Por
Fabián Parlatto
Consagrar el aislamiento comercial y la clausura de los ríos
interiores como el hito máximo de la argentinidad es una de las operaciones
revisionistas más audaces de nuestra historiografía.
Frente al mito nacionalista que romantiza una derrota táctica
y facciosa, el liberalismo político y la tradición urquicista demuestran que la
verdadera soberanía nacional no radica en las cadenas materiales tendidas sobre
el agua, sino en la solidez de la arquitectura constitucional y el imperio de
la ley.
El 20 de noviembre la intelectualidad argentina se enfrenta,
año tras año, a una de las operaciones de mitología histórica más persistentes
del relato nacionalista: la celebración del Día de la Soberanía Nacional en
conmemoración de la Batalla de la Vuelta de Obligado (1845).
Elevar una derrota militar y comercial —fruto del aislamiento
caprichoso y el interés faccioso del régimen de Juan Manuel de Rosas— a la
categoría de hito fundacional de la República es un profundo anacronismo
teórico.
Desde la perspectiva del liberalismo político, la soberanía
no se reduce al voluntarismo chauvinista de obturar un río. La soberanía real
es de naturaleza eminentemente institucional: es la vigencia de la
Constitución, el imperio de la ley, la garantía de los derechos individuales y
la integración inteligente del país al concierto de las naciones civilizadas.
El mito del antiimperialismo y el monopolio porteño
La narrativa del denominado revisionismo ha pretendido
transformar la resistencia contra la flota anglo-francesa en el río Paraná en
una epopeya estrictamente antiimperialista.
Sin embargo, un análisis riguroso descorre el velo de esta
retórica para revelar que allí no se defendía la integridad abstracta de la
Patria, sino el monopolio aduanero de Buenos Aires.
Juan Manuel de Rosas, no combatía por la libertad de los
argentinos; operaba para mantener el control absoluto de las rentas públicas y
la clausura de las vías fluviales, una política centralista que estrangulaba
las economías de las provincias del litoral y les negaba el derecho natural al
libre comercio.
Como bien señalaron los pensadores de la Generación del 37,
el rosismo no representaba una ruptura con el pasado opresor, sino la
continuación del atraso colonial, el aislamiento y el feudalismo bajo el ropaje
de un patriotismo xenófobo.
En su monumental obra Facundo: Civilización y Barbarie,
Domingo Faustino Sarmiento desnudó la naturaleza de este poder autocrático,
señalando que el gobierno de Rosas era la institucionalización de la barbarie
pampeana, un régimen que utilizaba el terror y la desconexión como herramientas
de control social.
Para Sarmiento, la soberanía nacional no era un concepto
estrictamente geográfico o militar, sino cultural y político: un país es
verdaderamente soberano cuando educa a sus ciudadanos, cuando erradica el
hegemonismo personalista y cuando abraza las luces del progreso. Bloquear los
ríos y sofocar la disidencia interna no constituía un acto de soberanía; era,
en la visión sarmientina, el triunfo provisorio de la barbarie sobre la
civilizacion.
El sable de San Martín y la soberanía de la ley
Es imperativo, no obstante, detenerse ante el argumento
predilecto de quienes defienden la efeméride: el respaldo epistolar de José de
San Martín a la política de Rosas y el emblemático legado de su sable corvo.
¿Cómo conciliar la bendición del Libertador con la crítica
liberal al rosismo? La respuesta exige distanciamiento analítico. San Martín,
un militar formado en los inicios del siglo XIX, observaba los acontecimientos
americanos desde su lejano exilio en Europa a través de un prisma estrictamente
geopolítico y militar.
Para José de San Martin, obsesionado con la supervivencia de
la emancipación hispanoamericana que él mismo había comandado, cualquier
intervención de las potencias imperiales encendía las alarmas de una
reconquista colonial.
Su apoyo a Rosas no era una validación de su tiranía
doméstica, sino una reacción defensiva guiada por el principio del orgullo
nacional frente al extranjero. Sin embargo, lo que San Martín no alcanzaba a
ponderar desde la distancia era el costo interno de esa supuesta firmeza.
Mientras el Libertador aplaudía la resistencia de Obligado,
las provincias argentinas gemían bajo el yugo de la persecución política y la
asfixia económica. El heroísmo exterior de Rosas era el combustible de su
despotismo interior.
La verdadera libertad de una nación no se agota en repeler
flotas, sino en garantizar los derechos civiles de sus propios habitantes. Mitre
y los pensadores de la organización nacional comprenderían luego que el
patriotismo de San Martín, aunque noble en sus intenciones, pecaba de un
reduccionismo militarista: de nada sirve un territorio libre de potencias
extranjeras si sus ciudadanos viven bajo el vasallaje de un autócrata local.
En conclusión, el predominio de las armas, esencial en las
batallas emancipadoras, debía dar paso definitivo a la supremacía de la
constitución.
Alberdi contra Rosas: La batalla por el orden jurídico
Para comprender a fondo el abismo que separa la noción de
soberanía rosista de la concepción republicana, es indispensable adentrarse en
la fractura jurídica que enfrentó a Rosas con el mayor arquitecto institucional
de nuestra patria, Juan Bautista Alberdi.
La defensa que el rosismo hacía de su gestión se escudaba en
un pragmatismo historicista: argumentaba que la Confederación Argentina no
estaba madura para dictar una Constitución, postergando indefinidamente la
organización nacional bajo la excusa de que las leyes debían ser el resultado
tardío de las costumbres. Este argumento, aparentemente prudente, ocultaba una
trampa jurídica colosal: mantener al país en una eterna premodernidad para
perpetuar el arbitrio personalista.
Alberdi, desde el exilio y luego plasmado en sus célebres
Bases, desarticuló pieza por pieza esta falacia jurídica. Demostró que la
soberanía carece de sentido si no se traduce en ingeniería constitucional. Un
país no es soberano porque un gobernante decida cuándo se cumplen las
condiciones para dictar una ley; el país es soberano cuando se somete a una
norma jurídica fundamental que preexiste y limita al poder estatal.
El debate de fondo era dramático: para Rosas, la soberanía
era patrimonio del Estado-facción; para Alberdi, la soberanía residía en el
individuo. El Estado no era un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar
la vida, la propiedad y la libertad civil.
Caseros y el legado de la Generación del 80
La alternativa superadora y verdaderamente federal a este
nacionalismo estéril provino del litoral, encarnada en el proyecto político de
Justo José de Urquiza. El urquicismo comprendió que la soberanía no se defendía
clausurando las fronteras del país al mundo, sino dotándolo de una arquitectura
institucional.
La libre navegación de los ríos, proclamada por Urquiza
inmediatamente después de la caída del tirano, no fue una capitulación ante las
potencias extranjeras, sino el acto de emancipación económica más audaz de
nuestra historia fundacional. Aquella medida barrió con el vasallaje comercial
porteño, permitiendo que los pueblos del interior comerciaran, prosperaran y se
conectaran directamente con las corrientes del progreso global.
Por lo tanto, la soberanía argentina no comenzó en las playas
de Obligado bajo el signo de la tiranía, sino el 3 de febrero de 1852 en los
campos de Caseros, donde las fuerzas aliadas lideradas por Urquiza sepultaron
el personalismo autocrático. Ese quiebre histórico se consolidó de manera
definitiva en 1853 con la sanción de la Constitución Nacional.
Esa es la soberanía liberal: aquella donde el ciudadano está
resguardado por la ley fundamental frente a los abusos del poder estatal. Décadas
más tarde, los hombres de la Generación del 80 llevaron estos preceptos
alberdianos a su máxima expresión práctica. Asumiendo la máxima de que
"gobernar es poblar", el liberalismo conservador de fines del siglo
XIX transformó una geografía despoblada y vulnerable en una potencia global. No
lo lograron mediante la retórica del enemigo externo, sino a través de la
atracción de capitales, el tendido de redes ferroviarias, la apertura de
puertos modernos y la recepción de millones de inmigrantes. Para la élite del
80, la soberanía era sinónimo de orden, progreso y solvencia.
Un Estado acredita su soberanía cuando posee una moneda
fuerte, un sistema educativo universal y tribunales independientes que hacen
respetar los contratos; no cuando dirime pleitos aduaneros mediante el
voluntarismo militar desprovisto de un norte institucional.
Insistir en conmemorar la Vuelta de Obligado como la máxima
expresión de la soberanía nacional es perpetuar una visión regresiva de la
Argentina, basada en el mito de que el mundo exterior es inherentemente hostil
y que el aislamiento es una virtud patriótica.
Es imperativo que el debate intelectual contemporáneo dispute
el sentido de esta efeméride. La soberanía no es el eco de los cañones de Rosas
en el Paraná; la soberanía es la Constitución Nacional de 1853.
Fuentes:
Alberdi, Juan Bautista (1852). Bases y puntos de partida para
la organización política de la República Argentina.
Alberdi, Juan Bautista (1854). Sistema económico y rentístico
de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853.
Chiaramonte, José Carlos (1997). Ciudades, provincias,
Estados: Orígenes de la Nación Argentina (1800-1846). Buenos Aires: Ariel.
Halperín Donghi, Tulio (1970). El revisionismo histórico
argentino. Buenos Aires: Siglo XXI.
Sarmiento, Domingo Faustino (1850). Argirópolis o la capital
de los Estados Confederados del Río de la Plata.
Ternavasio, Marcela (2009). Historia de la Argentina,
1806-1852. Buenos Aires: Siglo XXI.

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