ASÍ PASARÁN A LA HISTORIA

Por Itatí Schvartzman

A ustedes les hablo progresistas, feministas y de izquierda

que sostienen que luchan

por la igualdad de oportunidades

y se adueñan del antiracismo

y de los derechos humanos:

¿cómo pueden acusar a Israel

de "poder blanco colonialista"

si el afirmarlo los torna a ustedes

de inmediato en negacionistas

de la abrumadora mayoría

de la población judía israelí 

compuesta por judíos africanos,

orientales y asiáticos?

A ustedes les hablo progresistas, feministas y de izquierda

que se conmueven ante cada

violación aberrante

de niños, niñas, adolescentes,

mujeres, trans y travestis

y mechan en sus frases "no es no"

"mi cuerpo es mío " y "femicidio"

y hasta se compraron el pañuelo

¿Cómo es posible que cuando las niñas, niños, adolescentes, mujeres,

trans o travestis -  porque en Israel

sí que se puede ser -son israelíes

o se hallan en Israel ustedes exijan

más pruebas para creerles

y hasta justifiquen y empaticen

con los agresores, torturadores,

femicidas y secuestradores?

A ustedes les hablo progresistas,

feministas y de izquierda que

caminaron a mi lado toda marcha

por "Aparición con Vida",

por "Juicio y Castigo a los Culpables "

que repiten cuál mantra "Nunca Más "

y ahora se pelean por defender,

empatizar y justificar a terroristas

que explicitan pornográficamente

que su único motivo de existencia

es desaparecer a un Estado

y a un pueblo todo:  exactamente

la concepción de "genocidio "

A ustedes les hablo progresistas, feministas y de izquierda

que sostienen que bregan

por cada pueblo originario

y compiten a cuál más indigenista

pero cuando hablamos de Israel

mágicamente arrian todas las banderas

pese a la verdad histórica,  antropológica

y arqueológicamente comprobada

de la condición originaria e indígena

del pueblo judío en la tierra de Israel.

Dejenme decirles progresistas,

feministas y de izquierda

que ustedes han vuelto

la lucha indigenista en terrorista

la aparición con vida en vivan los desaparecidos

la lucha antiracista en negacionista

y la lucha feminista en femicida.

Y así pasarán a la Historia.

 

ITATÍ SCHVARTZMAN

Escritora judía, octubre 2023.

A CADA UNO LO SUYO

 

El impuesto único y el ingreso ciudadano como faros para una sociedad mejor

Por José Antonio Artusi

Los anarquistas decían "la propiedad es un robo". Los anarcocapitalistas dicen "los impuestos son un robo". Qué deberíamos decir los liberales progresistas?

Thomas Paine, un inglés republicano que participó en la Revolución Francesa y que terminó siendo uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, en su influyente obra "Los Derechos del Hombre," argumentó que la propiedad privada debería estar garantizada, y a su vez vinculada al bienestar general de la sociedad. Desde esta perspectiva, podríamos abogar por la idea de que la propiedad privada, adquirida mediante el trabajo honesto, en ningún caso es un robo, pero tampoco debería ser un escudo para el enriquecimiento injusto a expensas de otros. En “Justicia Agraria” Paine recuerda algo que es obvio, en los inicios de la civilización la tierra y los recursos naturales eran de todos, y en algún momento la apropiación por parte de algunos significó la desposesión de los demás. Por eso es que propone indemnizar esa expropiación original a través de un sistema universal de pensiones que hoy se reconoce como uno de los antecedentes más importantes de la idea del ingreso ciudadano o ingreso básico universal.

Para John Stuart Mill, el gran pensador liberal inglés del siglo XIX, podemos enfocarnos en la noción de "daño a los demás" como un principio rector. Esto significa que, si bien se reconoce la importancia de la propiedad privada, los individuos también tienen la responsabilidad de no dañar a otros a través de sus acciones económicas. Por lo tanto, los impuestos no serían necesariamente un "robo", sino una contribución justa para financiar los servicios públicos que benefician a la sociedad en su conjunto.

Henry George, olvidado economista norteamericano de fines del siglo XIX, propuso eliminar todos los impuestos menos uno, el único que no sería un “robo”, sino una recuperación legítima por parte del Estado del fruto del esfuerzo colectivo, el que grava las rentas del suelo libre de mejoras y los recursos naturales.

Recordemos a su vez que el ultraliberal Milton Friedman consideró que el impuesto propuesto por Henry George era el “menos malo” y propuso una ingeniosa idea como el impuesto negativo a la renta, que podría consistir en una de las maneras más sencillas de implementar un ingreso ciudadano.   

El ingreso ciudadano es un concepto que aboga por proporcionar a todos los ciudadanos un ingreso regular, universal, incondicional, individual y uniforme, independientemente de su situación económica o empleo. Esto se ve como una medida para garantizar un nivel básico de bienestar y aliviar la pobreza. Los defensores argumentan que empodera a las personas al darles una red de seguridad financiera, lo que les permite tomar decisiones más informadas sobre su trabajo y vida. También puede promover la igualdad de oportunidades al reducir las desigualdades económicas iniciales. Pero el concepto central es que no se trata de una dádiva ni de un subsidio, sino simplemente dar “a cada uno lo suyo”, la participación igualitaria en la renta de los bienes comunes, retomando la idea de la indemnización por la desposesión originaria esbozada por Thomas Paine. 

Cómo financiar un ingreso ciudadano? Las respuestas han sido múltiples y no descartan los ahorros que generaría al prescindir de programas sociales ineficientes que caen en la trampa de la pobreza. Pero la clave está en una reforma tributaria que combine mecanismos como el propuesto por Milton Friedman con el concepto de desgravar lo más posible los ingresos del trabajo y la inversión de capital y gravar sobre todo las rentas del suelo y los recursos naturales.

La idea detrás del impuesto al valor del suelo, sin tener en cuenta las mejoras ni construcciones, es gravar la valorización que se deriva de factores naturales y de las acciones de la comunidad en lugar de las inversiones y el esfuerzo individual. Se argumenta que puede promover un uso más eficiente del suelo y desalentar la especulación de la tierra, ya que los propietarios pagarían impuestos más altos si mantienen tierras improductivas o subutilizadas.

La complementariedad entre estos instrumentos podría abordarse desde varias perspectivas:

Reducción de Desigualdades: El ingreso ciudadano podría proporcionar un sustento básico a todos, mientras que el impuesto al suelo podría ayudar a financiar este programa gravando el valor de la tierra que se genera por el esfuerzo colectivo. Esto podría contribuir a reducir las desigualdades económicas.

Incentivo para el Uso Eficiente de la Tierra: El impuesto al suelo podría crear un incentivo para que los propietarios de tierras utilicen sus propiedades de manera más productiva, ya que pagarían impuestos relativamente más altos por mantener tierras improductivas. Esto podría promover un desarrollo urbano y rural más sostenible y eficiente.

Asequibilidad al suelo y la vivienda: un ingreso ciudadano que no estuviera complementado por un impuesto al valor del suelo podría generar, al fomentar la demanda, un aumento de los precios, y finalmente terminaría siendo un subsidio indirecto a los propietarios de suelo. Esto ya lo observó genialmente Winston Churchill en 1909.

Financiamiento Sostenible: El impuesto al suelo podría proporcionar una fuente de ingresos estable para financiar el ingreso ciudadano, lo que permitiría al gobierno mantener el programa sin recurrir a impuestos adicionales sobre el trabajo o el capital.

Justicia Fiscal: La combinación de ambas herramientas podría ser vista como una forma de justicia fiscal, ya que redistribuiría ingresos de manera más equitativa y gravaría los recursos naturales comunes.

En última instancia, la complementariedad de estas dos ideas podría proporcionar un enfoque equilibrado que busca abordar tanto la protección de los derechos individuales como la promoción de la justicia social y la eficiencia económica. La interacción entre estos dos conceptos es un tema fascinante que merece un debate y una exploración más profundos.-

 

Publicado en el diario La Calle el día 10 de Septiembre de 2023.-

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, A 240 AÑOS DE SU FUNDACIÓN

Por José Antonio Artusi

Se cumplen 240 años de la fundación de la ciudad de Concepción del Uruguay, el 25 de Junio de 1783, por Tomás de Rocamora. Este año se cumplen también 170 años de la Constitución Nacional, 150 años de la creación de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, y 40 años de la recuperación de la democracia.

Las efemérides pueden servirnos, más allá de las formalidades y los protocolos, para conocer mejor nuestra propia Historia; pero sobre todo para reflexionar y tratar de aprender de ella, de modo tal de poder sacar conclusiones válidas que arrojen luz sobre el presente para poder construir un futuro mejor.

Concepción del Uruguay tiene muchos problemas pero también enormes potencialidades. Por su riquísima Historia, por sus merecidos títulos, Concepción del Uruguay no puede resignarse a un estado de cosas que no tenga alguna equivalencia al menos con nuestras logros de otros tiempos.  Tenemos nosotros, todos los uruguayenses, la obligación de construir de aquí en más los hitos que puedan en algún momento futuro ser las glorias del pasado y motivo de legítimo orgullo para quienes nos sucedan.

El Cabildo uruguayense fue el primero en adherir a la Revolución de Mayo. Aquí se resistieron los embates contrarevolucionarios de los realistas. De aquí salió Ramírez para luchar por el federalismo. Acá estuvo Artigas en el Congreso de Oriente, ratificando principios republicanos. Aquí se fundaron el primer colegio laico y la primera escuela normal de mujeres de la Argentina. En la Plaza Ramírez Urquiza se pronunció contra la tiranía rosista y nació el germen de la unidad y la organización nacional bajo el manto protector de la Constitución y el imperio del Estado de derecho.  

Luego, pasaron cosas; el magnicidio de Urquiza, la pérdida de la condición de ciudad capital de la provincia de Entre Ríos justo en el año del centenario; y tantos otros sucesos que en definitiva fueron marcando un sendero de pérdida de protagonismo en el escenario provincial y nacional, y otros que fueron señalando caminos de progreso y recuperación, hasta llegar a nuestros días.

El peso de ese riquísimo legado nos obliga a rebelarnos contra la medianía y la decadencia en todos los órdenes. Debemos fijarnos objetivos ambiciosos pero realizables. Tenemos muchas condiciones, naturales y culturales, para aspirar a un futro de progreso y prosperidad; pero esas condiciones no operan por sí solas. Hay que combinarlas con esfuerzos coordinados y perdurables a través del tiempo.

Hace 25 años, al formular el Plan Estratégico de Concepción del Uruguay, el equipo técnico liderado por el urbanista Freddy Garay consideró que la ciudad tenía una serie de problemas que podían agruparse en cinco ejes. Así, el primer eje (estructura económica) contenía un diagnóstico en el que figuraban cuestiones tales como la fragilidad de los principales sectores productivos, un desarrollo inferior a las potencialidades brindadas por el parque industrial, la zona franca y el puerto, y desajustes en el desarrollo del sector terciario. En el segundo eje (estructura ambiental) se enfatizaban problemáticas vinculadas con la actividad productiva, conflictos ambientales relacionados con déficits de infraestructura básica, la vulnerabilidad en sectores inundables y el escaso desarrollo de la vegetación en el medio urbano. El tercer eje (estructura social) planteaba que existían restricciones que impedían que amplios sectores de la población alcancen condiciones de vida aceptables y que los programas sociales eran insuficientes para atender las dificultades de los sectores más vulnerables. En el cuarto eje (estructura urbana) se priorizaban las dificultades para garantizar la implementación de los planes, una pérdida significativa del patrimonio histórico construido, la falta de criterios claros para el crecimiento de la ciudad y el debilitamiento del transporte público colectivo. Finalmente, en el quinto eje se hacía un crudo y duro diagnóstico del Estado Municipal: “en su plantel de personal tiene una estructura rígida y sobredimensionada, con superposición de funciones y sin el perfil de los puestos requeridos”; “en el área administrativa se detecta elevado gasto en personal y falta de transparencia, desequilibrio de la estructura remunerativa e ineficiencia en la función”; “la falta de compromiso y dedicación laboral provoca deficiente atención a la comunidad, la baja capacitación y profesionalización del personal provoca una baja producción”. Insisto, por las dudas, a todas estas cosas no las digo yo, están en un documento oficial del PECU publicado en el marco de un convenio entre la Municipalidad y el Consejo Federal de Inversiones.

Es obvio que en 25 años pasaron muchas cosas, para mal y para bien, y que debe necesariamente haber habido avances en algunas cuestiones y retrocesos en otras; pero de todos modos está claro que muchos de esos problemas persisten, aunque sea parcialmente, e incluso algunos se han agravado. Más cerca en el tiempo, el año pasado, en el marco del proceso de revisión del Código de Ordenamiento Urbano, el equipo técnico del Instituto de Gestión de Ciudades consideró que “Concepción del Uruguay debe animarse a pensar en grande y aprovechar su gran potencial para posicionarse como una ciudad intermedia de referencia en la región y en el país, en un proceso sostenido de participación ciudadana, construcción de acuerdos y fortalecimiento de la autoestima local”.

Los problemas que vienen desde hace mucho, y los más nuevos, y los del futuro que es necesario evitar, requieren diagnósticos claros y propuestas adecuadas. Quienes pretenden gobernar la Municipalidad de Concepción del Uruguay harían bien en elaborarlas y ofrecerlas prolija y detalladamente al electorado, o sea al soberano. Y los ciudadanos haríamos bien en reclamarlas, y en exigir luego que quienes gobiernen tengan a esas propuestas como su hoja de ruta. Para que a 240 años de su fundación, lo mejor de la Capital Histórica de Entre Ríos y Cuna de la Organización Nacional esté por venir.- 

 

Publicado en el diario La Calle el día 25 de Junio de 2003.-

EL DÍA QUE JUAN B. JUSTO FUE OFICIALISTA

Por José Antonio Artusi

Le pregunté a la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT qué ideología tenían Roque Saenz Peña y Juan B. Justo y me respondió que el primero era conservador y el segundo socialista. Yo creo que Saenz Peña tenía también rasgos liberales y progresistas, pero no tenía ganas de discutir con un robot, así que no seguí preguntando.  Y creo también que Juan B. Justo tenía una veta liberal. Quizás podría haberse identificado con la frase del dirigente socialista español Indalecio Prieto, que decía que era “socialista a fuerza de liberal”.

Roque Saenz Peña fue Presidente desde el 12 de Octubre de 1910 hasta su muerte, el 9 de Agosto de 1914, si bien en 1913 había delegado la titularidad del Poder Ejecutivo en el Vicepresidente Victorino de la Plaza, por razones de enfermedad. Juan B. Justo fue electo diputado en las elecciones de 1912, de lo que se desprende que era un legislador “opositor”. Sin embargo, al menos en una sesión, el fundador del Partido Socialista actuó como oficialista. 

El 28 de Junio de 1912 ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley creando un impuesto sobre el mayor valor de la propiedad territorial, remitido por Saenz Peña y su Ministro de Hacienda José María Rosa.  El proyecto fue girado a la Comisión de Presupuesto, su tratamiento no prosperó y pronto pasó al olvido. En la sesión del 17 de Julio de 1912 la iniciativa fue duramente criticada por el diputado Arturo Bas y defendida por el diputado Juan B. Justo.

En el mensaje remitido al Congreso Saenz Peña consideraba que “el sistema rentístico argentino está llamado a experimentar sensibles transformaciones, encaminadas a una más equitativa repartición de los tributos que constituyen el tesoro público… El impuesto al mayor valor de la tierra, que el Poder Ejecutivo prestigia, aunque conocido desde siglos en la legislación universal, ha poco que entrara a formar parte  firmemente de los regímenes financieros de naciones que marchan a vanguardia de la civilización contemporánea… James Mill en 1827 y John Stuart Mill en 1848 popularizaron las ventajas del nuevo impuesto provocando, con atinados estudios, la conveniencia de una reforma agraria inglesa… El terrateniente que es dueño de grandes extensiones abandonadas, que aguarda quietamente el resultado del esfuerzo ajeno para multiplicar el de su bien propio, al divisar un impuesto paulatino al mayor valor que vaya adquiriendo la propiedad, se sentirá muchas veces inclinado a renunciar a esa actividad pasiva o de contemplación. En igual forma la especulación desenfrenada, sometida a un impuesto constante, contribuirá a normalizar un tanto las fluctuaciones del valor, avivadas por el agio… siendo el Estado quien contribuye a valorizar mayormente la propiedad, justo es que perciba su parte, sirviéndose para ello del impuesto… se trata de gravar el aumento de valor adquirido sin la intervención directa del propietario, que se ha producido por factores extraños a la actividad del dueño y que en derecho estricto no ha sido ganado por él.”

En la sesión del 17 de Julio de 1912 Bas sostuvo que “no es ésta la oportunidad de entrar a considerar los blancos que presenta la iniciativa del Poder Ejecutivo, bajo el punto de vista constitucional, ni tampoco el error fundamental de su pensamiento básico, o sea el de obstruir, el de obstaculizar el espíritu de empresa que él llama especulación y que es indiscutiblemente la base de la grandeza argentina”. Como se puede apreciar, quienes hoy defienden la legitimidad de la especulación con los valores del suelo – mal llamada especulación inmobiliaria – recurren a argumentos similares ante cada iniciativa tendiente a recuperar y reinvertir la valorización del suelo que se produce por la acción de la comunidad. O sea, injustificadas y vagas acusaciones de inconstitucionalidad o confundir groseramente especulación con iniciativa privada productiva o “espíritu de empresa”, cuando son, precisamente, dos polos absolutamente opuestos.

Juan B. Justo replicó: “tengo que hacer el papel de oficialista en esta ocasión… el que especula en tierra es absolutamente innecesario. No desempeña función explicable, útil en ningún sitio de la tierra. El suelo es siempre de la misma extensión; es siempre la misma superficie la que tenemos a nuestra disposición. Su riqueza no aumenta ni disminuye al pasar de mano en mano.  Los que especulan sobre el valor del suelo se colocan simplemente de intermediarios entre los actuales terratenientes y los que por un motivo u otro quieren adquirir la tierra más tarde, sucediendo muy comunmente que los que después quieren adquirirla son también especuladores… Me parece una injuria al comercio argentino decir que se siente alarmado por el proyecto de impuesto al mayor valor del suelo. El comercio argentino desempeña aquí, como en todas partes (el comercio en el buen sentido de la palabra), una función sumamente útil, indispensable… El comercio desempeña la función de conocer las necesidades de la población, la de traer al país los artículos requeridos para satisfacerlas, y la de distribuirlos entre los consumidores por medio de la venta… ¿Pero qué tiene de comparable con ella el acaparamiento de la tierra? No se llena con él ninguna función de utilidad nacional ni un fin público; es una función completamente parasitaria… Tendremos así la base necesaria para abolir todos los malos impuestos que hoy pesan no sólo sobre los trabajadores, sino también sobre el comercio y las industrias, porque en nuestro país asistimos a este cuadro realmente cómico: por un lado se sancionan extorsivos derechos de aduana so pretexto de proteccionismo, y por otro, se establecen patentes altísimas a las fábricas, por el solo hecho de ser fábricas, como se imponen costosas trabas fiscales a todo hombre que quiere hacer un trabajo útil cualquiera”.

Vale la pena revisar los argumentos en uno y otro sentido; los expuestos en los fundamentos del proyecto, y los que pronunciaron Bas y Justo. Recordar esa discusión es pertinente porque el problema que pretendió enfrentar Saenz Peña, y los que comentó Juan B. Justo, siguen teniendo plena vigencia.-

Publicado en el diario La Calle el día 30 de Abril de 2023.- 

SALTO GRANDE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE; UNA ASIGNATURA PENDIENTE

Por José Antonio Artusi              

Un documento de la OEA señala que “la cuenca del río Uruguay es notablemente rica en energía. Si se considera su potencial total de 18.264 MW y su superficie de 360.000 km2 se obtiene una potencia unitaria de 50,7 KW instalado por kilómetro cuadrado, o sea una energía del orden de los 220 MWh/km2. Esta cantidad de energía es similar a la de Suecia, considerado uno de los países más ricos en hidroelectricidad”. Sin embargo, lamentablemente se trata de un potencial energético mayormente desaprovechado, siendo Salto Grande el único emprendimiento binacional operativo.  No deja de ser curioso – y doloroso – que no exista todavía ninguna central hidroeléctrica compartida entre Argentina y Brasil.  

En 1919 el Gobierno Argentino encomendó a la Dirección General de Navegación y Puertos realizar estudios tendientes al aprovechamiento hidroeléctrico de las caídas del Salto Grande. Más tarde, el diputado nacional entrerriano Bernardino Horne presentó un proyecto de ley estableciendo cuatro objetivos centrales: la navegación, el aprovechamiento de energía eléctrica, la irrigación y el control de los efectos de las crecientes. Y el 30 de Diciembre de 1946 se firmó el Convenio entre Argentina y Uruguay, que dispuso en su artículo 3º que “las diversas utilizaciones de agua tendrán el siguiente orden de prioridad…:

1)      Utilización para fines domésticos y sanitarios;

2)      Utilización para navegación;

3)      Utilización para producción de energía;

4)      Utilización para riego.”

Salto Grande ha venido funcionando desde hace décadas como una eficiente usina de generación de energía barata, limpia y renovable, pero no ha aportado demasiado al logro de los demás objetivos. Es importante por lo tanto recordar que Salto Grande fue pensada originalmente como un proyecto multipropósito, orientado a promover el desarrollo regional.     

En momentos en que nuestro país necesita imperiosamente asegurar la provisión de agua potable y saneamiento a toda su población, diversificar y descarbonizar sus fuentes de energía, eficientizar sus sistemas de transporte, y aprovechar los recursos hídricos para mejorar la productividad del sector agropecuario y hacerlo menos vulnerable a episodios climáticos en el contexto del cambio global, el emprendimiento de Salto Grande se presenta como una oportunidad magnífica de aportar al logro de esos fines, potenciándolo con iniciativas que duermen en algunos cajones desde hace décadas, y otras que puedan surgir.

Si lo vemos desde la perspectiva de los intereses de la provincia de Entre Ríos – pero cuidando de no caer en una visión aldeana y cerrada, sino enmarcándolos armoniosamente en el contexto de los intereses de la región y de la Nación en su conjunto – un primer paso podría consistir en reclamar que se aumente la proporción en la que se pagan regalías hidroeléctricas a la provincia, permitir que tales regalías se puedan cobrar en especie, y aumentar el precio que Salto Grande recibe por la energía generada. Estas acciones permitirían contar con más recursos, provenientes tanto de regalías como de excedentes, y parte de esos recursos adicionales podrían destinarse a morigerar el impacto de la quita de subsidios a la energía, sobre todo para usos productivos y para consumos básicos de los sectores más vulnerables. Por otro lado, revisando de manera profunda el rol de la CAFESG, podrían también destinarse recursos a la promoción de un verdadero programa de desarrollo regional, priorizando las obras que impacten efectivamente en tal propósito, y cuidando rigurosamente la eficiencia y rentabilidad social de las inversiones.  Retomando las prioridades de 1946, ese proyecto tendría que concentrarse fuertemente en proyectos que brinden agua potable y saneamiento, infraestructura de transporte ferroviario y carretero para alimentar los puertos, electrificación rural y para parques industriales a costos adecuados, y acueductos para riego.       

Por otro lado, la potencia de la represa podría aumentarse concretando el demorado dique compensador de Salto Grande, obra que permitiría operar más eficientemente la central y aportar energía de base a ambos países. El aumento de generación incrementaría obviamente la percepción de regalías y excedentes para la provincia, llegado el momento. Pero además el dique compensador, cuya localización y diseño debería contemplar los más rigurosos criterios ambientales, permitiría mitigar el impacto de las inundaciones y favorecería la navegación, aportando al desarrollo de la Hidrovía del río Uruguay. Debe tenerse en cuenta que el transporte fluvial en determinadas distancias tiene ventajas significativas sobre el transporte carretero en términos de menor consumo de combustible, menor emisión de gases contaminantes y mayor seguridad. La navegación a su vez podría también potenciarse con la construcción de las demoradas esclusas y el canal, que permitirían navegar con barcazas aguas arriba de la represa.   

Obviamente todas estas obras requieren estudios y evaluaciones muy rigurosas que avalen su factibilidad y conveniencia, pero al menos deberíamos estar debatiendo estas cuestiones y exigiendo que esos estudios se realicen de manera perentoria.  

Salto Grande siguen siendo una oportunidad magnífica para la promoción efectiva del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de nuestras comunidades, pero exige discusiones serias y acciones conducentes, más que repetir como loros cantinelas demagógicas o resignarnos a un status quo de atraso y empobrecimiento.- 

Publicado en el diario La Calle el día 23 de Abril de 2023.-