Textual / El Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Concepción del Uruguay desea expresar su preocupación e inquietud por la reciente reforma tributaria en la provincia de Entre Ríos, uniéndonos con lo que han expresado otras instituciones de nuestra Provincia.
Cabe destacar que todas las entidades desean ante todo generar condiciones de trabajo que contribuyan a la paz social, pero debemos señalar que esta reforma tributaria potencia las tendencias recesivas e inflacionarias ya existentes, condicionando el normal desarrollo de la actividad económica y postergando la posibilidad de crecimiento para los sectores que conforman la economía provincial.
Del mismo modo, entendemos que esta decisión genera una afectación a la cadena comercial, al detraer recursos a la actividad privada y al mismo tiempo no será efectiva para controlar el nivel inflacionario.
A su vez, creemos que restan competitividad a nuestros comerciantes, industriales y productores, por lo cual consideramos que es apresurada y desafortunada y no debatida ampliamente con las entidades que representan esos sectores que hoy se ven afectados.
En lo que concierne a las normas tributarias estrictamente, la abundancia de novedades, tanto en modificaciones como en creaciones de nuevos gravámenes, marcan un accionar en el que no se han previsto adecuadamente los efectos que provocan.
Estas modificaciones quedan en evidencia respecto de su eficacia en el propio incumplimiento legal de la autoridad tributaria que no ha conseguido ordenar el Código Fiscal a pesar del mandato de las últimas leyes.
Más allá de otros aspectos que puedan compartirse, la reciente reforma grava el campo y la industria local (al 1%), aumenta la alícuota general del 3,5 al 4,5%, modifica la mayorista del 2,5% al 3,5% y la minorista para PYMES del 3% al 4%; todo lo que implica que el bolsillo de los consumidores finales de nuestra provincia se verá percutido por un incremento de 3% en el acumulado.
El impuesto sobre los ingresos brutos grava el consumo de las personas; para el sector de menor capacidad contributiva, por lo que se lo considera como un impuesto regresivo.
Asimismo, se vuelve a incrementar la alícuota de la contribución patronal de la Ley 4035 al 3%, lo que resulta un efecto negativo para la competitividad empresarial, pues está claro que esto es un impuesto al trabajo, contradiciendo el compromiso que el Gobierno había tomado de eliminar la carga.
Que por el bien del conjunto de la sociedad, corresponde que todos quienes formamos parte del mismo actuemos responsablemente en pos del bienestar general.
En este sentido, abogamos por una gestión comunicativa, que tenga en cuenta a las instituciones que, en definitiva, son nexo permanente con los contribuyentes y con la comunidad en general.
Por todo esto, esta dirigencia invita a toda la dirigencia política, gremial y empresarial a ser solidarios y acompañar una revisión urgente de esta medida.
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