Por José Antonio Artusi
El 28 de Mayo de 2008 diputados provinciales del bloque de la UCR presentamos un proyecto de ley, por el que proponíamos "instruir al Poder Ejecutivo Provincial a promover y tramitar una demanda de la Provincia de Entre Ríos en contra del Estado Nacional, cuyo objeto será que se condene a la Nación abonar a la Provincia las sumas que correspondan por concepto de coparticipación tributaria federal, que resulten suficientes para compensar las pérdidas sufridas por la Provincia por el ejercicio inconstitucional, arbitrario y abusivo que llevó a cabo la Nación de sus facultades en materia fiscal." (Expediente 16670). El artículo 3º del proyecto establecía "instruir al Poder Ejecutivo Provincial a otorgar al Sr. Fiscal de Estado la intervención que constitucionalmente le corresponde."
En los fundamentos de la iniciativa sosteníamos que "la Nación ha venido ejerciendo sus facultades en materia impositiva de un modo absolutamente abusivo y reñido con el sistema republicano y federal establecido en nuestra Constitución. Este ejercicio abusivo, además, ha tenido como efectos provocar distorsiones en la economía, desalentar la producción, empobrecer a las provincias, borrar el federalismo, favorecer el uso arbitrario de ingentes recursos fiscales, condicionar a las autoridades provinciales y –en lo que aquí interesa- privar a las Provincias de los recursos que por el régimen de coparticipación federal de impuestos les corresponden".
En medio del "conflicto del campo" que se desató a partir de la recordada Resolución 125 recorrimos la provincia mostrando las razones que nos habían llevado a presentar el proyecto y mostramos las consecuencias de la crisis del federalismo fiscal, que resumíamos en la consigna "un país rico con provincias pobres".
Lamentablemente, no encontramos eco en el bloque oficialista, y el gobernador Urribarri prefirió utilizar insistentemente la falacia absurda del "federalismo de los recursos" para intentar ocultar la realidad, la de una provincia sometida de manera indigna a los designios de la Casa Rosada, endeudada con la Nación pero como producto de una indebida retención de recursos que les correspondían no a un gobierno sino a todos los entrerrianos.
Detallábamos en nuestro proyecto las maneras en las que se concretaba esa pérdida de recursos: la subejecución de los ATN, las comisiones de la AFIP, el 15% de la masa coparticipable bruta destinado a la ANSES, la inconstitucionalidad del impuesto al cheque, las retenciones a las exportaciones y la garantía del piso del 34% de la recaudación fiscal para las provincias.
Específicamente en relación a la ANSES, sosteníamos en ese momento que "no toda la recaudación de los impuestos coparticipables se reparte entre la Nación y las Provincias. Existen mecanismos de precoparticipación o de asignación específica de impuestos que destinan parte de la recaudación de estos impuestos al ANSES. En la actualidad tenemos: 10,3% de la recaudación de IVA, $ 120 millones anuales de la recaudación de Ganancias, 20% de la recaudación de Ganancias, de la recaudación de Monotributo, 21% de la recaudación del impuesto a los combustibles, y el 15% de la masa coparticipable bruta. Como consecuencia de estas asignaciones, las Provincias dejarán de percibir en 2008 la suma casi $ 23.000 millones (como “contrapartida”, el ANSES se ha hecho cargo del déficit de $1.200 M anuales de las ex cajas provisionales provinciales transferidas y financia $1.500 millones de las no transferidas). Buena parte de estas asignaciones se decidieron con el objetivo de financiar los déficit financieros que mostraba el ANSES como consecuencia de la reforma previsional de 1994. Sin embargo, para el año 2008, la ANSES tiene previsto obtener un superávit del orden de los $ 7.100 millones. Más aún, la reciente reforma previsional da marcha atrás con algunos puntos de la reforma anterior. Incluso, el ANSES incrementó sus ingresos (por los traspasos y por los indecisos) y reciba de las AFJP más de $ 7.000 millones por los fondos acumulados de los afiliados mayores (con menos de $ 20.000 en sus cuentas de capitalización)."
Con respecto a la AFIP, argumentábamos que "el monto de recursos involucrados en este concepto también es muy significativo: las Provincias le “pagan” a la AFIP $ 2.500 millones anuales en lugar de $ 1.300 millones (equivalente al 1,9% de los recursos de origen nacional que son transferidos a las Provincias). De este modo, en forma absolutamente arbitraria y abusiva la Nación priva a las Provincias de unos $ 1.200 millones adicionales por año."
En sendos recientes fallos, la Suprema Corte de Justicia nos ha dado la razón. No porque la Provincia de Entre Ríos haya iniciado ninguna causa, sino en juicios iniciados por provincias hermanas: Santa Fé, Córdoba y San Luis. En efecto, este martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró, con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, que es inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado Nacional, sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
La consecuencia de la decisión resulta ser que el Estado Nacional deberá: (1) cesar en forma inmediata de detraer esos fondos bajo apercibimiento de ordenar al presidente del Banco Nación que cumpla con la orden en el plazo de diez días; (2) devolver a las provincias la suma retenida indebidamente desde el 1° de enero de 2006 más los intereses que correspondan. A fin de hacer efectiva esta condena, la Corte Suprema fijó un plazo de 120 días para que las partes acuerden la forma y plazos en que el Estado Nacional reintegrará las sumas debidas a las provincias, con la advertencia de que, en caso de incumplimiento, la determinará el Tribunal en la etapa de ejecución de sentencia.
Y en otro fallo declaró, con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, la inconstitucionalidad de los arts. 1°, inciso a), y 4° del decreto 1.399/01 del Poder Ejecutivo Nacional, que establecen una deducción de recursos coparticipables equivalente (en la actualidad) al 1,90% de la recaudación neta total de los tributos y de los recursos aduaneros cuya recaudación se encuentra a cargo de la AFIP.
Las reacciones de algunos funcionarios provinciales no se han hecho esperar.
Análisis Digital informa que "el fiscal de Estado provincial, Julio Rodríguez Signes, adelantó que estima que "el resto de las provincias ahora pedirán al Ejecutivo Nacional que se realice un acuerdo, ya que el fallo de la Corte Suprema por la coparticipación tiene efecto sólo para los distritos que hicieron el planteo", aclaró. "Creo que el procedimiento que seguirán los gobernadores será en el de buscar que este fallo se haga extensivo a las demás provincias, pero a eso hay que expresarlo a través de un acuerdo con la Nación", detalló. Opinó, luego el funcionario, que "este fallo es el más importante de la historia desde el punto de vista de la repercusión económica".
Informe Digital señala que "el fallo de la Corte abre la puerta para que todas las provincias que durante el kirchnerismo no reclamaron la coparticipación, puedan hacerlo durante el gobierno de Mauricio Macri. Casaretto señaló que ya mantuvo comunicación con Sergio Urribarri y el gobernador electo Gustavo Bordet, para analizar el fallo y lo que significaría para Entre Ríos si se reclama a Nación la devolución del 15%. Y es que el presupuesto 2016, aprobado antes del balotaje por el Senado entrerriano, prevé un déficit de 1.035 millones. “Esto cambiaría la matriz de financiamiento de la Provincia. El gobernador es el que tiene que evaluar la acción a seguir. Después va a evaluar el destino de los recursos”, completó Casaretto. El tema ya llegó a la Fiscalía de Estado, a cargo de Rodríguez Signes, quien lleva adelante la acción pública en representación del Estado provincial."
O sea, perdieron lastimosamente más de 7 años y ahora se acuerdan, tardíamente y sin mediar ningún tipo de autocrítica por su obsecuencia, de que lo que proponíamos no era tan disparatado y podría revertir el déficit fiscal de la provincia.
Se ha generado a lo largo de casi una década una voluminosa deuda, producto del manejo irresponsable, centralista e inconstitucional de los recursos públicos por parte de la gestión presidida por Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo en Entre Ríos una actitud de genuflexión y sumisión por parte de nuestro gobierno provincial. Ahora, la administración del Presidente Macri deberá hacerse cargo de una pesada herencia. Lo advertimos en su momento, y teníamos razón.
Es de esperar que la ciudadanía esté alerta e informada, y otorgue las responsabilidades políticas de las consecuencias negativas de todos estos desmanejos a quienes verdaderamente les corresponden, a quienes destruyeron el federalismo, a los que abandonarán sus cargos el próximo 10 de Diciembre. Y si como consecuencias de estos fallos se recomponen las finanzas públicas provinciales, sepa el pueblo que no será mérito de ellos, sino de la acción de provincias hermanas, del futuro gobierno nacional y del acertado - aunque tardío - pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, en línea con lo que sosteníamos en 2008.-
Foto: http://www.lawebdeparana.com/noticia/42918-acto-de-cristina-urribarri-pidio-que-los-carteles-no-obstruyan-el-contacto-de-la-presidente-con-la-gente-.html
