POR JOSÉ ANTONIO ARTUSI / El candidato a Gobernador de Cambiemos, Atilio Benedetti, se ha comprometido a reducir un 10% el costo de la tarifa eléctrica en la provincia de Entre Ríos ni bien asuma, una medida rápida, necesaria y razonable en el corto plazo, que seguramente deberá complementarse con otras. Benedetti responde de esta manera a una legítima demanda de la ciudadanía entrerriana, agobiada por una de las tarifas eléctricas más caras del país, por lejos la más cara de la Mesopotamia.
Como el oficialismo, ahora devenido en “Creer Entre Ríos” ante la evidencia de la incapacidad de las siglas PJ o Frente para la Victoria para presentarse ante la sociedad, carece absolutamente de ideas o propuestas para enfrentar este grave problema, se recurre, de manera previsible, a las ya clásicas descalificaciones y chicanas que todos conocemos.
Se impone por ello la necesidad de brindar información que arroje un poco de luz sobre este tema. Y para eso es imprescindible, aunque suene remanido, recordar brevemente de donde venimos, para tratar de dimensionar y comprender la magnitud del descalabro energético que nos dejó el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner, o sea el de Jorge Busti, Sergio Urribarri, y Gustavo Bordet, o sea el del PJ /Frente para la Victoria / Creer Entre Ríos o como se llame.
De dónde venimos? De un escenario en el que el irresponsable y demagógico atraso tarifario generó un fenomenal déficit energético, caída de las reservas y producción de hidrocaburos, deterioro de la infraestructura y la matriz energética; y que demandó un verdadero festival de subsidios a la energía que tuvieron dos sesgos particularmente negativos: fueron desparejos desde el punto de vista territorial (concentrados en la región más rica del país) y regresivos socialmente (osea “pro ricos”, beneficiando al quintil de mayor poder adquisitivo de la sociedad en mayor medida que al resto) . Para decirlo claramente, los subsidios del gobierno kirchnerista beneficiaron sobre todo a los ricos del Area Metropolitana de Buenos Aires, lo que dió lugar a un tremendo despilfarro y consumo irresponsable de energía por años. Pero esos subsidios no fueron gratis, los pagaron sobre todo los pobres del interior del país a los que nunca les llegó el gas natural o el agua potable y las cloacas - obras que en muchos casos este gobierno de ricos insensibles está concretando- a través del IVA y el impuesto inflacionario. Pero eso no fue todo, la pérdida del autoabastecimiento energético obligó a recurrir a importaciones de combustibles caros y contaminantes, eso más los subsidios aumentaron el gasto público de manera significativa, ello levó a un enorme déficit fiscal, inflación, y una enorme deuda social en infraestructura de servicios básicos, todos problemas cuyas consecuencias todavía estamos sufriendo, y que no se revertirán por completo en el corto plazo.
¿Comunicó correctamente el gobierno nacional este verdadero desastre energético? Es probable que no. Parece útil en este sentido recordar las reflexiones de dos periodistas al respecto:
“Debe haber pocos casos en la historia que registren una situación como lo que sigue: los sectores más pobres de una sociedad se movilizan, militan y ensalzan a organizaciones sociales, ONGS o líderes políticos que pugnan por mantener decisiones de política de ingresos que favorecen a los ricos y perjudican a los pobres…” Gustavo Bazzan, Clarín, 21/08/16
“El "ruidazo", la Marcha de las Velas y demás protestas de estos días en el distrito metropolitano son observadas con una mezcla de bronca y sorna por nuestros compatriotas provincianos, que siempre pagaron tarifas mucho más altas. El país unitario modelado por el kirchnerismo liberó de esa carga a los habitantes de la gran ciudad y de sus alrededores (algunos de ellos, con hábitats "africanizados" que ese mismo régimen empeoró con su desidia y corrupción). Condonó gastos por igual al que lo necesitaba como para el acomodado habitante de Barrio Norte o San Isidro. Y con el gas, peor aún: los más pobres pagaron mucho más por su garrafa que los que estaban conectados. Un disparate…”. Pablo Sirvén, La Nación, 22/04/18
Quizás faltó llamar a las cosas por su nombre. Los disparates sólo pueden calificarse como disparates. Veamos algunos datos: Entre el año 2000 y 2015 los precios de la economía subieron un 1400%. La tarifa de electricidad en el Area Metropolitana de Buenos Aires subió sólo un 30%. Alejandro Einstoss, experto del Instituto Mosconi, señaló que “… un usuario residencial del Gran Buenos Aires en 2015 pagó por el servicio eléctrico la sexta parte que un usuario en Santa Fe y casi la tercera parte que el promedio nacional…”. Actualmente esas asimetrías se han reducido pero todavía persisten; podríamos decir que esa relación que llegó a ser de 1 a 6 puede haber llegado, grosso modo, a 1 a 2. Aún así los usuarios de Edenor y Edesur siguen estando notablemente beneficiados con respecto a los de la mayoría de las provincias argentinas. Los subsidios económicos a la energía y a los combustibles llegaron a representar en 2014 casi el 4,5% del PBI, un porcentaje exhorbitante prácticamente imposible de encontrar en cualquier otro país. Y así llegamos al 2015 con un déficit fiscal consolidado que superó el 7% del PBI. Todas estas cifras pueden ser difíciles de interpretar para no economistas. Pongámoslo en unidades más concretas: diversos economistas han estimado que entre 2003 y 2015 se gastaron 24 puntos del PBI en subsidios a la energía y combustibles. A precios del año pasado serían U$S 150 mil millones, que equivalen a 3 millones de viviendas nuevas o 17 autopistas entre Usuhaia y La Quiaca.
Frente a este panorama, el gobierno del Presidente Macri tuvo que tomar la decisión de efectuar ajustes graduales en las tarifas de generación de energía eléctrica, o sea el costo mayorista que deben afrontar las empresas distribuidoras, en nuestro caso ENERSA y diversas cooperativas. En esta decisión el gobierno nacional no estuvo solo, aunque ahora algunos prefieran hacerse los desentendidos y apelar a la memoria selectiva. El propio gobernador Bordet, junto a los demás gobernadores y el gobierno nacional, suscribió el 20 de Abril de 2017 el Acuerdo Federal Energético, que - entre otras cláusulas - dispone que “es necesario armonizar entre las distintas jurisdicciones las políticas de precios y tarifas en el sector energético a fin de evitar distorsiones”, y “asegurar que las tarifas y precios retribuyan los costos económicos relacionados con su producción, importación, transporte y distribución, permitiendo la inversión eficiente en esos segmentos”.
El gobierno nacional adoptó por lo tanto, de manera sensata y responsable, un conjunto de medidas tendientes a una reducción gradual del atraso tarifario en el sector mayorista, la disminución del déficit energético, la mejora de la infraestructura y de la matriz energética, la quita paulatina de subsidios indiscriminados, la implementación de subsidios transparentes a la demanda (tarifa social y plan estímulo) dirigidos a proteger a los sectores más vulnerables de la población y a fomentar e ahorro y el consumo responsable; la disminución de importaciones, la consiguiente reducción del gasto público, y con ello la reducción del déficit fiscal. Cabe recordar que los subsidios a la demanda fueron transferidos a las provincias, con el consentimiento de éstas, en el marco de los acuerdos fiscales que restituyeron la transferencia automática de recursos coparticipables y que devolvieron la vigencia del federalismo fiscal en nuestro país.
Ahora bien, ¿cómo es posible que habiéndose producido una serie de aumentos impostergables, que nadie niega que sean significativos, en el sector mayorista, y que éste afecta por igual a todas las provincias, tengamos sin embargo una enorme dispersión en las tarifas que deben afrontar los consumidores de las distintas provincias?
Aquí es dónde se hace necesario aclarar cómo está compuesta la factura del servicio eléctrico, o sea por 3 ítems:
1) PRECIO MAYORISTA DE LA ELECTRICIDAD (Costo de generación y transporte) Este se determina a nivel nacional.
2) COSTO DE DISTRIBUCIÓN O V.A.D., valor agregado de distribución (Costos de operación y mantenimiento, costos comerciales, de expansión, etc.) Este lo determina cada provincia, a través de sus entes reguladores, de manera autónoma. Aquí radica fundamentalmente la explicación de la enorme dispersión entre provincias.
3) CARGA TRIBUTARIA (Impuestos, tasas y contribuciones).
Es por ello que pagando todas las empresas prácticamente el mismo costo mayorista por la energía que adquieren a Cammesa, hay sin embargo diferencias tan pronunciadas entre lo que paga un consumidor entrerriano con lo que debe pagar un consumidor de otros distritos. Para decirlo en pocas palabras, el principal problema en Entre Ríos es el desmesurado costo de distribución, que se determina en la provincia, no el costo mayorista! O sea, el tarifazo es provincial. Los números en este sentido son contundentes. El año pasado el valor agregado de distribución en Entre Ríos, para un usuario residencial con 500 kwh/mes de consumo, era más de 3 veces el de Misiones y más del doble que el de Mendoza. En ese entonces la relación entre el valor agregado de distribución y el costo mayorista era el 50% en Misiones, el 79% en Mendoza, y el 162% en Entre Ríos! O sea, como dijera un amigo en una ilustrativa metáfora, “en Entre Ríos, el delivery es más caro que la pizza”. Con respecto ala carga tributaria, el gobierno provincial dispuso de mala gana el año pasado una leve reducción en las alícuotas del impuesto destinado al Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos, que - para decirlo en términos energético - no “movieron el amperímetro”, pasaron prácticamente desapercibidos para los consumidores.
"Cada provincia decide sobre la tarifa que paga su empresa y generalmente es en torno a un cálculo que tiene en cuenta cuestiones como densidad de población o los kilómetros de líneas que necesita mantener una compañía. Pero la diferencia es muy grande más allá de estas cuestiones", destacó recientemente Cecilia Laclau, presidente de Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec). Mal puede llamarse federalismo a este verdadero descontrol, en el que cada provincia hace lo que se le canta, con recursos que en última instancia son de todos los argentinos.
Esas diferencias explican que en Febrero de 2019 un usuario residencial misionero que consumiera 300 kwh/mes pagara sólo el 55% de lo que debía pagar un consumidor entrerriano con idéntico consumo. Y un mendocino el 70%. Las diferencias son aún más marcadas en el sector industrial y comercial. Recientemente el Consejo Empresario de Entre Ríos difundió un informe del que se desprende que en Corrientes una industria que consume 2000 kwh paga el 42% de lo que paga por igual consumo una industria entrerriana y un comercio que consume 2000 kwh paga el 42% de lo que paga por idéntico consumo un comercio entrerriano. Ante este panorama no debería llamar la atención que productores arroceros evalúen irse a Corrientes o que empresarios industriales piensen seriamente en buscar otros destinos para sus inversiones. Con estas tarifas castigando de esa manera al sector productivo será muy difícil sacar a la provincia del estancamiento y la pérdida de oportunidades en que está sumida desde hace demasiado.
Frente a esta situación, desde nuestra responsabilidad legislativa no nos hemos cruzado de brazos; además de criticar la inacción y la falta de ideas del gobierno provincial hemos propuesto una serie de iniciativas concretas, que pueden consultarse en la página de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, y hemos procurado divulgar dichas iniciativas en toda la provincia. Pretendíamos que tales propuestas constituyeran un aporte al debate parlamentario y al intercambio serio y responsable de ideas, en pos de lograr acuerdos que permitan sostener verdaderas políticas de Estado que trasciendan una circunstancial administración. Lamentable ese debate ha sido imposible, y no tenemos los votos suficientes para hacer prosperar nuestros proyectos. En síntesis, nuestros proyectos se centran en:
1) Disminuir costos de distribución en Entre Ríos en el corto plazo
- Logrando mayor eficiencia y austeridad en ENERSA
- Segmentando cada mayores consumos.
2) Reducir carga tributaria
- Reducir el % del recargo del FDEER
- Coparticipar 50% de recargo FDEER a municipios y revisar topes a tasas municipales, en acuerdo con los municipios
3) Revisar de manera integral cuadros tarifarios en el mediano plazo
- Auditorías de costos de ENERSA
- Audiencia pública
4) Normalizar el EPRE
5) Comisión bicameral de seguimiento de contratos de concesión de distribución
6) Compensación a Entre Ríos x energía de Salto Grande. Cobro de regalías en especie Fomento del ahorro, la eficiencia y la autogeneración eléctrica.
7) Diversificación de la matriz energética provincial (biomasa, fotovoltaica, etc.)
A nivel nacional es mucho lo que se ha hecho pero es muchísimo más lo que falta hacer, y como decimos la verdad y nos hacemos cargo, también decimos que se han cometido errores, que algunos se han revisado y otros todavía no, y que hace falta revisar algunas políticas específicas y elaborar e implementar un plan estratégico de desarrollo energético de largo plazo. Y es verdad que lo que se ha hecho es apagar el incendio y sentar trabajosamente algunas bases, sabiendo que no existen todavía condiciones objetivas para avanzar en reformas más ambiciosas por las que algunos seguiremos luchando, tales como la nacionalización de los hidrocarburos, la que quería Yrigoyen y no lo dejaron, la que Frondizi logró, la que Onganía derogó, la que nunca más volvió.
Volviendo a la coyuntura, debe quedar claro que no es volviendo al pasado del facilismo irresponsable y de políticas absurdas - que bajo la máscara de una impostura populista nos llevaron a perjudicar a los que menos tienen y dejaron un desastre energético que llevará años revertir - cómo lograremos salir adelante. Lo haremos diciendo la verdad, haciéndonos cargo y haciendo cada uno en su esfera lo que tiene que hacer, sin buscar culpas en los demás como única excusa para intentar vanamente explicar los fracasos propios. Cambiemos Entre Ríos. Se puede, hace falta voluntad política por parte de un nuevo gobierno que tome el tema con decisión y compromiso.-
