las mejoras) y reduciendo el mantenimiento de edificios existentes.
En cambio, el impuesto al valor del suelo no se puede evitar. La valorización dada por la localización no está determinada por el propietario. El propietario no puede mudar su parcela a una zona con menores impuestos. El suelo de alto valor va a ser desarrollado, o bien su propietario deberá venderlo a alguien que lo haga.      
En un sistema de recuperación y reinversión de la valorización del suelo los propietarios pagan por los beneficios de la infraestructura en proporción a los beneficios que reciben. Un sistema de esta naturaleza alienta el desarrollo del suelo de alto valor. En vez de empujar el desarrollo hacia la periferia, lo promueve allí donde hay transporte y otras infraestructuras. De esta manera, reduce la dispersión urbana, previene la duplicación de infraestructura, disminuye los costos per capita de la infraestructura y baja la carga tributaria.        
En realidad existen diversos instrumentos de recuperación de la valorización del suelo, y no todos implican necesariamente la reinversión en infraestructura o servicios urbanos.
Entre los más importantes tenemos los siguientes: 
-          Impuesto al valor del suelo libre de mejoras.
-          Contribución por mejoras.
-          Concesión onerosa del derecho de construcción, etc.  
La clave consiste en emplear en cada caso los incentivos correctos de acuerdo a la situación de que se trate.  
Veamos un ejemplo. Los experimentos controlados son raros en las ciencias sociales. Cuando una nueva política pública se implementa ocurren cambios. Pero la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: es la modificación en las políticas adoptadas la causa responsable del cambio que se observa, o podría haber ocurrido de todas maneras? 
McKeesport, Duquesne y Clairton son pueblos similares en la región de Pittsburgh. A mediados de la década del 70, cada una de las plantas de acero de estos pueblos había cerrado. La cantidad y el valor de los permisos de construcción declinó en cada ciudad por varios años consecutivos. McKeesport adoptó en ese momento un impuesto inmobiliario con dos tasas, menor para las construcciones y mayor para el suelo. Los permisos de construcción aumentaron por 3 años consecutivos. Pero, era esta la causa; no habría ocurrido de todas maneras, como consecuencia de otros factores?

Como muestra el gráfico, la diferencia estuvo en la política tributaria. Duquesne y Clairton mantuvieron su tradicional impuesto inmobiliario. Allí los permisos de construcción continuaron decayendo, mientras que se incrementaron significativamente en McKeesport.
Duquesne y Clairton advirtieron lo que estaba sucediendo en McKeesport, y adoptaron defensivamente mecanismos de recuperación y reinversión de la valorización del suelo. Poco tiempo después, confirmando la teoría, los permisos de construcción comenzaron a aumentar en estas localidades también.
Aquí es importante enfatizar un aspecto. Las 3 localidades mencionadas eran ciudades en situaciones sumamente recesivas. Las reformas tributarias que se implementaron no trajeron de vuelta las plantas siderúrgicas y los miles de empleos bien pagos que esas industrias proveían. Pero este experimento muestra que, en cualquier momento del ciclo económico en que esté una localidad, aún durante una muy profunda recesión o depresión, la recuperación y reinversión de la valorización del suelo puede ayudar a la economía local a operar en un nivel más alto.
Se presentan en este tema oportunidades y desafíos:
-          Oportunidad: las comunidades están generalmente ávidas de financiamiento para infraestructuras. Pueden los gobiernos continuar cediendo enormes cantidades de recursos en valorizaciones del suelo creadas por la acción pública? La recuperación y reinversión de la valorización del suelo puede ayudar a que la financiación de la infraestructura sea autosustentable.
-          Oportunidad: las comunidades no pueden afrontar los costos de la dispersión urbana. La recuperación y reinversión de la valorización del suelo reduce la dispersión urbana y por lo tanto minimiza sus daños ambientales y fiscales.
-          Oportunidad: la recuperación y reinversión de la valorización del suelo provee una solución a la paradoja de que “ninguna buena acción queda impune”. Permite calibrar adecuadamente la correspondencia entre los objetivos buscados y las herramientas efectivas implementadas, evitando que buenas intenciones terminen siendo neutras, o más aún, “peor el remedio que la enfermedad”.
-          Oportunidad: los gobiernos ya lo están haciendo. En general en nuestro país el impuesto inmobiliario, recaudado por las provincias, grava tanto el valor de las mejoras, creado por el propietario, como el valor del suelo, acrecentado por la acción pública. Pasar gradualmente a un esquema que deje exentas a las mejoras y grave sólo el suelo es un cambio que puede tener profundos efectos positivos.
-          Desafío: generalmente no se comprende bien la diferencia entre gravar las mejoras y gravar el suelo.
-          Desafío: frecuentemente no se interpreta correctamente el término “captura de plusvalías”, o “recuperación de plusvalías”. A punto tal que las Naciones Unidas han optado por evitar el término inglés “capture”, dado que suena agresivo u hostil.
-          Desafío: algunos proyectos de infraestructura son financiados por organismos nacionales (a veces con financiación internacional), mientras que el principal instrumento tributario sobre el suelo es provincial, y las regulaciones del uso del suelo y las edificaciones es generalmente competencia municipal.            
Veamos algunas objeciones que pueden ser usuales:
-          Qué problema existe con el actual impuesto inmobiliario? El problema es que funciona al revés. Castiga a las personas que proveen viviendas y empleos, mientras que recompensa a las que retienen suelo de manera especulativa o dejan edificios vacíos y deteriorados.
-          Por qué no eliminar entonces el impuesto inmobiliario? Parte del impuesto inmobiliario, el que grava el suelo, hace retornar a la comunidad la valorización del suelo que misma comunidad creó a través de la acción del Estado. Permitir que valorizaciones creadas por la acción pública se conviertan en ganancias inmerecidas alienta la especulación inmobiliaria, una actividad parasitaria que sólo incrementa los valores del suelo y los alquileres y destruye empleos.    
-          Si la recuperación de la valorización del suelo es tan buena idea, donde se implementa? Se implementa prácticamente en cada ocasión en que se cobra el impuesto inmobiliario, pero; no es suficiente para lograr sus objetivos, y es eclipsado por los impactos adversos de gravar el valor de las mejoras, creado de manera privada por sus propietarios.
Además, el lenguaje es importante. Cuando alguien dice: “podemos solucionar este problema con un impuesto al valor del suelo”, lo que la mayoría escuchará es “un impuesto…” y  probablemente responda: “Gracias, pero no necesitamos un nuevo impuesto!” (o algo probablemente mucho menos amable). En cambio, si decimos “reducción universal de impuestos”, se enfatiza que la alícuota del impuesto será reducida (idealmente eliminada) en todos los edificios, y no solamente en aquellos de unos pocos favorecidos, como es usual en muchos casos de reducción de alícuotas.
Los pasos en la implementación de cualquier instrumento de recuperación y reinversión de la valorización del suelo podrían ser:
-          Identificar las metas y objetivos clave:
Establecer una economía más equitativa y sostenible.
Hacer que la financiación de la infraestructura se autosustente.
Obtener una justa compensación por parte de los beneficiarios de la infraestructura.
Integrar la construcción, operación y mantenimiento de las infraestructuras con las políticas de uso del suelo a los efectos de:
§  Reducir la dispersión urbana y el impacto ambiental negativo.
§  Disminuir la congestión del tráfico.
§  Evitar la duplicación innecesaria de redes de infraestructura.
                Maximizar la asequibilidad de la vivienda y la generación de empleo.
-          Identificar la normativa  a todo nivel que permite o prohíbe la instrumentación de mecanismos de recuperación y reinversión de la valorización del suelo.
-          Identificar actores sociales interesados y desarrollar estrategias y campañas de divulgación adecuadas para cada grupo de interés: vivienda, pobreza, empleo, desarrollo económico, ambiente, justicia social, etc..
-          Crear una coalición de organizaciones, comunidades y organismos públicos.
-          Implementar una nueva actitud o enfoque de la creación de infraestructuras; pasando de un viejo enfoque basado en una secuencia en la que los estudios de ingeniería determinan la demanda y la mejor localización para ubicar bienes y servicios públicos, luego se obtiene financiación nacional o provincial, y finalmente se construye la infraestructura; a un nuevo enfoque, en el que se comienza igual, se continúa calculando la valorización del suelo que se produciría y los niveles de recuperación de tal valorización, posteriormente evaluando los diferentes incentivos asociados con las alternativas de financiación disponibles determinando cuales incentivos están más alineados con los objetivos de la comunidad en términos de usos del suelo y desarrollo urbano, y finalmente, establecer una coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para recuperar y reinvertir la valorización del suelo que la infraestructura generará.         
Finalmente, por qué la recuperación y reinversión de la valorización del suelo es tan importante?
Se trata de una fuente generalmente pasada por alto de financiación de las infraestructuras. Aquí es importante enfatizar que CÓMO obtenemos fondos para financiar infraestructura es tan importante como CUÁNTO recaudamos. Y además es una excelente herramienta para integrar las políticas de infraestructuras y servicios con las de uso del suelo.
En definitiva, la recuperación y reinversión de la valorización del suelo:
-          Genera recaudación fiscal.
-          Crea incentivos correctos para los usos del suelo:
Desalienta la dispersión urbana.
Alienta la reinversión, y de esta manera fomenta la creación de empleos y favorece la asequibilidad de la vivienda.
Mejora la eficacia de las regulaciones urbanísticas.
-          Hace que la carga tributaria sea más justa y equitativa
Los beneficiarios de la infraestructura pagan en proporción a los beneficios recibidos.
La comunidad es más equitativamente compensada por la creación de beneficios por la acción pública.
Reduce la presión tributaria sobre la producción y sobre aquellos que no son beneficiados directamente.

Expreso finalmente mi profundo agradecimiento a la Henry George School of Social Science y al Profesor Rick Rybeck por los valiosos aportes recibidos en el curso.        

martes, 9 de junio de 2020

UNA VIEJA NUEVA IDEA


El ingreso básico universal como herramienta clave de la construcción del Estado de bienestar del siglo XXI
Por José Antonio Artusi
La pandemia y las crisis que se han desatado como consecuencia de su impacto global están actuando como un gigantesco acelerador de tendencias y debates. Cuestiones o ideas que hasta hace poco ocupaban un lugar más o menos marginal en la agenda pública están adquiriendo rápidamente una centralidad que las hacer estar presente de manera reiterada en las discusiones tendientes a encontrar respuestas para enfrentar nuevos desafíos. Propuestas que hasta hace algunos meses eran solamente banderas de candidatos testimoniales o movimientos sociales sin demasiada capacidad de incidir en las políticas públicas están siendo ahora evaluadas, y hasta implementadas en alguna medida, como alternativas válidas por gobiernos de los más diversos signos políticos. 
El Covid-19 tiene ilustres antecedentes en este sentido. No será la primera peste en desencadenar procesos estructurales de cambio en todos los órdenes.  Pedro García Luaces ha señalado que “la peste negra contribuyó a un cambio de percepción sobre la manera de vivir y morir que transformaría radicalmente al hombre medieval”, y que “contribuyó al debilitamiento del feudalismo, propició la acumulación de capitales en manos de la burguesía y proyectó sobre la sensibilidad colectiva un sentido laico de la muerte que debilitó el mito cristiano del paraíso, inclinando a los hombres hacia el bienestar y la prosperidad terrenas”.  (García Luaces, 2017). Si Marx habló de la violencia como la partera de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra nueva quizás debamos también prestar atención a este poder catalizador de la pandemia, en el sentido de acelerar el nacimiento de lo que estaba esperando condiciones adecuadas para nacer y precipitar también la muerte de lo que ya estaba agonizando, lo viéramos o no, antes del Covid-19.
Milton Friedman creía que “solo una crisis –real o percibida– da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que esa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable”.  (Berman, 2020).
Una de esas ideas emergentes, que ha logrado mantenerse viva y activa, y que está concitando un renovado interés en todo el mundo es el ingreso básico universal (IBU). El IBU parece una idea novedosa pero en realidad podemos rastrearla bastante atrás en la Historia.  Desde el primer califa musulmán Abu Bakr, pasando por Santo Tomás Moro, Thomas Paine, Bertrand Russell, Martin Luther King, etc.; hasta nuestros días.
Como toda idea relativamente novedosa, es poco (o mal) conocida; genera prejuicios y lógicas resistencias. Casi todos tenemos una cierta resistencia al cambio que nos hace levantar  instintivamente la guardia frente a conceptos que a primera vista parecerían cuestionar algunos principios y valores que no admitirían ser puestos en tela de juicio. Debo admitir que yo también tuve prejuicios y en un principio la idea me pareció no sólo absurda sino aberrante. Hasta que descubrí que esos prejuicios estaban basados en mi ignorancia. Cuando empecé a estudiar y a investigar con un poco más de profundidad el tema me dí cuenta de que cada uno de los interrogantes u objeciones que me parecían irrefutables tenían una respuesta adecuada que ponía las cosas en su lugar. Obviamente, desde mi personal punto de vista, el de cierta afinidad ideológica con un conjunto básico de valores y principios que considero adecuados para regir el progreso humano, que en aras de la brevedad diré que tienen que ver con la búsqueda simultánea, en el marco de la democracia republicana, de los ideales de la libertad y la igualdad. Habrá también quienes conociendo bien la idea se opongan con total legitimidad para hacerlo. Ya hay voces en ese sentido, y es bueno que se expresen con claridad, porque al hacerlo contribuyen a plantear un debate franco y honesto.      
Estas líneas tienen, por ende, el propósito básico de brindar información acerca de lo que considero que son los puntos más relevantes que deberían guíar un debate informado acerca de esta cuestión, específicamente en la República Argentina. No es información neutra, obviamente, el recorte temático está determinado por la mirada subjetiva del autor, y en ningún momento oculto mi convicción de que el IBU está llamado a ser uno de los elementos clave de un proceso de reformas profundas de nuestra sociedad en el siglo XXI, no sólo en el área de las políticas sociales. Como toda buena idea, tiene sus riesgos. Uno, y no menor, es que sea – por diversas razones – mal interpretada, tergiversada, y aplicada – con buenas o malas intenciones - en una versión deformada, por lo que podría fracasar o bien mostrar rasgos negativos, con la consiguiente deslegitimación y pérdida de viabilidad de la idea original. Es por eso que se impone la necesidad de avanzar con sentido estratégico, con perseverancia pero sin apresuramientos inconducentes, construyendo las condiciones efectivas en términos de legitimación social y relaciones de poder para que su implementación – seguramente gradual – sea crecientemente aceptada y exitosa, de modo tal que lleguemos en determinado momento a un estado de cosas en el que a nadie se le pueda ocurrir dar marcha atrás. Como sucedió otrora con tantos otros logros y avances que en su momento parecieron utópicos (o distópicos) y que una vez que se alcanzaron se volvieron irrenunciables y adquirieron una legitimación que se percibe como naturalizada; la abolición de la esclavitud, el sufragio universal, las conquistas de derechos de las mujeres, los homosexuales, etc..        
Todo debate exige una mínima precisión acerca del concepto en cuestión. Qué es el IBU (y que NO es) aparecen por lo tanto como dos interrogantes iniciales que deberíamos dilucidar, para pasar luego a intentar responder otras preguntas.  
¿Qué es el IBU?
Podemos encontrar varias definiciones de IBU, pero limitémonos a señalar que todas coinciden en que se trata de una asignación monetaria básica otorgada periódicamente por el Estado de manera individual e incondicional a toda la población, de manera igualitaria, como un derecho de ciudadanía.
¿Y que NO es el IBU?
Esta respuesta es tan relevante como la anterior, pues en muchos casos se tiende a confundir el concepto con otros, y en ese caso el debate se dificulta notoriamente. El IBU NO es un "plan" social, no es un programa focalizado, no es una dádiva, no es caridad, no es un subsidio, no es un seguro de desempleo, no es "dinero gratis", no es un sustituto del Estado de Bienestar, no es una mera respuesta al desempleo tecnológico (aunque forme parte de una buena respuesta a ese potencial problema),  no es un programa de empleo mínimo garantizado (y es una alternativa infinitamente mejor a esta), y no debe ser sólo para la emergencia (aunque en la emergencia, en una versión adecuada y factible, quizás no tan “pura”, es más necesario que nunca).       
Por qué deberíamos avanzar en la implementación de un IBU?
Cuando digo “por qué” me refiero a lo siguiente: cuál es la justificación de la legitimidad del concepto? Por qué decimos que se trata de un derecho, y no de una mera política de lucha contra la pobreza y la exclusión? En qué se basa la existencia de tal derecho? La mejor respuesta a estos interrogantes la dio un revolucionario liberal y republicano inglés a fines del siglo XVIII, Thomas Paine, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. En su obra “Agrarian Justice” Paine funda la necesidad de reconocer el derecho de toda persona a percibir una parte de la renta de los bienes comunes; se trataría de una suerte de indemnización por la desposesión original que supuso el establecimiento de la propiedad privada del suelo y de los recursos naturales. Se trata de una posición en línea con los postulados del liberalismo clásico, el de Adam Smith entre otros, que veían en la concentración de la propiedad de la tierra uno de los factores que atentaban contra el desarrollo de un sistema capitalista competitivo y con igualdad de oportunidades. Antoni Domenech, en el prólogo a “Las condiciones materiales de la libertad”, de Daniel Raventós, señala que “Thomas Paine habló un poco después (1796)… de la necesidad y la justicia de crear un “fondo nacional” mediante impuestos a la propiedad privada de las tierras, a fin de introducir una pensión vitalicia para “toda persona actualmente viva” (mayor de cincuenta años) de “10 libras esterlinas anuales”. Thomas Paine escribió en Agrarian Justice lo siguiente: “El cultivo de la tierra es una de las mayores mejoras naturales jamás hecha por la invención humana. Ha decuplicado el valor de la tierra. Pero el monopolio de la propiedad agraria que empezó con el cultivo ha generado también el mayor daño. Ha desposeído a más de la mitad de los habitantes de todas las naciones de su herencia natural, sin ofrecerles a trueque, como debería haberse hecho, indemnización alguna por esa pérdida, lo que ha generado una suerte de pobreza y de desdicha que no existían antes. Al abogar a favor de los así desposeídos litigo por un derecho, no predico caridad”. Comenta al respecto Domenech: “Así pues, la introducción de una pensión vitalicia universal se justificaba como medida de justicia conmutativa severamente correctora del ingente proceso de desposesión masiva que había sido la introducción de la propiedad privada agraria, detentada en régimen de monopolio por una minoría”.  (Raventós, 2007). Queda claro que Paine se refiere a fines del siglo XVIII a la tierra agrícola, hoy podríamos extrapolar su razonamiento para abarcar también al suelo urbano, y a los recursos naturales en general (energéticos, hídricos, etc.) y a lo que podríamos denominar bienes comunes, todos aquellos elementos tangibles e intangibles creados por la Naturaleza o por la sociedad de manera colectiva que hacen que una determinada sociedad pueda producir riqueza.  Estos bienes, cuando son objeto de propiedad privada no deben expropiarse, pero sus rentas deben gravarse de una manera equitativa y eficiente, de modo tal de contribuir a la constitución de ese fondo del que hablaba Paine, destinado a distribuirse de manera absolutamente universal e igualitaria entre todos los ciudadanos, no como dádiva o concesión graciosa sino como expresión de un derecho a participar en los dividendos de esos bienes comunes.  
Daniel Raventós, José A. Noguera y David Casassas brindan una respuesta a las justificaciones del IBU desde dos vertientes; una más bien liberal y otra más bien republicana. Como exponente de la primera citan a H. Steiner, y en tal sentido consideran que “Steiner parte de la idea de la propiedad original común del planeta Tierra. Según él, así como los frutos del trabajo no han de ser cargados con impuestos, los de la naturaleza sí, porque los recursos naturales no son inicialmente propiedad de nadie. Un impuesto justo extrae a las personas aquello a cuya posesión no tienen un derecho justo. Cada persona, según el libertarianismo, tiene un derecho absoluto a hacer aquello que desee de él mismo y de los bienes de los que es legítimo propietario. Pero como los recursos naturales no son, en un principio, propiedad de nadie, todas las personas tienen un igual derecho a ellos. Cierto es que cada persona es propietaria de los bienes que legítimamente haya adquirido, por lo que no es justo, dirán los libertarianos, imponer impuestos para intentar una redistribución de estos bienes. Ahora bien, tales bienes contienen recursos naturales sobre los que, según Steiner, toda persona tiene un igual derecho moral. Veamos que es perfectamente coherente con los principios libertarianos que se redistribuya entre todos de forma igualitaria la parte de la renta global de una sociedad cuyo valor provenga de la incorporación de los recursos naturales. Por tanto, un impuesto sobre los recursos naturales es justo. Es evidente que no se puede redistribuir la naturaleza entre todas las personas, pero puede realizarse una aproximación que equivalga a este imposible reparto. Es aquí donde entra en juego la justificación libertariana de la Renta Básica: dado que no se pueden repartir entre todas las personas los réditos de la distribución de los recursos naturales, tales réditos han de ser sustituidos por una renta. En contundentes palabras de Steiner, “una renta básica compatible con los principios libertarianos ha de ser universal”. Los autores mencionados ilustran la justificación republicana con argumentos de Antoni Domènech; “el derecho a la existencia es una condición necesaria de la plenitud ciudadana. Se trata, pues, de lograr una ciudadanía independiente, esto es, sin dependencia de la beneficencia o de la caridad. Efectivamente, sin independencia socioeconómica, mis posibilidades de disfrutar de la libertad como no-dominación se ven menguadas, tanto en alcance como en intensidad. En cambio, la instauración de una Renta Básica supondría el logro de una independencia socioeconómica mucho mayor que la actual, por parte de importantes segmentos de la ciudadanía, especialmente los más expuestos a la dominación en las sociedades actuales: trabajadores asalariados, parados, mujeres y pobres en general. Es en este sentido que puede decirse que la instauración de la Renta Básica sería un bien social. La libertad republicana, la libertad como no-dominación, vería ensanchadas sus posibilidades. Por un lado, en alcance, puesto que los ciudadanos contarían con más ámbitos de libertad, vetados hasta el momento. Por el otro, en intensidad, pues los ámbitos de libertad ya consolidados se reforzarían.”  (Raventós , Noguera, & Casassas, Catorce respuestas sobre la Renta Básica)
Para qué deberíamos implementar un IBU?
Dicho de otro modo, qué objetivos podríamos lograr a través de la implementación de un IBU?
La lista podría ser muy extensa, pero nos limitaremos a enunciar 7 objetivos que cruzan de manera horizontal prácticamente todos los sectores de las políticas públicas, y obviamente interactúan entre sí:
- Eliminar la pobreza por ingresos (o la indigencia, la pobreza extrema). Es verdad que sería insuficiente para eliminar la pobreza en sentido integral, pues esta es multidimensional, no se agotan en los ingresos, pero de todos modos sería tambien un potente instrumento para avanzar en las demás dimensiones.  
- Garantizar las “condiciones materiales de la libertad”.
- Mejorar la distribución del ingreso.
- Mejorar la calidad del empleo y favorecer el emprendedorismo.
- Favorecer un capitalismo más moderno, justo  y eficiente.
- Potenciar las habilidades y capacidades para el ejercicio efectivo de otros derechos (salud, educación, vivienda, el derecho a la ciudad, trabajo, etc.). 
- Construir ciudadanía y mejorar el ejercicio de la participación política. 
Qué características o atributos fundamentales tendría un IBU?
. Universal. Es una prestación que se otorga a todos los residentes o a todos los ciudadanos, independientemente de sus niveles de ingreso o condición laboral.
. Incondicional. No requiere el cumplimiento de determinadas condiciones por parte de los ciudadanos, ni exige contraprestaciones. Y el destino del ingreso percibido no tiene ningún tipo de control ni condicionalidad en cuanto a su destino.  
. Regular. Se trata de transferencias periódicas, por ejemplo mensuales.
. Complementario. Hay distintos modelos teóricos, pero en ningún caso sustituiría la totalidad de los programas sociales. En la versión que defendemos, sí sustituye a los programas focalizados de transferencias directas y condicionales, asignaciones familiares, programas alimentarios, ciertas deducciones impositivas, etc:; pero no sustituye a los sistemas universales de salud y la educación pública gratuita.
. Individual e igualitaria. Se otorga a las personas individualmente, no a las familias ni a ningún otro tipo de entidad colectiva.  Y el monto es igual para todos.
. Transferencia monetaria. Se trata de una transferencia de dinero, no en especies. Puede ser dinero en efectivo, la acreditación en una cuenta o bien puede tomar la forma de una deducción de impuestos.   
. Básico. El monto debería permitir la satisfacción de necesidades básicas de subsistencia, que dejen a las personas por encima de la línea de pobreza, o bien de la pobreza extrema.
Quien lo ha propuesto?
La lista es larga. De diversas maneras, con diferentes argumentos, son muchos los pensadores, economistas, filósofos y políticos que han propuesto alguna forma de IBU. Sólo citaremos algunos.
Thomas Paine: “Pido, en defensa de las personas así desposeídas, un derecho, y no una caridad
(…). Crear un fondo nacional del que se pagaría a cada persona, cuando llegase a los 21 años, la cantidad de 15 libras esterlinas como recompensa parcial por la pérdida de su legado natural debido al sistema de propiedad privada de la tierra. Y también la cantidad de 10 libras cada año a lo largo de toda la vida a toda persona que tenga 50 años o más, así como a la que cumpla esta edad (…). Se propone que estos pagos se hagan a todas las personas, ricos y pobres”.
Bertrand Russell: “El plan que nosotros predicamos consiste esencialmente en esto: que un cierto pequeño ingreso, suficiente para las necesidades, sea asegurado a todo el mundo, trabaje o no, y que un ingreso mayor, tan elevado como la cantidad total de artículos de consumo permitiera repartir, fuera dado a aquellos que se ocupasen en algún trabajo que estuviese reconocido por la comunidad”.
Milton Friedman: “La propuesta de un impuesto negativo sobre la renta es una propuesta para ayudar a las personas pobres dándoles dinero, que es lo que necesitan, en lugar de como ahora, al exigirles que se presenten ante un funcionario del gobierno para contar todos sus activos y pasivos y que se les diga que pueden gastar X dólares en alquiler, Y dólares en comida, etc.”
John Kenneth Glabraith: José Antonio Pérez señala que “el profesor John K. Galbraith, declarado defensor del ingreso garantizado, recuerda que ningún texto jurídico en la historia de Estados Unidos fue tan enconadamente atacado por los portavoces del mundo de los negocios como el proyecto de Ley de Seguridad Social de 1935, estableciendo un plan federal de pensiones. Quien se tome la molestia de rastrear en las hemerotecas encontrará que fueron escritos augurios de este tenor: «Con el seguro de desempleo nadie trabajaría; con el seguro de vejez, nadie ahorraría, y el resultado final sería la decadencia moral, la bancarrota financiera y el derrumbe de la República».”  (Pérez, 2005).
Vernon Smith (Premio Nobel de Economía en 2002): "¿Cómo podrías utilizar el dinero de las carreteras y ventas de terrenos para beneficiar a todos los estadounidenses y mejorar tu propia popularidad? Al crear un nuevo Fondo Ciudadano Permanente, invertido en acciones, bonos y bienes raíces en todo el mundo. Todos los ciudadanos tendrían una participación equitativa , con dividendos anuales pagados en efectivo. Mejores carreteras, más tierra para el desarrollo productivo más un fondo permanente que envía cheques a todos los ciudadanos. Un ingreso básico garantizado financiado con activos públicos que esperan ser monetizados y puestos a trabajar. Incluso podría obtener el voto de los progresistas. ¿Alguna vez has hecho tanto? Si crees que es un pastel en el cielo, pregúntale a alguien de Alaska. El Fondo Permanente de Alaska, iniciado en 1976 para distribuir los ingresos del petróleo, tiene un valor de mercado que calculo en $ 72,000 por cada ciudadano de Alaska. Los dividendos anuales comenzaron en 1982, cuando la corporación pública que administra el fondo recortó los primeros cheques por $ 1,000. No es de extrañar que Alaska sea el segundo entre todos los estados en igualdad de ingresos. Después de autopistas, puentes y acres, tu próximo proyecto sería comenzar a subastar todos los derechos de recursos de minerales, petróleo y gas de los Estados Unidos para depositarlos en el fondo. Estos activos también pertenecen al pueblo, no al gobierno ".  (Santens).
Martin Luther King Jr.: “Ahora estoy convencido de que el enfoque más simple resultará ser el más efectivo: la solución a la pobreza es abolirla directamente mediante una medida ampliamente discutida: el ingreso garantizado”.  (Orfalea, 2017).
Richard Nixon: Rutger Bregman señala que “… el historiador Brian Steensland ha estudiado meticulosamente el ascenso y la caída de la renta básica en Estados Unidos y subraya que si el plan de Nixon hubiera seguido adelante, las ramificaciones habrían sido enormes, y hoy la asistencia pública no se vería como una forma de consentir a aprovechados y holgazanes… Si Estados Unidos, la nación más rica del mundo, hubiera seguido ese camino, no cabe duda de que otros países lo habrían seguido también… Que en cierta ocasión un presidente tan reciente y conservador como Richard Nixon intentara instaurar una renta básica es algo que parece habese evaporado de la memoria colectiva.”  (Bregman, 2017).      
Zygmunt Bauman: “A diferencia de esa filosofía que subyace a la versión actual del “Estado del bienestar” (y diría incluso que en directa contraposición con esta), la filosofía sobre la que se sustenta la idea de la renta básica augura y promueve la inclusión en vez de la exclusión, y la solidaridad y la integración sociales en vez de la precarización de los vínculos solidarios y la división social. Estas consideraciones justifican que veamos la renta básica como un tremendo avance social y moral que ninguna otra receta para abordar la desigualdad parece capaz de proporcionarnos.”  (Bauman, 2017).
Thomas Piketty: “… el ingreso ciudadano puede tener ventajas más refinadas. Por ejemplo, brinda una mejor garantía a los beneficiarios de transferencias sociales que están por encontrar empleo y, de esa manera, mejora su motivación al trabajo; con una transferencia universal, los beneficiarios de pensiones sociales están seguros de recuperar su asignación en caso de quedarse sin empleo, ya que jamás la habrán perdido. En cambio, los sistemas de rentas mínimas de inserción requieren que se hagan valer de nuevo los derechos, lo que en la práctica, por razones de demoras administrativas o de estigma social, siempre es incierto y suele contribuir a “agravar la trampa para pobres” (Van Parijs, 1995). De manera más general, los “libertarios de izquierda” son sensibles a que la universalidad de esta transferencia permitiría por fin una política social menos inquisitorial, al pasar por alto el estado civil y social de individuo.”  (Piketty, 2015)          
Andrew Yang: el ex precandidato demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos apoya un ingreso básico universal (UBI) de 1000 dólares por mes por cada ciudadano estadounidense, "pagado por un impuesto al valor agregado del 10% sobre todos los bienes y servicios". Él lo llama el "Dividendo de la libertad" y afirma que "reemplazaría a la gran mayoría de los programas de asistencia social existentes". Yang afirma que "eliminaría la pobreza para los 41 millones de estadounidenses que ahora viven por debajo del umbral de pobreza" y "haría también mejorar el poder de negociación de millones de trabajadores de bajos salarios, lo que obligaría a los empleadores a aumentar los salarios, agregar beneficios y mejorar las condiciones para retenerlos ". Cita al líder de derechos civiles Martin Luther King Jr., al ex presidente de los Estados Unidos Richard Nixon y al economista Milton Friedman como partidarios de un UBI. Argumenta que "será "quizás el mayor catalizador para la creatividad humana que hayamos visto".
Esther Duflo; esta economista francesa es una de las ganadoras del Premio Nobel de Economía en 2019. Escribió en un artículo hace algunas semanas: “En nuestro libro más más reciente, escrito antes de que estallase la crisis del coronavirus, pero que lleva un título de lo más apropiado, “Good Economics for Hard Times” recomendamos la puesta en marcha de lo que llamamos un Ingreso Súper-Básico Universal, una transferencia regular de efectivo que equivalga a la cantidad necesaria para la supervivencia básica. Las ventajas de ese ingreso universal son simplicidad, transferencia y la garantía de que nadie se muera de hambre. Se libraría de los sistemas desarrollados por los estados de bienestar, diseñados para excluir a "quien no lo merezca" incluso a costa de quienes más lo necesitan. Durante una pandemia, cuando los gobiernos tienen que ayudar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible, la aplicación de una medida como esta podría salvar vidas. Garantizar a las personas que nadie será excluido de la cobertura de las necesidades básicas limita la angustia que muchos individuos sienten en países pobres y no tan pobres en situaciones como la actual.”  (Banerjee & Duflo, 2020)
Dónde se implementó?
En su obra “Las condiciones materiales de la libertad” Daniel Raventós se pregunta: ¿Existe algún lugar en el mundo donde haya una renta básica?, y señala que “en el estado norteamericano de Alaska y desde 1982 existe una Renta Básica. Ya hace pues un cuarto de siglo que toda persona que lleve residiendo legalmente en Alaska un mínimo de 6 meses recibe una renta básica…”. En este caso se trata de “un dividendo correspondiente a una parte del rendimiento medio, a lo largo de los cinco años precedentes, del fondo permanente constituido a partir de los ingresos de los ingresos de la explotación del petróleo.” Raventós enfatiza que “si la riqueza en el conjunto de Estados Unidos a lo largo de las últimas décadas ha tenido una tendencia a su redistribución a favor de los más ricos… en Alaska ha seguido una tendencia contraria, haciendo de Alaska “el Estado más igualitario de los Estados Unidos”. Si bien a Raventós la forma de financiación en este caso no le parece la más adecuada reconoce que “nada impide admitir que Alaska ha sido el primer lugar del mundo donde se ha instaurado una renta básica”.  (Raventós, Las condiciones materiales de la libertad , 2007) A nuestro entender, por el contrario, dejando de lado la variabilidad en el monto (no implica un piso mínimo garantizado), la idea de distribuir los dividendos generados por la renta que surge de la explotación de los recursos naturales como bienes comunes, que pertenecen a la comunidad precisamente, nos parece especialmente indicada para instrumentar los conceptos filosóficos desplegados por Thomas Paine y otros exponentes de la tradición liberal clásica.  
Donde se ensayó su implementación a través de experiencias piloto?
Ha habido diversas experiencias en numerosos proyectos piloto que se han ensayado en países muy diferentes entre sí, el último de ellos en Finlandia.
Scott Santens se ha dedicado a estudiar sistemáticamente los resultados de estas experiencias, y concluye de manera contundente en resaltar la enorme cantidad de efectos benéficos que se pudieron deducir de ellas. Mencionamos algunos en las preguntas “¿Qué efectos produciría, cuales son sus ventajas?”.
Cómo se podría implementar (financiar)?
Está claro que la implementación de cualquier sistema de ingreso básico universal implica costos, y por lo tanto su factibilidad financiera (y viabilidad política) están indefectiblemente unidas a dos conjuntos de medidas que la deberían acompañar: una reforma tributaria progresiva (que incremente los recursos disponibles, y que además no genere efectos colaterales no deseados) y una reforma de la política social vigente, que integre o elimine muchos de los programas de asistencia focalizados que se implementan actualmente, (logrando de esta manera una reducción y/o mayor eficiencia del gasto).
La reforma tributaria progresiva que propiciamos debería obviamente ser diseñada con sumo cuidado en sus detalles técnicos; nos limitamos aquí a señalar que debería estar basada en impuestos que graven los ingresos (quizás modificando el actual impuesto a las ganancias) y sobre todo que graven el valor del suelo, en línea con las teorías de Henry George (Milton Friedman reconocería en su momento que el impuesto al valor del suelo que proponía George era, a su entender, “el menos malo”). De esta manera se podría reducir o eliminar la carga que significan impuestos distorsivos y regresivos que gravan el trabajo, el capital y el consumo, tales como el impuesto provincial a los ingresos brutos o la parte del impuesto inmobiliario que grava las mejoras o construcciones.
Es importante señalar que un IBU sin una adecuada reforma tributaria podría generar efectos no deseados que terminen afectando buena parte de su eficacia, derivando parte de los ingresos de los beneficiarios de menores recursos a sectores más concentrados, por ejemplo los grandes propietarios de suelo urbanizado. En este sentido, las advertencias del economista norteamericano Fred Foldvary parecen pertinentes:  “Las políticas de impuestos a la propiedad (mejoras)  penalizan el completamiento que crea una mayor densidad en los centros de las ciudades y cerca del tránsito. Impuestos a las mejoras y construcciones en edificios hacen que sea más costoso construir y mejorar estructuras. Bajos impuestos sobre el valor del suelo subsidian la expansión, ya que el gobierno proporciona la infraestructura. Una reforma del impuesto inmobiliario que elimine los impuestos sobre edificios y traslade el impuesto al valor de la tierra, promovería más viviendas en la ciudad y reduciría la expansión… Y, por supuesto, la mano de obra libre de impuestos permitiría a los trabajadores pagar la vivienda… Si los fondos provienen de un impuesto a la renta más alto o un impuesto al valor agregado nuevo o más alto, el impuesto será un lastre para la economía, reduciendo los ingresos y el crecimiento. Peor aún, cuando las familias en un barrio tienen mayores ingresos, pujarán por los alquileres de viviendas y los precios de compra. Gran parte de las ganancias de terminarán enriqueciendo a los propietarios…IBU debe financiarse con gravámenes sobre el valor de la tierra o la renta de la tierra. Las ganancias se quedarían con la gente y su costo de vida no aumentaría. Los economistas han conocido por más de 200 años que un impuesto sobre el alquiler no cambia el alquiler. El impuesto reduce el precio de compra de tierra, por lo que la carga recae sobre los propietarios de la tierra… Reemplazar los impuestos sobre los salarios con impuestos sobre la renta de la tierra aumentaría los salarios y disminuiría el valor de la tierra, haciendo que la vivienda sea mucho más asequible”.  (Foldvary)
La propuesta de este autor es relativamente simple y se resumen en 3 puntos:
“1. Abogar por la política de "quien contamina paga".
2. Abogar por la eliminación de subsidios al valor de la tierra haciendo que los propietarios devuelvan el valor recibido de bienes públicos, ya sea por un gravamen nacional sobre el valor de la tierra, o mediante el impuesto sobre la renta.
3. Abogar por un crédito tributario por ingresos del trabajo más alto o un ingreso básico universal.”  (Foldvary).
En relación a la integración de programas sociales existentes, podríamos decir que en Argentina “no estamos tan lejos” de un IBU, en relación a lo que a priori podría pensarse. Obsérvese por ejemplo que en la población infantil tenemos la AUH (que de universal no tiene nada, pero así se denomina, paradójicamente), las asignaciones familiares, y las desgravaciones por hijos en el impuesto a las ganancias. Un ingreso ciudadano a la niñez como el que propuso Elisa Carrió en reiteradas oportunidades a partir de mediados de los ´90 habría integrado todos estos programas (la AUH es posterior) y habría evitado buena parte de la elevada incidencia de la pobreza y la indigencia en esa franja etárea. Tenemos por otro lado programas alimentarios, de empleo, la pensión universal para adultos mayores, etc. Y ahora, en la crisis generada por la pandemia, el IFE, que comparte con otros programas focalizados y no individuales todas las desventajas y problemas de este tipo de prestaciones. Un IBU significaría no sólo la reasignación de todo el gasto que estos programas suponen, sino que además permitiría ahorrar todo el gasto administrativo que genera su implementación, a menudo con elevados costos burocráticos para identificar a los beneficiarios y verificar el cumplimiento de las condicionalidades previstas en el diseño del programa.       
Queda claro que – mediando las dos condiciones previas; reforma tributaria y reforma de políticas sociales – y  teniendo en cuenta que el acceso a un IBU pleno y puro puede ser gradual, que se trata de una propuesta perfectamente factible. Cuando nos referimos a gradualidad podemos estar indicando tanto la progresiva incorporación de beneficiarios en el tiempo por franjas etáreas, empezando por los niños; como la cuantía del beneficio, desde prestaciones ultra-básicas como las que sugiere Esther Duflo para evitar la indigencia hasta montos más elevados que permitan superar el umbral de la pobreza.    
No debemos perder de vista que además, como todas las experiencias ensayadas sugieren, un IBU tendría a mediano y largo plazo efectos beneficiosos en diversos sectores de las políticas públicas, que permitirían reducir gasto público (y mejorar su eficiencia) en áreas tales como salud y seguridad, por ejemplo; sin por ello reducir las prestaciones.   
El IBU sustituiría el Estado de Bienestar?
No, por el contrario, lo jerarquizaría y lo transformaría – si se complementa con otras medidas – en el Estado de Bienestar verdaderamente democrático y progresista que necesitamos en el siglo XXI. En nuestra concepción, y dado que el IBU no es ni pretende ser una panacea, debería ir acompañado de programas de mejoras de las políticas sociales orientadas a garantizar derechos, a los que a su vez potenciaría: a la educación, a la salud, a la vivienda y a la ciudad, al ambiente sano, a la cultura, etc..  
Desalentaría el trabajo?
No. Produciría el efecto exactamente inverso al que muchos le atribuyen. Fomentaría el trabajo con sentido, el autoempleo, el emprendedorismo y la creatividad.  En definitiva, no significa “menos trabajo”, sino “mejor trabajo”!
Cuales son sus ventajas, qué efectos produciría?
No estigmatizaría, evitaría la “trampa de la pobreza”, favorecería “mejor” trabajo, incrementaría el autoempleo, mejoraría la (pa)maternidad, mejoraría la educación, mejoraría el acceso a la vivienda, favorecería el ahorro, reduciría el gasto público burocrático, permitiría simplificar y mejorar la matriz tributaria, incrementaría el poder de negociación de los trabajadores, mejoraría los determinantes sociales de la salud, mejoraría la seguridad, incrementaría los márgenes de libertad y autodeterminación, mejoraría la integración social, reduciría las prácticas de dominación clientelar, mejoraría la distribución del ingreso, y favorecería la construcción de ciudadanía y el ejercicio de derechos y deberes políticos.  
Es compatible con una visión socialdemócrata?
Para responder esta pregunta nos remitimos a la opinión autorizada de Aldo Neri, quien quizás fue quien primero y con mayor lucidez observó esta cuestión en nuestro país: “El ingreso universal no es una cosmética social: es un profundo cambio social estructural. Desde Milton Friedman, que lo pensaba como una manera de ingresar al “estado mínimo”, hasta visiones socialistas, siempre se lo imaginó como una revolución pacífica y democrática.”… “Presupone, desde una visión socialdemócrata como la mía, el cambio de muchas instituciones del estado y la sociedad civil y una estrecha coordinación con la política económica: oficia de acompañante de la reforma de la seguridad social como complementario a la jubilación universal y otras prestaciones; también exige la reforma del sistema impositivo que resulta un requisito paralelo indispensable; se asocia coherentemente a las prioridades en la obra pública como elemento redistributivo, que abarca el ambiente, el urbanismo, los servicios, el transporte y la vivienda; remplaza buena parte del asistencialismo; finalmente, se enlaza con la educación y el sistema de salud para tratar de hacerlos universales e igualitarios. Únicamente nuestro viejo y estructural cortoplacismo puede postergar una discusión cuyo resultado peor sería un parche que nos relevara de responsabilidad durante un tiempo.”  (Neri, Empleo, salario y bienestar, 2017) … “Fin del clientelismo, es un derecho que se tiene, no hay que agradecerlo a nadie, hay que agradecerlo a la democracia”… “El ingreso ciudadano tiene efectos no sólo sociales, políticos y económicos, sino también culturales. La ciudadanía se siente más integrada cuando comparte determinados bienes y servicios básicos en condiciones de igualdad; el "todos adentro" refuerza la cohesión social, y eso es la democracia social.”  (Neri, 2016)
Podríamos agregar también las siguientes palabras de Ricardo Lafferriere: “…pareciera que la tendencia hacia una sociedad global igualitaria requeriría establecer como meta una especia de “estado de bienestar universal”, para cuyo logro deberían desatarse tendencias en diversos espacios: tarifas de servicios públicos universalizadas, una fiscalidad universal…, ampliación del ingreso básico hacia todos incorporando progresivamente los “colectivos” más vulnerables,… extensión hasta su universalización y mejoramiento de las prestaciones de salud, garantía de la educación permanente y de calidad…, etc.”…“El desafío mayor entonces es imaginar mecanismos que, cubierto universalmente el piso de ciudadanía, hagan depender el ingreso incremental de cada uno de su capacitación, esfuerzo y riesgo, sin afectar ya la dignidad de su condición humana”  (Lafferriere, 2017)
Se ha propuesto en Argentina?
SÍ (parcialmente). Si bien no se puede decir que se haya propuesto como proyecto normativo en un sentido estricto de manera integral, existen numerosos antecedentes en este sentido, algunos de los cuales mencionamos a continuación:  
- Proyecto de ley de Ingreso ciudadano a la niñez (Diputadas Elisa Carrió y Elisa Carca,1995)
- Ingreso ciudadano a la niñez de Paraná (implementado por un breve período en 2003)
- Proyecto de ley de Asignación Universal a la Niñez (Senador Sanz, 2006)
- Proyecto de reforma de Renta básica de ciudadanía en Entre Ríos (Convencional Américo Schvartzman, 2008)
- Proyecto de ley de Ingreso mínimo garantizado (Senador Giustiniani, 2008)
- Proyecto de ley de Ingreso básico universal de emergencia (Diputado Cacace, 2020).
Los casos mencionados no constituyen ejemplos de propuestas de IBU “puras”, absolutamente incondicionales y universales, pero consideramos que constituyen antecedentes valiosos que han servido para ir instalando el tema en la agenda pública, aunque obviamente siempre debemos estar atentos al riesgo que se deriva de una incorrecta interpretación del concepto fundamental.
Y finalmente en marzo de 2020, junto a personas de diversas ideologías y pertenencias partidarias, firmamos este año un petitorio propuesto por la Red Argentina de Ingreso Ciudadano, que reproducimos a continuación:
 Ingreso ciudadano como respuesta justa y necesaria
“Tenemos la convicción de que el acceso a los bienes esenciales es la condición necesaria para la existencia de una ciudadanía democrática, que garantice un horizonte de igualdad y dignidad para todas las personas.
Es por ello que ante el drama que conmueve al país y el mundo se debería reorientar el actual esquema de protección social y transferencias de ingresos a las personas hacia un Ingreso Ciudadano (renta básica). Esto es garantizar el pago por parte del Estado de un Ingreso Universal e Incondicional. El Ingreso Ciudadano, entendido como una transferencia monetaria incondicional del Estado al universo de residentes en el país, que es de fácil instrumentación y tiene bajos costos administrativos. Evitaría los errores de selección –por ende, la discriminación- y facilitaría la mecánica de la distribución y el acceso directo de la población a dicha renta.
Esta propuesta, cuya promoción circula con vigor en todo el mundo, ha sumado nuevas adhesiones ante la situación de emergencia económica y social derivada de la pandemia del COVID-19. A los clásicos argumentos a favor del Ingreso Ciudadano se suman dos:
La pandemia del Covid 19 profundiza la crisis económica que ya arrastraba la Argentina. En este contexto, es necesario desanclar los ingresos de subsistencia de los que reciben las personas en los mercados de empleo. El impacto negativo comprende prácticamente a todas las actividades.
La expansión de la pandemia y el miedo a futuras catástrofes epidemiológicas acelerará los procesos de robotización y automatización ya en curso, al tiempo que avanzará una mayor flexibilización de los contratos laborales. La caída de la demanda y el aumento de la oferta laboral aumentarán la precarización del empleo y el desempleo, golpeando con mayor impacto a la fuerza laboral más vulnerable pero también a los trabajos rutinarios más calificados.
El escenario mundial y la economía local no permiten pensar en una pronta recuperación económica. Más bien, lo que cabe esperar es un fuerte cuestionamiento acerca de las formas en que están organizadas hasta ahora las sociedades democráticas capitalistas. La creciente dependencia de programas asistenciales y el aumento del control social sobre las personas son también argumentos para defender la rápida introducción de políticas como el Ingreso Ciudadano en Argentina. Este debate debe incluir una reformulación de la política tributaria en favor de impuestos progresivos que alcancen a la riqueza y a los más altos ingresos y una fuerte inversión en servicios sociales colectivos de acceso gratuito como la salud, la educación, la vivienda, el transporte público, etc.
Hay equipos que vienen trabajando hace tiempo, como la Red Argentina de Ingreso Ciudadano (Redaic)  — como parte de la BIEN (Basic IncomEarth Network), que viene fomentando este debate, elaborando proyectos y argumentos a favor del Ingreso Ciudadano. Hoy, muchos gobiernos y movimientos sociales en la mayoría de los países de Occidente están discutiendo la propuesta y realizando pruebas exploratorias sobre sus efectos. Creemos que es el momento de avanzar en esa dirección en Argentina y abrir así el camino para un cambio de paradigma económico y social en el país, que garantice como primera condición la existencia misma de todas las personas, que promueva la libertad para que desarrollen sus capacidades de generar ingresos propios, evitando el asistencialismo y el clientelismo. Sería deseable que esta política surgiera de un amplio acuerdo político, económico y social para que tenga una fuerte legitimidad social y política.
Con estas convicciones, nos dirigimos a toda la sociedad argentina y convocamos a acompañar con firmas esta demanda a la clase dirigente para la inmediata implementación de un Ingreso Universal e Incondicional en el país, junto con una reforma tributaria progresiva y un programa de inversión en servicios sociales colectivos de acceso gratuito.”  (Red Argentina de Ingreso Ciudadano, 2020)
Hagámoslo realidad
Como dijera Hipólito Yrigoyen, "la democracia no consiste sólo en la garantía de la libertad política: entraña a la vez la posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimum de felicidad siquiera". Y ese mínimo de felicidad requiere, como es obvio, disponer de las condiciones materiales de la libertad. El desafío está planteado. El IBU no es una panacea, pero sí es probablemente la herramienta más contundente que tenemos a la mano para construir la democracia social del siglo XXI. No es una mera reforma de circunstancia de las políticas sociales, no es un parche ni un alivio coyuntural de la pobreza y la exclusión. Es, o debe ser en todo caso, parte de una política integral, que articule las dimensiones políticas, económicas, sociales y ambientales. Se puede lograr. El principal insumo que se necesita es voluntad política, sin voluntarismo pero también sin resignación. Hasta ahora era políticamente imposible, hagámoslo políticamente inevitable.-  


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